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San Juan, la primera en cumplir con la ley nacional de glaciares

San Juan, la primera en cumplir con la ley nacional de glaciares

San Juan. La provincia entregará entre noviembre y diciembre el informe preliminar al IANIGLA, con la participación de dos institutos de investigación de la UNSJ. De su resultado se desprende que no hay impacto minero en los cuerpos congelados. Por Daniel Tejada
Contra el pronóstico del ambientalismo antiminero extremo, la provincia de San Juan marcha a la cabeza del cumplimiento de la Ley de Glaciares 26.639. Entre noviembre y diciembre, se presentará ante el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) el inventario de cuerpos congelados de la cordillera sanjuanina, como informe preliminar homologado y ajustado a los términos de la normativa nacional.
Así lo confirmaron a Tiempo de San Juan el secretario de Medio Ambiente, Raúl Tello, el director del Instituto de Geología (INGEO) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Silvio Peralta, y el director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH) de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Jorge Orellano.
Los científicos además coincidieron en señalar que no hubo hasta ahora impacto minero en los glaciares tanto de la cuenca del río San Juan como en la del río Jáchal. El dato ya se había anticipado en las presentaciones previas hechas por el INGEO a la provincia. Lo que cambia ahora es que el trabajo sumará el aval del IANIGLA, que es la autoridad establecida por el Congreso Nacional para llevar adelante el inventario en los términos del proyecto que impulsaron Daniel Filmus y Miguel Bonasso.
Tello encabezó una delegación sanjuanina -integrada también por Peralta y por Orellano- que viajó a Mendoza el miércoles 13 de agosto. Allí cruzaron información con el titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, y también con Gustavo Costa, el responsable del inventario nacional
En el encuentro se habló de adecuar el inventario sanjuanino a las pautas establecidas por Nación a través del manual del IANIGLA, según informó Peralta. La información de base no varía, el trabajo de campo no varía, pero hay que ajustar la terminología “para que todos hablemos el mismo idioma, sin importar la región”, explicó el científico. En este sentido, el informe sanjuanino “es el más avanzado”, ratificó.
El INGEO se ocupó de la cuenca del río San Juan, en tanto que el IDIH se hizo cargo de la cuenca del río Jáchal. “Tenemos conclusiones importantes”, advirtió Peralta. Pero ninguna sorpresa desagradable: “Las empresas mineras han salvaguardado los glaciares en la zona donde han trabajado”, apuntó.
Un diagnóstico similar adelantó el titular del IDIH. “El trabajo tiene tres etapas. Las dos primeras han sido terminadas. Se han entregado los informes al gobierno de la provincia. Nos falta ahora elegir en el verano un par de glaciares y realizar estudios más específicos”, explicó Orellano.
Entre los primeros candidatos para el monitoreo permanente se encuentra el glaciar de Agua Negra, que es accesible y en las fotografías satelitales ha mostrado una retracción importante, posiblemente por efecto del calentamiento global. Esta evolución se hizo visible en la comparación de imágenes correspondientes a un lapso de 15 años.
“El inventario en general ya fue entregado”, ratificó Orellano. A diferencia del INGEO, que comenzó a trabajar por instrucción de la provincia bajo los términos de la ley provincial de protección de glaciares (8.144), la tarea del IDIH empezó desde cero bajo el tutelaje del IANIGLA. Por esa razón la homologación de sus resultados resultará aún más sencilla.
“Nuestra relación ha sido directa y diaria. Hemos subido con la gente de IANIGLA a la cordillera. Se ha hecho un trabajo muy profundo y completo”, agregó Orellano.
Tello, que preside el Consejo Provincial de Protección de Glaciares, destacó que la propia norma provincial estableció plazos para el inventario. Los niveles I y II del estudio estarán finalizados “antes de fin de año, con el trabajo de ambos institutos de investigación de la UNSJ. Restará la homologación del IANIGLA que –coincidió el funcionario- podría obtenerse entre noviembre y diciembre.
El informe final se espera esté terminado el año que viene. Llegado el momento, se hará una presentación pública. Y será el momento para trazar la línea de largada del inventario y monitoreo permanente de los cuerpos congelados en la alta montaña.
“Nosotros decimos ‘acá hay glaciares’ y esta información pasará a Minería para determinar si hubiere o no incidencia (de la actividad humana)”, explicó Tello, respetuoso de la ley que establece que la autoridad ambiental dentro de las áreas mineras es la cartera que conduce Felipe Saavedra. Sin embargo, los científicos ya adelantaron que el impacto no existió.
CLAVES
1- La ley nacional 26.639 estableció que el IANIGLA es el responsable de coordinar el inventario nacional de glaciares. Su palabra será definitoria para aprobar la minería o cualquier otra actividad como el turismo o la obra pública, sin perjudicar de manera irreversible los cuerpos congelados en la alta montaña.
2- La ley provincial 8.144 encomendó un relevamiento de glaciares pero sus términos diferían de los establecidos por la ley nacional. Por eso se abrió una duda acerca de que el IANIGLA validara la investigación sanjuanina. Hubo acuerdo técnico y se ajustó la terminología. Habrá homologación.
3- La provincia objetó originalmente cierta terminología de la ley 26.639 como el “ambiente periglacial” cuya definición podría desencadenar la prohibición absoluta de toda actividad con el consecuente perjuicio económico. Ese fue el argumento del gobernador José Luis Gioja y sus legisladores en el Congreso Nacional en 2010.
4- AOMA, Cámara Minera de San Juan, CGT San Juan, Casemi y Cámara Argentina de la Construcción interpusieron una cautelar contra la ley “Bonasso-Filmus”. El juez federal Miguel Gálvez suspendió la aplicación de seis artículos de la norma en esta provincia el 2 de noviembre de 2010.
5- El 8 de noviembre de 2010 dos nuevos fallos frenaron la aplicación de los mismos seis artículos de la ley nacional de glaciares. El juez federal Miguel Ángel Gálvez dispuso la suspensión de esa normativa para los proyectos mineros Veladero y Pascua Lama.
6- La provincia se hizo parte de esta pulseada judicial a través de Fiscalía de Estado. Por estar involucrado el Estado Provincial, el asunto pasó inmediatamente al ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 8 de junio de 2011 el máximo tribunal aceptó su jurisdicción.
7- El 3 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la ley de glaciares en San Juan. Dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia Federal sanjuanina que habían sido solicitadas por empresas mineras, entre ellas Barrick.
8- El efecto inmediato fue la obligación de realizar el inventario de glaciares en los términos impuestos por la ley 26.639. Entre otros aspectos, las cautelares se referían a la realización de un inventario (artículo 5) y a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares (artículo 6).
Dos leyes confrontadas
La pulseada en torno de los glaciares y su convivencia con la actividad minera se plasmó en dos leyes: una provincial y otra nacional, que pusieron a San Juan al frente de la resistencia de un proyecto que, motorizado por el entonces senador Daniel Filmus y el entonces diputado Miguel Bonasso, amenazaba con el cese inmediato de los proyectos metalíferos en la alta montaña, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.
El 14 de julio de 2010 la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la ley 8.144 como “Ley Provincial de Protección de Glaciares”. Fue antes de la sanción de la ley nacional que reguló sobre el mismo tema. Hubo una colisión de intereses.
Efectivamente, el 30 de septiembre del mismo año el Congreso Nacional sancionó la ley 26.639, titulada “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Fue promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010.
La provincia de San Juan, vía Fiscalía de Estado, argumentó que el Congreso Nacional se extralimitó con la ley de glaciares y violó el artículo 124 de la Constitución Nacional que le reconoce a las provincias “el dominio originario de sus recursos naturales”.
Según la provincia, más que “presupuestos mínimos”, el Congreso Nacional dictó una ley reglamentarista que invadió atribuciones que no le pertenecen.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. Este texto es uno de los puntales del argumento sanjuanino ante la Corte.
En tanto que el artículo 124 de la Constitución Nacional remata su redacción con la frase: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. (Tiempo de San Juan, San Juan, 06/09/14)

Última actualización en Lunes, 08 Septiembre 2014 13:21

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Mendoza y la Mineria

Mendoza y la Minería

La minería contaminante divide a los políticos
Mendoza. La brutal ofensiva desatada para modificar la ley de minería, que cuida el agua y los recursos naturales de Mendoza, hace coincidir a sectores que habitualmente están en las antípodas y a la vez pone en veredas opuestas a compañeros y correligionarios. El negocio es brutal, por razones que se han esgrimido vastamente en estas páginas. Registra una ganancia insospechada, que ha transformado la renta minera en una de las más importantes del país, junto a la sojera y a la financiera, en esencia porque no encuentra el más mínimo control estatal, sus beneficios fiscales son altísimos y la carga tributaria es inexistente comparada con la de las actividades productivas que a duras penas sobreviven en la provincia.
Uno de los abanderados de la ofensiva pro derogación es el propio gobernador Francisco Pérez. Puntero de lo que eufemísticamente llaman "debatir el tema" fue Alejandro Abraham, hoy diputado nacional, y más de la mitad del gabinete está a favor de autorizar los proyectos presentados. Algunos de ellos han emprendido misiones comerciales que directamente trataron con mineras extranjeras. Mientras, por la defensa de la ley estaría principalmente el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde.
Por el lado de la UCR, los principales defensores de la 7722 son Julio Cobos y la diputada Laura Montero, y los de las zonas productivas se encolumnan detrás de ellos. Pero son varios los que han abierto la puerta, bajo el escudo de "tratar caso por caso y debatir puntualmente", para meterle mano a una ley que fue fruto del consenso de todos los mendocinos. Alfredo Cornejo, quien parece liderar la carrera para la gobernación, se ha mostrado partidario de discutirla, con lo cual no se lo puede situar entre los defensores acérrimos del agua.
Uno de los temas que se mencionan bajo cuerda es que se habría encargado una encuesta departamento por departamento para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el tema, porque en épocas donde se definen candidaturas nadie quiere decirle a la gente aquello que no quiera oír.
Próximamente se deberá votar por las declaraciones de impacto ambiental de tres proyectos, y ahí se podrá ver claramente quién es quién, y si el gobernador logra disciplinar a su tropa. Entre las razones que esgrimen a favor de un proyecto, que usa químicos como cianuro, es que ese tratamiento se haría en San Juan y no en Mendoza, como si las napas subterráneas y la cordillera no fueran un solo sistema, o si destruir glaciares en la vecina provincia no nos afectara.
Los más arriesgados sugieren que los intereses cruzados son muchos, y la vinculación de algunos políticos con "empresas de servicios a la minería" es muy fuerte y arraigada. Habría unos cuantos detrás del negocio y, en ese caso, la conciencia ciudadana para la defensa de los recursos hídricos y ambientales se volverá más crucial que nunca. Saber quién es quién en el tema será muy útil a la hora de elegir en el futuro. (Diario San Rafael, Mendoza, 08/09/14)


Dos proyectos mineros en la naciente del Atuel
o.- En la Legislatura de Mendoza ingresarán dos proyecos mineros en cercanias de la Laguna del Atuel. Es una reserva hídrica.
Las autoridades provinciales están decididas a avanzar en las propuestas mineras a pesar del fuerte rechazo que existe en Mendoza por parte de la población a estos emprendimientos. En varias ocasiones el pueblo se ha levantado diciendo "no a la Megaminería".
En las últimas horas tomó estado público que se bajarán dos proyectos desde el ejecutivo provincial a la legislatura para que analicen su tratamiento. Esta situación genera alerta en el sur de la provincia, ya que ambos se radican en Malargüe. Uno de ellos es especialmente conflictivo para los ambientalistas, debido a que se trata de una iniciativa que puede poner en riesgo la zona de Laguna del Atuel, un espacio que figura como Reserva Natural y de donde nace el río homónimo.
El miércoles próximo ingresarán a la cámara baja dos proyectos para explorar hierro y cobre en el sur. El primero se denomina "Hierro Indio" y es una propuesta de una empresa nacional de hierro, que busca reactivar un yacimiento trabajado hasta 1970 por Fabricaciones Militares.
El otro es el que aparece como más conflictivo, ya que "Cerro Amarillo" es una iniciativa para extraer cobre que se ubica a 60 kilómetros de Malargüe y sería trabajado por una firma de capitales argentinos y americanos, y según organizaciones ambientalistas es "inviable" ya que pone en riesgo un ambiente protegido como la Laguna del Atuel.
Según explica Federico Soria, "la Ley Nacional 26639 (conocida popularmente como Ley de Glaciares) prohíbe la minería en ambientes glaciares y periglaciares, por lo tanto los "proyectos" Santa Clara, Picos Bayos, Papagayos, Barroso, Universidad, Matancillas, Las Choicas, Elisa, Cerro Amarillo, Tango, Cajón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (13 de los 20 enunciados por la Cámara de Minería como prioritarios para Mendoza) no son viables por encontrarse en este tipo de ambientes".
Allí se encuentra la primera dificultad para que pueda avanzar este proyecto, pero no la única, ya que Soria advierte que "la Ley Provincial 6045 prohíbe la minería en todas sus etapas dentro de las Áreas Naturales Protegidas provinciales, ya que el objetivo de dicha norma es conservar los ambientes naturales que las conforman" y destaca que "los proyectos Universidad y Cerro Amarillo se encuentran dentro de la Reserva Natural Laguna del Atuel (Ley Provincial 8516)". (El Diario de la Pampa, 07/09/17)

 

Tras el polémico viaje a Macedonia, Pérez intenta reactivar la minería con San Jorge y dos proyecto más
El gobierno de Francisco Pérez ha tomado la decisión de avanzar en la concreción de tres proyectos de minería metalífera.
Esta sería la primera acción oficial concreta para impulsar esta actividad, paralizada desde que, durante la gestión de Celso Jaque se frenó, por la resistencia política y social, el proyecto minero San Jorge, en Las Heras, que pretendía extraer cobre y oro del suelo de Uspallata.
Ahora, la actual gestión tratará de impulsar dos proyectos nuevos ubicados en Malargüe: uno de ellos prevé la extracción de hierro a unos 60 kilómetros de la villa cabecera malargüina, a cargo de la empresa Hierro Indio SA, y el otro proyecto, bautizado Cerro Amarillo, a cargo de la firma canadiense Meryllion, buscará la presencia de cobre y posiblemente oro en una zona distante a 100 kilómetros del centro de Malargüe.
El tercer proyecto que la gestión de Pérez tiene en carpeta es volver a la carga con San Jorge, el plan que quedó trunco en agosto de 2011 por la resistencia que interpusieron los sectores que están en contra de la explotación de la minería metalífera. En ese momento fue el entonces candidato a gobernador por el PJ, Francisco Pérez, en plena campaña electoral, quien dio un volantazo inesperado y declaró el cese del proyecto minero San Jorge, por el cual la empresa canadiense Coro Mining planeaba extraer oro y cobre en Uspallata.
Zandomeni confirmó la decisión del Gobierno de avanzar sobre estos tres planes, aunque destacó que en todos los casos se trata de proyectos que requieren largas etapas de aprobaciones y papeleos. Aunque la principal prueba de fuego será la Legislatura, porque todos deberán pasar el cedazo de las comisiones legislativas para que puedan avanzar a instancias más concretas. Esto, en cumplimiento de la Ley 7.722, la famosa “ley antiminería” que se sancionó durante la gestión de Julio Cobos que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto.
En ambos casos lo que la Legislatura tiene que aprobar primero es el permiso de exploración y luego, en una segunda instancia, el de explotación. Lo que cambió a partir de la sanción de la Ley 7.722 es que antes las empresas no necesitaban la aprobación legislativa para explorar la zona.
Pero teniendo en cuenta que el proyecto Cerro Amarillo prevé la extracción de los mismos minerales que se querían sacar en Uspallata, es previsible que las organizaciones ambientalistas vuelvan a ponerse en pie de guerra cuando el Gobierno empiece a dar los primeros pasos.
Palabra de ministro
“Bueno, ahora sólo estamos queriendo explorar”, se atajó Zandomeni ante el planteo. “Ahora no tenemos que discutir porque sólo queremos explorar para ver si en el futuro, dentro de muchos años, se puede hacer algo. Las futuras generaciones determinarán qué quieren hacer con eso. Empecemos con lo que hoy podemos hacer. Tengo el pedido del gobernador de analizar todos los expedientes que entren sobre inversiones mineras, uno por uno, hay que analizarlos. Ahora tenemos estos tres, y por lo tanto tenemos que avanzar”, expresó el ministro”. “Me parece que en todo caso hay que propiciar el diálogo entre las partes. Hay que entender que hay que repensar Mendoza ante el 2040. No se puede dejar una riqueza bajo tierra cuando hay gente que no come”. Reimpulsar proyectos mineros implica soplar el avispero de un tema ríspido en Mendoza. Conciente de esa sensibilidad, Zandomeni subraya que “en ningún caso se intentarán realizar modificaciones sobre la ley que rige la actividad. Todo lo que se haga será bajo los parámetros de la actual legislación”, remarcó. (Diario Uno, Mendoza, 07/09/14)

Nueva embestida para reactivar la mina de uranio
A unos días de decidirse el traslado de la planta de procesamiento, ya se nota el lobby de la CNEA y la Cámara de Empresarios Mineros para tratar de reabrir Sierra Pintada, rechazada por la sociedad debido a sus antecedentes y la no remediación de los residuos contaminantes.
Hace apenas un par de días, la provincia de Formosa dio autorización ambiental a la empresa Dioxitek para operar en ese territorio. Los reclamos de los formoseños no pudieron impedir la propuesta del Gobierno que encabeza Gildo Insfrán, y la planta de dióxido de uranio está en condiciones de abandonar Córdoba y empezar a operar en el límite con Paraguay.
La decisión significa una nueva ofensiva contra los intereses sanrafaelinos, puesto que para proveer a la planta formoseña se piensa en el uranio de Sierra Pintada, que quiere ser reactivado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. (Diario San Rafael, Mendoza, 06/09/14)

Última actualización en Lunes, 08 Septiembre 2014 13:15

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La falta de la logistica posterga el crecimiento

La falta de la logística posterga el crecimiento

Salta. Con un acto oficial presidido por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, funcionarios provinciales y empresarios se inauguró la 10° edición de Argentina Mining, Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, declarada de interés provincial en Salta, San Juan y La Rioja.
Eargentinaminingl presidente de la Cámara de Minería de Salta Rodrigo Frías, se refirió al legado que “sobre el desarrollo de la Minería en el país, dejaron los prohombres que escribieron la Constitución Nacional, donde ya se hablaba del potencial de nuestro país. Nos enorgullece trabajar en una actividad que está reglada, contenida en un código que incluso habla y contempla la cuestión ambiental“.
El dirigente señaló que hoy para la Cámara de Minería de Salta hay tres cuestiones a destacar. “Solicitamos que se agilicen los trámites referidos a la realización de las obras ya licitadas y aún no adjudicadas en la ruta 51“.
En lo referido a la logística, insistió en la necesaria puesta en marcha del FFCC Belgrano, ya que “no solo beneficiará a la actividad económica sino que además será de impacto decidido sobre el desarrollo de los pueblos mas recónditos del país, mejorando la calidad de vida de su gente. La integración verdadera se conseguirá con el intercambio fluido entre naciones. Seguir de espaldas compartiendo semejante potencial sería rendirnos ante algo que estamos obligados a revertir“.
Por último, Frías destacó que la Cámara integra el Consejo Económico y Social que “junto con el Consejo de la Magistratura, forman parte de una nueva democracia.
Allí decimos lo que nos parece, sin caprichos y sin pretender audiencias; la logística que posterga el crecimiento es un tema que planteamos desde ese ámbito“. (Radio Salta, 04/09/14)

Última actualización en Viernes, 05 Septiembre 2014 13:30

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Finning ampliara su fabrica de maquinaria

Finning ampliará su fábrica de maquinaria

El primer mandatario provincial, José Luis Gioja se reunió con directivos de la empresa Finning, representante en el país de los productos Caterpillar, que le comunicaron la decisión de la firma de construir una planta fabril más amplia que la que posee en San Juan, con el propósito de incrementar su producgiojafinningción.
El encuentro tuvo en la sala “Eloy Camus” de la gobernación, sitio donde el gobernador Gioja recibió a Felipe Mc Laughlin, director de Construcciones de Finning Internacional INC.
También tomaron parte de la conversación, los ministros de Minería, Felipe Saavedra y de Producción y Desarrollo Económico, Marcelo Alós y la secretaria de Industria, Comercio y Servicios, Sandra Barceló.
El empresario le hizo saber a la primera autoridad provincial, de la decisión de la empresa Finning de construir una fábrica de mayores dimensiones en la zona de Santa Lucía, a la que se le transferiría la planta que en la actualidad opera en Rawson.
En la nueva planta a ejecutarse el año próximo, se producirían no solamente los componentes mineros que ha venido haciendo hasta el momento la empresa, sino también armar una pala retro excavadora Caterpillar, de mucha utilización en el país.
En principio, el proyecto apunta a la producción del referido equipo para la Argentina y en una posterior etapa se analizará la posibilidad de su exportación a países vecinos.
La ampliación de la planta y el incremento en la producción requeriría de la mano de obra de unos diez operarios que se sumarían a los 90 que se encuentra repartidos entre la planta de Rawson y las minas actualmente en producción.
El gobernador agradeció la visita y celebró el anuncio de que una empresa internacional tan importante continúe revitalizando su presencia en San Juan, con mayor producción y generación de empleo. (El Pregón Minero)

Última actualización en Viernes, 05 Septiembre 2014 13:32

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Mas de la mitad de las empresas mineras ‘top’ provienen de mercados emergentes

Más de la mitad de las empresas mineras ‘top’ provienen de mercados emergentes

La baja del precio de los metales realineó, desde 2013, la situación del sector minero y sus expectativas. Dichos movimientos, entre otras cosas, resultaron en que compañías provenientes de mercados emergentes ahora representen más de la mitad de la lista de las Top 40 de la industria.
Según un informe sectorial elaborado por la consultora PwC, “la utilidad neta colectiva de las mineras de mercados emergentes fue de u$s 24.000 M, comparado con una pérdida de u$s 4.000 M de los mercados desarrollados”.
El estudio indicó que la diversificación domina la capitalización bursátil de los Top 40, representando un 51% del total.
Al mismo tiempo, detalló que las firmas Saudi Arabian Mining y Alrosa se unieron por primera vez a las Top 40.
“Saudi Arabian Mining es la primera compañía de Medio Oriente entre las Top 40, respaldada por un mandato del gobierno para desarrollar los recursos minerales de Arabia Saudita”, explicitó el informe.
Por su parte, la minera de diamantes rusa, Alrosa, se integró al ranking a través de una OPI emitida en 2013 en lo que fue una de las pocas operaciones de este tipo.
Del lado de las empresas que salieron del listado de las 40, PwC aseguró que “debido a los impactos por deterioro y a la disminución de precios durante 2013, las cinco empresas que abandonaron el Top 40 durante el año fueron mineras de oro”, aunque aclara, por otra parte, que una de ellas logró entrar nuevamente.
La capitalización de mercado al cierre del 2013 para las Top 40 fue de aproximadamente u$s 958.000 M, una caída de 23% en comparación al año anterior (u$s 1.230 M).
Las minas de oro fueron las más afectadas, con una perdida en su segmento de u$s 110.000 M en capitalización bursátil, lo que representa una caída de 40%.
El 2013 fue un año desafiante, “donde las caídas de dos dígitos en los precios de commodities no fueron infrecuentes”, contectualiza el trabajo de PwC.
El oro sufrió la mayor caída, del 27% en año, lo que representó, además, el mayor declive anual en más de 30 años.
Si bien los precios del níquel y del oro recuperaron terreno a principios de 2014, otros precios continuaban a la baja al cierre del informe.
En conclusión la industria minera pasó el 2013 realineando las expectativas de sus grupos de interés y, en lo que resta de 2014, verá si las nuevas estrategias pueden levantar exitosamente del fondo a la industria, a través de crecimiento sostenible, concluye el informe. (El Cronista, Buenos Aires, 05/09/14)

Última actualización en Viernes, 05 Septiembre 2014 13:26

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