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Cuatro a cero y otras goleadas

Cuatro a cero y otras goleadas

(Por Mario Wainfeld) La Corte Suprema ratificó la nulidad del tarifazo del servicio de gas. Confirmó, en esencia, lo decidido por la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de La Plata y el dictamen de la Procuradora Alejandra Gils Carbó. La sentencia fue unánime, como le place al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, en asuntos de tanta relevancia. Elena Highton de Nolasco y Lorenzetti votaron en conjunto. Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron individualmente.
El primer fundamento del fallo es la necesidad de audiencias públicas previas. Exige, además, que los aumentos no pongan en riesgo el patrimonio de los ciudadanos-consumidores. En eso los supremos se apegan a las buenas sentencias previas de tribunales inferiores. La novedad, el alivio mínimo para el Gobierno, fue restringir a los usuarios residenciales el freno a las subas inconsultas y exorbitantes del presidente Mauricio Macri y su equipo.
Los considerandos de la sentencia demuelen los argumentos del oficialismo, claro que reconociendo la potestad del Ejecutivo para fijar las tarifas con arreglo a derecho algo que no se cumplió, ni por asomo.
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Los cortesanos realzan la imperiosidad de las audiencias públicas, impuestas por la reforma Constitucional de 1994, refutando los contradictorios (casi cómicos) argumentos oficiales: no son imprescindibles y ya se realizaron en 2004 y 2005.
La argucia de diferenciar los aumentos del gas en boca de pozo, que estarían exentos del derecho ciudadano a participar, se deja de lado con un aporte propio de la Corte a la jurisprudencia acumulada en tantos juzgados y fiscalías de todo el país.
El Gobierno aducía que ese valor lo fija “el mercado” y por ende quedaba exento del control ciudadano. La sentencia analiza la realidad y corrobora que el estado intervino activamente en la determinación del precio. Con nuestras propias palabras: la mano invisible de Adam Smith tuvo poco que ver, la intervención pública mucho.
El sofisma del mercado se debilita aún más si se advierte que los compradores y vendedores son muy pocos. A menudo los formadores del precio y los compradores son uno solo. Imperfecto el mercado, por donde se lo mire.
Los derechos ciudadanos fueron la Cenicienta de los hechos y de la narrativa macrista que “abolió” de facto los artículos 42 y 43 de la Constitución. La Corte los restaura, si lo decimos en solfa o valora su vigencia si nos ponemos más circunspectos.
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Sin inmiscuirse en las facultades de otro poder del Estado, el fallo destaca qué derechos humanos y constitucionales son prioritarios por encima del lucro empresario. “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de “confiscatoria” de los ingresos de un grupo familiar”. La expresión “confiscatoria”, súper pertinente, alerta contra las alzas desmedidas que afecten derechos básicos. La Corte se expide sobre el “lado ciego” de la postura macrista que es solo preocuparse por la sustentabilidad de las concesionarias.
El tribunal demarca que el gradualismo es imprescindible. Todas esas consideraciones valdrán para los usuarios no residenciales.
Los supremos podrían haberse escudado en lo formal y no expedirse sobre la razonabilidad y gradualidad de las tarifas. Plantear que a falta de audiencias, los aumentos son inválidos y desentenderse de su “quantum”. Prefirieron abordar toda la problemática, agravando la desazón del macrismo.
Las audiencias, dicen los supremos no deben ser meramente rituales: los cuadros tarifarios tienen que tomar en cuenta sus planteos. No es injerencia en las potestades del Ejecutivo ni en las cifras o porcentajes pero si una referencia para debates (o acciones judiciales) por venir
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La diferencia entre la sentencia de la Corte y la de la Cámara Federal de La Plata es que la nulidad del aumento de tarifas solo protege a los usuarios residenciales. Son abrumadora mayoría en número pero los comercios e industrias explican el grueso de la facturación de las concesionarias. Tal vez eso sea usado por el gobierno y los medios afines para maquillar la derrota. Como esos boxeadores que terminan la pelea con la cara llena de dedos, la nariz sangrante y los ojos en compota y son levantados en andas por sus segundos.
El fundamento de la distinción es que las personas del común son el único grupo homogéneo que reúne los elementos para promover una acción colectiva. Los ciudadanos de a pie, dispersos por definición, padecen ostensibles obstáculos para demandar por sí mismos lo que afecta su acceso al sistema judicial. Por eso pueden ser representados en una demanda colectiva o “acción de clase” en jerga. Los supremos se remiten a otra sentencia propia: “Halabi”. Dejemos pendiente para notas ulteriores y a la polémica entre juristas el debate técnico.
El Tribunal restringió el mejor criterio de la Cámara platense y de la Procuradora General. Al día de hoy, las primeras damnificadas son las Pequeñas y Medianas Empresas, las cooperativas, las recuperadas, los micro emprendimientos, las organizaciones sociales, los clubes de barrio. La sentencia las considera aptas para litigar “por sí mismas”. No es que les cierre el camino de los tribunales. Para todas ellas, la resistencia recomienza. En el corto plazo, entonces, se reavivarán los amparos promovidos por esos usuarios o se activarán otros, incluso colectivos si saben reagruparse y articularlos.
Los consumidores “residenciales” recibirán las facturas con tarifas anteriores. Eso sí, deberán velar para que las audiencias públicas sean convocadas con todas las de la ley: publicidad y antelación suficiente, cantidad apta para atender y escuchar a la millonada de personas involucradas. Planteado por el absurdo que tanto ha incidido en este conflicto: sería una burla (una ilegalidad) llamar a una sola audiencia para la semana que viene en Tierra del Fuego o en alguna embajada argentina en el exterior (que son territorio nacional). El Gobierno deberá sofrenar su vocación por los simulacros o los ersatz. Los consumidores, que ayer le ganaron una disputa fundacional, estarán atentos y vivaces. Si se las audiencias se programan con seriedad pasarán (por lo menos) el invierno y la primavera sin la más mínima agresión gasífera a sus economías domésticas.
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El gobierno arrancó avasallante. En cosa de un mes derogó por Decreto de Necesidad y Urgencia aspectos esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, redujo o suprimió retenciones, devaluó al mismo tiempo, quiso que dos jueces entraran a la Corte por la ventana, mediante un decreto. Aprovechó (o abusó) de su ventaja inicial. Para reformar el cuadro tarifario “se durmió”: dejó pasar más de tres meses. Aún entonces, se ne fregó de las audiencias públicas. Midió mal su fuerza, no observó su desgaste.
Subestimó las movilizaciones contra el tarifazo como a tantas otras vertientes de protesta que crecen y se multiplican. La histórica capacidad de lucha de los argentinos se acentuó a fines de la década del 90 y durante este siglo. Repasemos una lista incompleta de precedentes: los piqueteros, el desafío masivo al estado de sitio dictado por el presidente Fernando de la Rúa , los cacerolazos contra éste y su colega Adolfo Rodríguez Saá, las asambleas barriales, la movida vecinalista de Gualeguaychú, las organizaciones de víctimas y familiares de las tragedias de Cromañón y Once.
Es difícil desmantelar conquistas en estas pampas. A veces el kirchnerismo exagera cuando se atribuye totalmente ese “empoderamiento” de la sociedad civil que lo antecede y a menudo se le opuso (Cromañón, Once, Gualeguaychú y hasta se podría añadir “el campo”). Pero es cierto que el cúmulo de derechos sociales, laborales y económicos se elevó desde 2003 y que su defensa interpela y moviliza a grupos sociales amplísimos.
El macrismo pensó que esas movidas estaban amansadas o que las amedrentarían el protocolo de la ministra Patricia Bullrich o el encarcelamiento a Milagro Sala. Le erró, lejos. Muchedumbres participando en tantos rincones del país emitieron el primer alerta contra el tarifazo que el peor sordo no quiso oír.
Otra falla de apreciación elitista: suponer que arreglos de cúpula le bastaban al gobierno. Un bocado de las Obras sociales a los jerarcas sindicales no garantiza la docilidad de los trabajadores, arreglos con dirigentes peronistas amigables no arrastran a su base social, roscar con los peores jueces (los federales de Comodoro Py) no trae aparejada la complicidad de todo el Poder Judicial.
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Lorenzetti se dio algunos gustos: regañar a los otros poderes por la vacancia de la Defensoría del Pueblo y a los tribunales inferiores por la multiplicidad de sentencias contradictorias sobre un mismo aspecto.
Maqueda y Rosatti se florearon hablando de la Constitución del ‘94 en cuya Convención intervinieron.
El gobierno, auto designado “republicano” y hasta “liberal” en lo político, quedó expuesto: violó la ley, desconoció la Carta Magna. Se aisló y así le fue. La Corte lo dejó solito como adalid de una medida impopular o antipopular como pocas, en la que podría ser su sentencia más importante de este año. (Página 12, Buenos Aires)

Última actualización en Viernes, 19 Agosto 2016 12:05

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Energia solar: buscan aplicarla en los sistemas de riego agricola

Energía solar: buscan aplicarla en los sistemas de riego agrícola

San Juan. Este proyecto es ejecutado por el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en conjunto con la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima (DECSA), Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y la Dirección de Recursos Energéticos (DRE).El financiamiento proviene del Programa Provincial de Investigación y Aplicado (IDeA) , EPSE y la Fundación Banco San Juan.
El relevamiento de usuarios se llevó a cabo en el Departamento de Caucete, San Juan.
Resumen las tareas realizadas
Objetivo General:
“El conjunto de Investigaciones, Resultados y Recomendaciones surgidos de la Instalación de un sistema FV piloto conectado al sistema de bombeo y a la red eléctrica de una Empresa Distribuidora Eléctrica de San Juan, la realización de ensayos, la obtención de mediciones para sentar pautas para la formulación de procedimientos Técnicos-Administrativos que permitan incorporar Paneles Fotovoltaicos conectados a la red eléctrica en el sector Agrícola”
Objetivos Específicos:
-Analizar la situación del departamento de Caucete en relación a los sistemas de bombeo de agua, estudiando características como cantidad de pozos, demanda de energía de los pozos, caudal de agua, profundidad de napa, etc.
-Analizar, evaluar y definir la distribución de cada parte de la instalación del Sistema FV en convivencia con la instalación del sistema de bombeo, seleccionando bombas tecnológicamente eficientes para la extracción de agua.
-Instalar los sistemas de medición de energía a inyectar a red y sistemas de monitoreo y recolección de mediciones internas parciales.
-Realizar ensayos de los equipos.
-Realizar campañas de medición y seguimiento de variables de calidad de servicio y del producto técnico.
-Analizar estrategias de inyección de energía antes del consumo o después del consumo propio de la bomba.
-Rescatar en cada etapa los aspectos que puedan ser de utilidad para definir aspectos normativos desde el punto de vista técnico y administrativo a fin de sentar las bases para elaborar una propuesta del Procedimiento Técnico-Administrativo para solicitar el servicio de conexión a red, incluyendo al usuario, a la Empresa Distribuidora y al Ente Regulador.
-Realizar análisis técnico-económico. Analizar los subsidios tarifarios actuales que obtiene el sector de riego agrícola a través del Fondo de Compensación Tarifaria (FCT) y proponer alternativas de uso de este subsidio para financiar sistemas FV para bombeo o tarifas especiales de generación FV.
En cuanto a los Objetivos Específicos se han finalizado los primeros dos indicados, se están ejecutando el tercero y cuarto (50%) y se ha avanzado en el séptimo (40%).
Estación meteorológica
Se adquirió una estación meteorológica la cual ya ha sido instalada en el lugar y se está recopilando información de la misma (radiación solar, velocidad y dirección de vientos, temperaturas, humedad, etc.), conformando un banco de datos de quince meses a la fecha. Dicha información es analizada y comparada con la obtenida en otras dos estaciones meteorológicas: una en la sede de la distribuidora DECSA (desde hace 3 años) y otra en sede del IEE (desde hace más de diez años).
Las estructuras soporte

Las estructuras soporte de los módulos (cuatro estructuras metálicas para los 62 módulos) fueron diseñadas, construidas e instaladas en el lugar dispuesto para las mismas, finalizándose su instalación a fines del mes de setiembre de 2015.
Módulos Fotovoltaicos
Se montaron 60 paneles FV (de los 62) adquiridos. Simultáneamente con su montaje se fueron realizando los ensayos eléctricos de los paneles, restando unos pocos que se ensayarán próximamente.
Línea de suministro BT – Sistema FV – Equipo de Bombeo
Por diferentes motivos el proyecto sufrió la reubicación del lugar lo que obliga a la construcción de una línea de baja tensión de aproximadamente 800 metros de longitud desde dicho lugar hasta la ubicación de la perforación donde se encuentra la bomba de extracción de agua para riego. Esta línea tiene un costo bastante elevado (superior a $100.000) que era imposible realizar con el proyecto, tarea que ha sido afrontada por el propietario del lugar con la colaboración de DECSA. Dicha línea ya se ha Comenzado a montar estimándose para fines de Septiembre su terminación (de acuerdo a las posibilidades económicas y técnicas).
Inversor de Tensión y Unidad de monitoreo
El año pasado se realizó la compra, previo concurso de precios con participación de oferentes nacionales y del extranjero, del inversor con su correspondiente unidad de monitoreo. La misma se adjudicó a un proveedor extranjero por ser su cotización muy inferior a los proveedores nacionales. Estos equipos fueron importados a través de la Universidad para lo cual se tramitó el certificado ROECYT (al igual que en el caso anterior de compra de los módulos FV), lo que permite la exención de impuestos.
Medidores de Energía
En el mes de abril EPSE en su carácter de empresa adoptante, adquirió para uso en el proyecto dos medidores de energía eléctrica marca ACE6000 – 5(100)A, bidireccional (4 cuadrantes) de energía activa, reactiva y aparente, multifunción y multitarifa, que permite obtener entre otras variables, las curvas de carga de consumo y generación del sistema fotovoltaico, lo cual es muy necesario para cumplimentar la etapa de mediciones del funcionamiento del equipamiento y su interacción con la red eléctrica de la distribuidora (DECSA).
Tareas a cumplimentar
Para finalizar la instalación y comenzar con la etapa de mediciones resta, además de la construcción de la línea por parte del propietario y DECSA, realizar el diseño del tablero eléctrico que contiene al inversor, elementos de protección y medición y sus tareas de instalación y conexión. Se estima para fines de Septiembre finalizar dichas tareas y comenzar con la etapa de medición.
Datos Técnicos
Un sistema de generación FV trifásicos de 17 kWp de potencia. Instalaciones: 62 módulos de 290 Wp cada uno. Inversor de 17 kWp trifásico marca Zeversolar, con dos seguidores del punto de máxima potencia (MPP) independientes con capacidad de dos strings cada uno. (Diario Huarpe, San Juan)

Última actualización en Viernes, 19 Agosto 2016 11:44

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Empresas danesas invertiran en Argentina en energias renovables y agroindustria

Empresas danesas invertirán en Argentina en energías renovables y agroindustria

El Canciller de Dinamarca, Kristian Jensen, fue recibido por la canciller Susana Malcorra y aseguró que empresas danesas tienen planes de inversión en proyectos de energías renovables y agroindustria. Kristian Jensen señaló la necesidad de ampliar el comercio bilateral y se pronunció por una apertura del mercado agrícola europeo a los productos del Mercosur.
Jensen fue recibido esta mañana por la canciller Susana Malcorra, con quien analizó la agenda bilateral, regional y multilateral, y coincidió en la oportunidad de ampliar el intercambio y las inversiones danesas en el país, en particular en energías renovables y agroindustria, sectores en los que el país europeo es líder.
El canciller danés se reunió, además, con representantes de las empresas de ese país instaladas en la Argentina, quienes "manifestaron estar muy interesadas en expandir sus negocios, en invertir y generar más puestos de trabajo", a partir de las reformas encaradas por el presidente Mauricio Macri, resaltó el canciller durante una conferencia de prensa brindada de manera conjunta con Malcorra en el Palacio San Martín.
Si bien aclaró que las empresas evalúan si tienen un escenario de certeza para instalar capitales a largo plazo en Argentina, resaltó que "el muy interesante proceso de reformas" encarado por el actual gobierno "es muy alentador para que quieran invertir más".
"Las cosas están bastante frescas con la nueva gestión y la reciente apertura de importaciones e inversiones extranjeras", por lo que las empresas "mantienen cautela y no están mostrando todas sus cartas", pero "hay nuevas y más inversiones planeadas para Argentina y el sector de la energía está viendo como concretar esas inversiones", aseguró.
Dinamarca es líder en la producción de molinos de viento, en tanto que la agroindustria de los alimentos es uno sus principales rubros de exportación.
El canciller se refirió a las oportunidades conjuntas a partir de la capacidad argentina de producción agrícola y la tecnología alimentaria sofisticada de Dinamarca, y apuntó a la integración a las cadenas de valor.
"Para cada producto que exporta una empresa danesa, el 30 % se importó previamente", por lo que "no hay que mirar solo el lado exportador, sin también la facilidad que hay para la importación, que se integra en la cadena de valor del mundo", describió.
Además, relevó que "hay mucho potencial para trabajar de manera conjunta con las energías renovables", y reseño que Dinamarca aumentó su PBI en los últimos 40 años en 70 %, pero mantiene estable el consumo de energía y redujo las emisiones de dióxido de carbono gracias a la eficiencia energética y a través de la inversión en fuentes renovables.
Los cancilleres se refirieron, por otra parte, a las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, iniciadas hace más de quince años y que tuvo el tercer intercambio de ofertas en junio pasado.
Malcorra resaltó que el avance de las negociaciones dependen del impulso político de las partes, que volverán a reunirse a nivel de técnico en Bruselas este año, tras la primera evaluación en julio, en la que los negociadores acordaron revisar las ofertas. Jensen, en tanto, confió en que las ofertas se vayan acercando en los próximos meses, y se pronunció por la apertura del mercado agrícola europeo a los productos del Mercosur, una de las cuestiones a las que algunos países, con Francia a la cabeza, son reticentes y frena el avance de las negociaciones.
"Nos interesa mucho abrir los mercados de la Unión Europea a los agronegocios. Los daneses no solo somos productores sino también consumidores de alimentos y traer a Argentina y al Mercosur a la cadena de valor en los agronegocios va a fortalecer nuestra economía", resaltó.
Sin embargo, reconoció que la Unión Europea debe llegar a un consenso al respecto, debido a que países como Francia y Holanda no son tan afectos al libre comercio, contra la posición del gobierno danés.
Para alcanzar un avance en esta cuestión en el marco de las negociaciones birregionales, el ministro confió en la influencia positiva de los cambios poltíticos en Argentina y en el proceso en Brasil, por un lado, y en la posición de Portugal y España, que son reticentes a abrir los mercados pero "están bastante a favor cuando se trata del Mercosur", sostuvo.
"Quisiéramos tanto exportar como importar más desde Argentina. Creo que la próxima reunión en Bruselas este año nos va a acercar a un acuerdo, y con unos pasos más vamos a poder tener una negociación exitosa", concluyó.
Argentina y Dinamarca tuvieron el año pasado un intercambio de u$s 231M, con un saldo favorable a Argentina de u$s 79M, como resultado de exportaciones por 155 M e importaciones por 76M.
Estos datos implicaron un retroceso de las importaciones de 10 % en relación a 2014 y una suba de 3 % para las exportaciones.
En 2015, la participación de Dinamarca fue de 0,54% en las exportaciones totales de Argentina y de 0,26 % en las importaciones.
Unas 30 empresas danesas están instaladas en Argentina, comola gigante naviera Maersk y la alimentaria Arla Foods. (El Pregón Energético)

Última actualización en Jueves, 18 Agosto 2016 12:12

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Gils Carbo dictamino a favor de confirmar la sentencia que freno el aumento en la tarifa de gas

Gils Carbó dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó el aumento en la tarifa de gas

Ayer, en el dictamen, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó consideró que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores y dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó los aumentos en las tarifas del gas.Gils-Carbó
El dictamen (web fiscales.gob.ar) señala que, si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas.
Gils Carbó consideró que "corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había declarado la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ordenó que el marco tarifario correspondiente al servicio de gas se retrotrajera a las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de esas medidas".
La Procuradora señaló que el tribunal platense había interpretado “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Recordó que “si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores". En tal sentido, señaló que "una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.
La Procuradora General puntualizó además que la Ley 24.076 de Gas Natural dispone “expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria”, y agregó que el mismo mecanismo prevé el decreto 1738/92 —reglamentario del régimen de gas—.
Destacó que “estas disposiciones que integran el régimen de gas natural, en el que se inscribe el requisito de audiencia pública previa, fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.
Derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores
La titular del MPF (Ministerio Público Fiscal) recordó que “el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, otorgó máxima jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores como así también a la protección de sus intereses económicos, que, en el ámbito del servicio de gas, están implementados por la ley 24.076 y sus disposiciones reglamentarias”.
Relevancia de la audiencia pública
Frente a esto, destacó la relevancia de la audiencia pública previa como “una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos”.
Respecto de la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes "lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil" para proteger "el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios".
Cuadro tarifario
En su recurso contra el fallo de la Cámara de La Plata el Estado Nacional alegó que la resolución 28/16 regula el precio del gas y, situación regida por la ley 17.319 (de Hidrocarburos), que no contempla un mecanismo de participación ciudadana.
La Procuradora indicó que el cuadro tarifario que surge de las resoluciones anuladas es el resultado del incremento conjunto de los tres componentes de las tarifas del gas: el precio en el ingreso en el sistema de Transporte (PIST), la tarifa de transporte y la de distribución (art. 37, ley 24.076).
“La resolución 28/16 no sólo tuvo por objeto la fijación de nuevos precios de gas natural en PIST, sino que incluyó medidas para determinar bonificaciones por ahorro de energía, tarifas diferenciales por zona geográfica y la llamada tarifa social”, destacó la jefe de los fiscales.
Gils Carbó consideró “particularmente importante” la “incidencia” del precio en PIST, porque “representa en la actualidad más del 70 % de la tarifa del gas”.
Resolución 28/2016
Puso de relieve que “la resolución 28/2016 no sólo tuvo por objeto la fijación de nuevos precios de gas natural en PIST, sino que incluyó medidas para determinar bonificaciones por ahorro de energía, tarifas diferenciales por zona geográfica y la llamada tarifa social”.
En ese contexto, Gils Carbó resaltó que “resulta determinante apreciar que el precio del gas en PIST representa, en la actualidad, más del setenta por ciento (70%) de la tarifa de gas, tal como señala el Estado Nacional en su recurso extraordinario", y que "la incidencia de ese componente en la tarifa es particularmente importante en este caso en atención a la magnitud de la totalidad del
“Tales aspectos demuestran que la postura del Estado Nacional —orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST— implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”, concluyó.
Amparos y acciones judiciales
La Procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas.
Esta situación “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo cual comprende alimentación y vivienda adecuada, así como la protección del derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita.
En este sentido, agregó que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”. (El Pregón Energético)

Última actualización en Jueves, 18 Agosto 2016 12:14

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El oleoducto clandestino que complica a YPF e incomoda al Gobierno

El oleoducto clandestino que complica a YPF e incomoda al Gobierno

La petrolera estatal montó un oleoducto sin tener la autorización ambiental. Por eso la intimaron y podría recibir sanciones. Dudas en el Gobierno por la demora en los expedientes relacionados con el tema y la falta de control.
La petrolera estatal YPF construyó un oleoducto de más de 25 kilómetros para transportar el petróleo de un yacimiento con el objetivo de optimizar sus recursos. Pero hay un problema: la obra nunca estuvo autorizada por la autoridad ambiental, como obliga la ley, y, por lo tanto, no se controló. El oleoducto "clandestino" está en Malargüe y tiene como objetivo transportar el petróleo desde los pozos del yacimiento Cañadón Amarillo hasta el colector del yacimiento Chihuido de la Salina. El caño está enterrado a un poco más de 1 metro de profundidad y cruza varios causes temporarios de agua, con influencia sobre el Río Colorado. El ducto transporta un volumen de 46 m3 (46 mil litros) de petróleo por hora.
La historia comenzó en 2013. YPF presentó el estudio de impacto ambiental para el Aviso de Proyecto y, como indica la norma, se realizaron dictámenes sectoriales con recomendaciones de varias instituciones. Pero la Dirección de Protección Ambiental nunca autorizó oficialmente la obra.
Sin embargo se ejecutó, a pesar de que dentro del expediente hay varias recomendaciones que la empresa debía tener en cuenta antes. En mayo de este año en una inspección de rutina se descubrió que el oleoducto estaba construido y en operación. Por eso YPF fue intimada y podría recibir una sanción. Ante la consulta de MDZ, desde la empresa dijeron que por ahora no opinarían al respecto.
"Durante un recorrido por el yacimiento Cañadón Amarillo, el personal de la Dirección se dirigió a las inmediaciones de la Batería 1...observando un oleoducto de 6 pulgadas que se encuentra montado y en etapa de operación...Ante la búsqueda de antecedentes en esta Delegación de que autorice la realización del mismo, no se encontró documentación que avale la realización de esta obra", dice el informe técnico realizado luego de la inspección.
En el medio aparecen varias irregularidades, pues la petrolera ejecutó una obra de gran magnitud, que implicó el montaje y soterrado de más de 25 kilómetros de caños en varios tramos, sin que nadie se haya alertado. Y el expediente para conseguir el permiso ambiental estuvo detenido por años: el proceso se inició en 2013, pasó por varias oficinas y quedó parado. El plan de obras establecía que el oleoducto quedaría operativo a fines de ese año. Sin embargo en 2014 el expediente seguía sin definición mientras probablemente la obra se ejecutaba.
Oficialmente nadie sabe desde cuándo la empresa opera el oleoducto sin autorización y por eso esperan el descargo. "Estamos esperando que la empresa presente el descargo. La obra tenía dictámenes favorables. Lo único que faltaba era la resolución. Desconozco los motivos por lo que no salió. La empresa no podría haber construido la obra. Hay un incumplimiento de la legislación ambiental. En relación a los descargos que presenten se analizará. No ha habido daño ambiental y eso es lo más importante", dijo Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental.
La funcionaria conoce el tema en detalle porque si bien conduce el área desde enero, el expediente pasó por sus manos cuando era jefa técnica de la DPA. Incluso la última actuación que figura lleva su firma: en agosto del 2014 firmó el pase al área de Petróleo. "La obra está bien hecha, acorde a la presentación que habían realizado, con las especificaciones que se hicieron desde Petróleo y desde la Universidad. Incumplieron con el hecho de haber esperado la resolución. No lo deben hacer. No existe ningún tipo de autorización verbal sin la resolución que avale. Es un tema delicado, , ahí son millones de dólares en equipos que están parados", dijo la titular de la DPA.
La aparición del oleoducto genera una preocupación más allá de esa obra puntual: qué pasa con el control de la actividad petrolera, una de las más riesgosas para el ambiente, y si puede haber más actividad clandestina. "No puedo asegurar que no haya, pero en estos siete meses no hemos encontrado nada, además de este oleoducto. Salimos al campo y se hacen controles", aseguró Skalany.
En el propio Gobierno reconocen una cosa: hubo en los últimos años mucha demora en resolver los expedientes y las autorizaciones y ese puede ser un "atenuante" para YPF.
Aunque a grandes rasgos no aparecían objeciones fuertes a la obra y los dictámenes son favorables, sí hay recomendaciones que quedaron marginadas. Entre otras cosas, por ejemplo, la propia DPA había sugerido cambiar la ubicación de algunos tramos del oleoducto para alejarlo de cauces importantes.
El Departamento General de Irrigación también había firmado un dictamen favorable, pero con algunas salvedades: habían pedido ser informados cuando se realizaran las pruebas de seguridad. Pero ese trámite nunca se cumplió y el oleoducto se construyó sin informar al DGI.
La situación política con YPF es especial. En el Gobierno aseguran que buscan mejorar el rigor en los controles, tanto ambientales como contractuales. Pero a la vez quieren "cuidar" a la única petrolera que hoy invierte en la provincia. Por eso la sanción hacia la empresa no es una "buena noticia" para el Ejecutivo.
La intimación fue realizada en julio y la empresa, según figura en los registros, tomó conocimiento y se llevó una copia del expediente. Ahora debe presentar los descargos. (MDzol, Mendoza)

Última actualización en Jueves, 18 Agosto 2016 12:12

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