El gobierno nacional prepara cambios en la Ley de Inversiones Mineras
o.- El Gobierno nacional avanza en una actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras con la intención de simplificar trámites y darle mayor dinamismo a un régimen que, si bien sigue vigente, arrastra problemas operativos desde hace años. La iniciativa se trabaja dentro de la Secretaría de Minería, que depende del Ministerio de Economía, y se materializará en un nuevo decreto que reemplazará aspectos del marco regulatorio en funcionamiento desde mediados de los años noventa.
La revisión está a cargo de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras y apunta a mejorar la aplicación de la Ley 24.196 sin desplazarla por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En el Gobierno remarcan que ambos esquemas pueden funcionar de manera complementaria, siempre que las empresas no acumulen beneficios similares por distintas vías.
El impulso a esta actualización coincide con otras iniciativas que el Ejecutivo empuja para el sector, como el proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares y que ya fue enviado al Congreso. En la industria minera entienden que ambos movimientos buscan destrabar inversiones que hoy están condicionadas por trabas regulatorias y procesos administrativos lentos.
Beneficios vigentes, aplicación en revisión
La Ley de Inversiones Mineras garantiza estabilidad fiscal por 30 años y contempla incentivos como devolución del IVA, amortización acelerada de inversiones, deducciones impositivas y facilidades para importar bienes de capital sin aranceles. Sin embargo, su implementación quedó atravesada por criterios dispares y un alto nivel de incumplimiento, tanto por parte de empresas como del propio Estado.
El nuevo decreto apunta a ordenar ese esquema y a definir con mayor precisión cómo pueden convivir los proyectos que ya están bajo la Ley 24.196 con aquellos que decidan adherir al RIGI para realizar nuevas inversiones destinadas a la exportación. La clave estará en evitar superposiciones y establecer reglas claras para cada caso.
Desde Economía señalan que, pese al atractivo del RIGI -que tiene vigencia inicial hasta mediados de 2026-, la Ley de Inversiones Mineras seguirá siendo la principal herramienta de promoción para muchos emprendimientos de menor escala que no cumplen con los requisitos del nuevo régimen.
Menos trámites y criterios unificados
Uno de los principales focos de la reforma es la reducción de la carga administrativa. En la práctica, esto implica eliminar procesos engorrosos y unificar criterios técnicos que, hasta ahora, variaban según el expediente y el funcionario interviniente. Se trata de una de las críticas más repetidas por el sector.
La actualización incluirá cambios en los regímenes de importación, devolución del IVA y amortizaciones, además de una mayor articulación con las áreas ambientales. También se revisarán las declaraciones juradas anuales y se incorporarán sistemas digitales para centralizar la información de cada proyecto, con documentación respaldatoria obligatoria.
El nuevo enfoque también busca modificar la lógica de control, con auditorías más orientadas al funcionamiento real de los proyectos y menos centradas en el cumplimiento formal de papeles. Desde la Secretaría aclaran que la simplificación no implica relajar controles, sino ejercerlos de otra manera.
Cambios que ya empezaron a verse
Algunas de estas modificaciones ya comenzaron a aplicarse. Según datos oficiales, el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los proyectos activos alcanzó el 80% a partir de 2024, un salto importante frente a los registros anteriores.
Entre los cambios más concretos aparece la simplificación del trámite para verificar inversiones realizadas y proyectadas, que antes exigía completar formularios con más de mil campos de datos, muchos de ellos sin respaldo normativo. También se acortaron los plazos para obtener el certificado de estabilidad fiscal, un proceso que podía demorar cerca de un año.
Por último, se avanzó en reducir superposiciones entre la Secretaría de Minería y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), al centralizar en este organismo el manejo del Banco Nacional de Información Geológica, con la idea de ganar eficiencia y evitar duplicaciones.
Con estos cambios, el Gobierno busca que la Ley de Inversiones Mineras vuelva a ser una herramienta ágil y previsible para el sector, en un escenario donde el RIGI suma incentivos, pero no cubre a todos los proyectos. (Memo Mendoza)
