La Policía Ambiental en el centro del debate minero: fiscalización, sostenibilidad y nuevos desafíos
o.- Guillermo Vicam, jefe de la Policía Ambiental Minera, brindó detalles sobre la labor del organismo encargado de velar por el cumplimiento de normativas ambientales, legales y de seguridad en este sector clave.
“Principalmente, nuestra función es el cuidado del ambiente”, afirmó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Guillermo Vicam. La Policía Ambiental no solo supervisa aspectos ambientales sino también legales, incluyendo habilitaciones y expedientes de impacto ambiental. “Esto incluye todas las categorías de minas: primera, segunda y tercera, que son las canteras, donde encontramos el mayor número de irregularidades”, agregó.
La reciente reforma del Código de Procedimiento Minero amplió las facultades del organismo, permitiendo una intervención más integral. “Ahora podemos incluir aspectos de higiene y seguridad para proteger a las personas que trabajan en estas propiedades y fomentar buenas prácticas en la actividad minera”, destacó el funcionario.
El funcionario se refirió también a un cambio en el enfoque de las inspecciones, que ahora se asemejan más a auditorías internacionales. “Hemos elevado los estándares; ya no hablamos de simples inspecciones. Contamos con un equipo multidisciplinario formado por ingenieros ambientales, agrimensores, industriales, abogados, técnicos en higiene y seguridad, entre otros perfiles altamente capacitados”, explicó. Además, mencionó la sinergia con otras áreas gubernamentales como Vialidad, Irrigación e Hidráulica, lo que permite una fiscalización más coordinada.
Actualmente, la Policía Ambiental cuenta con 49 integrantes distribuidos en delegaciones para cubrir distintas regiones de la provincia. “Nuestra casa central está en Mendoza, desde donde supervisamos el Gran Mendoza y la Zona Este. También tenemos delegaciones en San Rafael y Malargüe, y planeamos abrir nuevas sedes en el Valle de Uco y Alta Montaña”, explicó Vicam. Este esquema descentralizado permite una cobertura más eficiente, especialmente en zonas críticas como el distrito minero occidental de Malargüe.
El equipamiento también es clave para la operatividad del organismo. El funcionario detalló que recientemente incorporaron cinco camionetas cero kilómetro, sumando un total de diez vehículos adaptados para terrenos agrestes y condiciones extremas. “No es cualquier camioneta, tienen que cumplir con requisitos técnicos y de seguridad propios de los proyectos mineros. También hemos incorporado tecnología como cámaras, tabletas y, lo más importante, conectividad a internet para garantizar la seguridad de nuestros inspectores”, subrayó. Esta conectividad no solo permite comunicación constante sino también acelera los tiempos de respuesta en la gestión documental.
Sobre el accionar diario, Vicam explicó que las inspecciones no se anuncian previamente. “Tenemos una planificación basada en las condiciones actuales de las propiedades mineras, pero también priorizamos las denuncias y los pases de expediente. La idea es que los inspectores estén en la calle de manera permanente, registrando y controlando todo lo que observen”, comentó.
Respecto a la posibilidad de ampliar el personal consideró que por ahora la plantilla actual es suficiente. “Estamos en una etapa de exploración, y creemos que los 49 integrantes actuales pueden cumplir con las demandas. A medida que los proyectos avancen, evaluaremos si es necesario incrementar el equipo, pero lo importante es formar a los profesionales actuales para que puedan compartir su experiencia con los nuevos ingresos”, destacó.
Finalmente, Vicam hizo hincapié en la transparencia del organismo. “Cualquier ciudadano puede acceder a la información pública a través de la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Estamos volcándola para que la sociedad conozca nuestros trabajos y planificaciones”, concluyó.
(Diario San Rafael, Mendoza)
