Causa YPF
Otro revés judicial
o.- (agencia noticias argentinas) La jueza Preska rechazó un pedido de Argentina y se mantiene la orden para que el país entregue el 51% de YPF.
La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera. Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.
En la mañana de ayer, lunes, la jueza rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de u$s 16.000M a favor de los litigantes.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado. (El Pregón Minero, 15/07/2025)
Otro revés por YPF: la jueza insiste en que debe pagarse con acciones
o.- Washington (Corresponsal, Paula Lugones) (…) La jueza Loretta Preska rechazó este lunes el pedido que hizo la Argentina de suspender su fallo que le obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF y amenazó al país con caer en “desacato” si el Gobierno no lo hace antes del jueves, el plazo que había establecido. Hoy están citados en el despacho de la jueza los abogados argentinos y los del fondo Burford.
¿Pero qué significa que Argentina caiga en desacato?
Expertos que conocen el sistema judicial estadounidense consultados por Clarín coinciden en que el tema es muy complejo y mencionan similitudes con el caso de los fondos buitre, que tuvo en jaque a la Argentina por muchos años y se resolvió durante el gobierno de Mauricio Macri tras un arreglo con los holdouts.
Un abogado experto en litigios internacionales que reside en Washington señaló que Argentina entraría en “desacato” o incumplimiento si ignora o desobedece la orden de la jueza. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país? Si sucediera, en casos muy específicos podría sufrir embargos, pero es un proceso complejo.
Como todo país soberano, explica el especialista, Argentina está protegida por el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), que es una ley de Estados Unidos, promulgada en 1976, que establece cuándo y cómo un gobierno extranjero puede ser demandado en tribunales estadounidenses.
El FSIA codifica el principio de inmunidad soberana, que significa que los estados extranjeros no pueden ser juzgados en tribunales de otro país, salvo en ciertas excepciones.
Así, bienes inmuebles y otros en EE.UU. como embajadas o sedes diplomáticas, etc. quedarían dentro de la inmunidad soberana, como se vio en el caso de los fondos buitre. “Ningún bien se puede tocar, salvo que aplique una excepción”, señaló.
“Tiene una excepción que es la más litigada del todas que es la de la actividad comercial del Estado. Es decir que, si el Estado actúa como un actor privado en el mercado, el bien que el Estado esté comerciando queda sujeto a embargo”, señala.
Y puso como ejemplo si Argentina emite bonos y se comercializan en Estados Unidos. “Si algún pago relacionado con esa emisión de bonos pasa por EE.UU., la Argentina tiene que tener mucho cuidado porque eso es embargable”.
Esto no es automático, advierte. “El que busca embargar (en el caso de YPF sería el fondo Burford y otros) un bien debe presentarse ante la Corte y la justicia debe decir que es un bien embargable”, señala.
En el caso emblemático de la Fragata Libertad, por ejemplo, que quiso ser embargada en 2012 por un fondo buitre, se demostró que era un bien soberano y no comercial y finalmente no tuvo problemas, más allá que el tema se enmarcaba también en convenciones internacionales de derecho marítimo.
Otro antecedente podría preocupar: Argentina entró en default en 2001 y luego ofreció canjes de deuda con quitas importantes. Algunos fondos buitre, como NML Capital, rechazaron los canjes y demandaron a Argentina en tribunales de EE.UU. para cobrar el 100% de sus bonos.
Argentina alegó inmunidad soberana bajo el FSIA. Pero los tribunales estadounidenses fallaron en contra, aplicando la excepción de actividad comercial: emitir bonos en mercados internacionales es considerado un acto comercial, no soberano, por lo tanto no hay inmunidad bajo el FSIA.
Tras muchas idas y venidas judiciales, en 2014 quedó firme el fallo del juez Thomas Griesa que ordenaba a Argentina pagarle a los fondos buitre antes de poder pagarle a los bonistas reestructurados. Este caso sentó un precedente importante al demostrar que los Estados pueden ser sometidos a la jurisdicción extranjera y obligados a cumplir con ciertas obligaciones financieras si han renunciado implícita o explícitamente a su inmunidad al participar en actividades comerciales como la emisión de deuda soberana. El caso finalmente se arregló con el pago a los fondos tras una mediación con el fallecido Daniel Pollack como intermediario.
Para Javier Ruiz, experto en derecho internacional, la apuesta está en la apelación, que puede decidir la cuestión de fondo. “Argentina puede lograr allí que bajen el precio del monto total del juicio. Si sale bien la apelación, Argentina puede lograr que en vez de tomar el valor actual de la expropiación de YPF (16.000 millones de dólares) tomen el valor de la expropiación del año 2013, que eso es lo correcto que tienen que tomar y no el valor actual que es lo que tomó Preska. Lo que Argentina puede ganar es que se le reduzca el monto total de la deuda y después de eso sí puede negociar mejor”. (Clarín, Buenos Aires, 15/07/2025)
El Gobierno solicitó en EE.UU. una suspensión de “emergencia”
o.- (Juan Manuel Barca) Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Y fue después del rechazo de la jueza Preska a la solicitud de suspender la transferencia de acciones.
En una medida de emergencia, el Gobierno solicitó ayer por la tarde ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la suspensión temporal de la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska que hace dos semanas ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, un pedido que la magistrada tampoco aceptó hasta ahora.
“La República Argentina ya se presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito solicitando que se conceda una suspensión administrativa temporal (de la ejecución del fallo) mientras tramita el pedido de suspensión ante dicho tribunal (en relación a la apelación presentada la semana pasada”, confirmaron fuentes oficiales.
El recurso fue interpuesto inmediatamente después de conocerse un nuevo revés en el juicio contra el país por la estatización de la petrolera en 2012, tras el rechazo de Preska ayer al pedido argentino de suspender la transferencia de activos a los fondos litigantes, mientras cursa la apelación que Argentina inició la semana pasada.
Argentina tenía plazo hasta ayer para depositar las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska hace dos semanas atrás. Pero la magistrada extendió este lunes dicho plazo hasta este jueves y ahora el Gobierno solicitó un freno de la ejecución en busca de estirar el proceso hasta el próximo miércoles 23 de julio.
“El tribunal de distrito denegó hoy (por ayer) la moción de la República de suspender el proceso en espera de la apelación, aunque modificó la fecha de vigencia de su orden al 17 de julio para permitir que este tribunal tenga la oportunidad de dictar una medida de emergencia”, señaló la defensa argentina en un escrito presentado este lunes ante la Cámara de Apelaciones.
Según la presentación, los demandantes confirmaron en una carta fechada el 10 de julio pasado que no se oponen a la solicitud de suspensión administrativa temporal por parte del tribunal en espera de la resolución de la solicitud de suspensión, que presentarán su oposición a la solicitud de suspensión administrativa temporal antes de este jueves y que Argentina acordó con ellos presentar su respuesta antes del próximo martes 22 de julio.
“En consecuencia, la República solicita a este Tribunal que conceda la suspensión administrativa acordada en espera de la resolución de la moción de suspensión de la República en este Tribunal y que inicie el calendario de alegatos acordado”, indicó Sullivan & Cromwell LLP, el estudio a cargo de la representación de la Argentina.
El Gobierno busca con este nuevo recurso que la Corte de Apelaciones se expida tanto sobre el pedido de suspensión como la apelación de la orden de entrega de las acciones. Y cree que Argentina no incumple el fallo, ya que Preska “otorgó tres días más” para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones, es decir, hasta este jueves.
“Si los jueces aprueban este cronograma, la Corte de Apelaciones no decidirá si otorga el beneficio del stay (suspensión del proceso) hasta, al menos, el 23 de Julio”, señaló el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril.
Mientras tanto, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York interviniendo en el caso. El funcionario participará hoy de una reunión clave convocada por Preska con los abogados de Petersen/Eton y Bainbrigde sobre el proceso de intercambio de información y documentos entre las partes.
Eton y Burford le iniciaron juicio a la Argentina por incumplir el reglamento de la compañía al expropiarla en 2012 y lograron un fallo favorable por u$s 16.100 M más intereses que Argentina hasta ahora evitó pagar. Por otra parte, el fondo Bainbridge inició un reclamo por separado que ya cuenta con sentencia firme por alrededor de u$s 100M.
En noviembre pasado, el gobierno de Estados Unidos bajo la gestión de Joe Biden presentó un escrito apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a Preska que no dictara esa orden. Pero la jueza no le hizo caso y este lunes reforzó su postura.
“La decisión de la jueza Preska de negarse a suspender su orden de entregar las acciones de YPF, mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York todavía no ha resuelto la apelación contra la sentencia que condenó a nuestro país a pagar u$s 16.100M, es prematura e irrazonable, y se aparta de las normas sobre inmunidad soberana que rigen en Estados Unidos”, señaló este lunes Sebastián Soler. Se trata del abogado especialista en el caso y exviceprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández.
Según Soler, “el Departamento de Justicia le dijo que semejante orden infringiría las normas de inmunidad soberana de EE.UU. que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en EE.UU. y advirtió que esa orden afectaría la soberanía argentina”.
Hoy hay una reunión clave con los fondos extranjeros. La jueza dio otro plazo y el Gobierno busca estirar el proceso.
El gobernador de Chubut buscará levantar el embargo sobre acciones de YPF
o.- (agencia noticias argentinas) Será en defensa del patrimonio provincial. El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la provincia se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York con el objetivo de solicitar el levantamiento del embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen, luego del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a transferir el 51% del capital accionario de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park.
“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, afirmó Torres en un comunicado emitido desde la sede histórica de YPF en Comodoro Rivadavia, junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero.
El mandatario chubutense remarcó que Chubut no es parte demandada ni está condenada en el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, y sostuvo que “el embargo dispuesto por una jueza estadounidense que, por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF, constituye un atropello”.
Torres explicó que del 51% expropiado en 2012, el 49% fue distribuido entre las provincias petroleras que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en función de sus niveles de producción. “En el juicio en Nueva York el demandado es el Estado nacional y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias”, advirtió.
En ese marco, el gobernador chubutense reveló que presentarán un escrito ante la corte estadounidense para exigir el levantamiento del embargo sobre las acciones que le corresponden a Chubut, y cuestionó la “desprolijidad” de las gestiones provinciales anteriores que no formalizaron mediante ley el acuerdo de transferencia accionaria con el Estado nacional.
“El acuerdo del 2012 nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, se quejó Torres, y agregó que “la negociación fue pésima, porque Mendoza recibió el 20% y a Chubut, siendo la primera productora de petróleo del país, apenas le dieron el 8%.”
Por su parte, el vicegobernador Menna recordó que la ley de expropiación de YPF dispuso la cesión del 49% del paquete accionario a las provincias, y denunció que “hoy esas acciones están embargadas sin que Chubut sea parte ni deudora en el juicio.”
La diputada nacional Ana Clara Romero confirmó que también harán presentaciones en el Congreso y en la Corte de Nueva York: “Nos vamos a presentar para pedir el levantamiento del embargo, porque estamos defendiendo lo que es de los chubutenses.”
Otras repercusiones del fallo de la jueza Preska
El especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, afirmó que la Argentina “es un país que no respeta los fallos”, haciendo alusión a la causa por la nacionalización de la empresa petrolera YPF. “Por eso (la jueza Loretta) Preska pone condiciones”, explicó. En diálogo con Radio Splendid, subrayó: “estamos donde estamos” por causa de los “embargos” de la petrolera.
“Mañana va a haber una reunión entre abogados argentinos y la parte beneficiaria para ver qué se negocia”, aseguró, minutos antes de conocerse el rechazo de Preska sobre el pedido de suspensión de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios.
Sobre la posible negociación, el director de Latam Advisors advirtió que podrían entrar en juego acciones o bonos argentinos como “parte de una garantía”.
A su vez, el especialista sostuvo que la Argentina tiene juicios abiertos, sin resolver, por el equivalente a u$s 30.000M, de los cuales la mitad son de YPF y por los cuales “se benefician los acreedores, o sea, los bancos”.
También hizo mención a la calificación crediticia que le otorgó MSCI (Morgan Stanley Capital International) a la Argentina, ubicándola y manteniéndola en “mercado independiente” la última división.
“El MSCI te dice, en sus palabras, los deberes que tenés que hacer y como no los hiciste el año pasado. Si los haces, te reincorpora al mundo financiero de los mercados”. (El Pregón Energético)
