Una empresa maneja la comercialización del GNL justo cuando, por la guerra, su precio es 10 veces más alto que el local

Una empresa maneja la comercialización del GNL justo cuando, por la guerra, su precio es 10 veces más alto que el local
o.- (Sofía Diamante) El invierno llegó con una factura que la industria no esperaba pagar entera. Durante años, el Estado absorbió el costo del gas natural licuado (GNL) importado a través de Enarsa, la empresa pública que compraba los buques y vendía el combustible subsidiado.
Este año, el esquema cambió: la administración Milei decidió transferir ese rol al sector privado y habilitar en las tarifas el precio real del insumo. El resultado es una brecha que, para muchos, es difícil de sostener.
El gas en boca de pozo para la producción nacional cuesta entre u$s 2,5 y u$s 2,7 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector). El GNL importado, en cambio, llegó a u$s 23 el millón de BTU en las últimas semanas por el conflicto en Medio Oriente que interrumpió el flujo a través del estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, rondaba entre los u$s 10 y los u$s 11. Casi 10 veces el valor del gas local.
La Secretaría de Energía avanzó en la privatización: Trafigura se quedó con el rol de agente comercializador del GNL para los meses de junio y julio, lo que implica que las industrias que necesiten gas importado deberán sentarse a negociar con ella y pagar el precio de mercado. “El Estado debe fijar reglas claras y estables, pero el protagonismo debe ser de los privados”, dijo la secretaria de Energía, María Tettamanti, en el summit Shale 24 + Santander.
El alza de estos costos llega en mal momento para el sector. El PBI industrial cayó 1,7% en el primer trimestre del año y está 11,7% por debajo del de 2023, con niveles de producción entre los más deprimidos de la última década, según la consultora Qualy.
En ese contexto, el sector elaboró una propuesta para que el Estado los asistiera a cubrir el costo. La analizaron con Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, y funcionarios de Energía, pero cuando llegó al ministro Luis
Caputo, fue rechazada.
La situación se agrava a medida que se extiende el frío y el precio del gas se vuelve más caro. Para muchas empresas, la ecuación entre pagar el precio real o parar la producción no es retórica. En el noroeste argentino (NOA), donde la red de transporte no alcanza para abastecer la demanda, hubo un acuerdo con Refinor para que deje de producir GLP y esa molécula la derive al consumo industrial de las cadenas cítricas y azucareras.
En otras regiones, hay empresas que frenaron operaciones y mandaron sus empleados a casa. Los ladrilleros, en cambio, optaron por sobreproducir como reserva de valor mientras el gas todavía llega. Las automotrices instalaron plantas de GLP mezclado con aire –gas sintético– para reemplazar el suministro de red.
Infraestructura que no llega
Detrás de esta crisis hay un problema estructural: el sistema de transporte de gas no tiene capacidad para llevar la producción de Vaca Muerta a todo el país. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, a cargo de TGS con una inversión de u$s 700M, aportará 14 Mm3/d adicionales, pero estará lista en abril de 2027 si todo marcha según lo previsto. Y aun así, no resuelve el problema de Córdoba y el NOA.
Para eso hace falta un gasoducto de 750 kilómetros entre Tratayén, en Neuquén, y La Carlota, en Córdoba, que costaría unos u$s 2000M. La licencia de esa zona es de TGN, pero la empresa no tiene financiamiento. “Lo haríamos en 36 pulgadas según la demanda o podría ser de menos. Buscamos juntar un volumen mínimo de entre 13 y 15 Mm3 para lanzar el proyecto”, dijo Horacio Pizarro, CEO de TGN, en un evento organizado por Econojournal. La licitación no salió todavía y el Estado no va a financiar la obra: espera que algún privado aporte el capital inicial que recuperaría vía tarifas.
El cuello de botella no es solo del gas. La red eléctrica también está saturada. Desde 2002 a hoy el consumo de electricidad creció más del 117%, pero el transporte se expandió solo 54%. La obra AMBA I –ampliación de la red de alta tensión que abastece al Gran Buenos Aires, con un costo de u$s 1050 M y más de 3 años de plazo de ejecución– ni fue adjudicada. Transitoriamente, el Gobierno avanzó con un programa de baterías de almacenamiento (AlmaGBA y AlmaSADI), pero el parche no tranquiliza. (La Nación, Buenos Aires, 26/06/2026)

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