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CADER advierte fuerte impacto del “Impuesto al Viento” sobre las inversiones de energias renovables

CADER advierte fuerte impacto del “Impuesto al Viento” sobre las inversiones de energías renovables

(Comunicado) Buenos Aires, Argentina, 21 de enero de 2021 - La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) alerta que la tasa municipal que pretende imponer Puerto Madryn genera graves perjuicios económicos sobre los proyectos que fueron construidos en la zona.
Se hace referencia a la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Delibenergio-eolicaerante de Puerto Madryn, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar millonarias sumas de dinero que no fueron previstas en sus propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.
Para tomar dimensión de su impacto, CADER estima que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar u$s 20 M.
CADER, cómo cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del “impuesto al viento”.
Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de CADER, aseguró que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.
Los generadores renovables se encuentran amparados en la Ley 27.191, normativa que prevé la posibilidad de trasladar al precio de venta de energía cualquier impuesto, tasa o gravamen- sea nacional, provincial o municipal – que se incorpore a posteriori de la firma del contrato PPA, lo que terminaría impactando sobre toda la demanda de energía eléctrica nacional.
“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó.
La situación preocupa a CADER y sus empresas miembros dado que, de prosperar, la provincia de Chubut avanzaría en una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados.
Desde el punto de vista jurídico, Alfonsín agrega que el “impuesto al viento” carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn.
Ante esta situación, CADER reclama la colaboración del Gobierno Nacional: “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.
Y dada la gravedad del tema, Alfonsín mencionó que “CADER se encuentra estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”.
Acentuando su posición, el Director Ejecutivo de CADER comparó que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia”.
Incluso advirtió que “por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.
Siguiendo la idea afirma que “estas imposiciones fiscales no hacen más que atentar con el cumplimiento de la Ley 27.191, aquella que obliga a alcanzar un 20% de energías limpias en la matriz eléctrica de generación hacia 2025”.
En síntesis, la Comisión Directiva de CADER ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país. (El Pregón Energético)

Última actualización en Viernes, 22 Enero 2021 12:30

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Empiezan a actualizarse tarifas y se suma presion a inflacion desde marzo


Empiezan a actualizarse tarifas y se suma presión a inflación desde marzo

Analistas señalaron que el impacto en los precios dependerá de cuánto sea el aumento, aunque destacaron que no se espera un "golpe inflacionario".
Mediante dos resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Gobierno inició ayer el proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica. Se estima que comenzará a regir a partir de mediados de marzo y será de “transición” hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral. La actualización, que se pospuso en distintas oportunidades a lo largo del último año y medio, supondrá una presión extra para una inflación en alza.
“El miércoles se conoció el dato de balance fiscal del 2020 y vimos que los subsidios económicos superaron los 2,5 puntos del PBI: es decir, un punto más que 2019. Por tanto, ese ritmo de crecimiento en subsidios obliga a realizar algún tipo de ajuste en esta materia. Claramente, este crecimiento se vio propiciado por la necesidad de evitar un ajuste de tarifas en un año (2020) de pérdidas de ingresos y empleo, que hubiese golpeado mucho más a las familias”, analizó a Ámbito Santiago Manoukian, de Ecolatina, quien agregó: “El Gobierno está en un gran dilema este año: elegir entre un mayor rojo fiscal financiado con emisión o aplicar correcciones a las tarifas de servicios públicos, con un impacto en la inflación de los hogares. Una inflación que ya viene en la zona del 3,5%/4% y que esperamos que se mantenga en ese nivel en el primer trimestre”.
“La inflación ya viene con una inercia que es preocupante. En nuestro relevamiento de precios semanales, detectamos que la inflación de alimentos se está acelerando y ya tiene un piso de 4%. En este contexto, descongelar tarifas va a ejercer presión sobre los precios. El hecho de que sea una ‘adecuación transitoria’, entiendo que tiene más implicancia sobre la progresividad de los aumentos. Pero inevitablemente se debe avanzar con el descongelamiento y eso ejerce algún tipo de presión en los precios. Es un poco preocupante el tema, considerando que los últimos meses del año pasado ya tuvieron registros mensuales superiores al 3%, a pesar de tener muchos precios regulados”, sostuvo por su parte Julia Segoviano, economista de la firma LCG, quien remarcó que resta esperar de cuánto serán los aumentos, “si son significativos o si en cambio se hace un descongelamiento más lento”.
Para Jorge Neyro, de ACM, un incremento moderado en las tarifas no propiciará un fuerte salto en los datos de inflación: “Suponiendo un aumento del 10%, que es lo que se estima que podría aprobarse, en el corto plazo podría sumar 1% más de inflación entre marzo y abril, contando los efectos de segunda vuelta. Se va a notar, pero no va a ser un golpe inflacionario muy grande. Por otra parte, hay que ver cuándo son los próximos aumentos, si se posponen para después de las elecciones o cómo va a ser el cronograma. Pero comparado con un aumento de un solo momento de 30%, que sería la inflación prevista en el presupuesto, el impacto es mucho menor al hacerse escalonado y el efecto es menos disruptivo”.
“Vemos una inflación cerrando en torno al 45% en 2021, asumiendo que no hay un salto cambiario, que la brecha sigue alta y que hay un ajuste de tarifas que permite no expandir el gasto en subsidios este año. Hay incertidumbre de si el Gobierno va a mantener el objetivo de hacer crecer los subsidios en líneas con la inflación, que es lo que estaba en el presupuesto. Si el Gobierno decide ir por un ajuste tarifario menor a lo que decía el presupuesto, los impactos inflacionarios serían menores en el corto plazo”, concluyó Manoukian. (Ámbito Financiero, Buenos Aires)

Última actualización en Viernes, 22 Enero 2021 12:29

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MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARiA DE ENERGiA Resolucion 40/2021

MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ENERGÍA
… Resolución 40/2021
RESOL-2021-40-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 21/01/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-1782625-APN-SE#MEC, el Artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL diversas facultades en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que el Artículo 5° de la referida ley facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros. 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020, invitando a las provincias a adherirse a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales.
Que por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que en paralelo con la emergencia tarifaria, la irrupción de la pandemia requirió la adopción de medidas inmediatas, dando lugar al dictado del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 por el que se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325 de fecha 31 de marzo de 2020, 355 de fecha 11 de abril de 2020, 408 de fecha 26 de abril de 2020, 459 de fecha 10 de mayo de 2020 y 493 de fecha 24 de mayo de 2020, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520 de fecha 7 de junio de 2020, 576 de fecha 29 de junio de 2020, 605 de fecha 18 de julio de 2020, 641 de fecha 2 de agosto de 2020, 677 de fecha 16 de agosto de 2020, 714 de fecha 30 de agosto de 2020, 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, 792 de fecha 11 de octubre de 2020, 814 de fecha 25 de octubre de 2020, 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, 956 de fecha 29 de noviembre de 2020 y 1.033 de fecha 20 de diciembre de 2020, se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 31 de enero de 2021, inclusive.
Que mediante el Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020 se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.
Que ante las circunstancias mencionadas, el Decreto N° 543 de fecha 18 de junio de 2020 amplió el plazo establecido para la consecución de los objetivos establecidos en el Artículo 5º de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública por un lapso adicional de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del vencimiento del plazo original.
Que el Decreto N° 756 de fecha 20 de septiembre de 2020 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 todos los plazos del Decreto N° 311/20, y mediante su Artículo 1° sustituyó el primer párrafo del Artículo 1° de este último estableciendo que las empresas prestadoras de los servicios detallados, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios indicados en el Artículo 3° del mismo, en caso de mora o falta de pago de hasta SIETE (7) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020, quedando comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso.
Que la grave situación económica que está atravesando el país desde el año 2018 derivó en la sanción de la ley citada en el primer considerando de la presente medida, y se agudizó por los efectos de la pandemia mundial del COVID-19 resultando en la implementación de una batería de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional para asistir a diferentes sectores en este momento crítico.
Que en ese sentido, se torna imprescindible elaborar herramientas de políticas públicas desde el Gobierno Nacional que permitan asistir a los usuarios a efectos de morigerar el impacto negativo de la pandemia y sus consecuencias.
Que en dicho contexto, a partir del mes de marzo de 2020, se produjo un incremento de la morosidad de los pagos de la facturación emitida por el ORGANISMO ENCARGADO DE DESPACHO (OED) en su calidad de Administrador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) por parte de las Distribuidoras de Energía Eléctrica.
Que por su parte, el Artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 establece un régimen especial de regularizaciones de la obligaciones de pago de las Distribuidoras con el MEM, en las condiciones que establezca esta Secretaría en su calidad de Autoridad de Aplicación, que podrá contemplar el reconocimiento de créditos de hasta CINCO (5) veces la factura media mensual del último año o el SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%) de la deuda existente.
Que ante la crítica situación en que se ha desenvuelto el país durante el año 2020, resulta necesario establecer un procedimiento especial para la normalización de la cadena de pagos en el MEM evitando riesgos de desabastecimiento, acompañando la producción y el empleo, garantizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y redundando en una mejora de la calidad de vida por parte de los ciudadanos.
Que a través de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, se estableció el mecanismo por el cual se van a poder destinar los recursos tanto a los usuarios residenciales como a los comercios e industrias.
Que con el objeto de disminuir el impacto de la situación descripta precedentemente, el ESTADO NACIONAL ha realizado aportes del Fondo Unificado al Fondo de Estabilización para permitir saldar las acreencias de los Agentes del MEM en plazos y formas compatibles con el contexto actual.
Que el tratamiento que se debe adoptar con las distribuidoras con el objetivo de regularizar las obligaciones debe incorporar las particularidades de cada una de las empresas prestadores del servicio público de distribución eléctrica y su área de concesión, para otorgar una solución de sostenibilidad de la deuda a la vez que se garantice la calidad del servicio público de energía eléctrica.
Que adicionalmente, el citado Artículo 87 establece que la deuda remanente deberá ser regularizada mediante un plan de pagos con un plazo de hasta SESENTA (60) cuotas mensuales, hasta SEIS (6) meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la vigente en el MEM.
Que para la determinación por parte de esta Secretaría de las condiciones a instrumentar en cada caso, el mencionado Artículo 87 establece que deberán tenerse en cuenta criterios diferenciados, para lo cual se deberá considerar el origen y trayectoria de la deuda de cada una de las Distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público.
Que el referido Artículo 87 establece que se podrán acordar e instrumentar diferentes mecanismos que promuevan la ejecución de inversiones para lograr la mejora de la calidad del servicio o propender una reducción de las deudas de los usuarios en situación de vulnerabilidad económica.
Que en consecuencia, corresponde generar instrumentos regulatorios que promuevan la normalización del pago de las deudas que mantienen, en la particular situación descripta, las prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica en el MEM, contemplando los criterios expuestos en el citado Artículo 87.
Que resulta adecuado establecer las condiciones necesarias para el reconocimiento de los créditos a favor de las Distribuidoras del MEM que celebren planes de pago para regularizar su deuda, de acuerdo con lo establecido en el mencionado Artículo 87.
Que el Poder Concedente de cada Agente Distribuidor debe contemplar los recursos necesarios para afrontar los pagos de energía eléctrica, la potencia y los demás cargos del MEM en tiempo y forma, sin perjudicar la cadena de pagos y actuando como garante del cumplimiento del plan de pagos que se acuerde y/o de la aplicación de los créditos que se liquiden debiendo, en la solicitud a esta Secretaría, incorporar un Plan de Trabajo detallado a tales efectos.
Que los acuerdos a suscribirse deberán contar con garantías suficientes de su cumplimiento como así también, con el respaldo del Poder Concedente del Servicio Público que presta el Agente Distribuidor.
Que en virtud de que los beneficios instrumentados por la presente medida tienen como objetivo propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020, aquellos no pueden redundar en un beneficio adicional para las distribuidoras, por lo que para acceder a los beneficios que la norma otorga, deberán renunciar a toda acción y/o reclamo judicial y/o extrajudicial con relación a la aplicación del Decreto N° 311/20 y sus modificatorios y al mantenimiento tarifario previsto en el marco de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública; debiendo contemplar, para los usuarios comprendidos en el marco del referido decreto, beneficios similares a los que se reconoce por la presente medida.
Que el Artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, facultó a esta Secretaría para que, con los mismos criterios diferenciadores que prevé ese artículo, determine, aplique y reconozca en el presente ejercicio, el crédito que pudiera ser reconocido por aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017.
Que a los efectos de dicho reconocimiento, resulta necesario precisar su alcance, debiendo circunscribirlo al monto de las inversiones comprometidas por el ESTADO NACIONAL a favor de esas jurisdicciones en el marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo en la REPÚBLICA ARGENTINA, que se encuentren pendientes de ejecución.
Que mediante la Nota N° B-153603-1 de fecha 6 de enero de 2021, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) ha presentado un informe circunstanciado sobre el estado de las deudas y/o créditos que tienen los Distribuidores de Energía Eléctrica con el MEM, al 30 de septiembre de 2020.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley N° 15.336, los Artículos 35, 36 y 85 de la Ley N° 24.065 y el Artículo 87 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las deudas mantenidas con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y/o con el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM, ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 2020, el que como Anexo I (IF-2021-05141579-APN-SSCIE#MEC) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese el “Régimen Especial de Créditos” para aquellas Distribuidoras de Energía Eléctrica que siendo agentes del MEM no registren deuda con CAMMESA y/o con el MEM o sean consideradas dentro de valores razonables en relación a su nivel de transacciones al 30 de septiembre de 2020, el que como Anexo II (IF-2021-05141707-APN-SSCIE#MEC) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” y/o el “Régimen Especial de Créditos” se instrumentarán a través de la suscripción de Actas Acuerdo particulares que se celebrarán entre las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM y su Poder Concedente y/o Ente de Control y esta Secretaría. En dicha Acta Acuerdo se establecerá el tratamiento de la totalidad de la deuda comprendida y las obligaciones a las que quedará sujeta la Distribuidora. Las Acta Acuerdo incluirán compromisos en materia de eficiencia energética, tecnología aplicada a la prestación del servicio y/o inclusión de herramientas de focalización de subsidios o estructuración tarifaria en función de las características socioeconómicas de los usuarios.
Cada Acta Acuerdo será notificada a CAMMESA, con el objetivo de que se realicen las gestiones y/o ajustes que correspondan en las Transacciones Económicas con relación a las deudas que hayan sido adheridas al régimen y los créditos que por la presente se reconozcan, debiendo en caso de corresponder excluir las mismas de todo reclamo judicial o extrajudicial.
ARTÍCULO 4°.- Las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM interesadas en adherir al “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” o al “Régimen Especial de Créditos” deberán solicitar y presentar el Formulario Modelo según se detalla en el Anexo III (IF-2021-04950790-APN-SSCIE#MEC), que forma parte integrante de la presente resolución. Dicho formulario deberá ser presentado en carácter de Declaración Jurada a la SECRETARÍA DE ENERGÍA y a CAMMESA en el plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente medida, a los efectos de encuadrar sus respectivas peticiones de adhesión al régimen correspondiente.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a CAMMESA a llevar a cabo todos los actos necesarios para recibir y procesar la información y la documentación requeridos en el artículo 4° de la presente medida, elevando a esta Secretaría, en base a los parámetros establecidos, un informe técnico circunstanciado de la situación de cada Distribuidora y que contenga una propuesta de acuerdo según el Artículo 3° de la presente resolución.
A tales efectos deberá realizar todas las comunicaciones y requerimientos adicionales que estime pertinente ante los Agentes Distribuidores de Energía Eléctrica y/o Entes Reguladores provinciales a los fines de dar cumplimiento a la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Para los casos en que no se resuelvan las regularizaciones de los saldos deudores antes del 31 de marzo de 2021, CAMMESA, en cumplimiento de las atribuciones que le son propias, y de lo preceptuado en la presente resolución, deberá iniciar o continuar las acciones administrativas o judiciales y todas aquellas medidas operativas y legales necesarias y/o convenientes cuyo objetivo sea el resguardo de la integridad y regularidad de la cadena de pagos y cobrabilidad en el MEM.
ARTÍCULO 7°.- Las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM, como condición para la entrada en vigencia de las Actas Acuerdo que instrumenten el “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” aprobado por la presente medida, deberán replicar los mismos términos que acuerden en dicho régimen a las deudas que las Cooperativas de Distribución de Energía Eléctrica no agentes del MEM, que presten servicios en su área de concesión, mantengan con ellas.
Asimismo, en los casos en que dichas cooperativas no mantengan deuda con las Distribuidoras o las mismas sean consideradas dentro de valores razonables en relación a su nivel de transacciones al 30 de septiembre de 2020, se deberá celebrar un acuerdo en términos similares al “Régimen Especial de Créditos” entre la Distribuidora y la Cooperativa no agente del MEM.
En las Actas Acuerdo que se celebren conforme el Artículo 3° de la presente medida, se incluirán los términos y condiciones en relación a las situaciones particulares detalladas en el presente artículo.
ARTÍCULO 8°.- La SECRETARÍA DE ENERGÍA y/o el Poder Concedente y/o el Ente de Control de cada jurisdicción podrán auditar a las Distribuidoras con relación al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- Los gastos que demande la implementación de la presente resolución serán afrontados con recursos aportados por el Fondo Unificado al Fondo de Estabilización que administra CAMMESA, dejándose sin efecto el FONDO TRANSITORIO DE RECOMPOSICIÓN DE COBRANZAS (FTRC) creado por la Resolución N° 124 de fecha 11 de octubre de 2002 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 10.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 22/01/2021 N° 2891/21 v. 22/01/2021
Fecha de publicación 22/01/2021. (Boletín Oficial)

Última actualización en Viernes, 22 Enero 2021 12:28

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Proceso de adecuacion tarifaria del servicio de energía eléctrica

Proceso de adecuación tarifaria del servicio de energía eléctrica

(Telam) El ENRE convocó a las concesionarias al proceso de adecuación tarifaria del servicio de energía eléctrica, cuyo objetivo es establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación. Las resoluciones del ENRE apuntan al establecimiento de una tarifa de transición, para lo cual se realizarán audiencias públicas con la participación de usuarios, empresas transportadoras y distribuidoras de la energía eléctrica.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio inicio al procedimiento de adecuación tarifaria transitoria de los servicios de distribución y transporte eléctrico bajo su control, por medio de las Resoluciones ENRE Nº 16/2021 y Nº 17/2021, hasta tanto se alcance un acuerdo definitivo en la renegociación con las prestatarias de servicio de distribución y transporte.
Para ello, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 1020/2020, el organismo convocó a intervenir en el proceso a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del AMBA, EDENOR y EDESUR, y las transportistas de electricidad TRANSENER, TRANSNOA, TRANSNEA, TRANSBA, TRANSPA, TRANSCOMAHUE y DISTROCUYO.
Asimismo, el Ente garantizará las correspondientes instancias de participación ciudadana y comunicación fehaciente, tanto a las personas usuarias en general como a las entidades que las nuclean, con el objetivo de garantizar la publicidad y transparencia del proceso, como así también el derecho de acceso a la información e implementar tarifas justas, razonables y asequibles en los términos de lo establecido por las Leyes Nº 24.065 y 24.076.
De acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, las adecuaciones tarifarias transitorias deberán orientarse a garantizar la continuidad y accesibilidad de la prestación del servicio público “en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento”, por lo que deberán constituir “una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias”.
Esquema, sin fecha aún de comunicación a las empresas
En la primera resolución, se convocó a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del proceso. Según pudo averiguar Ámbito, las empresas aún no fueron notificadas con la fecha en la que se llevará a cabo dicha audiencia.
En la segunda resolución, las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). (El Pregón Energético)

Última actualización en Viernes, 22 Enero 2021 12:28

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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Resolucion Sintetizada 15/2021

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

… Resolución Sintetizada 15/2021
Resolución N° RESOL-2021-15-APN-ENRE#MEC
ACTA N° 1647
Expediente N° EX-2019-60162169-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 19 de ENERO de 2021
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Aprobar la nueva metodología para la acreditación y distribución de las sanciones destinadas al conjunto de los Usuarios Activos y la modalidad de acreditación de las sanciones en la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables, así como también el modo en que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) deben producir y remitir al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) dicha información, conforme lo establecido en el Anexo I (IF-2021-04689322-APN-SD#ENRE) que integra esta medida. 2.- Disponer que el SETENTA POR CIENTO (70 %) del saldo de la cuenta a que hace referencia el Anexo I de la Resolución ENRE N° 42 de fecha 2 de junio de 2020 se destine a los Usuarios Activos –según Anexo IA del presente acto-, y que el TREINTA POR CIENTO (30 %) de dicha cuenta se destine a brindar una solución a grupos vulnerables de Usuarios y Usuarias que incluso se encuentran especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica resultante del contexto actual -según Anexo IB del presente acto-. 4.- Disponer que toda sanción que imponga el ENRE, cuyo destino sea la cuenta correspondiente al ANEXO I de la Resolución ENRE N° 42/2020, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán asignar los fondos que correspondan en las cuentas a que se hace referencia en los Anexos IA y IB del presente y en los porcentajes indicados en el artículo precedente. 4.- Aprobar la reglamentación de la metodología para la acreditación de las penalidades destinadas a los Usuarios Dados de Baja, así como también el modo en que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deben producir y remitir al ENRE dicha información, conforme lo establecido en el Anexo II (IF-2021-04691698-APNSD#ENRE) que integra esta medida. 5.- A los efectos de la presente resolución, se considerarán Usuarios Activos a todas aquellas Personas Usuarias de los servicios prestados por las distribuidoras al momento de acreditarse las bonificaciones y, a aquellas que no revistan tal carácter al momento de la acreditación de las penalidades, se los considerará como Usuarios Dados de Baja. 6.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán abrir, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente resolución, sendas cuentas de Caja de Ahorro en pesos en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, debiendo dichas cuentas ser utilizadas exclusivamente a los fines de depositar los importes correspondientes destinados a la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables. 7.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos de notificadas de la presente, informar al ENRE los números de las cuentas abiertas de conformidad con lo establecido en el artículo precedente. 8.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán transferir a las cuentas a las que se refiere el artículo 6° de este acto, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente resolución, el TREINTA POR CIENTO (30 %) del saldo de la cuenta correspondiente al Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020. 9.- Previo a dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1.2 del Anexo IA del presente acto, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán proceder conforme con lo instruido en el artículo precedente. 10.- A los fines de la correcta identificación de las cuentas bancarias, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, cada vez que se haga referencia a la cuenta oportunamente abierta en virtud del Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020 deberá mencionarse como “Resolución ENRE ***/2021-Anexo IA” y la cuenta abierta en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la de la Resolución ENRE N° 42/2020 (destinada a Usuarios Dados de Baja), deberá mencionarse como “Resolución ENRE ***/2021-Anexo II”. 11.- Derogar la Resolución ENRE N° 42/2020. 12.- Delegar en el Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR) del ENRE, la facultad para reglamentar los pormenores que se presenten en la ejecución de este acto y para establecer adecuaciones de las futuras necesidades de remisión de la información en cuanto a su contenido, tipo y modalidad de intercambio. 13.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. y hágase saber que la presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican: a) por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también; b) En forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y; c) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales. 14.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manin -.
Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 22/01/2021 N° 2833/21 v. 22/01/2021 (Boletín Oficial)

Última actualización en Viernes, 22 Enero 2021 12:27

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