Contrapuntos entre referentes del sector industrial sobre el proyecto de reforma a la Ley de Biocombustibles
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, a cargo del radical Flavio Fama, reanudó este miércoles el debate sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles con la presencia de los representantes de cinco instituciones que expusieron su opinión al respecto.
Abrió la ronda de debate Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), cuyo perfil productivo es “netamente exportador”, generador de divisas por 9 mil millones de dólares por año, representa el 10% total de las exportaciones del país, el 47% del total de exportaciones de manufacturas de origen industrial.
Con respecto a los proyectos, se mostró disconforme y anticipó que no lo acompañarán porque “son totalmente contrarios a los intereses nuestros y generan mucha imprevisibilidad” en una industria que es de capital de trabajo intensivo.
“Uno de los proyectos establece la posibilidad que, a mayor oferta de insumos, mayor sea el corte. Eso nos genera un nivel de imprevisibilidad y no hay ninguna experiencia en el mundo que así lo determine. Los países que definen o cambian cortes como India, Indonesia, Tailandia, Brasil, se dan entre 3 a 5 años la posibilidad para hacer esos ajustes y tiene que ver con las adecuaciones que tienen que hacer las terminales en términos de inversión, desarrollo de proveedores, pruebas en campo, en laboratorio, modificación de normas, el proceso de homologación de los vehículos”, explicó.
Además, indicó que “no encontramos a nivel mundial ningún antecedente que se fije esto, que sea creciente dependiendo la oferta. La realidad es que todos los países fijan máximos tanto en el corte del biodiesel y etanol, pero nunca de manera atada a lo que son los insumos ni tampoco a un corte progresivo en el tiempo. Es imposible para la industria automotriz ir cambiando el corte permanentemente y más si le sumamos la incógnita de si va a haber oferta o no de los insumos”. Canedo ejemplificó que en la Unión Europea la directiva del cambio de salto del etanol del 5 al 10% es del 2009 y recién lo aplicaron en el 2020.
El titular de ADEFA también argumentó su contraposición por los cortes que están fijados en ambos textos “en uno se habla de 15%, otro de 18%. Son dos cortes que no existen en ningún lugar del mundo, lo cual serían cortes específicos para Argentina y eso primero nos aislaría porque el 60% de lo que producimos lo exportamos a países que no tienen este nivel de corte. Pondríamos en riesgo el 60% de lo que producimos porque ninguno de los países que exportamos tiene estos niveles de corte y deberíamos hacer inversiones específicas”.
“También generaríamos un perjuicio a los consumidores porque en la oferta local, el 50% de lo que se patentó en el 2025 lo cubrimos con 11 modelos y en la escala no llegan a 18 mil. Ningún país en el mundo va a hacer un desarrollo para estos cortes. Se va a perjudicar la industria local y la oferta de productos importados”, cerró Canedo y propusieron debatir en conjunto un proyecto porque “la industria necesita previsibilidad y seguridad jurídica”.
Desde el Instituto del Petróleo y el Gas, Pamela Vacca, analizó que en los últimos 20 años que estuvo vigente el régimen donde los precios estuvieron regulados y los cupos “no nos ayudó a fomentar la industria. Esto generó distorsiones en el mercado local y creemos que un mercado abierto es un punto importante”.
“Nos parece que el mercado abierto va a fomentar nuevas inversiones para el sector. Integrar corrientes vegetales dentro de las refinerías genera un gran valor agregado porque podemos obtener la misma molécula fósil, pero de un componente bio. Este es un proyecto que tiene que estar sobre la mesa donde el mundo está yendo y es súper relevante estas corrientes de co procesamiento”, planteó.
Vacca consideró que “hay que mantener el corte actual del 7,5% y, en el caso del bioetanol, proponemos que puede haber una diferencia entre el 12 y el 15% como corte voluntario. Esto puede ser utilizado como un medio sobre demandas. Hay que poner un marco dentro de lo que es el origen de la ley con una matriz energética actual”. Así, planteó que “hay que orientar los recursos en el co procesamiento, buscar alternativas de mejorar la oferta a los consumidores. Hay que generar un consenso”.
A su turno, Federico Martelli de la Cámara de PyMES Elaboradoras de Biocombustibles, manifestó el “claro rechazo al avance de la ley propuesta por la liga de provincias bioenergéticas tal como fue planteada”.
“Es una ley que tiene un título atractivo como aumento del corte, de la actividad agro industrial, aumento del valor agregado, pero atrás de ese título de molde existe la redacción de un articulado que centralmente en el planteo puntual del biodiesel conduce a la concentración de la producción de biodiesel en una sola provincia que es Santa Fe, en detrimento de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis”, criticó.
Martelli remarcó que “no se trata de una ley de consensos en el plano del biodiesel, pero si en el bioetanol y tiene un gran impulso de las provincias que lo producen. Pero en el plano del biodiesel donde cuatro de las cinco provincias donde se produce no se manifestaron a favor y se oponen”.
“Las empresas que represento producen el 60% del biodiesel del mercado interno, sin embargo, no son tenidas en cuenta nuestras posiciones de un re articulado para no vernos perjudicados. No es de consenso”, apuntó y agregó que violan la seguridad jurídica: “Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es todo lo que la Argentina no tiene que hacer”.
“Esta ley no genera nuevas inversiones en el mundo del biodiesel”, remarcó Martelli y alertó: “Esta ley condena a la quiebra a una parte importante de las PyMES y a otra parte importante las condena a la supervivencia porque reduce su participación en el mercado”.
Así, cerró: “Con un corte del 10% que implica una producción global 1.240.000 toneladas, de aprobarse esta ley, 1.028.000 toneladas van a pasar a producirse en la provincia de Santa Fe y solo 211.000 toneladas van a quedar para Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. De este modo, Santa Fe pasa de producir actualmente el 40% a producir el 82%. Por eso nos oponemos al proyecto y estamos a completa disposición para trabajar la redacción de un articulado que defienda nuestros intereses que empieza por reconocer que, al menos el 7,5% del cupo, debe ser repartido entre las compañías PyMES que, actualmente, entregan para el mercado interno”.
Contrariamente, el presidente del Centro de Azucareros Argentino, Jorge Feijoo, respaldó: “El bioetanol está unido, sea de caña o de maíz. Este proyecto de ley que apoyamos decididamente no vino de la nada”.
“Estamos de acuerdo porque apunta a un cambio de normas que urgen frente a la normativa actual. Apunta a un cambio porque pasa de tener cupos por empresas y precios fijados por el Estado, a unas licitaciones competitivas, transparentes por precio y por volumen que tenga topes en la paridad de importación para garantizar la competitividad del mercado”, afirmó.
A su vez, consideró que el proyecto tiene un aumento del corte al 15% y mantener la participación de estas materias primas. En esa línea, desmintió al representante de ADEFA y sostuvo que “no es verdad que no haya países con el 15% como Estados Unidos y California. No produce problemas en los autos”.
Feijoo remarcó que los aumentos de corte previstos en el proyecto “no producen impacto fiscal, en el precio del consumidor y sin impacto en las petroleras. Desde la ley de biocombustibles del 2016 se crearon 50 industrias sin RIGI, sin subsidios, sin preventas ni beneficios fiscales”.
Por último, Daniel Ciaffone, en representación dela Cámara Argentina de Energía, cuestionó que la ley le costó 16 mil millones de dólares al país para el fisco, industria, consumidores. “Hace casi 20 años existe un marco regulatorio cuyos beneficios están reservados para un pequeño grupo de empresas que no es libre ni competitivo y es discrecional”.
“Se limita la producción de biocombustibles exclusivamente a aquellos provenientes de soja, azúcar y maíz”, indicó y criticó el proyecto de ley de la senadora Vigo porque “pretende mantener cerrado el mercado de biocombustibles, impidiendo la libertad de inversión, comercialización y de participación para sostener un régimen costoso, ineficiente y desleal”. (Parlamentario)
