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Sale de Trelew caravana a Telsen para rechazar la cumbre minera

Sale de Trelew caravana a Telsen para rechazar la cumbre minera

Chubut. Esta noche saldrá de Trelew una caravana a Telsen en repudio a la cumbre minera que se realizará mañana en esa localidad, encabezada por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, con intendentes y legisladores de nuestra provincia. La movilización es organizada por Unión de Asambleas Ciudadanas de Trelew (UAC-Tw), donde tras conocerse que se pasó la cumbre del miércoles para mañana, «se organizó una caravana a Telsen para seguir expresando el repudio», expresa la invitación a la comunidad difundida por esa organización.
De visita en nuestra redacción integrantes de esa organización, Javier Ponce, Reyes Hernán, Cristina Oyarzo y Gustavo Coril, señalaron que la caravana a Telsen es «en repudio a la cumbre minera», agregando que «los gobiernos están descargando la crisis en las espaldas del pueblo trabajador y ahora quieren sumar contaminación y muerte. En este contexto, el Gobierno Nacional y el Provincial, adelantaron la cumbre minera.
Apoyemos la caravana que defiende el agua y la vida contra la megaminería en Chubut. Ni la Cordillera, ni la Meseta, ni la Costa», culmina la invitación, que propone como punto de concentración la CTA de Trelew, en Gales 425, a las 23 horas. Según señalaron los visitantes, para poder tener previsión de la cantidad de personas que se sumen, se podrá llamar a los móviles locales (0280) 154601022, 154352407 y 154517236.
Según señalaron, en Telsen van a estar toda la jornada realizando intervenciones, un mural, charlas con la comunidad, una movida artística y una radio abierta. «Vamos a llevar banderas de los niños, será una movilización más amena, aprovechando que se lucha por la vida, el agua. Creemos que va a ser importante, histórica, como lo fue Gastre en su momento», concluyeron. (Diario El Chubut, Chubut, 19/02/18)

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“Si te opones a la mineria no podés recibir “plata sucia” de las regalias”

“Si te oponés a la minería no podés recibir “plata sucia” de las regalías”

Chubut. El intendente comodorense defendió la discusión por la minería y cuestionó a quienes no toman posición al respecto. “Es un tema de debate serio y no a través de manifestaciones”, cuestionó. Reconoció que el Peronismo se unirá y que “se hace política todos los días”.
Entrevista a Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia.
¿Qué conclusiones sacó de su último encuentro con funcionarios nacionales?
Es importante que Frigerio haya convocado a una reunión y nos hayamos sentado en una mesa a todos los actores necesarios para la reconstrucción de Comodoro después de meses de ida y vuelta. El ministro dio un mensaje muy claro en cuanto a que quiere que las cosas sucedan ahora. Esperemos que lo que se habló, que fue mucho y bueno, se concrete en éstos meses.
¿Han cambiado algunas cosas en la relación y el vínculo institucional con Nación?
Yo tengo una posición política. No voy a ningún ministerio a decir lo contrario. Yo defiendo un proyecto que para mí, le dio a éste país sus doce mejores años. Hoy la democracia dijo que hay otro gobierno y somos muy respetuosos de eso. Hablamos con los ministros de turno, nos quejamos cuando a las cosas no las vemos bien y agradecemos siempre poniendo la cara. Frigerio es el mejor ministro, abre el diálogo y no discrimina. Eso también que decirlo…
En términos de obra pública, ¿por dónde pasa hoy la prioridad?
No hay una obra pública, hay que empezar por varios lados a la vez. Las dos hídricas son fundamentales, cuestan $ 600 millones y es importante avanzar con asfalto y viviendas. También la recuperación de los barrios Las Américas y Moure. No hay una obra más importante que otra. Para un vecino que se le llega con una obra, siempre la suya será la más importante. Hay un doble efecto: la obra en sí y la mano de obra que ocupe. Eso también se lo expliqué al ministro.
¿En qué situación se encuentra Comodoro después del temporal?
Tratando todos los días de reconstruirse. Me parece que hemos dado una muestra de la fortaleza increíble que tiene ésta ciudad y su gente. Yo no hubiera creído un año atrás que estuviéramos hablando del festival Aniversario, de fiestas populares en Caleta Córdova y múltiples actividades. El endeudamiento que queremos tomar es un ejemplo de cómo el municipio maneja sus finanzas. Hemos dado un paso enorme hacia adelante. Hay indicios petroleros que nos están dando una luz verde de esperanza y ojalá eso podamos acompañarlo con obra pública.
¿Es optimista en cuanto a la reactivación del petróleo? ¿Es tan así?
Ya hay ocupación, ahí están los primeros indicios. Nosotros ya lo hemos notado en el incremento de algunas regalías y todo indicaría que es así. Hemos viajado a Capital para hablar con Pan American, Tecpetrol e YPF. Todo hace suponer que tendremos un buen año con un mérito: el trabajo entre el municipio y los dos sindicatos. No desde ahora, sino desde el 2.015. Ahí empezamos la lucha con más de cuatrocientos despidos. La Cuenca pudo mantener su actividad, quizás no la que quisiéramos, a pesar de lo malo que nos pasó y hoy hay una reactivación.
¿Sigue pensando que la minería es una industria posible en la región?
Totalmente. El gobierno de la provincia tiene que tomar una actitud más seria sobre el tema. No se puede ser tan dubitativo. Hay que tomar una posición clara. No con la minería de cualquier forma o en cualquier término. Las cosas tienen que ser claras con el cuidado del agua y el medio ambiente; viendo qué dejará a la Provincia. Es un tema de debate serio y no a través de manifestaciones como la que ocurrió en el Concejo de Esquel. Hay que escuchar a los especialistas sobre los pro y los contra, que son muchos. El petróleo también las tiene y sin embargo yo no veo que en ningún otro punto de la Provincia se expresen sobre eso. Todo proceso extractivo es contaminante, desde la pesca hasta la tala de árboles. Vivimos en éste mundo y no podemos ignorar eso. Los que tanto se oponen a la minería me gustaría que me acerquen alternativas reales de cómo sostener hoy la provincia.
¿No fue demasiado crítico con Menna y Ongarato?
No me gusta los que cacarean en un lado y ponen el huevo en otro. Tienen que tener una posición tomada y la tienen que decir públicamente. Y le tienen que hablar a su gente, preguntarles si están a favor o en contra. Si te oponés no se puede recibir la “plata sucia” de las regalías. Y no estoy diciendo “sí” a la minería porque sí. Tenemos que dar un debate serio y conocer dónde se va a hacer. Me llamaron todos los jefes comunales y me plantearon que la necesitan como el agua. Hoy ya tienen problemas hasta de energía y no están siendo escuchados. La minería es un punto de partida muy importante.
En cuanto a Menna debería decir qué hizo él por Comodoro y por Chubut. Prometió que los generadores portátiles no se iban a ir y se llevaron todos. Se fue perdiendo de una intendencia y no tiene que usar palabras bonitas para quedar bien. No hizo hasta acá ninguna propuesta superadora.
¿Y el PJ?¿Cómo observa éste proceso de reorganización en la Provincia?
El Peronismo se va a unir y más ahora en éste momento que está viviendo Chubut. El gobernador necesita al peronismo unido para que lo pueda ayudar a gobernar. El PJ tomará un protagonismo enorme en éste contexto. Hay que estar a la altura para ayudar con la gobernabilidad que Arcioni necesita. No hay que especular con que le vaya mal y al contrario, tenemos que hacer que le vaya lo mejor posible. Las elecciones del 2019 dirán cómo sigue la historia.
¿Cree poder ponerse al frente de éste proceso de unidad que se pretende impulsar?
Yo soy un militante de la política. No soy ni dueño del partido ni nada. Pertenezco a un proyecto del que no voy a salir porque estoy totalmente convencido. Sí sé que le puedo aportar cosas a la provincia porque lo demuestro en el municipio: muchas horas de trabajo, una gestión ordenada, un equipo que trata de mejorar. Comodoro es un ejemplo de cómo se puede hacer un Peronismo sustentable en el tiempo.
¿Es prematuro hablar ya de candidaturas?
Para mí sí pero no critico al que lo hace. Los tiempos políticos los maneja cada uno. Yo no soy quien para decirle algo al que piense distinto. Para mí todavía falta porque el 2018 tendrá muchísimos desafíos por delante y dedicarle tiempo a una candidatura no es lo correcto.
¿Habló solamente de lo bueno de su gestión?¿Qué cosas le gustaría cambiar?
Comodoro es una ciudad minera, con vaivenes; no es pareja en el tiempo, hay épocas muy buenas y crisis muy profundas. En los últimos diez años se duplicó la población y no es fácil controlarla. No me gusta vivir tan dependiente de un monoproducto. Tener otras alternativas económicas creo que es la deuda pendiente. (Diario Jornada, Chubut, 19/02/18)

Última actualización en Lunes, 19 Febrero 2018 11:21

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Procesaron a Perez Osuna, Baratta, y Goicoechea por defraudacion

Procesaron a Pérez Osuna, Baratta, y Goicoechea por defraudación

En pleno conflicto por los 470 despidos que se dieron en YCRT desde finales de enero, sobreviene ahora esta resolución en una causa que se viene tramitando desde el año 2016 y que en julio de 2017 tuvo su primera novedad con el pedido de procesamiento y detención que realizara el fiscal Carlos Stornelli contra Julio De Vido y otros 25 funcionarios, del cual resultó primero detenido y luego procesado sólo el ex ministro de Planificación.
Se le imputa el desvío de fondos millonarios desde el ex Ministerio de Planificación Federal, en teoría hacia YCRT, utilizando la mediación de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN (FRSC) y su fundación.
Sobre el final del año judicial, en diciembre del año pasado, el fiscal Carlos Stornelli reiteró el pedido de procesamiento al juez Luis Rodríguez, que incluía la prisión preventiva para Roberto Baratta, Martín Goicoechea (decano de la FRSC), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), entre otros.
Ayer, finalmente, en un extenso auto de procesamiento que consta de 387 páginas al que accedió La Opinión Austral, el juez dio lugar a los procesamientos de los mencionados y otras 11 personas más, entre ellas el hoy titular del Instituto de Energía, Jaime Alvarez, aunque no concedió la prisión preventiva que había requerido el fiscal.
La acusación que pesa sobre Pérez Osuna y Goicoechea es de “co autores” junto a Julio de Vido, en tanto que al resto de los procesados se les indilga haber sido partícipes necesarios de una maniobra fraudulenta, por la cual “se celebraron convenios por un monto total $ 4.866.400.000, de los que se facturaron $ 1.379.923.949, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al juez Rodríguez, “el perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.000. Importe que se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por ‘gastos administrativos’ reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a $ 91.990.000 y $ 84.083.000, respectivamente”, agregando además que, de acuerdo a lo informado por la SIGEN, “además, existe un monto de $ 88.320.750 en concepto de ‘gastos administrativos’ que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT”.
Para llevar adelante esta “maniobra defraudatoria” el juez entiende que hubo connivencia entre funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación Federal, de YCRT y de la Fundación Regional Santa Cruz (UTN) y “los fundadores, directivos y empleados de la referida fundación”. Ello junto a una serie de actores que enumera Rodríguez, entre los que destaca a Ramón Alfredo Chanampa, Marta Nilda Pérez (ex responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT), Miguel Angel Larregina (ex coordinador general de YCRT), Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Fernando Jorge Lisse (ex gerente de Explotación de YCRT), Orlando Javier Pasotir, Martín Juan Goicoechea (decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN), Héctor Carlos Brotto (rector de la UTN), Hugo Ramón Sánchez (ex presidente de la Fundación), Jaime Alvarez, Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal) y Jorge Omar Mayoral (ex secretario de Minería de la Nación).
El juez fija como fecha de inicio de la maniobra de defraudación el 14 de enero de 2008, cuando la UTN e YCRT firmaron el “convenio marco de Cooperación y Asistencia Técnica” que sirvió como plataforma para el desvío de fondos. Ese acuerdo fue rubricado por el rector de la UTN, Héctor Brotto, y el entonces interventor de YCRT, Lucio Mercado, (hoy fallecido).
Dos años y medio después, 30 de septiembre de 2010, el decano de la UTN Martín Goicoechea, junto con Orlando Marino Taboada Ovejero, Eva María Balcázar, Verónica Cosentino, Miguel Di Meglio y Alan Bjerring constituyen la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz. En uno de sus objetivos, se encontraba el de “estimular y estrechar vínculos de cooperación entre las industrias y la Facultad Regional…”. Ese mismo día se nombró como presidente a Hugo Ramón Sánchez.
Bajo el paraguas del convenio marco firmado en 2008, YCRT y la FRSC firmaron numerosos convenios a solventar mediante el presupuesto de YCRT, pagándole a la universidad un 10% en concepto de gastos administrativos sobre el costo de las tareas que se le encomendaran. A partir de junio de 2011, esos convenios vincularon a la FRSC con la Fundación, autorizando a ésta última a realizar las tareas “convenidas”, por las cuales también cobraba otro 10% por gastos administrativos.
Valoración probatoria
En coincidencia con el fiscal Stornelli, Rodríguez entiende que, tal como valoró al dictar el procesamiento de Julio de Vido, “la maniobra investigada se compone de una compleja rama de actos con la participación de diversos funcionarios y empleados, cuya actuación conjunta y tras el análisis global, permite concluir su ilegalidad”.
Agrega más adelante el magistrado que “el andamiaje construido permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna, fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT”. Y enfatiza que “este manejo discrecional de fondos provenientes del Estado Nacional ha sido advertido, claramente, al analizar los extractos bancarios, los balances y las declaraciones juradas de la Fundación”.
En otra parte de la valoración de la prueba, Rodríguez apunta a la existencia de facturaciones apócrifas por parte de la Fundación, como la colocación de sumas millonarias en fondos de inversión o compra de inmueble que nada tenían que ver con los fines de la misma. Máxime teniendo en cuenta que el flujo de fondos que ingresaron a la Fundación lo hicieron a través de las arcas de la Facultad Regional, los cuales obtenía de los convenios celebrados, principalmente, con YCRT.
Tren turístico
En el auto de procesamiento, se hace especial mención del convenio firmado para impulsar el tren turístico. El 30 de julio de 2014. Se enfatiza que el mismo fue determinado en el Ministerio de Planificación y que “YCRT no fue parte del convenio, sino que se limitó a notificarse de su contenido y prestar conformidad”, destacando la “férrea intervención de los dependientes del Minplan (Ministerio de Planificación) en la ejecución de los convenios”.
Sin tener el final de la obra, fue el propio Ministerio el que determinó su inauguración el 10 de octubre de 2015. En la contratación de los proveedores para llevar adelante este proyecto, se señaló como responsable a Jaime Alvarez, en su condición de asesor del Ministerio, razón por la cual ahora está procesado como partícipe necesario.
Embargo y prohibición
Finalmente, el juez, atento al “millonario perjuicio causado al erario público, la gravedad de los hechos y los distintos roles que ocuparon los imputados en la maniobra en cuestión”, resolvió mandar a trabar embargo por $ 250 M sobre los bienes de Atanacio Pérez Osuna y de Martín Goicoechea, como co-autores, en tanto que, a los 14 procesados restantes, el mismo asciende a $ 175 M como “partícipes”.
Agrega que esos montos encuentran base en “el acaudalado e injustificado beneficio económico que se obtuvo ilegítimamente, como consecuencia del desvío confirmado y que tiene como contracara el perjuicio económico para las arcas públicas”.
En el punto quinto de la parte resolutiva del procesamiento, también se fija la prohibición para todos los procesados de salir del país.
Finalmente ordena que, en el plazo de cinco días, la Fundación, la UTN, YCRT y la SIGEN remitan una serie de documentación en torno a la causa. (La Opinión Austral, Santa Cruz, 17/02/18)

Última actualización en Lunes, 19 Febrero 2018 11:18

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Procesan al intendente K de Rio Turbio Perez Osuna y a Roberto Baratta

Procesan al intendente K de Río Turbio Pérez Osuna y a Roberto Baratta

En el expediente en el que se procesó y dictó la prisión preventiva a Julio De Vido por defraudación al Estado en la causa que investiga el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón de Río Turbio, el juez federal Luis Rodríguez procesó como coautores de la defraudación, a Atanasio Pérez Osuna, actual intendente de la localidad santacruceña, y al decano de la UTN Santa Cruz, Martín Goicochea con un embargo de $ 250 M cada uno. También procesaron sin prisión preventiva a los ex funcionarios K Roberto Baratta -que está preso por la compra de gas natural licuado-, el ex secretario de Minaría Jorge Mayoral, y a otros doce imputados, cuyo embargo se fijó en $ 170 M.
La decisión del juez Rodríguez se conoce después del pedido del fiscal de la causa, Carlos Stornelli quien pidió el procesamiento y detención de los involucrados en las maniobras defraudatorias, al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
En esta instancia, sin embargo, el magistrado se centró en una serie de convenios con los que se materializaron "conductas criminales que originaron un perjuicio económico a las arcas del Estado Nacional".
Se investigaron los convenios celebraron por $ 4.866.400.000, "de los que se facturaron $ 1.379.923.949", de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según la resolución de 387 páginas, el perjuicio ocasionado al Estado es de $ 176 M. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, por $ 91.990.000 y $ 84.083.000, respectivamente.
El informe de la SIGEN determinó que además, existe un monto $ 88.320.750 en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT.
La maniobra se efectivizó a través de la suscripción del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la UTN y YCRT, celebrado por el entonces interventor –fallecido- ingeniero Lucio Enrique Mercado y el Rector de la UTN, ingeniero Héctor Carlos Brotto. La finalidad era brindar asistencia técnica a través de cursos de capacitación por parte de la Universidad a la empresa minera.
Estos convenios, según el juez, fueron " el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal".
La acusación
Al analizar la intervención de cada uno de los procesados, entre ellos Pérez Osuna quien se desempeñaba como interventor de YCRT, el magistrado señaló que se trató de un "andamiaje construido que permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT".
El juez determinó que hubo "un claro perjuicio patrimonial al Estado que se compone de las comisiones efectivamente abonadas con fondos del Estado Nacional a la FRSC y a la Fundación".
Fondos de la Fundación
En todo intervino la FRSC, que tenía como decano a Martín Juan Goicoechea. Bajo investigación estuvieron al menos nueve convenios por cifras millonarias.
Así, fondos que el Estado destinaba a YCRT "eran gestionados por una entidad privada como la Fundación, que no se encuentra sujeta a ninguna normativa sobre contrataciones, utilizando como intermediario a la FRSC", explicó Rodríguez. Fue definido como un "manejo discrecional" diseñado para "eludir todos los controles y procedimientos administrativos" a la hora de realizar contrataciones.
Asimismo, se bloquearon las cuentas bancarias de la fundación, que ajeno a sus fines adquirió inmuebles en San Isidro en medio de la recepción de fondos del Estado. La fundación se encuentra intervenida por orden de Rodríguez. Además, se cobraron $ 6.6000.000 con cheques al mostrador por una sola persona, sin explicación, y que a la fecha se desempeña en el gobierno Alicia Kirchner.
Otros M de pesos "fueron destinados a una persona que habría sido al mismo tiempo empleado de la firma “Austral Construcciones”, y a una empresa constituida por un funcionario del gobierno provincial que en el año 2012 compró un vehículo de alta gama y autorizó su manejo al hijo del ex Ministro De Vido". Y por último, más de medio millón de pesos fue abonado en base a "facturas falsas mediante un cheque cuyo endoso no sería verdadero".
Convenios bajo sospecha
Uno de los convenios más cuestionados, fue el que tenía como fin el desarrollo de Tren Turístico Eva Perón, que encabezó el ex funcionario Roberto Baratta.
Hubo 66 Convenios Específicos para ejecutar distintas actividades para la "puesta en valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón". El monto para este proyecto fue de $ 667.807.728,64.
Fue otra obra inconclusa: "El 10 de octubre de 2015 se realizó un acto de inauguración parcial con la presencia, entre otros, de Goicoechea, Alvarez y Alicia Kirchner; y con posterioridad a ello no se continuó con la ejecución de las obras", indicó Rodríguez.
Para evitar los controles legales, el juez consignó la herramienta utilizada fue el "fraccionamiento de los pedidos en convenios específicos que no superaran individualmente el límite máximo que el Interventor del YCRT podía decidir".
El juez concluyó que en los convenios "no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión". (Clarín, Buenos Aires, 17/02/18)

Última actualización en Lunes, 19 Febrero 2018 11:19

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Procesaron a Jorge Mayoral dentro de la causa Rio Turbio

Procesaron a Jorge Mayoral dentro de la causa Río Turbio

El juez federal Luis Rodríguez procesó este viernes al ex secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Jorge Mayoral. Este procesamiento se dio en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras fraudulentas con los fondos que debían destinarse para la remodelación de la mina de Río Turbio.
Junto a Mayoral fue procesado el jefe de la Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien ya se encuentra detenido por una causa anterior: la compra de gas natural licuado, en la que fue procesado junto a otras quince personas, y una de las razones por las que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
“El convenio celebrado en el año 2008 entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal”, señaló el juez en el procesamiento.
El magistrado ordenó a su vez embargos de hasta $ 250 M para el ex interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, a quienes también procesó.mayoral
Al dictar el procesamiento de Baratta y Mayoral, el juez los consideró “partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública”.
Asimismo, aludiendo al procesamiento, Rodríguez expresó que “el andamiaje construido permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT”. (Diario Huarpe, San Juan, 17/02/17)

Última actualización en Lunes, 19 Febrero 2018 11:17

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