Casado destacó el respaldo social a la minería, tildó de «muy ruidosos» a los ambientalistas y opinó sobre el «papelón» de Antolín
o.- El tratamiento del Proyecto Minero San Jorge y otras iniciativas vinculadas a la actividad minera generó manifestaciones frente a la Legislatura. Desde el Gobierno provincial remarcaron el apoyo ciudadano, el impacto económico previsto y defendieron la libre competencia para proveedores locales.
Mientras el miércoles la Cámara de Diputados avanzaba con la aprobación de diversos puntos del paquete minero, entre ellos el Proyecto San Jorge y las iniciativas vinculadas a regalías y al Distrito Minero Malargüe, un grupo de manifestantes se concentró en las afueras del edificio legislativo. Los incidentes registrados volvieron a exponer el histórico debate sobre la minería en Mendoza y dieron lugar a una reflexión más amplia sobre licencia social, desarrollo productivo y comportamiento político.
Durante el diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, la vicegobernadora Hebe Casado analizó tanto el proceso legislativo como lo sucedido en la calle, al tiempo que describió el impacto previsto para la economía provincial y fijó postura frente al modelo de “compre local” adoptado por otras provincias. También se refirió al caso del concejal Antolín y la discusión sobre su continuidad en el cargo.
La funcionaria señaló que en la provincia se ha consolidado un mayor entendimiento sobre la minería y los controles que la regulan. En este sentido, detalló que “se ha ido construyendo una licencia social para el resto de la provincia respecto a lo que significa la medida, los controles que se hacen” y sostuvo que los resultados electorales también demostraron una tendencia social definida. “Aquellos que se manifestaron abiertamente antimineros en la última elección del veintiséis de octubre obtuvieron menos del tres por ciento de los votos y aquellos que nos manifestamos a favor de la minería obtuvimos más del cincuenta por ciento”, afirmó.
A su entender, algunos grupos que no logran respaldo en las urnas buscan obtener visibilidad por otros medios: “Aquellos que no ganan la legitimidad social o la legitimidad en los votos después la tratan de lograr a través de la violencia y es lo que hacen estos grupos comunitarios que son muy ruidosos y que tratan de llamar la atención de alguna forma y a veces lo hacen de forma violenta”.
Respecto a los incidentes ocurridos, la vicegobernadora aseguró que no se registraron hechos de gravedad, aunque sí agresiones que afectaron a agentes policiales y legisladores. “Nada grave, más de intentar agredir a la policía que está cumpliendo con su función, tirándole objetos contundentes”, expresó. Indicó que un efectivo sufrió un corte en la cabeza por el impacto de una piedra y que algunos legisladores fueron increpados al retirarse del recinto. “No pasó a mayores tampoco y la verdad que el grupo de manifestantes era minoritario”, afirmó.
Consultada por el avance del paquete minero, Casado explicó que el proceso responde a los requerimientos de la Ley 7722 y que ahora será el Senado el encargado de completar la ratificación. “Es la ratificación que pide la 7722, es que pase por las dos cámaras y que los legisladores digan por sí o por no si se hace ese proyecto de explotación o de exploración”, señaló.
Sobre el Proyecto San Jorge, remarcó su relevancia por tratarse del primer emprendimiento de explotación que avanzaría después de muchos años. “Una vez ratificado en el Senado, la empresa puede empezar la construcción de la mina”, explicó. Sin embargo, aclaró que los resultados no se verán de inmediato: “Seguramente no vamos a ver la extracción de material cuando yo termine mi gestión porque la construcción de la mina lleva tiempo también, son procesos lentos”.
En cuanto a los plazos estimados, Casado indicó que “mínimos tres años en la construcción de la mina”, un período que también constituye una fuente de empleo por la demanda de personal directo e indirecto. Además, destacó que se aprobaron veintisiete proyectos de explotación en Malargüe, que se suman a los treinta y ocho ya existentes, y que está próxima la presentación de nuevas declaraciones de impacto ambiental para más de setenta iniciativas adicionales. “Eso va a dar respaldo de proyectos de explotación que ya empiezan a generar trabajo en el lugar”, afirmó.
La inversión prevista para el Proyecto San Jorge asciende a una cifra significativa en el contexto provincial. Según precisó la vicegobernadora, “la inversión del proyecto son unos 600 millones de dólares aproximadamente, medio Portezuelo del Viento, como para que tenga la magnitud de lo que significa un solo proyecto minero”. Al compararlo con desarrollos de provincias vecinas, remarcó la diferencia entre las escalas: “Un solo proyecto minero en San Juan tiene 15 mil millones de dólares de inversión. Eso obviamente significa tanto trabajo directo como indirecto”.
De todos modos, aclaró que no es posible establecer con exactitud cuántas personas podrían emplearse, ya que depende del estadio de construcción o explotación y del método elegido.
Otro punto sobre el que fue consultada se relaciona con el modelo aplicado por San Juan para priorizar la contratación de proveedores locales. Sobre este tema, la vicegobernadora rechazó la idea de limitar la participación de empresas de otras provincias. “Nuestros proveedores locales trabajan en diferentes provincias a pesar de estas limitaciones que existen en otras provincias”, dijo, aunque reconoció que el ingreso a mercados como Neuquén no resulta sencillo.
Aun así, cuestionó la forma en la que algunas jurisdicciones instrumentan el “compre local”: “Obligan a las empresas que vienen de otros lugares a hacer asociaciones que son ficticias. No sé, por decirte un nombre, que una empresa se tenga que asociar con una ferretería donde venden dos tornillos para poder trabajar ahí. Y eso es ficticio, no es que sea una empresa local. Es una mentira”.
Tras ello, ratificó la postura provincial: “Nosotros no estamos a favor del compre local. Estamos a favor de la libre competencia y eso levanta la vara tanto de las empresas locales como de las que vienen de afuera”.
Caso Antolín
Asimismo, la vicegobernadora fue consultada por la situación del concejal libertario sanrafaelino Martín Antolín, quien pidió licencia tras el episodio que protagonizó al conducir ebrio con 1.15 de alcoholemia y que generó cuestionamientos públicos. Casado fue contundente: “Debería haber presentado la renuncia”.
Según expresó, el carácter del cargo exige un comportamiento ejemplar: “El concejal representa un órgano que se llama Honorable Concejo Deliberante, o sea, el honor está por delante de todo”.
Luego agregó: “Si alguien introspectivamente viola la ley, la verdad que no tiene lógica. Cualquier ciudadano tiene que cumplir la ley, pero cuando uno es funcionario la tiene que cumplir a rajatabla”. Calificó el hecho como “un papelón” y consideró que se trata de una cuestión ética que obliga a dar un paso al costado.
Sobre la comisión propuesta para evaluar su continuidad, afirmó: “¿Por qué piden la suspensión? Porque le ha sido bastante funcional en todas las votaciones hasta ahora”, haciendo referencia al pedido de los ediles del peronismo.
La funcionaria concluyó el diálogo agradeciendo el espacio a Fm Vos 94.5 y Diario San Rafael y reiterando la importancia de avanzar en debates productivos que definan el desarrollo de la provincia en los próximos años. (Diario San Rafael Mendoza)
