Edenor y Edesur tienen una deuda con el Estado de $ 100.000 millones
o.- (Sofía Diamante) Por el congelamiento y el atraso tarifario, las distribuidoras de todo el país aún no le pagaron a Cammesa $ 305.650 M. La altísima inflación y la negación del gobierno anterior a aumentar las tarifas energéticas dejaron varias irregularidades financieras que la gestión actual deberá resolver. Una de ellas es la deuda que las empresas de distribución de electricidad, como Edenor y Edesur, mantienen con el Estado. En total, estas compañías adeudan $ 305.650 M (u$s 380M) a Cammesa, según su último informe financiero, que muestra el estado de las cobranzas al 29 de diciembre pasado.
Si se toman en cuenta las deudas de las distribuidoras y los subsidios que el Estado destina a la generación eléctrica, Cammesa le pidió $ 4,4 billones de fondos a la Secretaría de Energía el año pasado, de los cuales recibió $ 1,8 billones. Esto explica los casi u$s 6000 M al tipo de cambio promedio de 2023 ($ 310) que destinó el Estado a la energía eléctrica.
El Gobierno actual buscará reducir esas transferencias al máximo, partiendo de una situación inicial complicada: debido a la devaluación de la moneda, la necesidad de subsidios se acelerará en el primer mes del año, ya que los costos del sector están dolarizados, mientras que las boletas de electricidad se facturan en pesos. De hecho, según los últimos datos de Cammesa, los usuarios pagan en promedio menos del 47% del costo del sistema. Por eso el plan de la Secretaría de Energía es aumentar las tarifas lo más rápido posible.
En lo que respecta al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur, las empresas pedirán mejorar sus ingresos en la próxima audiencia pública del 26 de enero. El año pasado se les dio un aumento total de 262%, superior a la inflación anual (211%), repartido en dos subas de 108% en abril y 73% en junio. Las empresas recompusieron así parte de las actualizaciones adeudadas, ya que en los tres años anteriores habían tenido subas de 30%, cuando la inflación había sido más de 300%.
Las empresas de distribución tienen la tarea no solo de proveer electricidad en cada hogar, sino de emitir las boletas, gestionar el cobro y transferir a Cammesa lo que le corresponde por el componente de generación eléctrica. Sin embargo, en los últimos años, como el Estado les autorizó aumentos menores que la inflación, algunas de las empresas se financiaron con Cammesa para cubrir sus gastos. De las casi 80 distribuidoras y cooperativas, la que más dinero le debe a Cammesa es Edenor, la mayor empresa distribuidora del país, con 24% del mercado. Al 29 de diciembre pasado, adeudaba $ 73.700M.
Menos pagos a Cammesa
En la distribuidora de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti explican que hasta septiembre pasado pagaban el 100% que le correspondía a Cammesa cada mes, pero que a partir de octubre empezaron a transferir el 50%. “Teníamos el compromiso de recibir tarifa y no se cumplió, y por eso empezamos a regular con el pago a Cammesa. Si los ajustes tarifarios se realizan, vamos a subir los pagos”, dijeron en la compañía.
La segunda empresa que más debe es Edesur, con $ 33.400M. La distribuidora de capitales italianos sigue en proceso de venta, luego de que Enel anunciara su salida del país a fines de 2022 e iniciara el proceso de desinversión.
En la lista de deudoras figuran también las empresas del grupo DESA, que proveen el servicio en el AMBA y en Salta. Los aumentos de ingresos que reciben estas distribuidoras los deciden los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Salta, y no el Estado nacional. En total, el grupo del empresario Rogelio Pagano debe $ 57.740M, repartido en Edelap ($ 11.740M), EDEA ($ 16.000M), EDEN ($ 14.500M), EDES ($ 5600M) y Edesa ($ 9900M).
Otras distribuidoras que deberán sentarse a renegociar con Cammesa son EMSA, de Misiones, que debe $ 1800M; SPSE, de Santa Cruz, $ 1650M, y Secheep, de Chaco, $ 1000M.
Hay otras empresas que mantienen deudas desde hace varios años y que en algunos casos el Estado ha iniciado juicios para cobrarlos: DGSP, de Chubut, que debe $ 7200M; cooperativa Villa Gesell, $ 7400M; cooperativa Trelew, $ 14.800M; cooperativa Olavarría, $ 10.400M, y cooperativa Necochea, $ 9950M.
Muchas otras regularizaron su situación debido a las moratorias que lanzó el gobierno anterior, como EPE de Córdoba; EPEN, de Neuquén; EPE de Santa Fe; Ejesa, de Jujuy, y Edersa, de Río Negro, entre otras. (La Nación, Buenos Aires, 15/01/2024)
