Juicio por YPF en Nueva York: la historia de la estatización K que termina en desacato
o.- (Agustina Devincenzi) El fondo Burford argumenta que Argentina incumplió con entregas de chats de funcionarios. La Procuración apelará y acusa: “Buscan desestabilizar”. La jueza Loretta Preska debe decidir sobre el pedido del fondo Burford.
Se abre otra instancia clave en el juicio por YPF en los tribunales de Nueva York. Argentina enfrenta una sentencia en contra por u$s 16.100 M más los intereses acumulados.
Burford Capital, el principal financiador de los fondos demandantes contra el país por la irregular expropiación de la petrolera en 2012 con el kirchnerismo, presentó ayer un escrito en el que pedirán que se declare en desacato a la Argentina.
Consideran que se incumplió el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska, en el que pidió acceso a mails y WhatsApp de funcionarios de Luis Caputo y los que integraban el equipo de Sergio Massa.
En caso de que la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York diera lugar a la solicitud, la situación podría traer severas consecuencias económicas y financieras para la Argentina, entre sanciones y complicaciones para el comercio exterior.
Pero el pronunciamiento judicial no será inmediato. El 19 de febrero la defensa argentina hará su réplica, mientras que los demandantes deberán esperar al 5 de marzo para la contrarréplica. Recién en las audiencias previstas para el 23 y 24 de ese mes Loretta Preska decidirá si declara o no el desacato.
El Gobierno criticó a Burford y planteó que la Argentina continúa cumpliendo con el discovery. “El 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato”, le explicaron a Clarín desde la Procuración del Tesoro, y apuntaron que “ninguna solicitud de ese tipo tiene efectos jurídicos reales hasta tanto el país pueda ejercer su defensa y la cuestión sea analizada y resuelta por la jueza”.
“La insistencia de Burford Capital en este tipo de planteos no parece orientada a la ejecución de una sentencia apelada y pendiente de resolución ante la Corte, sino a someter a la Argentina a pedidos intrusivos y desproporcionados, con el objetivo de generar presión política y mediática”, apuntaron. Y sumaron “presiones internas por parte de sus propios inversores por el impacto en la cotización de Burford”.
En ese sentido, este pedido de revisar dispositivos y cuentas personales de ex funcionarios y de los actuales fue apelado por Argentina en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorkino en octubre, pero el pasado martes se presentaron por escrito los argumentos de la posición argentina para intentar revocar la orden de la magistrada.
Es por eso que para la Procuración hay un intento de desestabilización política. “Esta conducta se enmarca en el intento declarado de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización del país, lo que excede cualquier finalidad jurídica legítima”, indicaron.
Señalaron también que “el cumplimiento de esta etapa procesal demandó casi dos años de trabajo coordinado y sistemático, e implicó la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales”. “Se realizó con el compromiso del Estado de actuar conforme a derecho y respetar las decisiones judiciales”, añadieron.
Y aclararon que se avanzó en el cumplimiento de la orden dentro de las posibilidades legales del Estado y con respeto a los límites establecidos por la Constitución. A la fecha, de un total de 36 involucrados, son seis los actuales funcionarios que se negaron a cooperar.
Al respecto, precisaron que “los alcanzados por los requerimientos optaron por cooperar o abstenerse de aportar comunicaciones de carácter personal, amparándose, entre otros, en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia”.
Y adelantaron que se informará sobre “las presentaciones de los demandantes y los argumentos de la defensa argentina, haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles para la protección de los intereses del Estado”.
Este juicio arrancó en 2015 cuando se inició la demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por parte de los fondos que adquirieron los derechos de litigio tras la expropiación en 2012, en el gobierno de Cristina Kirchner, del 51% de YPF a la española Repsol sin concretar una oferta pública de adquisición para todos los accionistas. En 2023 la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar u$s 16.100 Mpor los perjuicios derivados de la expropiación, más intereses acumulados desde esa fecha.
Para tener en cuenta
o.- 16.100 son los millones de dólares más intereses a los que asciende el fallo de Preska.
17 son los millones de dólares que pagó Burford para quedarse con el derecho a litigar por YPF. (Clarín, Buenos Aires, 15/01/2026)
