Caso YPF
Caso YPF: Daniel Sabsay criticó a la jueza Preska por “excederse” en el fallo contra la petrolera
o.- (Agencia Noticias Argentinas) El abogado constitucionalista sostuvo que la sentencia “afectó la soberanía nacional”, aunque advirtió que existen “razones sólidas para apelar”.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay criticó duramente el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en el caso YPF, y advirtió que existen “razones sólidas para apelar” la sentencia que podría implicar un pago de hasta u$s 16.000 M por parte del Estado argentino.
En diálogo con Rivadavia AM 630, Sabsay sostuvo que el fallo no solo se basa en una “estimación discutible” del monto a pagar, sino que “representa una intromisión en cuestiones de soberanía nacional”.
“Más allá de las irregularidades que acompañaron la privatización y posterior estatización de YPF, la jueza se extralimitó. Invadió la soberanía de un país independiente, y eso es grave”, afirmó.
El constitucionalista, una de las voces jurídicas más respetadas del país, señaló además que el cálculo de la indemnización fue realizado en un momento inapropiado del proceso judicial, lo que –según explicó– “infló artificialmente” el monto que debería pagarse.
Consultado sobre el argumento del gobierno argentino de que un desembolso de tal magnitud afectaría el equilibrio económico del país, Sabsay respondió:
“Es absolutamente válido. Las consecuencias del fallo van más allá del caso específico y se proyectan sobre toda la economía nacional. El reclamo de interferencia en la soberanía es legítimo y debe ser parte de la apelación”.
Finalmente, subrayó que el fallo también refleja “una mirada prejuiciosa hacia la Argentina como país deudor serial”, lo cual –dijo– “condiciona la imparcialidad que debería tener cualquier tribunal internacional”. (El Pregón Energético; 06/07/2025)
La demoledora radiografía de YPF: por qué el fallo de la jueza Preska pone en jaque al país
o.- (Agencia Noticias Argentinas) Tras el fallo en su contra, un informe revela el poder de YPF. Controla más del 50% de la refinación, el 36% del petróleo y el 29% del gas del país.
El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones estatales de YPF al fondo buitre Burford Capital, puso a la petrolera argentina en el centro de la escena por su peso clave en el mercado energético y sus planes de expansión internacional.
Según supo Noticias Argentinas de un informe publicado por Tiempo Argentino, YPF domina más del 50% de la capacidad de refinación del país y cuenta con el 30% de las reservas de hidrocarburos. Además, sus tres refinerías procesan casi 124M/b/a, de los cuales un 75% proviene de su propia producción.
La empresa es líder en combustibles minoristas, con casi el 32% de las estaciones de servicio del país, y concentra el 36% de la producción de petróleo y el 29% de gas. Su foco estratégico es el desarrollo no convencional en Vaca Muerta, con un salto en la producción no convencional del 25% en crudo y del 18% en gas durante 2024.
El presidente de YPF, Horacio Marín, intentó llevar tranquilidad tras el fallo: “Preska falló en contra de la República, no de YPF”, aseguró. La compañía aclaró ante la Comisión Nacional de Valores que no es parte en los procedimientos judiciales por las acciones estatales.
Además de su hegemonía en hidrocarburos, YPF es dueña de YPF Luz, líder en renovables y electricidad convencional, y controla Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país. Su objetivo a 2030 es exportar energía por u$s 30.000 M al año, en un contexto donde la crisis del gas doméstico y la falta de inversiones en transporte exponen desafíos estructurales.
El informe también advierte sobre el riesgo de que, con la Ley Bases y su capítulo de hidrocarburos, las petroleras prioricen exportaciones en detrimento del abastecimiento local, abriendo otro frente de debate sobre el rol estratégico de la petrolera nacional en un mercado cada vez más desregulado. (El Pregón Energético, 06/07/2025)
“El daño ya está hecho”: experto advierte sobre la crisis energética y criticó la “ausencia total” estatal
o.- (Agencia Noticias Argentinas) El investigador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Marcos Rebasa, también cuestionó al gobierno por el “relato de la exportación millonaria” de gas.
El investigador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Marcos Rebasa, fue categórico al afirmar que el sistema energético “está colapsando y el Estado brilla por su ausencia”. En medio de los cortes de gas que afectan a gran parte del país por la ola de frío polar, trazó un diagnóstico demoledor sobre la situación energética argentina: obras clave paralizadas, falta de previsión, empresas incumpliendo y un Estado que “no controla, no planifica ni actúa”.
“Lo que está pasando era previsible”, afirmó en diálogo con Splendid AM 990. “Todos sabemos que en invierno la demanda de gas aumenta, como en verano la de electricidad. Sin embargo, el Estado no le ‘sopló la nuca’ a las petroleras, que redujeron envíos por el Gasoducto Néstor Kirchner sin que nadie se preocupara. Las plantas compresoras no están listas, las contratistas privadas no son supervisadas, y la obra pública no se termina porque directamente se desprecia”, explicó Rebasa.
Para el especialista, lo ocurrido es la consecuencia directa de una “tormenta perfecta” en la que el Estado decidió desentenderse de su rol. “Encima, en medio de esta crisis, desregulan el precio de la garrafa, el único recurso de los hogares más humildes que no tienen gas por red. Es una política criminal”, disparó.
El impacto del desfinanciamiento y la falta de control estatal no se queda en los hogares: también afecta a la industria. Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Juan y varias zonas del conurbano bonaerense padecen cortes de suministro, incluso a industrias con contratos interrumpibles. “Si la actividad estuviera a pleno, estaríamos directamente en el horno”, alertó Rebasa. Y advirtió que en el verano podrían repetirse los mismos problemas, pero con la electricidad.
Además, denunció la paralización de una obra clave: una línea de alta tensión financiada por China en el Gran Buenos Aires. “Eran mil millones de dólares para evitar apagones masivos. Se cayó todo y el privado no la hace. El verano que viene, prepárense”, avisó.
Sobre el reciente fallo judicial internacional que podría afectar el futuro de YPF, Rebasa fue tajante: “Es gravísimo, más grave que lo de la Fragata Libertad. Estamos jugando con la soberanía energética. Si el Gobierno cede a la tentación de negociar con el fondo buitre, Argentina pierde soberanía directamente. No se debe negociar. No hay margen para regalar el patrimonio nacional”.
El investigador también criticó el “relato de la exportación millonaria” de gas mientras “no hay gas para los argentinos”. “Tenemos Vaca Muerta, pero no tenemos gas para pasar el invierno. Es absurdo. Nos quieren vender una fantasía de exportar mientras nuestros ciudadanos se cagan de frío”, sentenció.
“El daño ya está hecho. Y mientras el Estado siga ausente, el futuro será cada vez más oscuro”, cerró Rebasa. (El Pregón Energético, 06/07/2025)
Más fondos buitres quieren recibir acciones de YPF aprovechando el fallo de una jueza de EE.UU.
o.- (Agencia Noticias Argentinas) Son los que rechazaron los canjes de la Argentina por la deuda en default del 2001.
Fondos de inversión de Estados Unidos que tienen bonos de la Argentina buscan cobrar.Más fondos de inversión se sumaron a la lista de acreedores que pretenden recibir acciones de la petrolera YPF, en el marco del controversial fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que ordenó entregarles el 51% de la principal petrolera argentina.
Estos nuevos fondos, que rechazaron entrar al canje por los bonos en default del 2001, buscan prioridad para ejecutar esos papeles.
Sebastián Maril, director de Latam Advisors, informó que los nuevos acreedores iniciaron presentaciones ante la justicia de EE.UU. para acceder a ese paquete accionario y que sea una especie de resarcimiento por los bonos en default.
“Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los beneficiarios de los casos expropiación YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, dijo Maril.
Loa nuevos demandantes son los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee.
No formaron parte de los juicios por la expropiación de YPF, pero cuentan con sentencias firmes por deuda en default contra la Argentina, dictadas en tribunales estadounidenses.
Son fondos que todavía tienen deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001.
Attestor Master Value y Trinity Investments son representados por el abogado Dennis Hranitzky, el mismo que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML – Elliott Capital Management.
Estos fondos solicitaron a la jueza Preska una orden conocida como “me too”, una figura legal que permite extender los efectos de una sentencia anterior a nuevos beneficiarios.
El objetivo es sumarse a la ejecución de las acciones de YPF actualmente en manos del Estado, tal como ya dispuso la jueza en fallos previos.
Los acreedores sostienen que la Argentina mantiene la titularidad del 51% de YPF, y que ese activo debe ser utilizado para satisfacer las sentencias aún incumplidas por el país.
Argumentan que su derecho surge tanto de la legislación estadounidense como de normas internacionales aplicables a defaults de deuda soberana.
Según Latam Advisors, estos fallos “preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge. El contexto abre un debate adicional sobre el alcance de futuras ejecuciones”.
La petición se suma a una larga lista de demandas pendientes y genera presión sobre el activo más valioso del Estado en el extranjero: el control accionario de YPF.
El Gobierno argentino aguarda la respuesta de la jueza Preska a un pedido de suspender el fallo, mientras que en la semana prevé presentar una apelación ante una Corte de segunda instancia norteamericana.
La solicitud fue presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP y en la misma se planteó que la decisión debería dejarse en standby, porque “el Gobierno argentino demostró que sus argumentos pueden tener éxito”; además de que “resultaría muy damnificado si no se le concediera la instancia de apelación”; de que “otras partes también podrían resultar damnificadas por el procedimiento adoptado” y que “prima el interés público”.
