El Gobierno presentó en EE.UU. un escrito de “réplica” en el juicio por YPF
o.- (Agustina Devincenzi) Justificó el pedido de que se suspenda la transferencia de las acciones de YPF mientras la Corte trata la apelación.
Respaldo. El departamento de Justicia de EE.UU. se presentó en apoyo del reclamo de la Argentina.
El juicio por YPF en los Estados Unidos sumó otro capítulo. A poco de que se venciera el plazo, ayer a la madrugada la Argentina presentó sus argumentos por escrito en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para no tener que entregar las acciones del Estado en la petrolera, mientras ese tribunal de segunda instancia decide la cuestión de fondo.
La jueza Loretta Preska le exige a la Argentina la transferencia por no haber ofrecido garantías y en compensación del juicio que perdió el país en primera instancia y que lo obliga a pagar u$s 16.100M, más intereses diarios, por la irregular expropiación de la compañía en 2012 con el kirchnerismo.
Así, la defensa nacional busca que se defina mantener en suspenso la cesión de los papeles de YPF que el Estado logró con una cautelar temporal la semana pasada. Y anticipó que si la Corte no le otorga la suspensión del fallo de Preska, acudirá de manera urgente a la Corte Suprema estadounidense para resolver este reclamo administrativo.
La Procuración del Tesoro informó que “la República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge”.
En el primer caso, la Argentina destacó que “tal como lo reconoció el Gobierno de los Estados Unidos, la orden de entrega de las acciones vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero”.
“Contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino, no han sido utilizadas por la República para actividades comerciales en los Estados Unidos, ni han sido empleadas en la actividad comercial que sirve de base a la demanda”, argumentó.
Si rechaza la solicitud, el país se expone al riesgo de desacato
“También vulnera principios de cortesía (“comity”) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna”, señaló, y sumó que “los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega”. “La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de disipación de los activos”, enfatizó.
Agregó que tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. “La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación”, resaltó.
Y añadió que “la ejecución de la orden afectaría a terceros –incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino–, comprometería las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, como advirtió el Gobierno estadounidense”, indicó.
En el caso Bainbridge, sostuvo que no logró justificar la necesidad de una garantía. “La legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo, ya que, sin aprobación del Congreso, las acciones no pueden ser transferidas”. “No demostró que sufriría un perjuicio si se suspende la entrega, ni tampoco acreditó que la Argentina no enfrentaría un daño irreparable si la orden se ejecuta”, apuntó.
En un comunicado, la Procuración concluyó que “la pérdida de las acciones implicaría un perjuicio irreversible”. (Clarín, Buenos Aires, 24/07/2025)
