Ambiente rechazó una denuncia de daño ambiental en la mina Cerro Amarillo que frenó la obra 14 días
o.– (Por Rosana Villegas) La mina de cobre Cerro Amarillo en Malargüe, presumiblemente la más grande de la provincia, es una de las grandes apuestas del Gobierno para dinamizar la exploración minera en el Sur y que a la par sirva de motivación para futuros proyectos. Por eso, cuando ingresó la denuncia por una supuesto daño ambiental en esa zona se encendieron las alarmas y se decidió frenarla hasta tanto constatar qué pasaba. Más tarde, las inspecciones realizadas en la zona llevaron a rechazarla.
La denuncia la hizo el ex senador provincial del FIT, Lautaro Jimenez, quien el 22 de diciembre pasado aseguró ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables y ante Fiscalía de Estado que los caminos que trazó la empresa que explora esa mina afectaban el arroyo El Desecho, en la zona de Los Molles.
En dicha denuncia Jimenez aportó videos en los que según aseguró se veían máquinas topadoras y retroescavadoras “modificado el curso de un afluente del Río Salado y dañando vegas (humedales) lindantes al mismo, con la intención de construir un camino”.
Esa denuncia hizo que la Dirección de Protección Ambiental (DPA), la Dirección de Minería y la de Recursos Naturales enviaran dos inspecciones al lugar y se decidiera frenar la obra del camino que estaba trazando en el ingreso por la ruta provincial 222 para transportar elementos al yacimiento y se emplazara a la empresa que lo explora, Wincul S. A a presentar el descargo en 5 días hábiles. También se le dio 7 días para presentar el informe detallado de la construcción de esos caminos y la ponderación de impacto ambiental.
Según asegura Jiménez, en esa acta de la DPA, la 1.591 se marcaba que “se observa maquinaria vial como topadoras (…), y retroexcavadoras” y concluye que “la empresa no solicitó autorización para la apertura del camino. El camino abierto no presenta estudio de impacto ambiental previo. (…) La empresa no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto N° 3 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que establece que cualquier desviación o modificación de las condiciones evaluadas en el impacto de evaluación ambiental original deben ser informadas a la autoridad”.
En tanto que en la resolución que firman los representantes de aquellos 3 organismos se remarca que se pudo constata que “se habían mejorado 5 kilómetros de huella rural que conducen al puesto Olate” y que se había abierto una huella nueva con dirección al suroeste de aproximadamente 4 kilómetros, bordeando el arroyo con dirección al yacimiento de Cerro Amarillo”.
Más tarde cuando se cumplimentaron los requisitos que había pedido la Dirección de Protección Ambiental, el 29 de diciembre la misma Dirección de Impacto Ambiental concluye que el camino de ingreso por el norte de la ruta 222 “es apto para el transporte de equipos al yacimiento” y agrega que no se detecta “impacto ambiental que no estén ponderados en el estudio”. Esa conclusión asegura que la traza “coincide con la declarada y aprobada” en el expediente correspondiente y que es positiva para el traslado del ganado.
“Con el informe de los tres organismos que actuaron decidimos levanta la suspensión temporaria de los trabajos del camino a la mina, porque además también se le pidió un informe a Irrigación y eso también concluye que no afecta el cauce del arroyo”, ratificó la ministra de Ambiente, Jimena Latorre con la resolución N°1 de su área, fechada el 5 de enero pasado, en la mano.
El devenir de una mina que podría generar 50 millones de toneladas de cobre
La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de cobre de Cerro Amarillo es uno de los pocos avances mineros que logró el ex gobernador Rodolfo Suarez a principios del 2023 y con ese aval se comenzó los trabajos previos a la exploración en noviembre pasado.
Es que esa mina cuya operatividad se constató a fines de los años 60, tuvo varios frenos hasta llegar al trabajo que se inició el año pasado.
Su declaración de impacto ambiental se presentó en el 2014, cuando gobernaba la provincia el ex gobernador Francisco Paco Pérez, pero se le objetó que vulneraba la ley de glaciares y se frenó por 9 años hasta que finalmente la Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en marzo pasado.
Según las estimaciones esa mina cuenta con reservas estimadas en no menos de 50 millones de toneladas de cobre, y de confirmarse ese potencial y avanzar a la explotación podría requerir una inversión para su construcción de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación. (Diario Uno Mendoza)
