El Gobierno impulsa un “RIGI expandido” para inversiones en Hidrógeno: nuevos plazos y exigencias
o.- Desde el Congreso, dos diputados de LLA y PRO impulsan un marco normativo que apunta a transformar a la Argentina en una potencia exportadora de este tipo de energía. Qué condiciones especiales fija para el sector
El Congreso avanza con un proyecto de ley que busca posicionar a la Argentina como un actor central en el mercado global del hidrógeno de bajas emisiones, un insumo clave en la transición energética. La iniciativa, presentada por los diputados Martín Maquieyra (PRO) y Lorena Villaverde (LLA), establece un régimen de promoción específico para esta industria emergente, que además se integra al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) previsto en la Ley Bases, con condiciones adaptadas a los tiempos del sector.
Con un enfoque productivo y exportador, la norma propone “dotar al sector de un marco normativo que asegure condiciones de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica, con el fin de atraer las inversiones que permitan aprovechar el significativo potencial del país para la producción de hidrógeno”. A tal fin, ofrece estabilidad tributaria por 30 años, tanto para proyectos que adhieran al RIGI como para aquellos que queden fuera del régimen.
La ley declara de interés nacional a toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta el transporte, almacenamiento, uso industrial y exportación. Esto incluye también la fabricación de electrolizadores, celdas de combustible, sistemas de almacenamiento y compuestos derivados.
El proyecto flexibiliza las condiciones del RIGI exclusivamente para el hidrógeno, atendiendo a que los proyectos requieren más tiempo de maduración que en otros sectores. Así, se extiende el plazo de adhesión al régimen de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año adicional. Además, se otorgan 3 años para cumplir con la inversión mínima exigida (u$s 200 M en el régimen general o u$s 2000 M para proyectos de exportación estratégica de largo plazo).
La iniciativa responde a una limitación reconocida del RIGI original, ya que, como señala el texto, “los proyectos de hidrógeno y sus derivados requieren tiempos de desarrollo más extensos, a diferencia de otras industrias con mayor grado de maduración”. Se estima que sólo la fase de factibilidad puede demorar entre dos y tres años, y el inicio de la construcción hasta cinco años más, debido a la complejidad técnica, logística y financiera.
En su articulado, la ley define dos categorías clave: hidrógeno de origen renovable e hidrógeno de bajas emisiones. El primero es el producido mediante electrólisis del agua utilizando energía de fuentes renovables, o por procesos termoquímicos a partir de insumos orgánicos. El segundo incluye al hidrógeno generado con tecnologías que certifiquen niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por debajo de un umbral que será fijado por la autoridad de aplicación, siguiendo estándares internacionales.
“Pero esto es una ley para todo el Hidrógeno”, aclara Villaverde, quien presiden además la comisión de Energía de la Cámara baja. Y añade en diálogo con El Cronista: “Hablamos en principio de hidrógeno renovable pero abarca al Hidrógeno en general, para seguir avanzando sobre los otros tipos, el amarillo, el azul, etc”.
Por su matriz energética y la tecnología empleada para su producción, “el hidrógeno puede constituirse en un vector clave para el desarrollo de una industria de bajas emisiones de carbono”. En particular frente a una demanda global que se proyecta en ascenso durante las próximas décadas, acorde a la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés). “Para ello, estima que la producción total de hidrógeno deberá multiplicarse por más de cinco de aquí a 2050”, consigna el propio proyecto de ley.
Entre los objetivos principales de la norma se destacan el fomento de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, el desarrollo de infraestructura tecnológica e industrial vinculada al hidrógeno, y la consolidación de la Argentina como actor exportador en este mercado. Además, busca impulsar la fabricación de electrolizadores, celdas de combustible, sistemas de almacenamiento y distribución, y compuestos derivados, con el fin de construir una cadena de valor competitiva a nivel global.
Hidrógeno verde: cómo se adecua el RIGI al sector
Uno de los pilares del nuevo régimen es la estabilidad normativa en materia tributaria por 30 años, que alcanza incluso a quienes no ingresen al RIGI. “Los proyectos no podrán ser afectados por la derogación de la presente ley ni por la sanción de normas tributarias que resulten más gravosas”, establece el artículo 5°. No se podrán crear impuestos nuevos ni aumentar los existentes para las inversiones comprendidas, lo que representa una señal potente para capitales internacionales que buscan certidumbre de largo plazo.
Además, se garantiza que una eventual derogación del RIGI no afectará los derechos adquiridos por los proyectos de hidrógeno adheridos. “Se mantendrán vigentes por un plazo de treinta (30) años contados desde su aprobación”, sostiene el artículo 13.
Argentina tiene ventajas naturales para liderar esta industria: recursos eólicos y solares competitivos a escala internacional, disponibilidad de agua dulce y salada, y espacio territorial suficiente para grandes desarrollos. Según el documento, “la demanda global de hidrógeno de bajas emisiones podría representar el 14% del consumo mundial de energía en 2050”, y gran parte de esa demanda vendrá de países con escasa capacidad de producción propia, como Alemania, Japón y Corea del Sur.
Europa, por ejemplo, planea importar hasta el 70% del hidrógeno que necesita en la próxima década. “Alemania proyecta que para 2030 va a requerir importar entre el 50% y el 70% de la demanda total de hidrógeno”, detalla el proyecto. En este contexto, la ley apunta a transformar a la Argentina en un proveedor estratégico para abastecer ese mercado en expansión.
El Poder Ejecutivo deberá definir la autoridad de aplicación del régimen, pero ya se le asignan funciones clave: coordinar la formulación de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, diseñar un sistema de certificación homologado con estándares internacionales, autorizar proyectos, dictar normas de seguridad, simplificar el marco normativo y articular con el sector privado, provincias y el sistema científico-tecnológico.
Además, se contempla que los proyectos accedan a servidumbres legales para la construcción de infraestructura energética asociada al hidrógeno, como ductos, electroductos y redes de transporte, eliminando trabas burocráticas y acelerando tiempos de ejecución.
“Creemos que esta ley es un paso clave para construir una política de Estado en torno a la economía del hidrógeno. Esperamos que podamos avanzar pronto con este debate”, consignó en sus redes sociales Maquieyra. “Argentina tiene todo para convertirse en uno de los principales productores globales de Hidrógeno Verde . Pero para aprovechar ese potencial necesitamos un marco legal que brinde seguridad y previsibilidad a largo plazo”, añadió.
Según explicó Villaverde, el proyecto buscó retomar el debate sobre el tema que había quedado postergado desde el gobierno previo e incorporar las necesidades que manifestaron los diversos actores del sector. “Durante años, la falta de planificación en este ámbito en la Argentina llevó a que no se pudieran avanzar en políticas sostenibles en el campo energético”, puntualizó la diputada por La Libertad Avanza.
Con el Congreso ingresando a la recta final electoral, desde la comisión entienden que los tiempos se dificultan para poder dar curso al proyecto en el corto plazo aunque confían que los compromisos asumidos entre los distintos espacios representados en el debate en la comisión garantizarán su avance al recinto y su eventual media sanción. (El Cronista, Buenos Aires, 07/07/2025)
