Proyecto de Ley Bases
El Senado comienza a tratar la Ley Bases esta semana: cómo queda el panorama
o.- (Daniela Romero) El martes, miércoles y jueves se tratará en comisiones la Ley Bases y el paquete fiscal. Que haya modificaciones parece ser la menor de las preocupaciones.
Esta semana el Senado comienza a debatir la Ley Bases en el plenario de comisiones con invitados del Gobierno, a fin de llevar al recinto los proyectos para finales de la próxima semana. Este lunes se reunirán los presidentes de bloque por zoom, como previa de las reuniones entre Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que están programadas desde el martes hasta el jueves e incluirán en la agenda al paquete fiscal.
El oficialismo obtuvo su primera victoria legislativa y finalmente, luego de meses de negociaciones, logró que la Cámara baja apruebe los proyectos que impulsó a principio de año. Casi sin alteraciones con respecto del dictamen acordado en Diputados, ingresaron al Senado al día siguiente de su aprobación, el jueves pasadas las 23.
Recién salido del horno, este 7 de mayo a las 14 en el Salón Azul de la Cámara alta las comisiones darán inicio al debate que continuará el miércoles 8 a las 10, y el jueves 9 a la misma hora. Invitaron a exponer al ministro del interior Guillermo Francos, al vicejefe de Gabiente José Rolandi y a la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia -área creada unas semanas atrás-, María Ibarzabal Murphy.
Los tres fueron protagonistas del armado de acuerdos entre los diferentes bloques en Diputados y estuvieron presentes en la maratónica sesión que se llevó a cabo la semana pasada en el recinto. Además, convocaron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman -quien también asistió al debate en comisiones del capítulo fiscal-, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
Posibilidades de que regrese a Diputados
Con la mira puesta en el Pacto de Mayo, el oficialismo tiene 20 días para lograr el objetivo de que se sancione antes del sábado 25. Sin embargo, el escenario y los tiempos de la Cámara alta son distintos. Por un lado, el oficialismo mide menos bancas aliadas -los bloques que fueron afines en Diputados pueden ser más reacios en el Senado-, y aparte cuentan con una disposición reglamentaria que separa el dictamen de la sesión por 7 días y, por ende, puede atrasar el ya ajustado cronograma.
Según le confiaron a BAE Negocios fuentes de LLA, ellos no están trabajando todavía en la posibilidad de que tengan que apurar otra sesión en Diputados para que los aliados aprueben nuevamente la Ley Bases con las posibles modificaciones que provengan del Senado. Esperan a que el panorama en la Cámara alta sea más claro. Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem dijo en declaraciones radiales este domingo que en ese caso “lo van a recibir con los brazos abiertos”: la consigna es que sí o sí se apruebe.
El hecho de que se atrase la aprobación de Bases no es el peor de los escenarios: si el Senado, que nunca ha tratado estos proyectos todavía pero ya rechazó el DNU 70, termina por desaprobarlos, no podrán volver a tratarse en el Congreso por el resto del año. Por otro lado, si el Senado sesiona para el 16 o 17, la Cámara baja cuenta con un margen de una semana, justo antes del 25, para aprobar los cambios de los senadores.
La incógnita es si la posibilidad de que vuelva a Diputados arruina los planes del Pacto de Mayo: fuentes oficiales le dijeron a este medio que en el caso de que Bases se apruebe en el Senado pero con modificaciones, el Pacto de Mayo “sigue en pie”. De todos modos, están convencidos de que no se aplazará la sanción.
El panorama gobernadores-senadores
Con solo 7 bancas, LLA además se enfrenta a que quienes presiden las comisiones que tratarán el proyecto no son todos miembros del oficialismo, como sucedió en Diputados: el presidente de Asuntos Constitucionales es el peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos), de Unidad Federal. Los demás sí son miembros de LLA: Bertolomé Abdala (San Luis) preside Legislación General -la comisión de cabecera- y Ezequiel Atauche (Jujuy) preside Presupuesto y Hacienda.
De la UCR -aliado clave en Diputados gracias a Rodrigo De Loredo- todavía se mantiene la incertidumbre sobre cómo votará la línea de Martín Lousteau (CABA), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego), quienes al menos se espera que presenten modificaciones en el proyecto. Ya con la luz verde de la Cámara baja, Abdad convocó a los mandatarios provinciales del partido la semana pasada para que los ponga al tanto de las negociaciones que marcaron con el Gobierno. Las posiciones están divididas.
Los tres senadores radicales no responden a los gobernadores del espacio que sí avalan las reformas, como lo son Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). Por su parte, el gobernador radical de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo que si bien acompañará la ley, pedirá modificaciones sobre el Régimen de Incentivo para Grande Inversiones (RIGI), Ganancias y Blanqueo.
La prueba de fuego de las negociaciones de Rosada: el Senado
De parte de los peronistas, a pesar de que el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo miran con buenos ojos a la Ley Bases, todo UxP ya anticipó que rechazarán los proyectos, al menos en la votación general. Son 33 votos de base que el oficialismo da por perdido y que, con los radicales de Evolución que siguen a Lousteau también en contra, dejan un escenario ajustado.
En la votación en particular, además, ya cuentan con la negativa de los Patagónicos para la restitución de Ganancias, no conforme con las modificaciones que cedieron inscribir. “Todos van a votar en contra”, afirmó el gobernador chubutense Ignacio Torres este domingo, aunque acompañará “la gran mayoría” del proyecto.
Los ojos están puestos en reunir las voluntades para aprobar el general, el primer desafío a afrontar. LLA cuenta con el apoyo de al menos 31 bancas de los afines del radicalismo y el PRO, pero todavía quedan 8 indecisos que son clave. Las modificaciones en torno a la votación particular divide las aguas, pero la letra chica, a diferencia de febrero, está condenada a negociaciones. (BAE, Buenos Aires, 06/05/2024)
Energía: Retiro del Estado y pase libre para las corporaciones
o.- (Raúl Dellatorre) Grave daño a la soberanía y desprotección al consumo interno. El capítulo energético de la Ley Bases contiene renuncias a la defensa del interés público que superan los alcances de las privatizaciones del menemismo
La aprobación el proyecto de Ley Bases en todo su contenido podría significar un cambio fundamental en el funcionamiento del sector energético. Por encima del enorme impacto que tuvo la privatización global del sistema en 1992, lo que se propone en el nuevo esquema propuesto por el gobierno de Javier Milei es avanzar en el retiro del Estado en su rol de regulador y facilitar el acceso de las corporaciones empresarias, locales y extranjeras, al control y explotación de recursos naturales fuertemente apetecidos por las potencias, justamente en medio de un proceso de reordenamiento global económico y energético.
“Lo que está haciendo Milei con esta Ley Bases es muy dañino para la soberanía nacional, porque plantea un retiro del Estado para que ingresen las grandes corporaciones en la explotación de recursos en los que, como Vaca Muerta, los vientos y el sol para la generación de energía verde, son muy abundantes en el país y son muy demandados y codiciados por quienes buscan controlar el reordenamiento global bajo el eje de la transición energética”. Es la primera reflexión que destaca Nicolás Malinovsky, experto en en energía nuclear y Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, OECYT, al ser consultado sobre el tema.
Uno de los aspectos en el que Malinovsky reclamó atención es el del capítulo de privatizaciones, que incluye a Enarsa (privatización total) y Nucleoeléctrica (parcial). “Energía Argentina SA fue creada en 2004 por Néstor Kirchner a raíz de que, producto de la política neoliberal de los 90, en la etapa menemista, no le habían quedado al Estado instrumentos jurídicos para direccionar una política energética. Con la desregulación del año 1992, se pasa de un modelo de gestión del Estado a un modelo de segmentación de negocios, copiando el modelo inglés”, recuerda.
¿Qué significa la pérdida de Enarsa? “Es una empresa estatal con participación en la generación eléctrica, tiene la concesión del Gasoducto Néstor Kirchner, estaba a cargo además de la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Río Santa Cruz, a través de Nucleoeléctrica además no sólo opera las centrales nucleares sino que tenía a cargo la construcción. Si todos estos activos pasan a manos del sector privado, va a significar más concentración en el sector energético, un área donde ya predomina la generación eléctrica en pocas manos”.
Señala, además, que “la generación eléctrica no es un sector competitivo, está muy concentrado: Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; el grupo Eurnekian, está el grupo Techint y también hay intereses de los Caputo. Viendo cuáles son los grupos dominantes, es de imaginar que vamos camino a quedar cautivos de las tarifas que nos quieran fijar justamente esos grupos”.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPyPP, que lidera Claudio Lozano, en un trabajo en el que repasa los aspectos centrales del proyecto en su capítulo energético, destaca:
1. El nuevo proyecto de ley reemplaza el enfoque de abastecimiento interno por la “seguridad del suministro”, un concepto que permite eludir la prioridad de la demanda interna y potencialmente suplir con importaciones el consumo interno.
2. El proyecto mantiene un fuerte sesgo exportador, permitiendo la exportación de hidrocarburos con pocas restricciones, y sólo sujetas a objeción de la Secretaría de Energía por motivos técnicos o económicos y por plazos determinados, lo que podría comprometer la disponibilidad interna.
3. Se permite la libre fijación de precios por parte de los actores económicos sin intervención del Estado. La única finalidad de esta disposición es engrosar la rentabilidad empresarial y exponer a los usuarios a las volatilidades de precios internacionales.
4. La derogación de artículos que establecían ciertas restricciones a la participación extranjera y los requisitos de inversión comprometida, conservación de reserva, entre otros por parte de los concesionarios debilita el control estatal.
5. La legislación propuesta fomenta una maximización ultraproductivista de los recursos, con pocas salvaguardas para la conservación adecuada de los yacimientos.
6. El proyecto reduce significativamente la capacidad del Estado y de entidades públicas de influir o controlar actividades críticas en el sector energético, favoreciendo el libre accionar de las corporaciones petroleras.
Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, desde una mirada más favorable a promover la inversión extranjera, también advierte con sentido crítico sobre la eliminación de subsidios, que podrían afectar a “zonas frías en regiones templadas” (por ejemplo, en la Puna jujeña).
“El artículo 5to. autoriza al PEN a disolver los fondos fiduciarios, pero aclara: queda excluido el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, creado por Ley 25.565. Nada se dice de la ley 27.637, que modifica el art. 75 y extiende el beneficio a otras zonas bio-ambientales templadas, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y toda la franja cordillerana hasta Jujuy”, explica Carbajales en la red social X.
Y luego agrega: “¿No es necesaria la aclaración a la norma modificatoria de 2021? ¿O bien… se les escapó la tortuga a los/as legisladores de la zona centro del país?” (Página 12, Buenos Aires, 06/05/2024)
