¿Joyas de la abuela?
¿La Argentina pierde YPF y Aerolíneas? El viernes se conocerán en Nueva York los bienes “embargables”
o.- Ese día habrá una audiencia pública y allí se conocerá la decisión final de la jueza estadounidense, que tiene a su cargo la causa por la nacionalización de la petrolera estatal
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la solicitud de la Argentina y de los fondos de inversión demandantes que no entraron a los canjes de deuda del país, conocidos como “Holdouts”, y ordenó que la audiencia prevista para el próximo viernes sea abierta al público.
Esa audiencia será clave ya que allí se precisará cuáles son los activos hoy en manos del Estado argentino que ordenó embargar la jueza de Nueva York Loretta Preska en el marco de su fallo contra la Argentina.
A esta instancia se llega luego de que los holdouts reclamaran el pago de una suma millonaria a la Argentina, algo que no ocurrió.
“Finalmente tendremos una muy buena idea, aunque no exacta, sobre cuáles son los activos que la jueza Preska autorizó embargar, pero declaró confidenciales por su importancia”, indicó Sebastián Maril, el especialista en mercado que sigue en detalle el derrotero de los juicios contra la Argentina que se ventila en la Justicia neoyorquina.
El rechazo al recurso que se presentó a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, dejó a la Argentina expuesta a los pedidos de embargo, ya que la fecha límite era el 10 de enero.
La Argentina buscaba retrasar el pago de una sentencia judicial por u$s 16.000 M en el caso de la nacionalización de YPF. Para ello había presentado una nueva apelación alegando que “pagar la sentencia o depositar una fianza durante la apelación causaría graves dificultades al pueblo argentino”.
En su respuesta, la jueza Preska respondió que “empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país”, pero también le “recomienda” que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de la compañía, ocurrida en 2012.
De esta forma, la magistrada dio vía libre para que Burford Capital, que adquirió el derecho de perseguir el reclamo en cuestión, pueda solicitar embargos a partir del 11 de enero.
El estudio había solicitado oportunamente autorización al tribunal para empezar a embargar activos argentinos a fin de cumplir la sentencia ya que, señaló en ese momento, la Argentina “no tenía intención” de pagar. (El Cronista, Buenos Aires, 31/01/2024)
¿Qué hacer con las joyas de la abuela?
o.- (Gustavo Bazzan) Las acciones de empresas en manos del FGS equivalen a 130 millones de AUH.
En el tira y afloja para consensuar el texto definitivo de la llamada Ley Ómnibus, el Gobierno estaría cediendo, entre otras cosas, la posibilidad de transferir al Tesoro la totalidad del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que hoy administra la ANSeS. Por ahora, pasarían al Tesoro los títulos públicos y otros activos menores pero no las acciones de empresas privadas que hoy son propiedad del FGS. Se calcula que ese portafolio de acciones tiene un valor real de mercado de unos 6.500 millones de dólares.
En el FGS hay papeles, entre otras, de los bancos Galicia y Macro, de Ternium, Telecom, Grupo Clarín, Pampa, Papel Prensa, Aeropuertos 2000… En varias de ellas hay directores en representación de las acciones del Estado.
Acciones de estas empresas fueron compradas en su origen por los fondos que administraban las AFJP. El dinero para dichas compras fue aportado por quienes habían elegido el sistema de jubilación privada. Es decir que el Estado se las apropio, en 2008, sin poner un peso. Pero a muchos les gusta decir que son los fondos de los jubilados.
Al hablar de acciones de empresas que podrían venderse, se habla de las “joyas de la abuela”. Una definición discutible, desde ya.
La cuestión es que cuando se debatió la ley Ómnibus en el Congreso, el kirchnerismo y los bloques de izquierda se manifestaron férreamente en contra de vender estas acciones, como si se buscara evitar un pecado capital o un daño irreparable para el Estado.
Esa negativa busca bloquear una discusión lícita. ¿De qué le sirven al Estado esas acciones si no puede hacer nada con ellas? ¿Por qué estaría mal venderlas al mercado – en licitación pública, transparente y al mejor postor- y hacerse de los fondos para enfrentar, sin ir más lejos, una parte del déficit fiscal?
Suponiendo que u$s 6.500 M sea el valor de venta, estos fondos bien podrían, si se quisiera, financiar una parte del agujero fiscal, o bien saldar sentencias en juicios ganados por jubilados, o pagar 130 M de AUH. Tener las acciones y no poder hacer usufructo de ello es como tener un yacimiento de litio y no explotarlo.
Hoy el Estado tiene directores en varias de ellas, pero su rol es absolutamente pasivo.
Fiel a su estilo, al final de la segunda presidencia de Cristina Kirchner se creó una capa burocrática más: la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). En su momento, el Gobierno argumentó que la creación de esta agencia tenía como finalidad “Garantizar y preservar la sustentabilidad del FGS”
Puede ser que esta Agencia haya contribuido a garantizar y preservar la sustentabilidad del FGS, pero también es cierto que el FGS no contribuyó a que las jubilaciones mantuvieran su poder adquisitivo.
Ocurre que el FGS fue creado para atender las necesidades de la ANSeS en caso de que una crisis impida pagar a los beneficiarios del organismo.
Que se sepa, en estos años en los que el poder adquisitivo de los haberes previsionales cayeron entre el 30 al 40%, el FGS no puso un peso para complementar el pago de jubilaciones ni pensiones.
La cuestión es que los bloques de legisladores de la oposición más dura salieron a instalar que se estaba en presencia, como se dijo más arriba, de la liquidación de las “joyas de la abuela”. Si a todas las empresas públicas o donde el Estado tiene participación accionaria se las califica como “joyas”, qué adjetivo le cabría a Aerolíneas Argentinas? Es una verdadera “joya de la abuela”, si no fuera por un detalle: para mantenerse operativa consumió casi u$s 10.000 M de todos los argentinos desde su reestatización en 2008. (Clarín, Buenos Aires, 31/01/2024)
