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Una empresa de Impsa entra en default en Brasil

Una empresa del grupo Impsa que opera en Brasil presentó ayer un pedido de convocatoria de acreedores con el fin de evitar la quiebra. Se trata de Wind Power Energía SA (WPE), controlada por el holding de Enrique Pescarmona, que hizo pública esta maniobra mediante un comunicado que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Con la firma de Juan Mihanovich, responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, la carta enviada al organismo que preside Cristian Girard explica que "WPE nos ha informado que el pasado día 5 de diciembre ha realizado una presentación ante el Cuarto Juzgado Civil del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, solicitando la apertura de un proceso de recuperación judicial bajo la Ley 11.101".
La semana pasada, Impsa había cerrado la venta de participaciones en cinco parques eólicos en Brasil al desarrollador local Grupo Salus como un paso previo para reestructurar su deuda que supera los u$s 1.200 M y que fue generada por contratos incumplidos por parte de los gobiernos de Brasil y Venezuela en obras adjudicadas a Impsa por un monto cercano a los u$s 5.000M.
A partir de ese momento, el grupo atraviesa una situación financiera complicada y el 18 septiembre pasado entró en cesación de pagos al no poder afrontar el vencimiento de un bono por $42 M y u$s 23M.
La empresa mendocina dirigida por Enrique Pescarmona apostaba a la presa de Chihuido como su salvación en la Argentina pero la semana pasada no logró ser preseleccionada en el primer lugar para encarar esa obra, a pesar de haber presentado la oferta más baja entre cinco proponentes, según un cable de la agencia NA.
Ahora, en su carta a la CNV, Mihanovich explicó la situación de la energética Wind Power Energía SA (WPE Brasil), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa del Brasil, controlada por Venti S.A. (sociedad controlante de Impsa con sede en Luxemburgo).
Esa presentación implica el llamado a convocatoria de acreedores para la justicia argentina. De acuerdo a lo informado por WPE, la decisión se adoptó "con el objeto de proteger a la compañía de acciones legales iniciadas por un número menor de proveedores y asegurar así la continuidad de sus futuras operaciones".
De aprobarse por el Juzgado, "este proceso tendrá por objetivo iniciar una instancia que permita superar las dificultades económicas y financieras de WPE Brasil y arribar a un acuerdo con sus acreedores", dijo el empresario. (El Cronista, Ambito Financiero, BAE; Buenos Aires, MDzol, Mendoza)

Energía eólica en Chubut: 10 mil empleos en seis años

Chubut. Alrededor de 10 mil nuevos puestos de trabajo en un lapso de 6 años. Esa es la estimación con la que se entusiasman los empresarios del Parque Industrial de Trelew acerca de los beneficios que podría llegar a traer para Chubut la aplicación de la nueva ley de energías renovables, que ya tuvo media sanción en el Senado. La energía eólica sería la clave. Si bien hay otras provincias del país que podrían desarrollarla, lo cierto es que Chubut aparece como un sitio estratégico.
El proyecto es del senador nacional por el Frente para la Victoria, Marcelo Guinle. Lo que plantea el proyecto en realidad es una reformulación de la ley de energías renovables que había sido sancionada en el año 2006 y que tenía vigencia hasta el año 2017, al menos desde las metas planteadas. Aquella normativa estipulaba llegar a que las renovables tuvieran una participación del 8% en la matriz energética del país.
Y la ambición es más grande: intentar llegar a 2025 con el uso de un 20% de energías renovables. Algo para lo que además de intenciones, se necesitan claros incentivos.
Entre las renovables, en Chubut aparece claro, la energía eólica, que es lo que despierta grandes expectativas. Pero también, como se dijo más adelante, será clave que se produzcan los debidos incentivos para que se pueda montar una industria que pueda abastecer a un mercado del futuro.
Este es uno de los puntos que los empresarios locales pusieron en discusión, al entender que si bien la ley tiene un espítiritu contributivo, no hace el debido hincapié en lo que tiene que ver con el desarrollo de cadenas de valor que empleen una gran cantidad de chubutenses.
“Se habla mucho de lo que es energía, pero no de lo que es una industria”, le comentaron al Económico algunos empresarios que se mostraron disconformes con diversos puntos de la iniciativa. Lo que se busca promover desde el sector empresarial es una ley de promoción industrial clara que contemple en los beneficios fiscales no sólo a los desarrolladores, sino y principalmente a los fabricantes.
En ese sentido, sostienen que en lo que hace a fuentes laborales, para la operación y el mantenimiento de un parque eólico por ejemplo tan sólo se emplea a un 20% de los empleados de los que podría emplearse en caso de que se monte una industria que no sólo traiga desde afuera los materiales para abastecer a los parques, sino con una producción propia, local.
Lo que buscan los empresarios locales en definitiva es que la provincia pueda servir como un polo de desarrollo para los insumos y materiales que se necesitan en la construcción de los parques eólicos, para de esa forma tener al servicio una industrial local abastecedora y que no provenga “todo armado” desde afuera.
En el articulado se estipula la creación de un fondo de financiamiento para proyectos, el cual tendrá como prioridad a aquellos que tengan un fuerte componente nacional, esto es en cuanto a los insumos y partes de origen local, lo cual incentiva al desarrollo de la cadena de valor local.
Días pasados, tanto los asesores técnicos del proyecto, empresarios del Parque Industrial y el Gobierno Provincial estuvieron reunidos analizando la propuesta y viendo cuáles son las alternativas que se pueden incorporar dentro de la ley. El sector empresario asegura que ahora se buscar ver si se pueden realizar modificaciones en la Cámara de Diputados. En los fundamentos de la ley presentado por Guinle se expresa el objetivo: “Profundizar el Régimen De Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, instaurado por la Ley N ° 26.190”.
Se busca generar las condiciones necesarias para que se alcance la meta fijada en la Ley N ° 26.190, de lograr una participación en el abastecimiento de la demanda nacional de energía eléctrica del 8 % en un plazo de 10 años (a cumplirse en el año 2016), así como profundizar el Régimen de Fomento, fijando una nueva meta para el año 2025, con el objetivo de incrementar dicha participación al 20%, disponiendo las medidas de promoción idóneas para lograrlo”.
Se agrega además que “esta iniciativa busca promover el desarrollo de proyectos de energías renovables sorteando la mayor cantidad de obstáculos encontrados por las normas antecesoras. La iniciativa pretende, por otro lado, disminuir la salida de divisas en la balanza comercial, en el entendimiento de que cada MWh renovable inyectado al sistema ahorra un MWh producido con combustibles importados; combustibles que el país paga en el mercado internacional en moneda extranjera”.
Es decir que además de las potencialidades como industria podría haber sustitución de importaciones, para lo que hoy es el rubro más deficitario de la balanza comercial y donde se busca recuperar el autoabastecimiento del país, que es en el rubro energético. La proyección que se hace en caso de ir incorporando energías renovables a la matriz productiva es que hacia 2025 haya un ahorro de 41 mil millones de dólares en importación de combustibles, esto es prácticamente 4 veces el superávit de la balanza comercial argentina.
Esta hace que desde el Gobierno Nacional también le den una importancia estratégica a esta ley, que puede ser una nueva oportunidad para Chubut. “No hay que dejarla pasar”, murmullan desde el empresariado local. (Diario Jornada, Chubut)

Coco confirmó que dejará el gobierno

Neuquén. Luego de varios meses de un poco habitual perfil bajo, el ministro de Energía Guillermo Coco comunicó ayer que dejará su cargo a partir del 19 de diciembre por "motivos estrictamente personales". Tras el adelanto de la noticia por "Río Negro" en la edición del viernes pasado, el gobierno decidió enviar un comunicado para informar la futura dimisión del funcionario, quizás el que más poder concentró durante la gestión de Jorge Sapag.
Coco deja el gobierno envuelto en algunas polémicas y luego de no conseguir aval para una candidatura a gobernador, algo que anhelaba y para lo que venía trabajando. De forma paralela, el funcionario parece aspirar ahora a un cargo nacional. Al menos así lo sugiere una nota publicada el domingo en el diario porteño La Nación, donde se lo califica como el "tutor de Vaca Muerta" y se sugiere una posible alianza con el candidato a presidente Sergio Massa.
Aún no hay confirmación oficial sobre quién lo reemplazará. Sin embargo, hay versiones coincidentes de que podría ser el actual subsecretario de Planificación y Servicios Públicos, Alejandro Nicola, quien ocupe el cargo.
Se trata de una cartera central para Jorge Sapag, que hizo de la energía su principal eje de gobierno, a tal punto que es el propio gobernador quien a menudo interviene en los temas ejecutivos.
En el comunicado, Coco destaca enfáticamente la gestión del mandatario, a quien acompañó desde principios de su gestión. El ministro fue el arquitecto de la ley de renegociación de contratos petroleros en 2008. También fue el artífice de la creación de GyP, la petrolera provincial cuyo trabajo defiende enfáticamente.
El renunciante funcionario mantuvo un perfil bajo durante los primeros cuatro años de gobierno de Sapag. Pero luego de la reelección, cambió su relación con los medios. Coco devino en una suerte de jefe de gabinete de Sapag, con amplio poder no sólo en la materia que competía a su cartera: era habitual ver pasar dirigentes políticos y gremiales por su despacho. Fue muy comentada, por ejemplo, su intervención en el conflicto con la Policía a fines del año pasado que a fuerza de un considerable aumento salarial consiguió terminar con la tensa protesta. (Diario Río Negro, Río Negro)

El Gobierno recurre a créditos rusos para financiar la represa de Chihuido

Retroceso del financiamiento chino en la Argentina. Preseleccionó a un consorcio financiado por Moscú para esa obra en Neuquén.
Después de adjudicarle las represas de Santa Cruz a Electroingeniería y a grupos chinos, en una aventura que costará u$s 6.000M, el Gobierno buscó financiamiento ruso para Chihuido, otra millonaria obra por la que pagará $ 18.257M. La diferencia es que Moscú no exige una “póliza de seguro de riesgo político y comercial”, algo que impone Beijing. El consorcio encabezado por Helport (de Eduardo Eurnekián) y Panedile fue preseleccionado en primer lugar por el ministerio de Planificación para la represa Chihuido, en Neuquén. Ese grupo posee financiamiento ruso –de la Corporación Estatal Banco de Desarrollo y Comercio Exterior (Vnesheconombank)– por u$s 2.600M, lo que cubriría el 85% de la obra. Dos de sus tres competidores –Electroingeniería y Rovella Carranza– iban asociados con chinos, mientras que Pescarmona prometía pedirle prestado a bancos estadounidenses. Los funcionarios de Planificación fueron a Beijing (China) y Moscú (Rusia) para constatar las condiciones de financiamiento de ambos países. “Los chinos atan el préstamo a una póliza por seguro de riesgo político y comercial emitido por Sinosure, algo que los rusos no hacen”, explicó uno de los partícipes del consorcio preseleccionado, que también incluye a Eleprint, Chediack, Isolux e Hidroeléctrica Ameghino. El préstamo chino para las represas de Santa Cruz elevó el costo de la obra de u$s 4.714 M a más de u$s 6.000M, según consta en el acuerdo de financiamiento firmado entre la Argentina y un grupo de bancos chinos. El monitoreo oriental incluye las “negociaciones con los acreedores holdouts de la deuda externa”, según el contrato. Por eso, el default argentino habilitó al gigante asiático a no desembolsar dinero en las represas de Santa Cruz. La inclusión del “default” y la jurisdicción en tribunales extranjeros (en caso de desacuerdos) como parte de los contratos de financiamiento fue considerado un error por un sector del Gobierno. Desde el problema con los holdouts, el Ejecutivo busca contratos que no tengan esas clausulas.La prima Sinosure, en el caso de las represas de Santa Cruz, representa “contribuciones de capital por el monto de u$s 1.300 M a ser abonado por el propietario del proyecto –El Estado nacional– de su propio capital hacia los costos del proyecto”. En Chihuido, el Estado pagará u$s 9,49 por cada MWh (la unidad de medida en generación eléctrica) más IVA. “La tasa de interés a cobrar por el banco propuesto es de 6,5% anual fijo durante todo el período del préstamo. Se incluye también una comisión de 1% sobre el monto del crédito y una comisión de compromiso de 0,25% anual en la parte de crédito no utilizada”, dice la evaluación de Planificación. “El plazo total de financiamiento es de 20 años con 66 meses (5 años y medio) de gracia. El período de cancelación del préstamo se propone en 14 años y medo mediante pagos semestrales anuales”.Los rusos prometen financiamiento listo a los 135 días de que su oferta sea aceptada. El grupo conformado con capitales de este país está primero en orden de mérito, pero todavía faltan las objeciones por parte de otros competidores. Impsa –de Enrique Pescarmona– apostaba a Chihuido como su salvación. Ahora, apuesta a que el Gobierno anule la licitación, como ya hizo otras veces. (Clarín, Buenos Aires)