La minería, los políticos y la licencia social
o.- (Eddy Lavandaio, Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza) A menudo se comenta que la economía de Mendoza no crece y también se muestran estadísticas que señalan el mayor crecimiento en provincias vecinas.
Antes de la década de los años ’90, los mendocinos se habían ganado cierta fama de “conservadores” y hasta se llegó a decir, humorísticamente, que los políticos se agrupaban en “gansos”, “perogansos” y “radigansos”. En ese contexto la provincia creció y progresó a la par de las más pujantes de la Pampa Húmeda.
Posteriormente parece que los políticos se transformaron y de “conservadores” pasaron a ser “conservacionistas” poniendo reparos, dictando excesivas prohibiciones y tratando de imponer el miedo a cualquier iniciativa destinada a mejorar o ampliar la matriz de producción y empleo existente.
Un buen ejemplo de esa “evolución” fue la de cubrir la Cordillera con áreas naturales protegidas en la misma zona en la que del lado chileno se encuentran las grandes minas de cobre El Teniente, Andina, Los Bronces y Río Blanco. Este nuevo conservacionismo nos prohibió ingresar a esas áreas (desde el volcán Maipo hasta el límite con San Juan) aunque más no sea para averiguar si de este lado hay o no hay cobre (Ley Nº 6.045).
Otro ejemplo es el Plan de Ordenamiento Territorial (Ley Nº 8.999) en cuyo texto se repite una infinita cantidad de veces que se debe “respetar la vocación del territorio”.
Todos sabemos que la vocación es un deseo o inclinación propia de cada ser humano y que los territorios no tienen vocación. La extraña repetición del concepto, en realidad, encierra la intención de no modificar la matriz productiva existente, que todo continúe como hasta ahora, sin introducir actividades diferentes, aunque sean fuentes de producción y trabajo, fomentando el éxodo de jóvenes que no tienen futuro en sus lugares de origen.
Esa particular tendencia política fue la que facilitó y potenció la acción de los conservacionistas foráneos que llegaron a la provincia con la misión de “concientizar” al pueblo mendocino sobre “los problemas” que se podrían originar en caso de permitirse el desarrollo de la actividad minera metalífera.
La multinacional Greenpeace, la Pastoral Social de Bariloche, el MACH de Javier Rodríguez Pardo, el FUNAM de Raúl Montenegro, Fernando Solanas, cada uno hizo lo suyo para “concientizar” a una población integrada por personas a las que nunca se les enseñó en las escuelas que las materias primas minerales con las que se hacen todas las cosas que tenemos y usamos se tienen que extraer de la Tierra.
Muchas de las reuniones de “concientización” se hicieron en colegios, en uniones vecinales, en cámaras empresarias y hasta en parroquias (fuente “Minería: Perón y después”, Edit. DUNKEN 2021).
Lo triste es que nuestros funcionarios y legisladores no hicieron ningún comentario o juicio de valor sobre la campaña antiminera realizada por esos “predicadores” foráneos. Por el contrario, en su mayoría aceptaron que se malinformara a la gente y adhirieron a esa “campaña” sancionando las leyes Nº 7.422, en 2005, y Nº 7.722, en 2007,
¡Que ninguno se haga el distraído! La antiminería de Mendoza no nació de un repollo ni la trajo la cigüeña. Es el resultado de la exitosa campaña realizada para desprestigiar a la minería e inducir a una parte de la población a tener miedo y oponerse, llegando a organizar manifestaciones en su contra con ayuda de algunos empresarios locales.
Como consecuencia de ese desentendimiento, hoy escuchamos a varios políticos decir muy sueltos de cuerpo que “acá la minería no tiene licencia social”.
La licencia social es un consentimiento, una especie de aceptación que informalmente otorga una comunidad a un proyecto o nueva actividad que se va a insertar en el lugar. Al respecto hay funcionarios políticos que interpretan que obtener la licencia social es un asunto exclusivo de la empresa que impulsa el proyecto frente a la comunidad.
En la práctica, sin embargo, deberían intervenir tres actores: la empresa o titular del proyecto, el gobierno y la comunidad.
Los políticos encargados de gobernar no pueden estar ausentes. Representan al Estado que es el que establece el marco legal en que cada proyecto debe desenvolverse, es el que recibe y aprueba (o rechaza) el otorgamiento de concesiones legales de minas y sus mínimos niveles de inversión obligatorios, como así también aprueba (o rechaza) los Informes de Impacto Ambiental y emite las pertinentes Declaraciones de Impacto Ambiental, erigiéndose ante la sociedad como el garante de controlar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contenidas en el marco legal y en las normas particulares impuestas para cada proyecto.
Por otro lado, se supone que el gobierno tiene interés en promover la creación de nuevas fuentes de producción y trabajo, que son la base del desarrollo sustentable, y conoce la realidad, la cultura y las necesidades de cada comunidad, por lo que su intervención no solo es de utilidad para canalizar diálogos sino que puede ser fundamental en la definición conjunta de beneficios que sirvan al progreso económico y social de la población.
Por eso es necesario que los sectores políticos participen, para superar los miedos inducidos, con información seria que abarque los aspectos científicos, tecnológicos, legales, sociales, ambientales y económicos.
Esto solo será posible si nuestros políticos, funcionarios y legisladores llegan a un acuerdo y toman la decisión política de ir en esa dirección, porque hasta ahora, en su mayoría parecen estar muy contentos y conformes con que no haya licencia social.
Lo que está en juego es sumar nuevas fuentes de producción y trabajo a la economía tradicional que ayuden a disminuir la desocupación y la pobreza, en el marco de la integralidad del desarrollo sustentable, en beneficio de las familias que componen nuestra comunidad. (Memo Mendoza)
