Ahora sí: se activan inversiones multimillonarias en energía y minería tras el contundente triunfo de Milei

Ahora sí: se activan inversiones multimillonarias en energía y minería tras el contundente triunfo de Milei

(Ignacio Ortiz y Carolina Putelli) La gestión de Javier Milei recibió un fuerte respaldo electoral que despeja el camino para continuar con las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, y dar forma a los distintos mecanismos de asistencia financiera y promoción de las inversiones públicamente comprometidos por el presidente Donald Trump, las cuales tendrán un peso particular en los sectores de la energía y la minería de la Argentina.
Los alcances del acuerdo económico y financiero en Washington entre ambos presidentes, tienen repercusión en las expectativas que existen en Vaca Muerta por convertir el alineamiento en una oportunidad para acelerar el financiamiento de las mega obras de infraestructura para la exportación, y en la minería para destrabar proyectos clave para lanzar finalmente el potencial geológico de la mano de los denominados minerales críticos.
El resultado, que consolidó la base de apoyo del gobierno de Milei en el Congreso, fue leído en los mercados globales como una clara validación de las políticas de desregulación y apertura. Esta demandada señal de estabilidad política y rumbo económico se espera despeje las últimas dudas para el ingreso de capitales que venían postergando su desembarco en sectores clave, dando inicio a una nueva etapa de inversiones.
La victoria fue planteada como el disparador de la ayuda “generosa” de los Estados Unidos, y el compromiso de la Casa Blanca, que incluye líneas de crédito blandas y garantías de inversión, funciona como un verdadero seguro de riesgo país, atrayendo la atención de gigantes energéticos y fondos de inversión que ven ahora en la Argentina un destino con el respaldo de Washington para desplegar planes de exploración y explotación a gran escala.
Vaca Muerta, en el centro de atención
El primer y más evidente foco de inversión es Vaca Muerta, para cuyo desarrollo masivo se espera un facilitamiento en la financiación de infraestructura clave de transporte, principalmente gasoductos y oleoductos, y plataformas de exportación como lo representan los proyectos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las tres etapas del Argentina LNG, que en conjunto demandaran inversiones por más de u$s50.000 millones.
Pero a la infraestructura habrá que sumarle los recursos necesarios para producir el petróleo y el gas no convencional que llene los ductos y los barcos de exportación al mundo, para lo cual se estima que será necesario duplicar hasta al menos los u$s20.000 millones al año las inversiones en la perforación de cientos de pozos en lo que resta de la década.
Si bien la exportación de petróleo es el presente y el futuro inmediato, la gran apuesta que se activa a largo plazo es la de la exportación de Gas Natural Licuado, y el triunfo legislativo puede ser un espaldarazo para las negociaciones que lleva adelante YPF con sus socios conocidos, y los que se espera se anuncien en breve, para salir a buscar el financiamiento en bancos y agencias de inversión, con un riesgo país que se espera se sostenga a la baja.
Las inversiones también serán necesarias hacia la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino. El respaldo político post-elección se espera facilite el compromiso de las compañías que lograron en el gobierno de Mauricio Macri los permisos de exploración. Allí, el potencial de crudo es enorme, comparable a los descubrimientos recientes en Brasil. Los desembolsos iniciales en sísmica y perforación de pozos exploratorios son de alto riesgo, pero necesarias, y se calculan en cientos de millones de dólares en la primera fase.
Aunque la prioridad es la explotación de hidrocarburos, el sector de las energías renovables también se beneficiará del nuevo clima de negocios. La desregulación del mercado energético y la potencial estabilidad del tipo de cambio impulsarán proyectos de ampliación de las redes de transporte, y en consecuencia de nuevos parques eólicos y solares, en especial en el sur y norte del país. Para esto hay un plan por más de u$s5.000 millones que serían un espacio para el ingreso de nuevas compañías del sector eléctrico.
En todos los casos, el acuerdo con Estados Unidos podría facilitar líneas de project finance específicas para cada obra, que son cuello de botella para incrementar la producción. La optimización logística y de procesamiento es fundamental para que la Argentina se posicione como un exportador neto de combustibles y no solo de crudo.
Finalmente, de la mano de la inteligencia artificial, la Argentina podría posicionarse finalmente como destino de los enormes data centers que requiere la nueva ola de transformación tecnológica, la más acelerada y demandante de inversiones d ella historia a nivel global. La pretensión es que de la mano de las renovables y del desarrollo de los pequeñlos reactores nucleares modulares, el país pueda ofrecer energía segura, asequible y sostenible.
La minería busca concretar su potencial
El resultado de la elección significa menos incertidumbre al sector minero, que se encuentra en una etapa de decisiones. Con nueve proyectos en el RIGI y solo tres aprobados hasta el momento, hay más de u$s30.000 millones en juego solo en esta industria, que encontró mejores condiciones en el gobierno actual. El mayor cambio lo experimentarán los proyectos que están buscando inversores. Es que la estabilidad política, incluso más que la cambiaria, le da a quienes aportan a las cifras del sector, que suelen ser de cientos o miles de millones de dólares, para iniciar la construcción.
Así, proyectos como Los Azules, el primer RIGI de cobre que ingresó, se vuelven más competitivos frente a otras opciones como los proyectos de Perú o Chile. Justo esta futura mina necesita encontrar inversores por más de u$s2.600 millones para empezar a producir recién en 2029. Con esos planes, unos días de estabilidad y el riesgo país a la baja implica una ventaja para la llegada de dólares frescos para una inversión que, de por sí, tiene un riesgo y un tiempo de repago más largo de lo habitual.
Otro factor favorable es la posibilidad de que, con el respaldo político, el gobierno nacional tenga otro contexto a la hora de decidir si el próximo año extenderán una vez más el régimen de incentivo. Esto hace que el plazo de otros proyectos, que todavía no pidieron ingresar al régimen, lleguen a presentarse. A nivel político, hay dos factores que tranquilizan al sector minero. Las declaraciones de Trump, que aseguró que el resultado de la elección definía el apoyo de Estados Unidos, que hoy sostiene la estabilidad cambiaria con sus intervenciones, parece estar asegurada un tiempo más.
Además, este apoyo se traduce también en inversiones del Banco Mundial y otros organismos que podrían solucionar problemas como la falta de infraestructura para el desarrollo de la minería. También es una buena noticia para los inversores, como ya demostró el alza en los bonos.
Y a nivel local también hubo un respaldo por parte del electorado. En las provincias mineras las alternativas que apoyan el desarrollo de la industria se quedaron con más del 80% de los votos. En zonas de desarrollo avanzando, como San Juan y Catamarca, los partidos abiertamente promineros cosecharon apoyo del 98,5% en el primer caso y 84% en el segundo. Otros donde las normativas no son tan propicias, como La Rioja, pero sin oposición abierta en las leyes, como La Rioja, llegaron al 87%.
En Salta y Jujuy, los partidos con apoyo abierto superaron el 71% de los votos y el único totalmente contrario, el FIT, apenas superó el 2%. En Buenos Aires, donde está el grueso del trabajo minero privado del país, con el cinturón de áridos de Olavarría, los candidatos mineros consiguieron un 88%.
Incluso en dos provincias con histórica resistencia, como Chubut y Mendoza, hubo candidatos que apoyan al sector con buenos resultados electorales. En el primer caso, las fuerzas que apoyan el desarrollo sumaron el 57% de los votos. En la provincia cuyana, que tiene una ley muy restrictiva, el 84% de los votantes eligió opciones mineras. El FIT, abiertamente en contra, no alcanzó el 12%.
Aun así, aunque el resultado llevó calma al sector, es difícil que se vea a jerárquicos mineros pronunciarse políticamente, porque es una industria cuyos proyectos tienen entre 10 a 50 o más años de actividad. Jugársela por un partido no es una práctica de los mineros.
A esto se suma que todavía quedan algunos puntos para hablar de un terreno allanado para la minería y la puesta en marcha de proyectos, en especial los más intensivos como el cobre o el oro. Entre los pendientes está la ley de Glaciares, que hoy representa un riesgo para la mayoría de las futuras minas y piden que se reglamente para entender el alcance, y la falta de infraestructura para desarrollar proyectos y sacar el producto del país. (IProfesional)

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