Inflación: por temor al impacto postergan aumentos en tarifas
o.- (Santiago Spaltro) Estaba previsto que este mes llegaran las facturas con la suba de la luz y el gas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió posponer los aumentos de esos dos servicios, al igual que el del impuesto a los combustibles, que lo pasó para junio. El motivo es que el incremento de la luz y el gas podía afectar la baja de la inflación que en abril, según estimaciones privadas, se acercaría al 8% o 9%. Desde el sector energético consideraron que se trata de “una mala señal” que se dilaten las subas pactadas con las empresas.
El Gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas programados en mayo de la luz y el gas, así como la actualización del impuesto a los combustibles, que iba a incidir en una fuerte suba de los combustibles líquidos (nafta y gasoil).
El objetivo del Ministerio de Economía es consolidar la baja de la inflación, que en abril habría vuelto a un dígito mensual y se acercaría al a 8% o 9% según las estimaciones privadas.
“No va a haber aumentos”, anticiparon el martes a Clarín dos fuentes oficiales, consultadas por la primera aplicación de la cláusula de indexación mensual de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
En su cuenta de X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló: “Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más, de momento, con gastos a la clase media”.
Y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó también en Twitter: “Todas las decisiones que tomamos deben verse a la luz de que el objetivo de equilibrio fiscal es inamovible. Esta decisión, por lo tanto, no pone en riesgo el equilibrio fiscal”. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.
Asimismo, el Gobierno difirió hasta junio el incremento de los impuestos a los combustibles -por traslado de la inflación del cuarto trimestre 2023, que acumuló entre octubre y diciembre del año pasado un 53,3%-. De esa forma, se atenuó el aumento de la nafta y el gasoil, que terminó siendo del 4% en vez del 10%, como originalmente estaba previsto.
Puntualmente, desde ayer estaban programadas varias novedades en materia de tarifas energéticas. Tanto en luz como en gas, las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución empezaban a tener una indexación mensual de sus tarifas, en base a la evolución previa de los salarios, la inflación y hasta el costo de la construcción.
Los aumentos que arrojaban esas fórmulas iban entre 10% y 12,5% en los márgenes de esas compañías Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras-, lo cual tendría una incidencia cercana a 5% en las facturas de los usuarios.
Algunas de las empresas beneficiarias firmaron ante el Gobierno compromisos para suspender reclamos administrativos y judiciales por los incumplimientos del Estado nacional en los contratos, al congelar las tarifas hace años.
Las “actas acuerdo” que firmaron las gasíferas sostienen que si el Gobierno incumple la cláusula de indexación, las empresas podrían volver a retomar acciones para pedir compensaciones por el congelamiento de tarifas a partir de 2019.
Fuentes del sector empresarial indicaron que “es una mala señal” que se empiecen a dilatar las subas que ya estaban pactadas.
Por otra parte, el Gobierno todavía debe aprobar la “programación estacional” de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que contiene los precios de la energía de invierno -mayo a octubre-, más caros que en verano por el mayor uso de combustibles.
Las primeras estimaciones oficiales conllevarían un incremento del precio mayorista de la electricidad cercano al 85%, con un impacto superior al 25% en las boletas finales de los usuarios de ingresos altos y los comercios e industrias a nivel nacional. Pero está en revisión y no pasaría este mes.
También está pendiente la definición e implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), el nuevo mecanismo de asignación de subsidios a la clase media y los hogares en situación de pobreza. Éste es el verdadero desafío del gobierno de Javier Milei: 7 de cada 10 usuarios residenciales de todo el país todavía mantiene la ayuda del Estado para pagar más del 95% del costo de la energía.
Los subsidios al precio de la energía son uniformes a nivel nacional. El motivo por el que los usuarios del interior pagan más por la electricidad que en el Área Metropolitana de Buenos Aires es por las tarifas de distribución, sobre las que define cada organismo regulador provincial, influenciados por los gobernadores.
En cuanto al gas, el Ente Nacional Regulador del Gas también debía autorizar el pase a las tarifas pass through- de los nuevos precios de invierno, que iban a elevar el precio mayorista del gas natural de u$s 2,89 por millón de BTU a u$s 4,43. Eso tampoco ocurrirá este mes.
Según la consultora Economía & Energía, esto evitará un salto del 25% en las facturas de los hogares Nivel 1, los que ya no tienen subsidios, que van a mantener sus boletas promedio en torno a los $ 30.207 mensuales (tras un incremento de 343% en abril), en lugar de los $ 37.735 estimados para mayo, solamente por la quita de subsidios.
En el primer cuatrimestre del año, el pago de subsidios a la energía totalizó unos 1.101 millones de dólares, con una caída interanual del 63,2% frente a enero-abril 2023, de acuerdo a los datos de la firma que dirigen Nicolás Arceo y Patricia Charvay.
Por último, Economía desactivó la suba de los impuestos a los combustibles, con los que busca recaudar unos $ 3 billones extra en 2024, equivalentes a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o al 10% del ajuste fiscal que se intentará este año.
La Administración Federal de Ingresos Públicos había publicado la semana pasada en su web los nuevos valores del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, pero los borró. Ahora quedará pendiente para junio una actualización equivalente a un total de $ 61,82 por litro de nafta y $ 42,07 en el gasoil, y la correspondiente al traslado de la inflación del primer trimestre de 2024. Se espera que el Gobierno lo reglamente con un decreto en las próximas horas. (Clarín, Buenos Aires, 02/05/2024)
