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Se reanuda la instalacion de un gasoducto

Se reanuda la instalación de un gasoducto

La empresa Milicic, contratista de la operadora Ysur, reanudará a partir de mañana la instalación de un gasoducto de media presión que atraviesa parte de la zona rural de Allen.
La millonaria obra generó serios trastornos en la comuna porque en la etapa de excavaciones del primer tramo del gasoducto se dañó el acueducto principal y en más de una oportunidad se averió el que provee agua a los barrios costeros.
El gasoducto de media presión consiste en el tendido de un caño de 16 pulgadas que colectará la producción de varias locaciones hidrocarburíferas, en el área EFO que opera la compañía Ysur controlada por YPF. La obra es ejecutada por la empresa santafecina Milicic y enfrentó durante el desarrollo de la primera parte muchos problemas para sortear las interferencias que existen en el terreno. Hace algunos meses y en plena instalación del gasoducto, la rotura de los acueductos obligó a Ysur a paralizar la obra para hacer un replanteo de los trabajos.
Desde YPF informaron que la instalación del gasoducto se reiniciará mañana y los trabajos se desarrollarán por un lapso estimado en 60 días.
El tramo en el que todavía no se realizó la excavación y la colocación de la tubería, posee más de 2 kilómetros y está localizado al este de la calle Jacobo Retamal (excalle rural 11).
"Durante el desarrollo de estas tareas, se modificará parcialmente el tránsito por la calle Retamal, pero sin cortar la circulación sobre esta arteria: se habilitará la zona de banquina que estará acondicionada convenientemente. Las intervenciones sobre la calle Retamal se desarrollarán en tramos de 200 metros, y sólo se avanzará con la siguiente etapa cuando la anterior esté finalizada", se indicó desde YPF que agregó que la obra cuenta con la autorización del municipio y la provincia y se ejecutará de lunes a sábado de 8 a 18.".
Para poder instalar el gasoducto sin romper el acueducto que provee de agua a Costa Este, Costa Blanco, la calle ciega 10, y un sector de Guerrico, se colocó un baipás con una cañería externa.   (Río Negro, Río Negro)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:24

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Los cambios que analiza Macri para el gas

Los cambios que analiza Macri para el gas

Esta semana todas las miradas estuvieron puestas en el petróleo. Mientras el precio internacional del Brent tocaba mínimos inéditos en los últimos doce años, el gobierno nacional actualizó el precio del barril criollo, ese invento argentino que sostiene precios locales artificiales para evitar un derrumbe de la actividad y la fuga de divisas.
Sin embargo, tanto las empresas petroleras como el gobierno neuquino están más interesados en el precio que tendrá el gas. Y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio algunas precisiones sobre el tema a las decenas de representantes de petroleras que se reunieron con él el pasado lunes en su oficina.
Según explicaron a "Río Negro" dos empresarios que estuvieron presentes, el plan del ex-Shell es unificar el precio del gas (incluyendo el plan que lleva el millón de BTU a u$s 7,50 en un valor que rondaría los u$s 5,80. Ese número se compone de la suma del precio promedio de venta estipulado por el gobierno, que se ubica en los u$s 4,30 más un plus de u$s 1,50 que se adicionaría de forma paulatina en un plazo aun no estipulado.
El nuevo precio comenzará a regir recién después de los ajustes de tarifas que se lanzarán a partir de febrero o marzo. El gobierno aspira a trasladar a las boletas el costo real del gas antes del invierno para ir amortiguando el golpe. El problema es que esta medida, por más planificada que esté, tendrá un fuerte impacto en el índice de precios, por lo que es esperable que la luz verde no la dé Aranguren sino el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay.
La suba en el precio en boca de pozo que planea el gobierno de Mauricio Macri implicaría casi duplicar el valor ponderado en el que transa el gas neuquino, según cuentas que hace la propia Provincia. En su último presupuesto calculó 3 dólares por millón de BTU en promedio.
El valor entusiasma al gobierno de Omar Gutiérrez, porque las regalías subirán en consecuencia: de aprobarse el nuevo valor el Tesoro podría sumar más de $2.000 M extras este año.
Laberinto
Para las empresas también será una buena noticia porque el laberinto de precios que opera en Argentina hace difícil un precio de referencia. El gas domiciliario, por ejemplo, es el más barato de todos. En los meses fríos el Enargas ordena a las empresas derivar el recurso a las familias y eso baja sensiblemente su facturación. A más frío, más gas se demanda en los hogares y menos se cobra.
Con el nuevo precio unificado esto cambiaría, porque se pagaría lo mismo sin importar el destino del recurso, que también se utiliza para industria o para la generación térmica.
De todos modos, Aranguren aclaró a los empresarios que el gobierno seguirá interviniendo para definir a dónde irá el recurso, lo que hace prever que, si el invierno que viene es muy frío, las industrias podrían quedarse sin gas otra vez. De todos modos, es posible que ante el aumento en la factura, que con costos reales debería multiplicarse por 10 o por 15, el consumo domiciliario baje sensiblemente, dando una mano a un sistema que aún requiere de entre un 20 y un 30% de recurso importado.
A propósito de las compras en el extranjero, tal como adelantó este medio, el ministro de Energía explicó a los empresarios que evalúan la importación de gas vía Chile. De forma paralela, trabajan en esquemas para evitar los onerosos cargos que implica la importación de GNL vía barco, al cual hay que sumarle el costo de regasificación.
Mientras crece la expectativa por el aumento del gas, las empresas también trabajan para incorporar activos de gas. Cuatro de los cinco proyectos no convencionales que se vienen para el 2016 están orientados a este hidrocarburo, que dejó de ser marginal para pasar a tener peso dentro de las cuentas de las compañías.
No sólo el shale cuenta. El tight será clave en los próximos meses porque las formaciones son más conocidas y esto ayudaría a bajar los costos de explotació.  (Río Negro, Río Negro)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:23

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Bosch, trader de las energias verdes

Bosch, trader de las energías verdes

En la residencia que supo pertenecer a la familia Blaquier frente a la Plaza Vicente López, Juan Bosch, de 42 años y abogado de profesión, explica un negocio casi desconocido y cada vez más relevante.
A través de su compañía Saesa, se transformó en un intermediario entre los grandes usuarios de energía y los vendedores. De este modo, se dedica a negociar precios y cantidades para clientes de la talla de Aluar, Petrobras, YPF, Total, Dow, Pioneer, Wintershall, Pampa Energia, Compañía General de Combustibles, Avon, Loma Negra y Siderar, entre otros.
Bosch cuenta que se trata de una actividad habitual en todo el mundo, que ayuda a la transparencia en los mercados, de márgenes reducidos, anticipación y mucha seguridad.
En la Argentina existen 8,500 grandes usuarios de energía eléctrica y unos 3.000 de gas.
Hacia delante apuesta a la recientemente sancionada Ley de Energias Renovables, por la cal el 8% de energía eléctrica consumida debe provenir de fuente renovable. Ese porcentaje crece escalonadamente hasta alcanzar un 20% en 2025.
La ley propone fuertes incentivos económicos, tributarios y regulatorios para desarrollar la energía verde.
Actualmente, la Argentina casi no consume renovables e importa el 15% de la energía que consume.
El ministro Juan José Aranguren ha hecho de esta norma, aprobada durante el kirchnerismo, uno de los ejes de su gestión, al punto que puso al redactor de la ley, Sebastian Kind, a coordinar ese mercado.
Bousch busca ser el puente ahora entre los usuarios que deben comprar la energía verde y los productores, a los que les garantizaría contratos.
El desafío es mayúsculo ya que actualmente el precio internacional de la energía es de u$s 180 el MW, los industriales pagan en torno a los u$s 65 y los usuarios domiciliarios, u$s 40.
El tema es que el costo de la energía renovable es alto y equivale actualmente a u$s 90 el MW. (Clarín, Buenos Aires)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:21

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El diseño de la nueva politica energetica

El diseño de la nueva política energética

Cuáles son los objetivos del nuevo ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Los especialistas advierten sobre la necesidad de diversificar la matriz y no apostar al desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos nacionales.
Los desafíos
... (Por Bruno Capra,  Instituto de Energía Scalabrini Ortiz)
Si pensamos en un colega ingeniero, las cosas pueden parecer bien. ¿Promete funcionar eso? Juan José Aranguren es un ingeniero químico y ejecutivo empresarial que ocupó la máxima posición de Shell de Argentina entre 2003 y 2015, donde ingresó en 1977. Además, vicepresidente de Suministros para América latina a nivel mundial y presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo. Sin dudas, un ejecutivo de buena trayectoria en una empresa global que debemos entender como líder de la globalización en el planeta. El cargo en el área de suministros internacionales de las provisiones fue seguramente un desafío importante, con los exigentes parámetros que se imponen. O sea: J.J. Aranguren es un importante ejecutivo global residente en Argentina.
¿Qué necesitamos los argentinos? Autoabastecernos de energía en todas sus formas, para ser autosuficientes en caso de bruscas alteraciones del mercado mundial, siendo que la humanidad nos suministra crisis con cierta frecuencia en todos los tiempos. Esto surge en Argentina desde el origen de las luchas del fundador de YPF, Enrique Mosconi, para obtener la independencia de las compañías extranjeras que pretendían controlar el recurso. ¡Qué paradoja! Mosconi luchaba contra la Standard Oil (USA), lo mismo que generó la alianza entre emprendedores holandeses y británicos que hoy conocemos como Shell que sigue siendo anglo-holandesa.
El autoabastecimiento energético es particularmente importante en una economía en desarrollo. Esto lo necesitamos para distribuir el ingreso por medio del empleo calificado en forma difundida para desarrollarnos que es mucho más que crecer para llegar a la meta de Pobreza cero. En el tema petrolero, la soberanía energética no es solo tener petróleo propio. Sin desarrollo tecnológico y fabricación de equipos nacionales podemos tener disponibilidad de petróleo, pero no soberanía energética porque dependemos de la importación de equipos específicos que sin ellos, la extracción, refinamiento, etc. no funcionan si no podemos comprar afuera lo necesario. O sea el desarrollo local nos da autonomía, independencia, soberanía y bienestar de la población. Lo importado, no.
Este Ministerio debiera ser una herramienta eficaz y necesaria para planificar, regular y programar las acciones del sector, que es algo fundamental para llegar al objetivo de Pobreza Cero propuesto. Sin planificación no habrá desarrollo, salvo para los patrones de la globalización, que naturalmente no alcanzan para nuestros ciudadanos argentinos.
¿Para qué es la emergencia eléctrica? Seguro que no en generación ni en transporte que están razonablemente dimensionados para el consumo actual, a pesar de haber crecido por una década a razón de unos 1000 MW/año que es por ejemplo lo que genera la central atómica de Atucha II inaugurada el año pasado. Solo son necesarias intervenciones en la distribución en barrios específicos de Buenos Aires, todos concesionados. La emergencia eléctrica es más sospechable de actitudes que soslayan los pasos de control administrativo que de ser útiles realmente en la gestión que debe hacerse para subsanar los temas que no funcionan.
Los problemas eléctricos existen. Están enmarcados dentro de un panorama económico en el sentido de las implacables dificultades que acarrea la escasez de divisas y las condicionantes ambientales impostergables. Las divisas no son resolubles con préstamos ya que si no se arma el repago con la misma solución, la restricción inexorablemente se presentará nuevamente. Analizando la posible política energética del sector de hidrocarburos no se pueden abrir a las importaciones sin perder trabajo nacional. Solo se lograría un descenso del precio de los combustibles, pero también tendría una rebelión de las provincias petroleras que se quedarían sin actividad petrolera, ni regalías, además del desempleo en todo el país. Aquí aparece la necesidad de regular el mercado y ajustar precio interno distinto a los internacionales. En este escenario es que se deberían preparar todas las medidas posibles para producir más energía con pesos y no con dólares... Hay que buscar instalaciones industriales de generación en pesos. De las pocas opciones disponibles, la mejor y más disponible es implementar un programa nacional de fabricación e instalación de aerogeneradores, de proyecto, construcción, instalación y gestión nacionales. Todos disponibles con gestión gubernamental.
Conclusión. ¿Puede un ingeniero entrenado en globalización ejecutar lo que el país independiente necesita? Nos permitimos someterlo a discusión. Lo fundamentamos porque las dificultades cuando se trata de delinear criterios básicos que sirvan como marco de referencia para la planificación, allí surgen todos los puntos difíciles de compatibilizar. Si pretendemos una Argentina con pobreza cero, es algo difícil de lograr. No hay para esto inteligencia suficiente. O sea usar las compras con el “Poder de Compra del Estado” disponible, con criterios de desarrollo..., y eso es muy distinto y mucho más complejo que solo: “conseguir lo necesario” con visión de corto plazo.
Profecías y contradicciones
... (Por Sebastián Senlle Seif, Cepes, Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad).
A pesar de haber transcurrido solamente un mes del nuevo gobierno, mucho ha ocurrido en torno a la política energética que comienza a delinear la gestión de la alianza encabezada por Mauricio Macri; en particular, esto resulta notorio si nos detenemos a observar la situación de la represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, proyectadas sobre el río Santa Cruz.
El 16 de diciembre de 2015 –a 4 días hábiles del nuevo mandato– se publicó el Decreto 134/2015 que declara la emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Entre los considerandos que justifican la medida se hace hincapié en la renegociación de contratos, destacando al esquema tarifario como el encargado de brindar señales “... hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios...”; agrega también que “... los sistemas de remuneración (...) no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren...”. Asimismo, señala que “... la insuficiente adecuación del sistema de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura....” se debe, entre otras cosas, a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad, los avances tecnológicos y la intensificación del consumo domiciliario.
Algunos de los considerandos resultan particularmente ilustrativos a efectos de nuestra argumentación. Se afirma “...que los escasos niveles de reserva operativa en días y horas de alta exigencia (...) son menores al cinco por ciento (5 por ciento) de la potencia disponible...”, “...que al no haberse concretado nuevos emprendimientos de ese tipo (generación hidroeléctrica) en los últimos años, su participación en la oferta total de generación del sistema, año a año, es cada vez menor....” y “...que es necesaria la pronta concreción de proyectos de generación más eficientes que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la dependencia del uso de combustibles fósiles....”. Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, sorprende por su carácter contradictorio que haya trascendido la supuesta intención de detener la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.
Estas obras permitirán el ahorro de 1200 M de litros de combustibles fósiles al año reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 94300Ha de bosques incorporadas por año. A su vez, el ahorro de divisas para todos los argentinos será de u$s 1150 M por año.
El costo de operación y mantenimiento de las Represas NK-JC es de 6,01 U$D/MWh, mientras que el Estado Nacional ha contratado en los últimos años parques eólicos a un costo de operación y mantenimiento de entre 12 y 18 u$s /MWh, y de energía solar a 25 u$s /MWh.
Además, la vida útil de un generador eólico o solar es de aproximadamente veinte años mientras que existen en el país represas hidroeléctricas construidas en la década del 30 que continúan en operación. Finalmente, las presas significan más de u$s 4700 M aportados por un consorcio de bancos chinos que pagarán el proyecto generando obra, energía y trabajo para los argentinos, reservas para el Banco Central y una deuda que se pagaría con la misma generación de energía. Resulta muy difícil imaginar condiciones más beneficiosas para nuestro país.
La cuestión ambiental
El río Santa Cruz discurre sobre una cuenca enteramente nacional que atraviesa de Oeste a Este el territorio de la provincia homónima hasta desaguar en el Mar Argentino. No es compartido con ninguna jurisdicción. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que comprende a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, las aguas y los ríos. La provincia de Santa Cruz ya se ha expedido sobre el impacto ambiental de las obras, otorgándole una Declaración de Impacto Ambiental por un año, sujeta al cumplimiento de una larga lista de condiciones. El punto de mayor controversia en términos ambientales resultaba la posible afectación que pudieran causar los embalses generados por las presas al Lago Argentino y los glaciares. Ante esto se bajó la altura de coronación de la presa NK y la cota máxima de embalse, asegurando la desconexión hidráulica entre el embalse y el lago y la no afectación al mismo. Ello quedó demostrado en los estudios provistos por la empresa y la Universidad Nacional de la Plata, quien inspecciona la obra.
Descartados los argumentos técnicos y ambientales para detener la obra, sumado a la emergencia energética declarada por el propio Poder Ejecutivo, resta aún conocer las verdaderas razones que impulsan la animosidad del gobierno nacional en contra de la realización de las represas. (Página 12, Buenos Aires)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:22

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Política Petrolera en Santa Cruz ¿prisionera de sus propios condicionantes?

Política Petrolera en Santa Cruz ¿prisionera de sus propios condicionantes?

Hoy nadie discutiría qué con más de 100 años de historia en la Cuenca del Golfo San Jorge no existe memoria histórica que recuerde acerca cómo impactan en las políticas petroleras nacionales los cambios de las reglas de juego en el plano internacional. Así, cuando los precios de mercado del crudo en tanto commoditty de la economía nacional entran en baja, los actores regionales vuelven a preguntarse ¿por qué estamos en crisis? es entonces cuando la paz social y la tasa de ganancia entran en tensión para producir nuevos equilibrios y nuevas desigualdades. Presentamos aquí algunas reflexiones para comenzar a construir los apuntes de un análisis de la política petrolera vista desde la perspectiva de los actores del territorio.

La lectura primaria, suele explicar cada ciclo de crisis del precio del crudo, asociada casi con exclusividad a indicadores de mercado. La variación del precio internacional del crudo se presenta así como la variable estructural y estructurante de los impactos cíclicos que vivencian las políticas petroleras nacionales y provinciales. Dicho en otros términos, cada vez que el precio internacional del crudo entra en crisis y estornuda, acá en Santa Cruz nos resfriamos.

En esta provincia, también existe bastante experiencia acumulada, acerca de cómo varían las reglas de juego en los territorios provinciales, cuando los gobiernos centrales se tornan más liberales y centralistas. Sabido es que,  en nombre de la Nación se han avasallado en el pasado y presente, derechos provinciales que debieron y deberían ser irrenunciables.

Hoy, el control de la gestión y retención por precio por exportación que liquidan las principales operadoras ante el gobierno central, versus el precio del “barril criollo”, forma parte de una ecuación  que redime en gran medida la fórmula del juego entre los actores nacionales, provinciales y territoriales.

Dentro de este escenario, por vez primera en la historia de la política petrolera de Santa Cruz, coexiste una crisis del valor del crudo en el mercado internacional, con una tensión directa entre un gobierno nacional de perfil neoliberal y un gobierno provincial que – aún cuando ha sido protagonista reciente de la historia petrolera nacional- hereda una política provincial manejada casi directamente por el propio ex Gobernador Daniel Peralta. Este en sus idas y vueltas con los ideólogos que establecieron el 2004 el control de precios de combustibles y la Ley 26.197 del año 2007, privilegió un perfil más cercano a su estilo sindical que a una política petrolera de coordinación horizontal con la totalidad de actores del circuito productivo del petróleo.

La otra novedad es que, en el territorio vinculado a la Cuenca, luego del periodo menemista iniciado el año 1989, más el efecto privatizador del año 1992 y la reforma constitucional del año 1994, vio nacer, morir y sobrevivir una diversidad de PYMES petroleras. Algunas de estas han logrado subsistir y consolidarse, y lo han hecho en el marco de un fino equilibrio de coordinación y ciclos de tensión con las grandes operadoras transnacionales, los sindicatos del sector y las políticas estatales de nación y provincia.

  1. PYMES  en sus distintas escalas -dependiendo de su posicionamiento estratégico en la cadena de proveedores de las grandes operadoras- se han constituido así como actores económicos regionales y locales con alto impacto social en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Sabemos por experiencia previa, de los distintos intentos de formar una Cámara Empresarial del Norte de Santa Cruz con identidad específica en el empresariado PYMES de Santa Cruz Norte. Sin embargo, las intenciones quedaron siempre subordinadas al liderazgo de los emprendedores y empresarios de Comodoro Rivadavia.

Emprendedores y empresarios de PYMES de Santa Cruz Norte oscilan así necesariamente entre la visión estratégica de la explotación de la Cuenca Petrolera y la centralización del liderazgo del movimiento económico que se focaliza y capitaliza mayormente desde Comodoro Rivadavia. Este dato es tan nítido, que cualquier análisis en off de los actores del mundo petrolero, destacan el diferencial mayúsculo entre las políticas petroleras que ocurren entre ambas provincias de la denominada Cuenca Petrolera del Golfo San Jorge.

Recientemente en Chubut un dirigente de los trabajadores accedió a PETROMINERA, el equivalente de FOMICRUZ, y su designación representó algo más que un acuerdo político. También, hace solo días un funcionario provincial del área hidrocarburifera de Chubut, se jactaba ante la actual crisis qué solo “…el año 2014 en concepto de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, las transferencias que efectivizó Chubut al erario nacional totalizaron 4.342 millones de pesos. Esa cifra significa que el aporte per cápita de nuestra provincia fue de 8.529 pesos, ubicándose “50 por ciento por encima de la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, 35 veces más que Córdoba, 16 veces más que la provincia de Buenos Aires y 9 veces más que Santa Cruz…Chubut aportó el equivalente a 20 provincias argentinas y excepto CABA, Santa Fe y Buenos Aires, es el mayor aportante…” Ambos hechos tratan de actores y políticas que emergen de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Otro factor que cambió absolutamente el escenario de aprovechamiento estratégico de los recursos de Zona Norte a partir de la privatización menemista, ha sido la configuración del rol histórico del movimiento de defensa social de los derechos de los trabajadores. Mientras el SUPE histórico en Santa Cruz Norte se ha restringido a preservar los derechos de los ex ypefianos, el Sindicato Petrolero de Santa Cruz, ha escrito su historia oscilando variable de ajuste del mercado internacional y/o siendo presa de sus propias contradicciones de internas que terminan en alianzas con la política que a su vez los condiciona. Sin mayor capacidad de sus liderazgos para reconocer donde está el adversario de la fuerza trabajadora, pareciera en el mediano plazo, no lograr comprender con exactitud que significa construir capitalismo en el territorio.

En otro orden, para ningún habitante  informado, resulta desconocido la incidencia del salario petrolero en la vida cotidiana del conjunto del tejido social de Santa Cruz. El salario petrolero representa un derecho y no un privilegio, pero al estar sujeto a las variables y valores del mercado internacional, genera en nuestro territorio una extraña sensación de privilegio frente al valor del salario de cualquier otro trabajador del sector privado y/ estatal. Es tal la magnitud de la desigualdad del precio del salario petrolero -frente a los otros empleos del mercado de trabajo regional- que cualquier éxito reivindicativo, resulta necesariamente en un impacto negativo para el resto de los sectores del trabajo productivo y servicios.

Es tal el impacto de la renta petrolera en el territorio, que no sólo el salario del trabajador petrolero puede generar desequilibrios en el acceso a bienes y servicios de los trabajadores; la coparticipación de la Provincia mediante regalías, representa la otra cara de la moneda con la que se construye las nuevas formas de desigualdad social en el territorio de Santa Cruz. En efecto, la redistribución negativa de la renta petrolera, que se ha usado como gasto por sobre la inversión productiva, son el resultado de la complicidad estructural de un Estado débil y un capitalismo transnacional que a través de sus apoderados crítica las erráticas políticas públicas en secreto, mientras permite que todo siga igual.

Las observaciones anteriores no eximen al empresariado PYMES regional de situaciones de inequidad que a través de sus propias capacidades de organización pueda generar también nuevas desigualdades en la estructura social del mercado de trabajo y en las propias sociedades. Sin embrago, también es cierto que, en la cadena de formación del precio final del valor del crudo y barril criollo -las PYMES y trabajadores- terminan en determinadas situaciones siendo rehenes del mismo amo.

Así la denominada “paz social” resulta ser el argumento esgrimido por trabajadores y Pymes regionales, mientras que como contrapartida las grandes operadoras reclaman incentivos para extraer, exportar e importar, bajo apercibimiento a los actores del territorio de generar despidos. Así habla el mercado real.

Tenemos entonces que entre ciclos de federalismo y centralismo y dinámica de actores regionales, hoy la disyuntiva pasa entre ajustar las estructuras de operadoras a condiciones internacionales, paralelo a sostener el nivel de empleo sin despidos masivos o parciales. Entre estos factores, la tensión entre las políticas petroleras provinciales y la de Macri, colocan a dos actores claves en la arena del conflicto: Las PYMES  regionales y los Sindicatos. Un alto funcionario de Macri (Alfonso Prat Gay en foto de portada) sostuvo enfáticamente que los sindicatos deberán optar por sostener las fuentes de empleo o reclamar  salarios en el actual escenario de crisis del valor del crudo. El mensaje está muy claro y es directo.

Bien al estilo de lo que fuera la historia de la antigüedad de la humanidad, el Gobierno con sesgo Neoliberal de Mauricio Macri, se propone borrar todo signo de su dinastía predecesora. La disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que derogó gran parte del articulado del Reglamento del Régimen de Soberanía ideado por el Kirchnerismo es indicativo de este ejercicio de política petrolera. En definitiva, estamos ante un nuevo ciclo de Centralismo y de economía de mercado patrocinada desde el propio Estado.

En conclusión, la realidad exige al Estado de Santa Cruz una gestión de políticas públicas de la más alta calidad e inteligencia. Políticas que a la hora de jugar la redistribución de la renta petrolera que obtiene por regalías evite tener como constante una provincia pobre en su capacidad de gestión; una provincia que no puede negar que su redistribución negativa de la renta petrolera ha instalado una economía del subsidio y muchas injusticas en su régimen de coparticipación municipal.

La realidad exige también una calidad de la política sindical cualificada que evite perder el horizonte estratégico de las alianzas territoriales y por sobre todo la imagen constante de trabajadores petroleros “gordos” que sólo se miran el ombligo mientras el resto de los trabajadores se hacen “flacos” y sin capacidad de consumo, ni de ser portadores de derechos de inclusión en los beneficios positivos que debería de generar la dinámica productiva economía dominante.

La realidad exige también que las Pymes regionales articulen una estrategia de apoyada por parte del Estado Provincial y Nacional de manera sincera. Sin descuidar las políticas de la Cuenca petrolera en igualdad de condiciones con las PYMES de Chubut, el empresariado PYMES del Norte de Santa Cruz, por ahora asiste a las señales que emite el Estado Provincial de Santa Cruz, tanto de energía como de producción. Reuniones protocolares entre representantes institucionales de empresas para actualizar una agenda de problemas por todos conocidos es por ahora la imagen que se observa en la opinión pública.

A veces, nos asusta hablar de capitalismo en serio. Sin embargo, no podría existir fuerza trabajadora probable que reivindique derechos si no existiera ese capitalismo perverso que criticamos y respiramos como aire. Peor aún, sin capitalismo regional, las condiciones estructurales que transferirán ganancias mayúsculas a las grandes operadoras transnacionales y al gobierno central, sólo redistribuirán el ajuste a los territorios petroleros, es decir a sus trabajadores, PYMES y la masa de empleados estatales que usufructúa las “migajas” de renta petrolera mediante el salario estatal.

En definitiva, Santa Cruz deberá ponerse a la altura de las circunstancias de la economía con sesgo neoliberal que se impondrá en las macro políticas económicas. Lejos de toda complicidad de las internas políticas y más cerca de una política petrolera nacional y provincial de Estado, los actores del territorio tal vez sean capaces de construir un capitalismo regional con mayores signos de equidad y responsabilidad social. (Observador Central)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:15

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