Cuadernos: confirman el uso de facturas truchas en Río Turbio
o.- (Lucía Salinas) Se celebró una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, donde se juzga el circuito de sobornos que se montó entre ex integrantes del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado. Está semana declararon como testigos ex integrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un grupo de empresas y el movimiento de dinero es el objeto central por el cual los convocó la fiscalía. Este jueves se volvió a hablar de una obra calificada como un “emblema de la corrupción”, emplazada en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, jamás se terminó.
Una de ellas es Isolux Corsán, la firma cuya casa matriz se encontraba en España y que fue la adjudicataria en 2008 de la obra para la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, la localidad minera ubicada al noroeste de Río Gallegos.
La obra nunca se terminó y estuvo envuelta en cuantiosas denuncias de corrupción. Verónica Iglesias, contadora de ARCA, relató ante el TOF 7 y la fiscal Fabiana León que en el año 2016 se encontraba trabajando como supervisora en un área de fiscalización y en 2017 fue promovida.
Cuando trabajaba como integrante del equipo de fiscalización del organismo, le dieron el CUIT de la UTE integrada por la firma de origen española, Isolux Corsán y otras compañías. Cuando la fiscal León le consultó qué originó la fiscalización, contó: “Cuando fui nombrada jefa de división, había una sospecha de facturas apócrifas”.
Iglesias explicó que existe una base de firmas proveedoras consignadas como apócrifas, entonces cada vez que eran contratadas se disparaba una alarma en el sistema que derivaba en inspecciones.
Respecto a Isolux Corsán se analizaron las facturas “que no podrían tener veracidad: algunas prestaban horas hombre como concepto de la facturación o maquinaria. Pero no nos abocamos al concepto de la compra en sí sino a los proveedores que ya estaban catalogados como apócrifos”.
“Nunca estuvo en la intención de la empresa Isolux el realizar aportes para campañas electorales. Por eso no había duda que el pago se realizaba para evitar represalias por parte de los funcionarios”, declaró Juan Carlos De Goycochea, uno de los empresarios que comparece ante el tribunal.
La empresa señaló haber accedido al pago de los sobornos porque “existía un gran temor en enemistarse con el gobierno, y que suspendieran los pagos o rescindieran el contrato de la obra; pues era conocido en el ambiente el trato extorsivo por parte del gobierno Kirchner hacia las empresas. Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra .”
El primo de Macri
No hubo una única fiscalización sobre IECSA. También fue por una UTE constituida con JCR (Grupo Relats). Estos últimos fueron responsables de administrar el hotel más lujoso de Cristina Kirchner, casa patagónica Los Sauces. Según explicaron los testigos, había anticipos de obra pagados a la Unión Transitoria de empresas cuyo destino no se logró determinar. María Marta Criscuolo, otra ex funcionaria de la ex AFIP recordó además que una UTE que formó IECSA por entonces de Angelo Calcaterra hizo giros a un banco de Andorra. Criscuolo se refirió a la compra de unos 3 millones de dólares en fecha coincidente con el cobro de un anticipo de Vialidad para una obra cuando integraba otra UTE. (Clarín, Buenos Aires, 26/06/2026)
