Quieren incluir el texto de dos ordenanzas en la futura Ley de Proveedores Mineros
o.- La idea es que dos normativas que pertenecen al departamento Iglesia puedan volcarse al proyecto que el Gobierno está elaborando y que pronto podría ser enviado a Diputados.
La matriz productiva de San Juan se centra gran parte en la actividad minera y para eso se busca darle la mayor claridad posible al sector. Desde el Gobierno provincial se encuentran trabajando y limando los detalles de la Ley de Proveedores Mineros, que el mismo gobernador Marcelo Orrego anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Y es justamente desde el departamento de Iglesia, que posee en su suelo grandes proyectos por explotar, quienes esperan por la presentación de la normativa y aguardan poder trasladar dos ordenanzas departamentales que hacen a la regulación de la actividad.
El proyecto que se viene trabajando aportará claridad y transparencia al momento de la contratación de los proveedores mineros. Esto se encuadra en los puestos de trabajo y servicios que puedan prestar las firmas sanjuaninas a las operadoras de las minas. En parte, echaría un manto de claridad a lo que vienen denunciando proveedores iglesianos y de distintas cámaras mineras de San Juan, sobre la contratación de empresas chilenas sobre todo en el proyecto Vicuña, que de hecho es binacional.
La intención que tienen desde Iglesia es que dos ordenanzas que existen en el departamento, puedan incorporarse al proyecto de ley y tiene que ver con una serie de condicionantes para los proveedores y que deben ser cumplidos por las partes contratante y contratada.
De acuerdo a lo que explicó el diputado iglesiano Gustavo Deguer, la idea es que los trabajadores tengan que acreditar la residencia en el departamento. Esto implica que no alcanza con sólo tener domicilio en el lugar, porque se conoce que eso en la práctica sucede que se consigue colocar un domicilio en el departamento. Este condicionante es más estricto, porque los trabajadores tendrán que acreditar que habitan en el departamento. Si esta ordenanza se traslada a la provincia, debiera acreditarse la habitabilidad en San Juan.
La otra ordenanza que tienen intenciones de trasladar es que las operadoras obliguen a las contratistas o subcontratistas a poseer oficina en el departamento en el que se encuentre el proyecto. Si esto se traduce a la provincia, también cabe al círculo sanjuanino. Esto es para que los trabajadores, en el caso de estar en Iglesia o Calingasta, no deban trasladarse a la Ciudad de San Juan para realizar algún trámite administrativo.
“Nosotros hicimos estas ordenanzas en el Concejo Deliberante”, contó Deguer, quien se desempeñó como funcionario del órgano ejecutivo municipal y luego tuvo periodos como concejal, momentos en los que se emitieron las ordenanzas que menciona.
Sobre la primera medida, en un ejemplo concreto, el diputado explicó que “el que ingrese, deberá hacerlo con un certificado que acredite la residencia en la zona, porque si pedimos un informe de cuántos iglesianos están trabajando en la mina, pasan que son 100 personas y en realidad 20 son iglesianos y el resto tiene domicilio en el departamento, pero no residen o no están en la comuna”.
En el caso de las oficinas en el departamento, Deguer entiende que “a su vez le brinda un servicio extra a la comunidad porque debe alquilar una oficina en el departamento para tener su espacio físico, personal que lo atienda, servicio de limpieza y demás que hacen al trabajo en el lugar”.
El legislador se encuentra expectante por el arribo del proyecto, pues entiende que pueden realizar un gran aporte teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia que tienen con los años de trabajo en minería. Es que la actividad los sorprendió a los iglesianos y cuando llegó no estaban preparados para desarrollar un buen servicio, por lo que debieron aprender sobre la marcha y la idea es volcar esa experiencia para con los proveedores.
El pedido del Ministro
A mitad de semana, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, estuvo en Canal 13 y realizó un pedido especial a los distintos sectores que hacen a la actividad. Fue que se hable con responsabilidad, tanto desde las autoridades oficiales, las empresas operadoras y los proveedores, para no confundir a los ciudadanos. Esta es una forma de cuidar la licencia social que obtuvo San Juan con un trabajo desde hace años, algo que se torna esencial para la minería en el mundo. (Canal 13 San Juan)
