Juicio por YPF
EE.UU. ordenó al Gobierno que informe dónde está el oro del Banco Central (I)
o.- (Pilar Wolffelt) La jueza Loretta Preska pidió al Ejecutivo argentino que indique dónde está el oro que sacó de las reservas del BCRA. Es en respuesta a un pedido de los beneficiarios del fallo por el juicio por la expropiación de YPF.
El oro del BCRA fue retirado por el Gobierno y no informó adónde lo envió.
La Justicia de Estados Unidos le solicitó al Gobierno que informe dónde está el oro del Banco Central (BCRA) que salió de las reservas de la autoridad monetaria hace unos meses. Lo dispuso la jueza Loretta Preska en respuesta a un pedido de los beneficiarios del fallo contra el país, en un intento por detectar bienes del Estado en el marco del juicio por la expropiación de la empresa petrolera YPF.
“Lo que hizo la jueza fue emitir una orden que obliga a la Argentina a informar dónde se encuentra el oro del país y qué cantidad salió de las reservas del BCRA”, detalla a Ámbito el experto en el caso Sebastián Marill, CEO de Latam Advisors. Según se calcula, al menos 60% de las reservas de oro que registra la Argentina fueron enviadas a Londres en los últimos años. Esto incluye, claro está, las seis toneladas que despachó el año pasado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Recordemos que, en junio del año pasado, se informó que salieron camiones de caudales del BCRA con lingotes de oro, presuntamente rumbo a Londres. El objetivo era usarlos como garantía para obtener rentabilidad. El Gobierno confirmó luego esta operación en respuesta a reiterados pedidos de información que le hizo al regulador monetario el sindicato de empleados bancarios -“La Bancaria”-, a través de su secretario general, Sergio Palazzo. Pero el Central nunca dijo, específicamente, adónde habían enviado los lingotes. Defendió su estrategia y, en julio, repitió el procedimiento al enviar unas tres toneladas más (en total, se calcula que fueron seis).
Varias voces advirtieron sobre el riesgo de enviar el oro al exterior
En ese momento, generó preocupación en algunos analistas del mercado que el oro del BCRA, que forma parte de las reservas, saliera de la bóveda hacia el exterior y advertían que ponerlo como garantía de inversiones implicaba un riesgo alto para un activo tan importante para el país.
Cabe mencionar que el BCRA tiene alrededor de u$s 4.600 M de sus reservas en oro; una parte de ese total estaba en Londres antes de estos dos envíos que hizo el actual titular de la entidad, Santiago Bausili, y ya se podía utilizar como garantía en operaciones.
Una de las mayores amenazas que veían algunos economistas era el peligro de embargo, que hoy se hace más pasible con el requisito de Preska de conocer el paradero de los lingotes y la cantidad que hay en el exterior.
Un pedido de información que toca varios activos
Pero Marill señala que eso no es lo único que busca la magistrada. “Adicionalmente, pidió al Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas en EE.UU., que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial”, detalla.
Marill explica que la Argentina tiene seis semanas para reportar esta información y que, una vez que cumpla con ese requisito, los beneficiarios del fallo la revisarán y comunicarán a la jueza Preska qué es lo que quieren embargar. Ella decidirá cuáles son embargables y cuáles no. “Muchos dicen que un activo de una embajada o un consulado tiene inmunidad diplomática. Eso es cierto, pero si fue usado para una actividad comercial, ese beneficio se anula y es embargable”, informa el experto.
Lo que hizo la jueza es tomar una decisión extrema en el marco de un juicio que ya lleva mucho tiempo en desarrollo y, de alguna manera, muestra una actitud sancionatoria contra la Argentina por su constante actitud de “patear la pelota” y no cumplir con sus obligaciones.
En mayo del año pasado, la jueza estadounidense Preska le exigió a la Argentina demostrar que la petrolera y el Estado representan los mismos intereses. La magistrada ya había emitido un fallo que condenó al país a pagar unos u$s 16.000M, de los que el fondo Burford es el principal beneficiario.
En la audiencia, las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son representativas del país. Y es que eso implicaría que cualquier bien de Argentina puede eventualmente ser embargado para cobrar una sanción en la causa por la petrolera. En la lista de empresas “alter ego” del Estado nacional estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras. En ese tren, este nuevo paso de Preska busca avanzar en un sendero de embargo para que los beneficiarios cobren su dinero de una manera u otra. (ámbito.com, 15/01/2025)
La jueza ordena que el Central diga cuánto oro sacó del país (II)
o.- (Santiago Spaltro) La jueza estadounidense Loretta Preska, que sentenció en septiembre de 2023 a la Argentina a pagar u$s 16.100 M más intereses por la expropiación de YPF, ahora ordenó al Estado que entregue toda la información solicitada por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo, incluyendo datos sobre la ubicación del oro que el Banco Central sacó del país el año pasado.
La Argentina ya dijo que no iba a informar sobre las reservas
La jueza estadounidense Loretta Preska, que sentenció en septiembre 2023 a la Argentina a pagar u$s 16.100 M más intereses por la expropiación de YPF, ahora ordenó al Estado a entregar toda la información solicitada por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo, incluyendo datos sobre la ubicación del oro que el Banco Central sacó del país el año pasado. Al mismo tiempo, Preska lanzó una advertencia a la Argentina. “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.
En ese sentido, el aviso que hizo público Sebastián Maril, de Latam Advisors, señala que Preska criticó la actitud argentina de dilatar la entrega de esa documentación, pedida por Burford. Desde que la jueza emitió el fallo hace 16 meses, los intereses sumaron más de u$s 1.000M.
En diálogo con Clarín, Maril explicó: “Los acreedores quieren datos sobre todos los activos que la Argentina tiene en el exterior y pueden ser pasibles de embargos, como el oro, pero también cuentas bancarias. Ni el oro ni las cuentas de diplomáticos o de embajadas son embargables si no se utilizaron con fines comerciales; pero si lo hicieron, entonces sí se podrían embargar”. Por ejemplo, si el oro fue utilizado en parte como garantía del Repo al que el país acaba de acceder con bancos internacionales para obtener u$s 1.000 M y reforzar sus reservas, pasaría a quedar a tiro de embargo.
En definitiva, Preska ordenó, a pedido de Burford, acceder a toda la información que pertenezca a la Argentina y esté registrada en la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (sistema SWIFT).
Con esos datos, los acreedores podrán seleccionar todos los activos que quieran embargar para garantizarse el pago del juicio, sobre el que hay conversaciones muy informales pero ninguna negociación oficial o formal. Y, en base a eso, Preska definirá si se pueden embargar o no.
Burford está dispuesto a negociar para que la Argentina haga un pago justo, con un monto que podría ser bien menor a los u$s 16.100 M de capital más intereses. Pero cada día que pasa, el costo de no mostrar buena fe es mayor, entienden quienes conocen el caso.
El fondo Burford Capital, que cotiza en la Bolsa de Londres (LON: BUR), compró en 2015 los derechos de litigio por la expropiación de YPF en la Justicia de España, donde radicaba la quiebra de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi) y Eton Park.
Como los acreedores no ven voluntad de pago, realizaron múltiples demandas para embargar las acciones que el Estado nacional tiene en YPF (que multiplicaron por 4 su valor en 14 meses); los activos de Energía Argentina (Enarsa) como las centrales termoeléctricas, el ex gasoducto Néstor Kirchner y las hidroeléctricas; los activos del Banco Nación y las reservas del Banco Central.
La orden de la magistrada llegó días después de la presentación de los abogados que representan a la Argentina en la que explicaron a la Justicia de Nueva York los motivos por los que el Gobierno no puede dar información sobre la ubicación de las reservas del Central. (Clarín, Buenos Aires, 15/01/2025)
Una oportunidad única (III)
o.- (Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro) Argentina tiene una oportunidad única para llevar a buen puerto el billonario juicio en contra por la expropiación de YPF. Como nunca antes, están alineados el frente judicial y el político para torcer el rumbo de la sentencia.
Para entender mejor, conviene repasar el estatus del juicio. La jueza Preska condenó a Argentina a pagar 16 mil millones de dólares. Liberó a YPF de responsabilidad. El Estado argentino y los demandantes apelaron.
La Cámara de apelaciones puede tomar cuatro caminos: confirmar la sentencia; incluir a YPF como responsable; revertir el fallo, liberando a Argentina; reducir considerablemente el monto de la condena.
Como están las cosas, el mejor escenario probable para Argentina sería una disminución del monto de la sentencia de primera instancia. No sólo es absurdo por lo astronómico; lo es, antes que nada, porque no cumple con dos postulados que debiera haber tomado en cuenta la jueza.
El primero es que la obligación por la que se condena a Argentina está nominada originalmente en pesos. No hay que perder de vista que la causa de la condena es un incumplimiento del estatuto de YPF, una sociedad argentina. El segundo es el tipo de cambio aplicable para su conversión a Dólares, la moneda de pago fijada por los tribunales americanos. Para supuestos así, la jurisprudencia americana aplicable establece que el tipo de cambio es el del momento de la sentencia.
Por la abismal diferencia entre los tipos de cambio existentes entre el momento del nacimiento de la obligación y el de la sentencia, el monto de condena sería muchísimo menor, cualquiera sea la tasa de interés que se aplique para actualizarlo. La impresionante tasa de devaluación debe ser asumida por Petersen. Se trata de un evento que responde a razones económicas que integran el riesgo soberano aceptado por los demandantes cuando decidieron invertir en una sociedad argentina. Ni el estatuto de YPF ni ningún otro acuerdo entre las partes brindó a los inversores un seguro de cambios contra la devaluación.
Es plausible que la Cámara tome este camino. La división de poderes es un principio muy respetado en Estados Unidos. Pero no se puede desconocer que tanto el inminente cambio de gobierno, como el alineamiento del nuestro con las nuevas autoridades, son un dato político que puede jugar a favor de una mirada más complaciente con Argentina. No es una afirmación antojadiza: hay principios de derecho internacional público que así lo avalan en la jurisprudencia de Estados Unidos: International Commity se llama.
Esto es lo alentador y sobre lo que la defensa argentina debiera poner todo su esfuerzo. Y es aquí donde hay descuidos que pueden poner todo en riesgo. En paralelo con la apelación, la jueza Preska continúa con la ejecución de la sentencia. En ese marco, el fondo Burford ha intentado incluir a YPF por la ventana al pedir que se le den en garantía acciones de la compañía. Vuelve a intentar ahora, con el argumento que se conoce como alter ego (otro yo, en latín): sostiene que YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Arsat, son meras extensiones del Estado Argentino y, por tanto, a los fines de la ejecución de la sentencia, todos sus activos debieran entrar en la misma bolsa.
Para eso pidió información, que Argentina viene postergando. Con algo de torpeza, hay que decir, porque puede ponerla en situación incómoda ante la Cámara, que mira con atención el comportamiento procesal de las partes en la ejecución que continúa en la instancia inferior.
Por todo lo que ha pasado en décadas recientes, ya deberíamos haber aprendido que la buena fe procesal no es solo lo que corresponde desde el punto de vista a moral: es algo que conviene, siempre.
Todo está dado para resolver un entuerto que afecta nuestras finanzas y nuestro buen nombre en el mundo. Hay que aprovechar la oportunidad y no enredarnos en picardías procesales que ya ni sirven a la tribuna, y nunca nos han llevado a buen destino. (Clarín, Buenos Aires, 15/01/2025)
