Oil: el fiscal pide a la Corte que Cristóbal López sea condenado
o.- (Lucía Salinas) Villar presentó un recurso contra la absolución del empresario K, a pesar de que se condenó al titular de la AFIP K Echegaray por la maniobra de $ 8.000M.
El fiscal general ante la Casación Mario Villar se presentó ante la Corte Suprema para pedir que sea revisada la absolución del empresario K Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. Lo hizo luego de que un recurso extraordinario fuera rechazado por Casación. Es la última posibilidad que tiene para revertir el criterio de absolución contra López y su socio Fabián de Sousa, ambos dueños del Grupo Indalo. En este caso Ricardo Echegaray es el único condenado.
La acusación que condujo al juicio oral y público a los dueños del Grupo Indalo como a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante los doce años de gestión kirchnerista, sostiene que “desde la cúspide de la estructura burocrática de la AFIP, Ricardo Echegaray diseñó, puso en marcha y sostuvo en el tiempo un circuito por el cual desde el ente recaudador deliberadamente junto con la participación de otros funcionarios del organismo no se le exigiría a la empresa petrolera de Cristóbal López y de Carlos Fabián de Sousa, Oil Combustibles SA, el pago del impuesto a los combustibles líquidos (ICL)”.
Como parte de la misma maniobra, se señaló que esa falta de reclamo sobre las obligaciones fiscales, permitió que se “acumularan sumas miles de veces millonarias de deuda con el Fisco y que frente a esta situación, se le concedieran en forma ilegítima planes de facilidades de pago de índole general y particular, lo que generó una deuda a favor del Estado Nacional superior a los 8 mil millones de pesos.
El monto del fraude fue revisado durante el juicio, y se ajustó a un período menor al que contemplaba la imputación inicial. Así, se sostuvo que la deuda de Oil ascendía a unos $ 5.600M.
Sucede, insiste el fiscal general Villar, que mientras esa laxitud por parte de la AFIP se aplicaba a favor de los ex inquilinos de Cristina Kirchner, “como empresarios desde el lado privado retiraban las sumas que eran percibidas (abonadas por los consumidores del combustible), pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos a ellos y a otras empresas del grupo (incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP), lo que les permitió aumentar su patrimonio, expandir su conglomerado societario, financiándose espuriamente con los fondos públicos y descapitalizar a la firma que era deudora del Estado”.
Todo fue posible tras la existencia de “un acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales, la maniobra fraudulenta fue construida sobre tres pilares: primero la inmersión en el negocio petrolero y la consolidación de la estructura societaria para el fraude; segundo la acumulación ilegítima de deuda de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago y tercero la utilización indebida del ICL para el financiamiento y expansión del Grupo Indalo y la auto descapitalización de Oil Combustibles SA”.
Cuando la Corte Suprema de Justicia a finales de 2024, ordenó que la Cámara de Casación revise la sentencia que sólo atribuía responsabilidad penal a Ricardo Echegaray, el caso volvió a Comodoro Py. Se constituyó una nueva Sala para que analice el tema, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.
Por mayoría, se confirmó la absolución, pero por motivos diferentes: el camarista Slokar sostuvo que, dada la falta del estado de certeza necesario para dictar una sentencia condenatoria, resultaban adecuadas las absoluciones de los imputados.
Con los impuestos que no pagó, el empresario compró medios. (P=ágina 12, Buenos Aires, 25/04/2025)
