Biocombustibles: el proyecto de ley hizo estallar la grieta entre productores
o.- Las pymes vs. las grandes aceiteras en función de quiénes pueden vender en el mercado interno.
El proyecto de la Ley Ómnibus de Javier Milei generó intensos debates en todos los sectores. Entre los fabricantes de biodiesel, la grieta enfrenta a las Pymes nacionales, que hasta ahora contaban con protección oficial para ser las únicas proveedoras del mercado interno, con las grandes empresas aceiteras que producen biodiesel para la exportación.
El principal punto de discordia del proyecto de Ley que entra en el Congreso es la eliminación de la restricción de venta en el mercado local para las grandes empresas. Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) afirmaron que esta modificación implica directamente mandar a la quiebra a las pymes productoras de biodiesel. Se trata de 27 plantas radicadas en distintas provincias, que según afirmaron emplean a 2.000 personas.
“El texto propuesto cambia completamente el espíritu de la Ley 27.640 y deja a las pymes expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior, ambas cosas prohibidas en la ley vigente para las pymes”, explicó la cámara en el comunicado.
Mientras tanto, desde la Cámara de Biocombustibles (Carbio), que representa a los grandes jugadores del sector, aplaudieron la apertura del mercado local y afirmaron que “seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”.
“Es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre. Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país”, acotó el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta.
Las empresas socias de Carbio representan el 70% de producción de biodiesel en Argentina, y el 100% de las exportaciones argentinas. Según datos de la poderosa cámara, el sector emplea a 3.500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectas.
Mientras tanto, las exportaciones del biodiesel se desplomaron en 2023 y representan el peor año desde el 2008. No llegaron a las 300 mil toneladas (98% de los envíos son a la Unión Europea y 2% a Canadá) contra las más de un millón de toneladas exportadas en 2022. Esta caída se debe al desincentivo que hubo por la demanda.
Hubo alivio con las promesas de Francos. Respetarán los cortes.
“Con el actual marco normativo, no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno y por lo tanto se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala que permita tener biodiesel de mejor calidad a precios más competitivos para el consumidor argentino”, agregó el texto de Carbio.
El proyecto de Ley del Gobierno incluía otros puntos como la eliminación de los porcentajes actuales de 7,5% para biodiesel y de 12% para bioetanol, dejando en manos de la autoridad de aplicación fijar el corte.
Pero ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, prometió no tocarlo.
La propuesta de ley también abre la posibilidad de importar el biocombustible para el corte local, que genera rechazo de ambas cámaras. (Clarín, Buenos Aires, 09/01/2024)
