Glaciares: Presentan demanda colectiva con más de 850 mil adherentes
o.- En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares del pasado 9 de abril, las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) impulsan un amparo colectivo presentado ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa planteando la inconstitucionalidad de la reforma aprobada.
Más de 850 mil personas adhirieron a título personal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y solicitar una medida cautelar para proteger el agua. La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639.
También está presente en la acción legal Marta Maffei, autora de la Ley original de glaciares y asambleas y organizaciones territoriales de todo el país. Entre ellas están: Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca, Asociación Alihuén. También cuenta con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
Debido a qué surge esta demanda colectiva
Según indica la presentación “La acción judicial surge luego de un proceso legislativo profundamente viciado, en el cual se le negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, incumpliendo así con la participación amplia, integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú. Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación.
Las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción: se intentó validar la instancia agregando videos y ponencias escritas, pero con criterios arbitrarios que no cumplen con el requisito de transparencia.
La reforma representa un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional.
La suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley incluyendo a la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
La reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos.
Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal.
Esta demanda abre una nueva etapa en la lucha por nuestras fuentes y reservas estratégicas de agua.”
Conferencia de prensa sobre la demanda colectiva
El senador nacional Daniel Bensusán (Justicialista-La Pampa) y representantes de organizaciones ambientalistas convocaron este miércoles a una conferencia de prensa sobre la demanda colectiva presentada en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la reforma de la Ley de Glaciares.
La conferencia se llevará a cabo en la Casa de la Provincia de La Pampa, ubicada en Suipacha 346 (Ciudad de Buenos Aires), a partir de las 16.
Es dable recordar que semanas atrás el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Chadileuvu y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentaron la acción de amparo mediante la cual solicitaron que se declare inconstitucional, inconvencional y nula la Ley 27.804 por introducir reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenidos en la Ley de Glaciares.
Según informa hoy el matutino La Nación “La lista de solicitantes del amparo está encabezada por Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación de Abogados/as, y se sumaron Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Argentino de Políticas Ambientales (CEPA) y asambleas y multisectoriales ambientales.”
Y continúa informando que “Esta medida tiene lugar menos de un mes después de la sanción de la reforma de la ley, con 137 votos afirmativos en Diputados, y se suma a la acción colectiva realizada semanas atrás por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con la Universidad Nacional de La Pampa, en la que solicitaron a la Justicia Federal la declaración de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la reforma de la ley.”
“La Pampa es una de las provincias que están “directamente afectadas por la modificación”, detallan los solicitantes del amparo. “Esta provincia recibe agua de cuencas que nacen en San Juan y Mendoza, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciales para desarrollar su actividad”, explicaron a La Nación.”
“La reforma, propuesta por el Gobierno, sustituye los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, e incorpora un artículo 3° bis. Entre los principales cambios, la modificación establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciares, para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas”.
La versión original planteaba que era el Gobierno el encargado de hacer cumplir esta ley en coordinación con las provincias, y que el encargado de delimitar las zonas de protección era el Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla).”
“La reforma también introdujo un criterio según el cual los glaciares o el ambiente periglaciar serán protegidos “hasta tanto” la provincia verifique la inexistencia de funciones de reserva estratégica. Así, cada jurisdicción definiría qué es relevante en términos hídricos y debería comunicarlo al Ianigla para retirar el sitio de interés del inventario de sectores protegidos. De no hacerlo, podría autorizar actividades en esas zonas sobre la base de estudios propios.”(El Pregón Minero con información de Greenpeace y El Parlamentario)
Glaciares: Presentan demanda colectiva con más de 850 mil adherentes
