Juicio por YPF
Juicio por YPF: qué podrían embargarle al Estado a partir de este viernes
o.- (Florencia Barragan) Desde este viernes, los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF están habilitados para trabarle embargos a Argentina y cobrar parte de la sentencia de u$s 16.100M. Qué bienes podrían embargarse y cómo sigue la causa hacia adelante.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del distrito sur de Nueva York, rechazó el planteo del Gobierno y concedió el pedido de los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park, que esperaban luz verde para embargar activos de Argentina, una vez que se cumpliera el plazo para presentar las garantías. Ocurre tras la sentencia al país a pagar u$s 16.100M por cómo llevó adelante la expropiación de YPF en el 2012.
En el fallo, Preska confirmó que los demandantes pueden intentar embargar bienes, pero aclaró que está decidiendo sobre el “cuándo” intentarlo, y no se refiere a si hay algún bien que se permita embargar, no se pronuncia sobre ningún bien concreto. Esto significa que, cumplido el plazo que había sido establecido del 10 de enero para que Argentina presente garantías, pueden comenzar los embargos.
Qué podría embargarse
La palabra embargo remite a escenas como fue en su momento el conflicto con la Fragata Libertad. De hecho, en la defensa, el estudio de abogados de Argentina (Sullivan & Cromwell) argumentó que la moción de habilitar los embargos era “innecesaria y prematura, porque los demandantes no habían identificado ningún activo específico sujeto a embargo y ejecución”.
En este sentido, el abogado Sebastián Soler aseguró que “la capacidad de los demandantes de embargar está súper restringida por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos”, según publicó en su cuenta de X. Soler fue hasta diciembre subprocurador del Tesoro del presidente Alberto Fernández y siguió de cerca la causa durante los últimos 4 años.
Según detalló, el “Foreign Sovereign Immunities Act trata distinto los casos en que el Estado demandado renunció a su inmunidad de ejecución (como ocurrió en el contrato de los bonos emitidos en los 90 y defaulteados en 2001) y los casos, como este de YPF, en que Argentina nunca renunció a ella”.
Como Argentina no renunció a esa inmunidad, para que puedan embargarse bienes deberían cumplirse 3 requisitos al mismo tiempo: 1) que el Estado sea su dueño 2) que el bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos 3) que el bien que se pretende embargar “es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo”. Sobre qué puede pasar hacia adelante, Soler escribió en X: “Estos son los requisitos relevantes que limitarían intentos de embargo en Estados Unidos”.
De todos modos, como primer paso, lo que sí podría pasar es que Burford avance en un pedido de información a la Argentina sobre sus bienes en Estados Unidos.
Cómo sigue la causa
Hacia adelante lo que se abre es qué pedidos de embargos harán los demandantes. Se trata de pedidos, porque luego Argentina podría reclamar y en caso de que no correspondiera, podría levantarse en la justicia. De hecho, si se avanzara con un embargo para que Burford comience a cobrarse la sentencia, si después perdiera, debería devolverlo.
Cabe aclarar que el juicio sigue su curso. La decisión de este jueves de la jueza no cambia en nada el futuro de la causa: hacia adelante, Argentina tiene el derecho de apelar la decisión de fondo de Preska de la condena, el día 22 de febrero. Ese día se presentará la apelación con los argumentos de fondo. Salvo que Argentina decidiera otra estrategia, como llegar a algún tipo de arreglo, algo que de momento el actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, no manifestó en ninguna de las intervenciones públicas en las que habló del tema YPF.
Del lado de la demanda, apelarán la sentencia que dejó a YPF por fuera de la causa judicial.
Por qué comienzan los embargos
La jueza no le concede a la Argentina la prórroga del plazo y ratifica que desde este jueves 11 de enero pueden trabarse los embargos debido a que asegura que ya pasó un “tiempo prudencial” desde la sentencia, que fue hace 4 meses, y en el medio “no hubo ninguna evidencia de ningún intento de pagar la sentencia definitiva”.
La jueza dice que la Corte “simpatiza” con los desafíos financieros que tiene Argentina, como el “crecimiento de la pobreza y la inflación en 200%”, pero que el argumento de la defensa sobre la “imposibilidad de acceder a mercados internacionales” solo demuestra que “no se está llevando a cabo ningún paso para pagar la sentencia”.
Para evitar los embargos, Argentina podría haber prendado activos en garantía, como el 26% de las acciones que tiene el Estado nacional sobre YPF (la otra parte para alcanzar el 51% es de las provincias). Sin embargo, eso hubiera requerido una ley del Congreso y en la práctica la vuelta a una YPF privatizada. Así lo explicó Sebastián Maril, abogado de Latam Advisors: “Cualquier embargo de activos del Estado que pueda ocurrir no será puesto como garantía sino que será propiedad de los beneficiarios del fallo que lo irán tomando como forma de pago por los u$s 16.100M”, según escribió en X.
Sino, Argentina podría haber avanzado en producir un garantía con empresas aseguradoras que existen en Estados Unidos, por un monto equivalente a la condena, porque en el caso de que la apelación fallara, quedaría firme la sentencia y Burford cobraría de la aseguradora. Pero en la práctica, según comentaron fuentes especializadas, no hay aseguradoras para el monto del capital, que asciende a u$s 16.100M. La jueza había aceptado que Argentina no hiciera esto solo a cambio de que antes del 10 de enero hubiera presentado las garantías solicitadas. (Ámbito Financiero, Buenos Aires, 12/01/2024)
Cifra
o.- 6.288 los millones de dólares que valía ayer en el mercado la empresa petrolera YPF. (Clarín, Buenos Aires, 12/01/2024)
Saravia Frías: “Estamos al borde del precipicio”
o.- (Gustavo Bazzan) Lo dice el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. La jueza podría activar la cláusula pari passu y eso complicaría el regreso a los mercados.
Fue procurador del Tesoro durante el gobierno de Macri y el encargado de llevar adelante la estrategia judicial por el juicio contra YPF de los fondos buitre.
El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, consideró que tras el fallo que dictó este jueves la jueza de Nueva York Loretta Preska la situación legal de la Argentina quedó gravemente comprometida.
“Si estabámos a un paso del precipicio, ahora estamos directamente al borde. Está cayendo la espada de Damócles y el tono del fallo lo confirma” alertó Saravia Frías a Clarín.
Desde su punto de vista, las chances de que el Estado pueda remontar este juicio son prácticamente nulas y solo le queda apelar a todos los resquicios legales para estirar el desenlace lo máximo posible.
Pero jugar a estirar los plazos puede tener efectos colaterales muy graves. Lo explica así: “La justicia de Estados Unidos podría llegar a dictar la doctrina pari passu, que fue el elemento que uso el fallecido juez Thomas Griesa para terminar de arrinconar a la Argentina en el jucio que le habían hecho los denominados bonistas hold outs”, dice Saravía Frías
Esto hay que mirarlo bajo la perspectiva de que la Argentina quiere volver a tener relaciones con los mercados internacionales de crédito, o en otras palabras, lograr la chance de colocar deuda en dólares ante acreedores privados. Esa estrategia podría frustrarse por la cláusula de pari passu, que básicamente quiere decir esto: “No se puede pagar a ningún acreedor si entre estos no está el fondo Burford” dice Saravia Frías. Es decir, que si hay que pagar un vencimiento de deuda que está al día, por ejemplo, 100 dólares, una parte de esos 100 dólares tienen que ir al fondo Burford.
El ex Procurador recomendó que el Gobierno deje de insistir ante la Justicia de Estados Unidos que heredó una situación económica y financiera calamitosa y que está haciendo todos los esfuerzos para salir adelante, y que en ese contexto se le hace imposible afrontar una sentencia de u$s 16.000M. “El Estado está por encima de los gobiernos de turno y sus responsabilidades son las mismas, gobierne quien gobierno” remarca Saravia Frías.
— ¿Estamos a las puertas de nuevos embargos, como fue el caso de la Fragata Libertad, que por unos días fue incautada y pasó varios días en un puerto de Ghana, en el continente africano?
— El derecho internacional público parte del principio que impide embargar activos de un Estado. A lo largo de los años la estrategia del kirchnerismo fue invocar ese derecho para zafar de los embargos, hasta que el juez Griesa reinterpretó una cláusula pari passu. En esa relectura obligó a pagar antes que a cualquier acreedor no defaulteado a los acreedores que tenían una sentencia judicial a su favor. Eso impedía que la Argentina cumpliera con los pagos de deuda regular a ciertos bonistas porque estaban los holdouts en el medio.
— La jueza habló de que el Estado ponga las acciones de YPF como garantía.
— Ocurre que Preska es heredera no solo del juzgado de Griesa, sino también de su mirada sobre este tipo de casos. Cuando la jueza pide garantías está siguiendo esa línea, va arrinconando al Gobierno, advirtiéndole que ya no puede apostar a que es inembargable.
Saravia Frías recuerda que Argentina acaba de renegociar con el Fondo Monetario y quiere hacer las cosas bien como para poder volver a los mercados de capitales. Mi opinión es que no podrá hacerlo si tiene este juicio abierto.
— ¿Qué puede hacer ahora la Argentina?
— El Gobierno tiene que seguir peleando en los tribunales, pero sin perder el estado procesal, tiene que seguir insistiendo en Cámara, pero no es fácil, desde ya. Se achicaron los caminos procesales. Mi impresión es que si Burford insiste con los pedidos para ejecutar activos es porque debe tener un as en la manga. Pero insisto, nunca hay que dejar de defenderse. Pero hay que hacerlo con profesionalismo y explicando desde el punto de vista jurídico por qué el país no debe pagar esa sentencia.
–¿Se puede insistir con el hecho de que se sospecha que el grupo Eskenazi es el beneficiario de la sentencia?
— Hay que insistir con todo, pero no sé qué chances hay de que eso cause efecto. Lo que sí creo es que habría que crear una comisión investigadora para revelar qué pasó realmente con YPF.
–¿Puede ocurrir que el juicio vuelva a recaer sobre YPF? Hoy el peso de la sentencia recae sobre el Estado pero no sobre la petrolera.
— La Cámara puede ordenarlo. Es un riesgo para las acciones que están en poder del Gobierno. Hay que recordar que del 50,1% “estatal”, una mitad es de las provincias, y esa parte no corre riesgo.
La cláusula pari passu pone en igualdad a todos los acreedores.
“La jueza está arrinconando a la Argentina”. (Clarín, Buenos Aires, 12/01/20224)
La ruinosa decisión de Cristina K. y Axel Kicillof
o.- •Juicio. El país ya perdió el juicio por la expropiación de la compañía. El motivo: debió haber hecho una oferta pública de acciones en 2012, cuando tomó el control de la petrolera.
• Estatutos. Establecen que si algún accionista se hace del 51% de las acciones de YPF (como sucedió cuando el Estado nacional y las provincias expropiaron esa participación de Repsol), debe ofertar para comprarle al resto.
•Incumplimiento. Argentina incumplió esa condición, que YPF aceptó para cotizar en la Bolsa de Nueva York. El país tendrá que pagar para subsanar ese error. Un fondo acreditó tener acciones por el 29% de YPF y reclama una compensación.
•Sentencia se calculó en u$s 16.000 M porque la jueza consideró que que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados.
• Acciones. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%. En ese escenario, Burford cobraría alrededor de u$s 8.300M. De todas formas, los litigantes lograron que se les reconociera una tasa del 8% anual, lo que llevó la sentencia a u$s 16.000M.
•Apelaciones. Argentina puede apelar la compensación que decida Preska. Debería ir a la cámara de Apelaciones y si no obtiene lo que busca allí, recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el país perdió todas las apelaciones que hizo. Burford también podría apelar: pediría que YPF vuelva a ser parte del juicio, y corresponsable de lo que suceda. En la sentencia anterior, Preska había exonerado a la petrolera.
•Kicillof. El gobernador bonaerense llamó “tarados” a quienes creían que la expropiación iba a costar u$s 10.000M. Dijo que esos eran los números de Repsol. Sin embargo, ya compensó a los españoles con un pago de u$s 5.000 M
•Cuánto vale YPF. Según las acciones que cotizan en Nueva York, la capitalización del 100% de YPF alcanza a los u$s 6.288M. La mitad de acciones en poder del Gobierno Nacional y las provincias vale entonces u$s 3.144M. (Clarín, Buenos Aires, 12/01/2024)
Un plan irresponsable bajo la bandera de la soberanía
o.- (Diego Cabot) La posibilidad de un embargo millonario contra la Argentina, y la eventualidad de una sentencia definitiva que condene al país a pagar hasta u$s 16.100 M por la estatización de YPF, son consecuencia del accionar directo de personas. Aquí no hay problemas de macroeconomía ni de falta de reservas, se trata de pagar la factura de daños causados por entrar a un bazar con un elefante.
Así de bestial fue el ingreso de aquel kirchnerismo empoderado en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner, secundada por el viceministro Axel Kicillof y el ministro Julio De Vido, y con libreto legal del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, entraron a la petrolera.
Aquellos funcionarios, embanderados en una supuesta soberanía energética, intervinieron la compañía para luego terminar con la estatización del 51% de las acciones de Repsol.
La sentencia final aún no tiene fijado el monto, quedan dos instancias de apelación y nada será inmediato. Pero hay un hecho nuevo: la posibilidad de que se embarguen bienes del país mientras se suceden esas dos apelaciones.
Esa es la novedad de las últimas horas. La jueza Loretta Preska había pedido garantías a la Argentina mientras se sustancia la instancia que sigue, en lo inmediato, ante una cámara de apelaciones, antes de que recale en la Corte norteamericana. Como se dijo, pidió una fianza. Pero el país no está en condiciones de poder abonar semejante cantidad de dinero y ahora se habilitó la posibilidad de que se pueda embargar al Estado, tras haber negado la extensión de la prórroga que solicitó la defensa argentina.
Vale una aclaración. En principio, no es fácil embargar a un país, ya que la mayoría de los bienes son inembargables. Pero el fondo que lleva adelante el juicio por los derechos litigiosos que le compró al Grupo Eskenazi (liderado por Enrique) tiene un departamento exclusivo dedicado a esa minuciosa búsqueda. Antes de que se cierre el proceso, siempre es factible, y recomendable muchas veces, negociar. Y cualquier negociador sabe que no es lo mismo hacerlo con bienes embargados o con la posibilidad de que suceda, que sentarse en una mesa sin semejante mochila.
En abril de 2012, el trío que conformaban la presidenta Cristina Kirchner, Kicillof y De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con dólares guardados. “Donde está la plata”, repetía.
Cuando finalmente se estatizaron las acciones de Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños minoritarios de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios. La ley dice que quienes se hacen del control de una firma deben ofrecer condiciones similares a los otros accionistas. La naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse con quien no quiera. Por eso la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio, que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado indemnizó y le pagó a Repsol alrededor de u$s 5000 M con un bono que tendrá un costo de alrededor de u$s 9500M.
De esas conductas surgieron responsabilidades. Así, apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, compró los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo se hizo del 70% –y el manejo del juicio– de los derechos litigiosos de Petersen Energía, el vehículo que Eskenazi tenía para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de los titulares de la quiebra.
Un asterisco. Cuando se estatizó, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y así los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero si después de liquidar las pocas deudas que quedan hay un remanente, ese dinero regresará a la familia Eskenazi.
Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Loretta Preska de que los estados soberanos tienen facultades para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. En Nueva York, los abogados de Burford decían que, más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes del distrito.
Los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad más. El desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo, que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de YPF.
Otra pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera, ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobrarle a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos. Para que respiren los inversores privados, YPF quedó afuera.
Hay una polémica por la defensa de Zannini, ya que desistió de un proceso de discovery que había solicitado su antecesor en tiempos de Macri, Bernardo Saravia Frías. El discovery es un instituto que les permite a las partes de un juicio acceder a información que puede ser utilizada luego como evidencia en la causa.
Saravia Frías solicitaba investigar la operación de compra de Eskenazi, un especialista en mercados regulados, según lo describió Repsol. El origen de los derechos que se vendieron es el punto, pero Zannini prefirió que no se mire para atrás. Una aclaración: entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, Zannini fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad de Eskenazi.
Aquel 2012 fue un momento de éxtasis kirchnerista. Por más que fueron advertidos, jugueteaban arriba de aquellos elefantes y destrozaban el bazar. Pero si algo tienen los capitales de riesgo es paciencia. Compran derechos litigiosos y tiempo. Los titulares de los litigios cobran una parte y no esperan más. Ellos sí esperan, dentro de mullidas oficinas jurídicas. Ahora son los dueños del ticket para cancelar aquel galope en inconsciente de Cristina Kirchner, Zannini, De Vido y Kicillof en elefante, con la bandera estatizadora en la mano. (La Nación, Buenos Aires, 12/01/2024)
