La Ley Bases, el R.I.G.I, la Minería y la Energía
Último momento:
Tras la aprobación de la Ley Bases en general, se espera la votación de los capítulos en particular.
Desde ayer en la Cámara Baja se está Debatiendo la Ley Bases
o.- Dentro de la Ley Bases, el artículo que podría generar conflictos es el correspondiente al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), porque se dice en el recinto “que está flojo de papeles”. Hay quejas y planteos “no se va a desarrollar una cadena de proveedores de esa empresa en un determinado emprendimiento, porque viene todo terminado de afuera”
El Diputado Miguel Ángel Picheto con respecto al RIGI reflexionó: “ ¿Para qué es el famoso RIGI? Es para la explotación minera, petrolera y gasífera y estas son las inversiones que la Argentina necesita” aclaró. Según su opinión, -refiriéndose a lo que se dijo durante la noche en varias oportunidades sobre “entregar la soberanía”-, consideró: “la verdad que la soberanía la entregábamos cuando comprábamos barcos gasificadores, traíamos nafta, importábamos, gastábamos 10.000, 12.000 millones de dólares anuales en importaciones. Eso sí que era entregar las divisas, la soberanía y fundamentalmente no tener una visión que hace al desarrollo de la Argentina”.
Así, Picheto quiso “desmitificar” este tema: “escuché a muchas diputadas hablando de la entrega del patrimonio nacional y de la soberanía argentina, nada de eso es cierto, hay una apuesta a estos núcleos fuertes que tiene la Argentina para el desarrollo y ¡ojalá! que vengan inversiones para poner en marcha la minería en la Argentina, que es uno de los “temas centrales”. Y agregó: “no se ha puesto en marcha también por falta de decisión política en muchas provincias”. “Siempre ha habido una tara respecto a este tema, desde que se sancionaron leyes que impedían la realización de minería a cielo abierto, con todas las tonterías que en muchas iglesias algunos juristas también me dicen para que no se haga minería. Así que me parece que este es un factor que hace al desarrollo argentino”, expresó el diputado y aclaró con respeto a la votación de la Ley Base “vamos a acompañar este tema independientemente de que hay algunas cuestiones que podrían llegar a analizarse y corregirse o eventualmente el Poder Ejecutivo podría vetarlas”.
También aclaró: “En términos de lo que significan las empresas PyME, en la apertura de las inversiones del RIGI está también la posibilidad de traer equipamiento usado, no creo que sea bueno este tema, pero en aras de apoyar el proyecto lo dejamos abierto también para que funcione el veto o la eventual reglamentación”. (El Pregón Minero, 30/04/2024)
RIGI: las claves del régimen de grandes inversiones de la ley Bases de Milei
o.- (Roberto Bellato) El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es un apartado del proyecto de la ley Bases que se debate este lunes y martes en la Cámara de Diputados.
Junto al Impuesto a las Ganancias y las reformas laborales, el RIGI es una de las apuestas más fuertes que se juega el Gobierno en el Congreso.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo les prometieron a empresarios de la energía y minería beneficios fiscales e impositivos por 30 años a cambio del apoyo político explícito para que se apruebe el proyecto, algo que faltó -al menos de este modo- en el debate durante el verano, cuando fracasó la primera versión de la Ley Bases, más conocida como la ley ómnibus.
Quiénes apoyan
Paolo Rocca, del grupo Techint, cuenta con negocios en petróleo, gas e infraestructura y, de manera más incipiente, en minería, entre otros. Hoy es la voz más relevante que apoya el RIGI. Pero también apoyan otras petroleras, sobre todo las que tienen como objetivo exportar más crudo o instalar plantas de Gas Natural Licuado (GNL) para exportarlo a través de barcos, una infraestructura que requiere de una gran inversión inicial.
La iniciativa más importante, aunque no la única, es la planta que está diseñando YPF junto a la malaya Petronas, donde podrían invertir u$s 50.000 M hasta 2031. Pero otras compañías también analizan proyectos para exportar GNL, como Pampa Energía, liderada por el empresario Marcelo Mindlin, y Transportadora Gas del Sur (TGS), la estadounidense Excelerate y Tecpetrol (grupo Techint), entre otras compañías.
También ponen el ojo en el RIGI las empresas mineras (cobre, plata, oro, litio), pero puntualmente las que quieren producir cobre, uno de los productos más demandados en el mundo por el avance de la transición energética, pero que requiere de grandes inversiones y a muy largo plazo.
Por este motivo, los diputados de las provincias mineras “están al tanto del interés del sector en la aprobación del RIGI”, explicó una fuente minera a El Destape. La Argentina no produce cobre desde diciembre de 2018 (cierre de Bajo de la Alumbrera), pero cuenta con proyectos que podrían demandar inversiones por u$s 25.000 M hasta 2030, según datos de la Secretaría de Minería de 2023.
Los proyectos destacados son Los Azules, Josemaría, Altar, El Pachón, Filo del Sol, todos en la provincia de San Juan. También está Taca Taca en Salta; MARA-Agua Rica en Catamarca; y San Jorge en Mendoza, pero también hay más proyectos de menor inversión en otras provincias.
El RIGI comienza en el apartado IX de la Ley Bases y tiene 64 artículos de 279 que abarcan 58 de las 182 páginas que tiene el proyecto completo del Poder Ejecutivo (excluyendo al capítulo fiscal). La aprobación del régimen es central para el gobierno porque es la herramienta que quiere poner en marcha para conseguir inversiones en el sector extractivo y repuntar la economía, un objetivo cada vez más difícil por la caída de los indicadores.
Como dijo el propio Milei el lunes pasado en la cadena nacional, el Gobierno apuesta a un crecimiento “caracterizado hoy por tres etapas: una primera que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo”.
Las pymes no están
Sin embargo, el RIGI es cuestionado por las pymes de Vaca Muerta porque entienden que las excluyen del régimen. Tal es el caso de la FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén), que pidió que las pymes energéticas sean incorporadas al régimen RIGI.
El régimen fija una inversión mínima de u$s 200 M para acceder a los beneficios, monto que claramente excluye a las pymes y buena parte del aparato productivo local. También pasa lo mismo con las empresas de servicios de la minería y las pymes del agro.
Qué es el RIGI
El régimen que diseñó el gobierno para atraer grandes inversiones extranjeras o locales para intentar concretar la salida exportadora implica, entre otros beneficios, otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años. Las empresas adheridas dispondrán de lo producido sin obligación de comercializarlo en el mercado local. Permite el acceso al mercado único de cambios sin restricciones para afrontar compromisos y “el acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado”, como determina el artículo 245.
En términos cambiarios, el RIGI prevé que las empresas podrán disponer libremente del 20% de sus divisas de exportaciones en el primer año y 40% para después del segundo año. Pero gozarán del 100% de las divisas a partir del tercer año. (El Debate)
Ley Bases: controversia por un artículo clave que otorga beneficios a grandes inversiones y propone invalidar normas contrarias al RIGI
o.- (Esteban Lafuente) En artículo de la ley de Bases podría generar un conflicto jurídico y político entre las provincias, los municipios y el Estado Nacional. Se trata de un punto comprendido en el marco del régimen de promoción de inversiones, con el que el Gobierno busca estimular la llegada de grandes capitales al país, y que abre cuestionamientos entre especialistas por afectar el “federalismo”.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propuesto por el Gobierno busca generar “seguridad jurídica” mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para desembolsos que superen los u$s 200 M en diferentes sectores. Pero en ese marco, introdujo un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI.
Así lo explicita el artículo 162 de la ley de Bases, que establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
En otras palabras, con la sanción de la ley de Bases, se habilitaría a la Justicia a modificar o no aplicar normas vigentes y sancionadas anteriormente. Ese es el foco de cuestionamientos de constitucionalistas y expertos en materia jurídica, por la supuesta vulneración de competencias provinciales y la violación de la división de poderes.
“Por una ley, no se puede declarar la nulidad de otras leyes que se dicten en el futuro o de leyes provinciales que respondan a una lógica de competencia propia de las provincias”, plantea el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al advertir por las competencias propias de los estados subnacionales y el principio de federalismo establecido en la constitución.
El RIGI, entre otros puntos, establece beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales. En efecto, el artículo 187 dispone que las importaciones para consumo de mercaderías o temporarias de las firmas adheridas al régimen estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”. Eso incluye desde tasas municipales hasta el impuesto inmobiliario o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, de recaudación provincial.
Según el constitucionalista Diego Armesto, la ley así redactada presenta una afectación a las autonomías provinciales y municipales. “Podría haber planteos judiciales con respecto a las normas vigentes, si se produce un cambio que implique afectación de derechos adquiridos, con planteos judiciales de las provincias, y eso por competencia originaria termina en la Corte Suprema”, explica el especialista.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con una eventual “violación de poderes”. Es que la ley de Bases impone a la Justicia federal “impedir la aplicación” de normas “nacionales o locales” preexistentes, a las cuales la misma ley declara “nula de nulidad absoluta e insanable”, en un esquema que en la práctica genera un régimen jurídico particular para las inversiones y las empresas comprendidas en el RIGI.
“Las leyes no tienen efecto retroactivo, eso dice el código civil y comercial. Y esto además viola la división de poderes porque le impone al poder judicial una actividad jurisdiccional unívoca. No podés decirle por ley al Poder Judicial ‘vos tenés que hacer tal cosa’”, explica Gil Domínguez.
En ese sentido, el proyecto de ley de Bases en discusión incluyó un artículo (221) en el que se invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI”, de manera tal de intentar evitar conflictos o presentaciones judiciales por los temas anteriormente mencionados. “Si una provincia adhiere, estaría alcanzada en el RIGI y va a tener que respetar las cláusulas, y las que no lo hagan, estarán al margen de lo establecido”, plantea Armesto.
Sin embargo, existe otra contradicción dentro de la Ley: el mismo artículo que insta a la Justicia a no aplicar normas contrarias al RIGI dispone que “lo expuesto aplica de manera plena respecto de todas las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios desde la entrada en vigencia de la presente ley independientemente de que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI”. Lo hace en referencia explícita al “artículo 237″ del proyecto, que no existe en el documento que se discute en el Congreso. (La Nación, Buenos Aires)
Ley bases: pymes energéticas de Vaca Muerta piden que las incluyan en el RIGI
o.- La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén alertó que la actual redacción de la ley no contempla explícitamente la participación de las empresas regionales en el desarrollo del país.
Las pymes energéticas de Vaca Muerta expresaron su respaldo a la nueva ley bases, pero reclamaron a los legisladores nacionales que las incluyan en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) emitió un documento al que accedió Energy Report, donde solicitan la incorporación de las empresas que componen las cadenas de valor estratégicas a la normativa que discute el Congreso.
“La Federación expresa su adhesión a la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una iniciativa fundamental para el fortalecimiento y el desarrollo económico del país”, sostuvieron los empresarios neuquinos.
Además, consideraron que esta ley “representa un paso necesario hacia la construcción de una Argentina más próspera” y celebraron “la visión integral de este proyecto, que busca abordar diversos aspectos para generar un cambio positivo en la sociedad argentina y comenzar una nueva etapa de crecimiento y prosperidad”.
Sin embargo, desde Fecene alertaron que la actual redacción de la ley no contempla explícitamente la participación de las empresas regionales en el desarrollo del país. “Las empresas son el motor del crecimiento económico y la generación de empleo en Argentina. Representan el 97% del tejido empresarial y son responsables de la creación de más del 60% de los puestos de trabajo. Por lo tanto, su inclusión en la Ley de Bases es fundamental para garantizar que los beneficios de esta iniciativa lleguen a todos los sectores de la sociedad”, enfatizaron.
En este sentido, la Federación que lideran Mauricio Uribe y Daniel González solicitó que se incorporen medidas específicas para apoyar el desarrollo de nuestras empresas neuquinas, considerando el concepto de Cadena de Valor Integral. “Esto implica fortalecer las capacidades de las empresas, en nuestro caso, de empresas neuquinas; en todas las etapas del proceso productivo, desde la adquisición de insumos hasta la comercialización de sus productos y servicios”, expresaron.
Una alternativa es cambiar la redacción y hacer “extensible” los beneficios del RIGI a las empresas que conforman la Cadena de Valor Estratégica de los VPU, con el fin de dotarlas de competitividad, permitiendo el desarrollo de las empresas que la integran, evitando así la integración de servicios.
“Estamos convencidos de que la incorporación de las empresas Neuquinas en la Ley de Bases contribuirá a un desarrollo económico más inclusivo y sostenible, beneficiando a todos los argentinos”, subrayaron.
En tanto, desde la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (Capespe) también expresa su profunda preocupación por la exclusión de las pymes de los beneficios directos del RIGI.
“Si bien el RIGI busca impulsar grandes inversiones nacionales y extranjeras en sectores estratégicos, como el energético, su diseño actual no contempla medidas específicas para apoyar a las empresas regionales, las cuales conforman la cadena de valor asociada a estos proyectos”, indicaron en otro documento al que accedió Energy Report.
Capespe consideró que la exclusión generará un impacto negativo en las empresas regionales, afectando su competitividad y limitando su participación en el desarrollo económico de la región.
Por ese motivo, también pidieron la inclusión en el RIGI. “Las empresas regionales de Capespe aportan flexibilidad, experiencia local y conocimiento del territorio, lo que las convierte en actores clave para el éxito de los proyectos energéticos en la región. Su inclusión en el RIGI les permitiría acceder a los beneficios fiscales y financieros necesarios para potenciar su crecimiento y competitividad”, aseguraron.
Qué piden las pymes patagónicas y de Vaca Muerta:
-Considerar a las empresas regionales como parte integral de la cadena de valor del sector energético.
-Establecer criterios específicos para que las empresas regionales puedan acceder a los beneficios del RIGI.
-Brindar apoyo técnico y financiero a las empresas regionales para que puedan cumplir con los requisitos del RIGI.
-Promover la subcontratación de servicios locales por parte de las grandes empresas que inviertan en el sector energético.
“Capespe está convencida de que la inclusión de las empresas regionales en el RIGI contribuirá a un desarrollo económico más inclusivo y sostenible del sector energético, beneficiando a toda la región”, finalizaron. (ámbito.com; 29/04/2024)
