Juicio a YPF
Escándalo: el Gobierno echó a 60 funcionarios y sospecha filtraciones a favor de los fondos buitres
o.- (Agencia Noticias Argentinas/José Calero) La decisión se tomó en medio del juicio multimillonario por la expropiación de YPF decidida por Cristina Kirchner. Los detalles.
El juicio por la expropiación de YPF genera cada vez más revuelo.
Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
Según supo Noticias Argentinas, el caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una “reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo”.
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle u$s 16.100 M a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.
Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.
Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro, en términos explicados por el propio Javier Milei.
Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”.
Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.
En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
En estos casos, la figura del testigo no es la de un testigo ocular, como en juicios penales, si no la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.
Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de u$s 16.000M.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada. Actualmente, rige una suspensión momentánea sobre el traspaso de acciones, que fue dispuesta mientras se desarrolla el proceso de apelación. El amicus busca garantizar que esa pausa se mantenga hasta que la justicia estadounidense defina el fondo de la cuestión.
Maril explicó a la agencia Noticias Argentinas que el amicus representa “el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso”, y que su efecto es “agregar argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor de esta persona”.
No obstante, aclaró que “por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”. Según el analista, el interés de Estados Unidos se centra en la posible afectación a la soberanía de la Argentina si el traspaso se concreta antes de que finalice la apelación. (El Pregón Minero, 17/07/2025)
Expropiación de YPF: los motivos del gobierno de EE.UU. para expresar un rotundo apoyo a la Argentina
o.- (Sebastián D. Penelli) La administración de Donald Trump prepara una declaración a favor del país y en contra de la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Se guardan un as en la manga: nombrar a un intermediario.
En las últimas horas, surgió una posibilidad de que el gobierno de EE.UU. proponga el nombramiento de “intermediario” para abrir una instancia de negociación entre el Estado y los fondos.
El gobierno de los Estados Unidos prepara una nueva declaración de respaldo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF ocurrida en 2012.
Tal como anticipó Energy Report al inicio de esta semana, altos funcionarios de la administración de Donald Trump tienen previsto interceder en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Loretta Preska en Nueva York, quien ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera de bandera(“turnover”) a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que ganaron el juicio por u$s 16.099M.
Actualmente, tras una presentación doble de los abogados de Argentina y un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, esa orden de transferencia de acciones de YPF quedó suspendida por “tiempo indeterminado”. Esta medida rige tanto en la causa por la expropiación de YPF como en el caso del pago pendiente a los holdouts de la deuda en default de 2001 (Bainbridge).
YPF: cómo sigue el juicio en Nueva York
YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en Nueva York, sino que es uno de los “botines” junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.
El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hoy a cargo de Santiago María Castro Videla, quien mantiene contratado al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. La Procuración se ocupa de asesorar al Poder Ejecutivo, representar y defender al Estado nacional en juicios y dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. Esta oficina hoy está en la mira de la Casa Rosada por filtración indebida y venta de información secreta a la contraparte.
La Cámara concedió la suspensión administrativa temporal de la orden inicial de Loretta Preska del 30 de junio pasado, hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión de la ejecución de sentencia. Al mismo tiempo, los jueces de segunda instancia deberán analizar y responder por la apelación al juicio. Esa tríada todavía no fue conformada.
En medio de la espera -podría demorarse dos años una sentencia de Cámara-, el proceso continuará y para ello se fijaron distintos plazos: por un lado, los apelados (los fondos) deben presentar su oposición al pedido de suspensión antes del 17 de julio. Mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025. Esto lo fijó la propia Cámara.
Los “camaristas” de Nueva York deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.
Qué argumentaron los fondos buitre
La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.
Además, el fondo buitre con sede en Londres alegó perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado nacional decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
Sea como sea que resuelvan, la causa se encaminará a la Corte Suprema de Estados Unidos, porque ninguna de las partes aceptará una decisión en contrario. Esta es la principal preocupación del Gobierno de Trump.
YPF: por qué intervendrá el gobierno de EEUU en el juicio
El Gobierno de EE.UU. ya se presentó el 6 de noviembre del 2024 en el caso YPF como “amicus curiae” (amigo del tribunal) en favor de la Argentina. Y lo hizo a través del Departamento de Justicia para aplazar -en el pasado- la entrega de acciones de YPF como forma de pago de las deudas judiciales del Estado nacional. Todo indica que lo volverá a hacer y con argumentos sólidos.
Días después del segundo triunfo electoral del presidente Trump -y todavía bajo la administración de Joe Biden-, el Departamento de Justicia de EEUU se expidió en contra del pedido del fondo Burford de entrega de acciones, al señalar que el pedido de los demandantes “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.
Argumento I: un juez de EE.UU. no puede entregar bienes de otro país
En el escrito de 2024 el Departamento de Justicia alertó que los jueces de Estados Unidos no pueden embargar u ordenar la venta de un bien de otro país, si ese bien no está en territorio de los Estados Unidos.
Y en este caso, las acciones de YPF Clase D que ordenó entregar están registradas en la Caja de Valores y no cotizan en Wall Street. Las acciones con el símbolo YPFD se negocian en Argentina y las que tienen el símbolo YPF en Nueva York.
Argumento II: la jueza interfiere en derechos de estados soberanos
Al mismo tiempo, y tal como esgrimió la defensa de Argentina, la orden de Loretta Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal estadounidense, en particular la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), y los principios de cortesía internacional. Por eso los abogados defensores advierten por un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” de la magistrada.
Como también advirtió el Departamento de Justicia de EE.UU., el fallo de Preska podría “interferir indebidamente” con los derechos legítimos de los estados extranjeros, ya que dispone libremente de bienes dentro de su propio territorio, y va en contra de los intereses de la política exterior estadounidense en materia de reciprocidad.
Argumento III: fuerza a la Argentina a violar su legislación nacional
Otro argumento expuesto por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.
Como ya se publicó en Energy Report, cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso nacional, a través de una ley específica, porque así se renacionalizó, según el mandato constitucional del país.
En este caso, sería el Gobierno nacional o algún legislador quien deba impulsar y presentar el texto de una norma que dé cumplimiento al fallo de Nueva York.
Y en caso de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska -o un acuerdo extrajudicial- y lo haga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las acciones -y el control de la petrolera de bandera- pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU es avalado por el Congreso. Nunca antes.
Argumento IV: el temor a la reciprocidad
El temor del entonces gobierno de Joe Biden -y ahora el de la administración de Trump- es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas (entrega de acciones) abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EE.UU.
Pero a este temor inicial ahora se agregó otro mayor: que -como se dijo anteriormente- el caso se encamine a la Corte Suprema de EE.UU.
y que sea el máximo tribunal el que falle a favor de los fondos buitre, y siente un precedente “dañino” para la democracia empresarial estadounidense y las leyes del mercado de capitales.
Un “as” en la manga: la designación de un intermediario
Días atrás fuentes vinculadas al litigio en Nueva York anticiparon a este medio que era inminente una declaración de EE.UU. a favor de la Argentina. Esa manifestación podría no solo ser judicial, sino también política. Por ejemplo, un mensaje de Donald Trump en su propia red Truth Social.
Sin embargo, en las últimas horas, las fuentes consultadas no descartan que el gobierno de EE.UU. de un paso más y proponga a la jueza
Loretta Preska y a la Cámara de Apelaciones el nombramiento de un agente “intermediario” (tercera posición) para abrir una instancia de negociación entre las partes, que allane el camino a un acuerdo extrajudicial, con un monto de pago muchísimo inferior al determinado en la sentencia inicial. Hoy, quien cierra las puertas a cualquier intento de diálogo para acercar posiciones, es el Gobierno nacional. (ámbito.com; 16/07/2025- 17:07hs)
Una vez más, la Casa Blanca apoya a la defensa argentina de YPF
o.- (Bernarda Tinetti) Los buitres encuentran límites. Al igual que Biden, Trump sostiene que el fallo complica la política exterior porque afecta la soberanía de otra nación. El gobierno de Estados Unidos apoyó nuevamente la postura de Argentina en el caso YPF. Primero ocurrió durante la presidencia de Joe Biden y ahora Donald Trump vuelve a ubicarse a favor de los argumentos de la defensa: presentará un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) contra la sentencia que desconoce los derechos soberanos de una nación.
La noticia se conoció luego de que la Cámara de que el país entregue el 51% de los títulos. (…) (Página 12, Buenos Aires, 17/07/2025)
La medida surge por decisión institucional del Departamento de Justicia, bajo la actual administración de Donald Trump, y replica una estrategia similar implementada durante el gobierno de Joe Biden. En 2023, el mismo organismo ya había presentado un amicus en favor de la Argentina, argumentando que la entrega de acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”. (Página 12, Buenos Aires, 17/07/2025)
