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Cordoba y Santa Fe aun resisten pacto

Córdoba y Santa Fe aún resisten pacto

No aceptan condiciones nacionales para congelar luz.
Los gobernadores de Salta y Catamarca, Juan Manuel Urtubey y Lucía Corpacci, firmaron ayer con Julio De Vido la prórroga para congelar por un año las tarifas de electricidad.
El Gobierno no logra sumar todavía a Córdoba y a Santa Fe al pacto federal energético, al que ya adhirieron 15 provincias.
La resistencia de los gobernadores José Manuel de la Sota y Antonio Bonfatti tiene doble razón. Por un lado, desconfían (como muchos) en el envío en tiempo y forma de los fondos para infraestructura que la Nación promete a cambio de que las provincias congelen durante todo 2015 las tarifas de energía. Por el otro, al tratarse de provincias no alineadas políticamente con la Casa Rosada, la necesidad de cerrar el acuerdo no se vuelve una condición urgente.
Por de pronto, en esos distritos las facturas de luz ya comenzaron a emitirse con los aumentos anunciados en diciembre, que van desde un 27% en el caso de Santa Fe, y desde un 28,61% en Córdoba.
De todos modos, el Ministerio de Planificación mantiene conversaciones por estas horas con ministros del área de esas provincias, y no descarta que en los próximos días puedan finalmente cerrar un acuerdo y, por lo tanto, desactivar los aumentos anunciados.
No son Córdoba y Santa Fe los únicos casos: San Luis, Chaco, Río Negro y Chubut también dilatan su adhesión al plan.
Acuerdo
Ayer, en tanto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sumó a Catamarca y a Salta al lote de 13 distritos que accedieron a continuar este año con la inmovilidad de tarifas que arrancó en 2014 y que vencía el 31 de diciembre pasado.
Los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, adhirieron al plan que ya suscribieron Formosa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Santiago del Estero, La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, San Juan y Mendoza.
"Este programa busca implementar la estabilización y convergencia de las tarifas eléctricas con una visión federal e integradora en todo el territorio nacional, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo de la actividad económica y la generación de la infraestructura para mantener el empleo y la industria nacional", dijo De Vido. (Ambito Financiero, Buenos Aires)

Última actualización en Viernes, 16 Enero 2015 11:49

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Las claves para entender el escandalo Petrobras (2da parte)

Las claves para entender el escándalo Petrobras (2da parte)


(Por: Juan Soldano Deheza) La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aparece en el centro de la escena del escándalo, aunque el partido gobernante intente inmunizarla.
¿Cómo fueron los negociados? A lo largo de la segunda mitad de la década pasada, Petrobras encaró un proceso de expansión de su área de refino, con la construcción de la Refinería Abreu e Lima en Recife. Esta refinería que tenía un costo inicial estimado de algo más de u$s 2.000 M y un plazo de cuatro años para ser terminada, fue incrementado sus costos de construcción hasta multiplicarlos por diez doblando su tiempo de construcción. Varias de las mayores empresas de ingeniería y construcción de Brasil participaron en la construcción de este megaemprendimiento.
El área internacional, por su parte, negoció la compra del 50% de una refinería en Pasadena, Texas, apta para procesamiento de petróleo pesado a una trading belga de petróleo (Astra Oil) pagando aproximadamente u$s 150 M siendo que Astra había comprado en u$s 50 millones toda la refinería un año antes. El contrato establecía que Petrobras debería realizar una serie de inversiones para actualizar la refinería y que en caso de que éstos no fueran efectuados en tiempo y forma, debería comprar la parte de su socia con más multas. Sólo que según varios documentos internos de la empresa estas condiciones no fueron comunicadas por el área actuante (Dirección Internacional) al Comité Ejecutivo de la empresa, integrado, entre otros, por la entonces Ministra de la Casa Civil y actual presidenta, Dilma Rousseff, la que aprobó la compra con desconocimiento de las condiciones contractuales pactadas. Como Petrobras incumplió su parte, fue demandada por su socia por incumplimiento de contrato, perdiendo las diversas instancias de arbitraje. La cuenta final fue una pérdida cuyo valor oscila entre u$s 500 y u$s 1.000 M incluyendo los honorarios de abogados, multas e intereses, dependiendo de la fuente que se considere. La Refinería se encuentra hoy en día operativa y funcionando, pero la empresa ha reconocido que será imposible recuperar las pérdidas con las ganancias normales de la operación.
Adicionalmente se compró una refinería en Okinawa, Japón, en u$s 50M, la que estaría totalmente obsoleta técnicamente y requeriría una fuerte inversión para ser operativa.
Cabe destacar que los procesos de retro-fit de las operaciones industriales de Petrobras fuera de Brasil suelen ser realizadas por las subsidiarias extranjeras de las empresas constructoras brasileñas que realizan servicios para la empresa dentro de Brasil. Buena parte de estos contratos han sufrido objeciones por parte del Tribunal de Cuentas que ha reclamado por sobreprecios y problemas de ejecución. Debe destacarse que todo lo relatado afecta exclusivamente a algunas áreas específicas de Petrobras, particularmente las áreas internacional, ingeniería y suministros. En los últimos días aparecieron una serie de denuncias de una gerente de alto nivel de la empresa que reclama por denuncias no atendidas sobre casos de corrupción en operaciones en la sucursal Singapur, donde hay mails enviados a las autoridades de la empresa con estas denuncias, las que no habrían sido atendidas.
Operación lavado
A principios de esta década, el Congreso brasileño aprobó la denominada Ley Anticorrupción que clarificaba muchos aspectos relativos a la definición jurídica de corrupción, así como responsabilizaba de la misma manera tanto al corruptor como al corrompido por esas prácticas y estableció el instituto de la delación premiada con significativas rebajas en las penas en caso de que el juez entienda que prestó un servicio importante al esclarecimiento de las causas.
En el centro de la capital de Brasil, Brasilia, hay una estación de servicio, muy tradicional, donde conviven con los surtidores una tienda de conveniencia, un negocio de tintorería y lavado de ropas y una casa de cambios, todas ellas propiedad de un ciudadano brasileño de origen árabe. En 2010, alertada por el COAF (equivalente a la Unidad de Información Financiera de la Argentina) y por el Banco Central en su carácter de regulador del mercado de cambios, por un conjunto de movimientos de dinero sospechosos, la Policía Federal brasileña (cuya forma de actuación la asemeja más al FBI que a nuestra Policía Federal) desató con acuerdo judicial una operación de escucha destinada esencialmente a determinar la existencia de infracciones a operaciones de cambio y lavado de dinero en esa Casa de Cambios. El nombre de la operación, en virtud del local donde fue deflagrada, es Operação Lava Jato (Operación de lavado a presión, en castellano).
Dado que las conexiones indicaban que el principal responsable por las operaciones era el Sr. Alberto Youssef, viejo conocido de la Policía Federal por otros delitos cambiarios y de lavado de dinero, por los cuales había sido preso a principios de la década pasada, la jurisdicción judicial fue transferida al juez federal penal de Curitiba Sergio Moro, uno de los principales especialistas brasileños en cuestiones de lavado de dinero. Éste ordenó una vasta operación de escuchas telefónicas sobre las empresas de Youssef, a partir de las cuales comenzó a aparecer una conexión con el director de suministros de Petrobras, vinculado al PP, pequeño partido de derecha que apoya al Gobierno del PT. De aquí en adelante, como en una novela policial o una película, se fue desarrollando una tarea de investigación e inteligencia, que fue dejando a la luz una gigantesca operación de lavado de dinero y pago de sobornos relativos a contratos de obras y servicios con esa empresa en Brasil y en el exterior entre varias de las principales empresas constructoras de Brasil y sus directivos, con significativas conexiones políticas en varios partidos políticos todos ellos vinculados a la coalición gobernante. En forma adicional se detectaron operaciones comerciales entre empresas de fachada de Youssef y varias de las principales constructoras brasileñas con negocios con Petrobras en las más diversas áreas.
Ya mencionamos que el proceso denominado Mensalão tuvo, más allá de las condenas de los principales involucrados, un significado muy relevante para los sectores empresarios vinculados a los políticos: los políticos involucrados en ese episodio están en sus casas, de una u otra manera, en cuanto a que los actores empresarios, que proveyeron las estructuras financieras para que pudieran generarse los pagos ilegales, están todavía presos con perspectivas de largas condenas. La lección, el silencio no paga.
Derivado de esta situación y acompañado por la ley anticorrupción y la delación premiada, primero el cambista Alberto Youssef, luego el Director de Suministros de Petrobras y su número 2 comenzaron a delatar todo el esquema de corrupción que los involucraba, así como a sus asociados en el campo empresario y en la política. Estas conexiones involucraban inicialmente a cerca de 40 diputados, 15 senadores y 3 gobernadores, incluyendo un candidato presidencial fallecido, los que habrían recibido sobornos y/o contribuciones de campaña no declaradas vinculados a los negocios de Petrobras dentro de los estados de origen y a un club (Cartel) organizado entre las principales constructoras que se adjudicaba las obras, según un esquema muy semejante a un torneo de futbol. También varios partidos políticos, incluyendo el PT, habrían recibido contribuciones provenientes de un porcentaje de los sobornos pagados por las empresas. Como consecuencia de estas delaciones, el juez decretó la prisión preventiva en carácter de imputados de varios CEO´s y sus principales gerentes de estas empresas, entre las que se cuentan Engevix, UTC, OAS, Queiroz Galvao, Camargo Correa, entre otras. Estas empresas participaban en consorcios en diversos contratos con Petrobras, incluyendo además de construcción civil y montaje, construcción de plataformas petroleras y sondas de perforación.
Para que tener un panorama más acabado del significado monetario de los actos de corrupción detectados, las delaciones premiadas han permitido iniciar trámites de devolución de fondos al Estado por valor superior a u$s 250 millones.
Los allanamientos dispuestos en los domicilios de los ejecutivos presos, ratifican las denuncias de los delatores y han ampliado las pruebas a disposición de la justicia respecto de la existencia de un cartel para adjudicarse los negocios.
De momento se especula con que algunos de estos ejecutivos estén preparando su delación premiada, lo que podría ampliar los problemas de sobornos a otras empresas públicas que contratan obras con este grupo de empresas.
La dimensión de estas denuncias impactará severamente a los diversos partidos de la coalición gobernante y quizás también a políticos opositores por diversas vías, comenzando por la imagen pública de vinculación a hechos de corrupción, pero también porque estas empresas realizan las principales obras públicas del país y parece casi inevitable que este proceso afecte el desarrollo habitual de los negocios por diversas caminos, entre los cuales no es menor que el sector financiero pueda cortar canales de financiamiento habitual o que no se consiga la renovación de operaciones de crédito a través de emisión de deuda por el temor de los inversores de invertir en empresas expuestas de esta manera.
Dado que Petrobras cotiza en varias bolsas del mundo, incluyendo la de Buenos Aires, inversores extranjeros que sienten defraudados por estas maniobras están iniciando juicios a Petrobras y su directorio por leniencia en el fraude en jurisdicciones diferentes de las brasileñas, con tradición de resoluciones relativamente rápidas en este sentido. Demás está decir que toda esta situación está afectando la solidez financiera de Petrobras y de sus proveedores. Existen serios riesgos sobre el plan de inversiones del próximo quinquenio necesarios para el desarrollo del Pre Sal que está además afectada por la baja en el precio del petróleo. Si bien la empresa ha declarado que cuenta con caja suficiente para hacer frente a la totalidad de sus compromisos durante el primer semestre del año próximo, existen algunos interrogantes sobre el costo que la empresa deberá afrontar para refinanciar los compromisos posteriores y su capacidad para mantener el plan de inversiones comprometido. Eso sin tener en cuenta los impactos fiscales por lo que se prevé será una brusca disminución en sus dividendos que son parte del superávit primario del Tesoro.
Con relación a las empresas contratistas, ya existen algunos indicios que estas están buscando deshacerse de participaciones en negocios no centrales a su actividad que les permitan obtener una posición de caja lo suficientemente sólida como para enfrentar contingencias como las mencionadas.
A su vez estas empresas, así como Petrobras tienen negocios y participaciones en variados emprendimientos en diversos países, entre ellos Argentina, los que probablemente puedan sufrir algún efecto colateral de estas restricciones financieras o ser colocados a la venta. (Ambito Financiero, Buenos Aires)

Última actualización en Viernes, 16 Enero 2015 10:45

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Fondos buitre quieren embargar u$s 800 M que YPF pago a Apache

Fondos buitre quieren embargar u$s 800 millones que YPF pagó a Apache

La petrolera compró activos en el país de la estadounidense hace un año. Holdouts piden datos para capturar el dinero en Texas. Buscan obstaculizar contratos.
El fondo buitre NML Capital, principal litigante contra el país, retomó su búsqueda de activos potenciales de embargo y volvió a apuntar contra la petrolera estadounidense Apache, que vendió hace un año su operación en Argentina a YPF por u$s 800M. Los holdouts avanzarán en las próximas semanas con el pedido a un juzgado de Texas para que habilite un discovery que permita identificar bienes con los que cobrar la sentencia impaga a su favor por u$s 1.700 millones.
Apache vendió toda su operación de petróleo y gas en el país a YPF hace casi un año, el 12 de febrero de 2014. NML Capital solicitó al juez de del Distrito Norte de Texas, Paul Stickney, acceso a esos contratos, con el argumento de que la petrolera argentina, una sociedad anónima mixta controlada por el Estado, es alter ego del país. Argentina rechazó ese argumento y se amparó en la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) estadounidense.
Pero un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, a fin de año, convalidó las acciones de discovery, con el argumento de que las cuestiones sobre inmunidad y propiedad efectiva de los activos se resolverían con esa investigación judicial.
Ahora, los holdouts prometen avanzar con la embestida contra Apache e YPF, luego de haber obstaculizado el joint venture entre la petrolera y Chevron, entre otras operaciones.
En su último escrito, fechado el 12 de diciembre, el juez Stickney escribió que las partes (NML Capital y Argentina) entablaron "esfuerzos de buena fe" para solucionar el pedido de discovery y las conminó a informar sobre esas negociaciones "antes del 30 de enero de 2015".
La intención primigenia de los fondos buitre es encontrar activos embargables en Estados Unidos. Para eso, un juez debería avalar el discovery y dictaminar que los fondos, ahora propiedad de Apache, son, en realidad, del Estado argentino, porque YPF es un alter ego de la República. El argumento parece muy rebuscado.
De hecho, YPF y Apache cerraron el acuerdo el 12 de febrero pasado e informaron que la petrolera argentina depositaba u$s 50 M al contado y el resto (u$s 750 M) en treinta días, por lo que el dinero está en poder de la firma estadounidense desde hace, al menos, diez meses.
Pero mientras tanto, NML Capital pone más piedras en el camino. Sus acciones contra Chevron y Apache agrega obstáculos al ya complejo panorama de inversiones de firmas del exterior en el país, en momentos en que la baja del crudo a nivel internacional quita incentivos inmediatos para el desarrollo de Vaca Muerta.
Los holdouts abrieron cuatro frentes judiciales. El reclamo primigenio (u$s 1.700M, entre el fallo original y los intereses) bloqueó los pagos de deuda reestructurada de legislación estadounidense y europea. A eso suman nuevos litigios en calidad de me too, que elevarían el monto inmediato hasta u$s 6.500 M. Esos nuevos juicios están ya en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa, que debe decidir si los anexa al fallo en el que convalidó el pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default desde 2001.
En paralelo, los fondos buitre avanzaron en causas de tinte político, contra activos vinculados a empresarios cuyas fortunas crecieron con el kirchnerismo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Son causas que buscan más impacto mediático que otra cosa. A Báez, por ejemplo, se le reclaman u$s 55M, como parte de la sentencia por u$s 1.700M
Y, por último, están las causas que afectan las relaciones económicas del país, como los discoveries pedidos a Chevron y Apache. (El Cronista, Buenos Aires)

Última actualización en Jueves, 15 Enero 2015 12:03

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Se invertiran $11.348 M en la etapa II del Gasoducto del Noreste Argentino

Se invertirán $11.348 M en la etapa II del Gasoducto del Noreste Argentino

Una “reparación histórica”, según De Vido. El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmaron los contratos correspondientes a la provisión de cañería y construcción de la etapa II del GasoduSe-invertirán--11cto del Noreste Argentino (GNEA). La inversión en este tramo de las obras será de $ 11.348M.
En el microcine del Palacio de Hacienda, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmaron los contratos correspondientes a la provisión de cañería y construcción de la etapa II del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).
Según detalló la cartera de Planificación, la Etapa II comprende la construcción de los tramos troncales, ramales de aproximación y cañerías en Formosa, Chaco y Santa Fe.
De Vido aseguro que los contratos que se firmaron hoy “no son solamente importantes para la construcción, sino que el contrato de provisión de cañería para las obras va a ser muy importante para la industria siderúrgica”. “De los más de 11.000M, más de $ 8.000 M irán a la construcción, y más de 2.000 al sector siderúrgico”, puntualizó.
Además, recordó que el GNEA nacerá en el gasoducto Juana Azurduy y abastecerá 168 localidades del Noreste Argentino. Contará con 4.144 kilómetros de gasoductos troncales y de aproximación, ocho plantas compresoras y 165 plantas reguladoras.
“Cuando asumió (el presidente de Bolivia) Evo Morales viajamos con Capitanich -que por entonces era Senador de la Nación- a gestionar  volúmenes de gas que han hecho posible el gasoducto de gas que fluyen desde Bolivia”, dijo el funcionario e indicó que la construcción de este tramo del gasoducto generara 11.000 puestos de trabajo.  
Por otro lado, aseguró que “esto es posible porque creamos la empresa Enarsa; porque se construyó el gasoducto Juana Azurduy, y porque logramos un mejor precio para el gas importado de Bolivia”.
“Hay que trabajar mucho e invertir mucho para resolver la cuestión energética, sobretodo en un modelo de crecimiento con desarrollo industrial, y con una crecimiento geométrico del consumo residencial domiciliario”, reflexionó De Vido.
Señaló el ministro de Planificación que se trabajó para que las tarifas de gas fueran populares y accesibles para el incremento del consumo. Señaló que "ya se han firmado 13 convenios con trece provincias argentinas para mantener durante 2012 las tarifas eléctricas”, mientras que el Gobierno nacional se compromete a realizan obras de infraestructura en el sector.
“En los próximos días vamos a avanzar con la provincia de Chaco; con Río Negro, con La Pampa, con Catamarca, y llegaremos a 17 jurisdicciones. Si sumamos a la Ciudad Autónoma de Buenos y el área Metropolitana, cuya fijación de tarifa depende del Gobierno Nacional, alcanzamos el 80% de la población de la Argentina”, destacó y dijo: “A Córdoba y Santa Fe los instamos a adherir a este convenio”.
De Vido resaltó que la obra total (en sus tres etapas), el gasoducto del NEA implicará además la construcción de 15.000 kilómetros de redes domiciliarias, con una inversión de $ 25.000M, saldando una deuda histórica con la región que por primera vez tendrá gas natural por redes.
“Con esta obra, ya no habrá argentinos de primera y argentinos de segunda, porque cientos de pueblos del interior del país podrán acceder al servicio de gas domiciliario. La Presidenta está muy entusiasmada con este proyecto que apunta al consumo a partir del tarifas populares”, expresó De Vido.
En el anuncio se destacó que la construcción del segundo tramo del gasoducto tendrá “un ritmo de ejecución muy significativo, al tiempo que promoverá un incentivo extraordinario para los procesos de industrialización regionales”. El objetivo es terminar con estas obras en menos de un año. El ministro de Planificación adelantó además que en los próximos días se firmarán trece nuevos convenios de convergencia tarifaria para que las provincias mantengan en un mismo valor los precios de electricidad durante el resto de 2015.
“La obra constituye una verdadera reparación histórica para el Norte y el Noreste argentino. Es una decisión de envergadura estratégica e inusual”, subrayó uno de los representantes de las provincias beneficiadas por el emprendimiento. En el mismo sentido, Julio De Vido enfatizó que “esta obra implica saldar una deuda histórica con la región, que por primera vez tendrá gas natural por redes”. El próximo paso de este emprendimiento será avanzar en la evaluación de proyectos de tendido de cañerías domiciliarias en las distintas urbes beneficiadas por el gasoducto. Para esa etapa, está previsto contar con el financiamiento de organismos internacionales. En el primer trimestre, según se espera, estarán listos los acuerdos con el directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para aprobar un financiamiento por 300 millones, lo cual garantizará recursos para la extensión de las redes domiciliarias de cada localidad.
La secretaria de Energía, Mariana Matranga, y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, también participaron de los anuncios de la construcción del segundo tramo del Gasoducto del Noreste Argentino. Ramos, de origen santafesino, auguró que esta obra “va a cambiar las posibilidades de desarrollo para nuestras provincias”. Destacó que el proyecto “tiene la firme decisión de generar infraestructura en el interior de Santa Fe y en las zonas más postergadas”.
Jorge Capitanich
Por su parte, Jorge Capitanich indicó que se trata “de una obra anhelada y soñada por muchas generaciones”. “Estamos hablando de una obra que constituye una verdadera reparación histórica para el norte y nordeste argentino”, remarcó el funcionario.
“Esto implica un cambio estructural en la matriz energética de nuestras provincias y esto permite inducir a nuevas inversiones para profundizar una estrategia de industrialización en origen; en la potenciación de la creación de empleo privado formal, a partir del valor agregado de los bienes que producimos localmente”, aseguró.
El Jefe de Gabinete aseguró que poder realizar este proyecto “implicó un acuerdo de carácter político e institucional que ha permitido que la traza llegue al mayor número de localidades y gente en cada una de las provincias que tenían que ver con la obra”.
“Esta obra es similar, por su dimensión, a aquella decisión estratégica de Juan Domingo Perón de traer el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires”, afirmo.
“Nosotros  -continuó- vemos lo que significa desde el punto de vista de la acción anualizada de casi $ 1.900 M de subsidio directo para garantizar la distribución de garrafas, para proteger el ingreso disponible de hermanos nuestros en distintos lugares de nuestras provincias”.
Además, Capitanich indicó que “con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) estamos definiendo la estrategia de financiamiento para las redes domiciliarias”.
“En el caso de la Corporación Andina de Fomento son u$s 150 M este año y 150 para el año próximo. Esto permitirá garantizar el financia-miento para la extensión de redes domiciliarias para cada una de las localidades”, detalló.
“No se trata de una obra más. Costó mucho tiempo y esfuerzo, y la decisión estratégica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, finalizó el Jefe de Gabinete.
Dudas
Daniel Montamat, ex secretario de Energía, (según lo publicado en el diario La Nación en su edición de hoy), consideró que como ayer se adjudicó solamente un tramo parcial, la terminación de todo el gasoducto quedará para el próximo gobierno. "Es posible que no estén todos los fondos que este tramo demande [para su inicio], con lo que quedaría a mitad de camino; y lo que quieren [en el Gobierno] es llevar adelante algo para comprometer a una gestión de gobierno en el futuro", explicó Montamat al matutino.
Y cuestiono que “más allá del inicio de los trabajos, falta saber el rendimiento que tendrá la obra cuando sea concluida”.
"La gran duda que hay para este nuevo gasoducto es si Bolivia podrá desarrollar nuevas reservas. Si ese país no lo hace, tiene gas para darnos conforme a lo que se ha comprometido, pero no habrá gas adicional para llenarlo al total de su capacidad", advirtió Montamat.
"Me parece que estamos por construir una obra que tiene que cerrar desde el punto de vista de la capacidad que tendremos para operarlo al ciento por ciento. Antes de dar continuidad a esa obra deberíamos asegurarnos de lo anterior", agregó el ex secretario.
Otras fuentes consultadas por el diario porteño le comentaron que no había  muchas razones para dudar del inicio de los trabajos. "El primer tramo se adjudicó en agosto de 2014 y se está avanzando, así que podría ocurrir lo mismo con el segundo", dijeron al matutino La Nación

Cuadro1: La inversión total superará los $11.348M
Ocupará a 25 mil personas y
Demandará un plazo de 24 meses para su conclusión.
"De esta manera damos seguridad energética a las provincias de esta región", remarcó el ministro de Planificación.

Cuadro 2: La obra completa se planificó en tres tramos, lo que requerirá una inversión de $ 25 mil millones. La edificación final del gasoducto implicará la ampliación de 4144 kilómetros de tuberías troncales y de aproximación y 15 mil kilómetros de cañerías domiciliarias, para abastecer con gas de red a unas 168 localidades del interior del país. La creación de puestos de trabajo en los tres tramos del proyecto ascenderá a 25 mil asalariados.
Etapa II
La etapa II comprende la construcción de los tramos troncales y ramales de aproximación así como las cañerías en 3 provincias, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Cuadro 3: Sintetizo números el Jefe de Gabinete:
 “…la suma es muy sencilla”, dijo. “Si nosotros tenemos, en el caso de la provincia del Chaco y sumo esta etapa que son $11.348,2M, y tenemos $4.373,2 M en Chaco y $ 3.406,8 M en Santa Fe ó $3.568,2 M en Formosa, lo que tenemos que hacer es una conversión más o menos directa, como decía Julio, de 4.300 empleos, sin considerar las redes domiciliarias.
(El Pregón Energético)

Última actualización en Jueves, 15 Enero 2015 12:06

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Neuquen no bajara las regalias petroleras

Neuquén no bajará las regalías petroleras

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, afirmó que esa provincia "no tiene en estudio ni va a decidir una rebaja de regalías" como anunció su par de Chubut, Martín Buzzi. El mandatario afirmó que ante la incesante caída del precio del petróleo "conviene arriar las velas y esperar a que amaine".
En diálogo con el diario "Río Negro", el gobernador se mostró optimista de que la situación mejorará. "Creemos que los países exportadores de petróleo no pueden seguir perdiendo u$s 1.600 M por día sin reaccionar frente a la magnitud de la crisis", sostuvo. Es una mirada que comparten algunos analistas internacionales, que esperan que estos estados recorten su producción para achicar la oferta y apuntalar el precio del crudo.
Frente a este panorama, Sapag indicó que Neuquén está "en atenta y vigilante espera" y que no tomará medidas atadas a la coyuntura.
Las declaraciones del gobernador llegaron en momentos intensos para la industria, ya que con el crudo cada vez más cerca de los 40 dólares, las provincias que exportan buena parte de sus hidrocarburos encendieron la luz de alarma y empezaron a ensayar medidas para evitar una parálisis del sector.
Chubut fue la primera que busca políticas para preservar el negocio y ya anunció esta semana que aplicará una rebaja del 50% de las regalías que aplica a las empresas para los nuevos proyectos petroleros y para cada metro cúbico extra que logren sacar de sus yacimientos.
El lunes se especulaba que otras provincias petroleras pudieran seguir ese camino, pero Neuquén descartó de plano la posibilidad. En ese sentido, Sapag aclaró que no existe convocatoria formal de la Ofephi -la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que reúne a las provincias petroleras- para esta semana, por lo cual no se espera que se tomen decisiones en bloque por ahora. Es decir que el recorte de regalías de Chubut fue una medida que tomó por su cuenta el gobernador Martín Buzzi.
La posición de Neuquén no sólo obedece a su análisis de la coyuntura sino al impacto real que tiene para la provincia la caída del crudo internacional. Tras haber acordado un precio interno de 77 dólares el barril, se blindó el petróleo que sale de esta cuenca ya que en su totalidad se destina al mercado local.
La situación para Chubut es distinta, porque exporta buena parte de sus hidrocarburos. Es decir que está atada a los vaivenes internacionales. Por un lado, pierden las empresas que facturan menos, pero también lo hace la provincia que deja de percibir una millonaria suma en concepto de regalías. (La Arena, La Pampa)

Última actualización en Jueves, 15 Enero 2015 12:02

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