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Rechazan la ordenanza que prohibe la mineria en Andalgala

Rechazan la ordenanza que prohíbe la minería en Andalgalá

Catamarca. Mañana tomará estado parlamentario en la cámara baja un proyecto de la presidenta de la bancada oficialista, Cecilia Guerrero (FPV-PJ), mediante el cual busca declarar a la actividad y explotación minera como "prioritarias en todo el territorio de la provincia” y a la vez, expresa el "rechazo” a la ordenanza aprobada por los ediles en Andalgalá.
En este sentido, la iniciativa de la diputada señala que el rechRechazan-la-ordenanza-que-pazo surge por "la sanción de una ordenanza, por parte del concejo deliberante de Andalgalá, mediante la cual se prohíbe la explotación minera a cielo abierto en la cuenca del río homónimo, por violar la misma artículos de la Constitución Nacional -75° inciso 12, 121° y 126°- y de la Carta Magna Provincial -66°, 67° y 68° y concordantes-”.
Además, dentro del articulado insta que se curse "copia autenticada de la declaración al Poder Ejecutivo Nacional, ambas cámaras del Congreso de la nación, al Ejecutivo provincial, a la secretaría de Estado de Minería de la provincia, al departamento Ejecutivo y al concejo deliberante de la municipalidad de Andalgalá, Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Came)”, entre otros.
En la fundamentación del proyecto, Guerrero indica que la ordenanza establece que "la prohibición se extiende al uso del agua del río Andalgalá y la que proviene de vertientes naturales o subterráneas para la explotación minera”.
En este orden, evaluó que con esta medida "ponen una lápida a la explotación minera y con ella, cierran toda posibilidad al desarrollo de una actividad que aporta recursos a la provincia y a los municipios y que puede servir para la promoción de otras actividades productivas que posibiliten el desarrollo productivo”.
Así, la diputada da cuenta de que "la prohibición sancionada afecta la matriz productiva minera de la provincia en general y del departamento Andalgalá en particular”.
En tanto, observa que la norma sancionada resulta "conculcatoria de normas jurídicas de jerarquía superior”. Citando normativas, la legisladora apunta que "un municipio carece de atribuciones para regular la actividad minera y más aún, no puede ni debe emitir prohibiciones relacionadas con una o varias formas de explotación minera”.
Por otra parte, expone que los cursos de agua de superficie o subterráneos (ríos o cauces) "resultan del dominio público del Estado provincial, no teniendo las municipalidades jurisdicción”. (El Esquiu, Catamarca, 13/09/16)

Última actualización en Martes, 13 Septiembre 2016 11:45

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Mera pidio una nueva licencia social para la mineria

Mera pidió una nueva licencia social para la minería

Catamarca. El senador nacional Dalmacio Mera (FV) se refirió a la situación de Andalgalá, donde hay un fallo del juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro que suspende la actividad de Agua Rica y una ordenanza del CD que prohíbe la minería a cielo abierto en la jurisdicción. Mera consideró que se llegó a esta situación porque el pueblo de Andalgalá sufrió situaciones de injusticia relacionadas con la actividad minera y, que por tal razón, los ediles tomaron esa medida. De igual forma, indicó que no es lo mejor para la Provincia y que es necesaria una nueva licencia social para que la actividad se pueda desarrollar normalmente.
En el marco de la presentación del proyecto de ley de actualización y mejoramiento del servicio de Justicia, Mera comentó que lo que ocurre en Andalgalá "es una caso patentizado de lo que es una situación de injusticia".
"El ciudadano andalgalense vivió con promesas de la enorme estructura que iban a tener a partir de la minería y hoy vive una situación estructural más o menos igual a la que había antes", comentó.
"Los concejales dijeron que esto es injusto y se preguntaron por qué iban a seguir permitiendo esto cuando había una resolución de la Corte Suprema sobre la viabilidad ambiental", agregó.
Mera destacó que el andalgalense se plantea que "pasaron miles de millones de pesos pero que ellos siguen igual".
"Por este tema es necesaria una licencia social; no hay más espacios para la arbitrariedad de ningún funcionario, por más importante que sea, de ninguno de los tres poderes del Estado", dijo.
Rechazo a la ordenanza
La presidenta del bloque del FV en Diputados, Cecilia Guerrero, presentó un proyecto de resolución donde se pide al cuerpo el rechazo por la sanción de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá. La legisladora señala que esta medida viola artículos de la Constitución nacional y provincial. En ese sentido, recuerda que la Carta Magna provincial establece que los recursos mineros pertenecen al dominio público de la Provincia, además de resaltar que la ordenanza está en contraposición a la Carta Orgánica Municipal que fomenta la minería.
A su vez, la iniciativa declara a la actividad y explotación minera como prioritaria en todo el territorio de la provincia de Catamarca.
Reforma integral de la Justicia
El senador nacional Dalmacio Mera junto a los diputados de su sector presentaron un proyecto de ley sobre la actualización y mejoramiento del servicio de justicia. La presentación se hizo en el Salón Calchaquí, donde asistieron legisladores, funcionarios del Poder Judicial, abogados y público en general. (El Ancasti, Catamarca, 13/09/16)

Última actualización en Martes, 13 Septiembre 2016 11:42

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A un año del derrame en Veladero: la UNOPS asegura que solo hubo impacto ambiental en la zona 0

A un año del derrame en Veladero: la UNOPS asegura que solo hubo impacto ambiental en la zona 0

San Juan. Según el informe, el incidente ambiental no tuvo consecuencias sobre las captaciones de agua correspondientes a las localidades de El Chinguinillo, Malimán y Angualasto.
Este 13 de septiembre se cumple el primer año de un hecho que marcó un antes y un después en la actividad minera de la provincia. El derrame de solución cianurada en Veladero generó gran polémica entorno a esta actividad y se despertaron voces a favor y en contra que sonaron durante todo el año, pese a que la empresa Barrick pagó una multa de $145.696.000 e hizo importantes cambios en la forma de trabajo en la planta de lixiviación
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) elaboró un informe completo, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que presentó a la sociedad en mayo. Este trabajo fue realizado en el agua del área de influencia de la Mina Veladero tras el derrame de solución cianurada producido el 13 de septiembre de 2015.
El ingeniero Carlos Angelaccio, el doctor Alejandro Rossi y la ingeniera Patricia Oliver informaron que "la contaminación con cianuro" "está limitado a la zona 0 y en la zona 1 no hay presencia ni de cianuro ni de los compuestos derivados de la degradación del cianuro". "Respecto a los metales, en agua subterránea y superficiales, la presencia de aluminio disuelto, cobre disuelto, hierro total y disuelto, manganeso disuelto, plomo total y disuelto, cinc disuelto, se encuentran en concentraciones inferiores a las que fueron percibidas en la zona 0", explicó el ingeniero Carlos Angelaccio.
En este escenario, el profesional aseguró que el equipo de estudio advirtió impactos asociados al incidente ambiental en las Zonas 0 y en la más cercana al punto de descarga.
Luego en las restantes zonas, no se han constatado evidencias de anomalías asociadas al incidente ambiental.
El incidente ambiental no ha tenido consecuencias sobre las captaciones de agua correspondientes a las localidades de El Chinguinillo, Malimán y Angualasto por ser pertenecientes a distintos ambientes geomorfológicos.
"Los impactos en las zonas 0 y 1 son básicamente de dos naturezza diferentes. La primera es física asociada a la presencia de una significativa cantidad de sedimentos movilizados por el derrame en la zona 0 que altera las condiciones físicas que tiene una incidencia directa sobre la respuesta biótica en las aguas de la zona 0, del Potrerillos. Y el segundo una naturaleza química por la presencia de metales disueltos",agregó.
Luego explicó que el estado de los ambientes acuáticos presentaron indicadores consistentes con las características del sistema fluvial. "El más significativo sobre estas comunidades fue el impacto físico, especialmente en la zona 0. Se puede determinar una rápida recuperación de las diferentes comunidades en los sitios directamente impactados que se dio a través de indicadores de una rápida recuperación pero sí con un cambio en esas comunidades que reflejan la adaptación a las nuevas condiciones que establece el impacto generado por el derrame", agregó.
Posteriormente señaló que hay una zona de la Zona 0 (de origen del derrame) donde al momento del muestreo aún existe signos de estrés, los otros puntos correspondientes a las otras zonas no lo muestran ni efectos diferentes que puedan ser atribuidos al derrame.
"La zona 0 es el que aún presenta signos de estrés aunque el punto más cercano a la descarga muestra valores de recuperación"
El estudio
El monitoreo concretado se llama "Estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la Mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15” fue presentada el 25 de septiembre de 2015. El 2 de octubre de 2015 la propuesta fue aprobada por el Gobierno de San Juan, y la misión de campo inició el 5 de octubre de 2015.
En el estudio se evaluó técnicamente la situación ambiental de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal, y también se seleccionaron muestras de aguas crudas en puntos de captación de agua de las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto. Se tomaron muestras de agua superficial, subterránea y sedimentos en aproximadamente 121 puntos escogidos por UNOPS y el PNUMA.
También se concretaron estudios limnológicos en nueve sitios aguas abajo del incidente. Estos estudios comprendieron el análisis de las comunidades fitoplanctónicas, zooplanctónicas, fitobéntónicas y de macroinvertebrados bentónicos. Se estudió el estado ecológico de los tramos de los ríos estudiados, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona.
Las conclusiones contenidas en el Informe son el resultado del procesamiento de más de 9.500 determinaciones analíticas provenientes de las 165 muestras tomadas durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre de 2015, sobre las que se llevaron a cabo análisis de aguas superficiales y subterráneas, sedimentos, suelos y bentos a lo largo de 200 kilómetros de curso fluvial desde el punto de descarga de contaminantes hasta el punto situado aguas abajo del dique Cuesta del Viento para detectar la presencia de metales, cianuro y sus derivados. (Tiempo de San Juan, San Juan, 13/09/16)

Última actualización en Martes, 13 Septiembre 2016 11:40

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Vale vende su proyecto minero y se va de Mendoza

Vale vende su proyecto minero y se va de Mendoza

La empresa desiste de lo invertido a cambio de que el Gobierno local la ayude a buscar comprador. Se compromete a completar en seis meses el achique del emprendimiento para el traspaso del año próximo.
Cinco meses después de haberse hecho público un compromiso de la minera brasileña Vale por rediseñar el proyecto Potasio Río Colorado y ponerlo en venta, hoy el número 1 de la multinacional, Murilo Ferreira, firmará un acuerdo con el Gobierno mendocino y aval de la Nación, en el marco del Foro Inversión y Negocios Argentina 2016.
En el acuerdo, Vale se compromete a completar en 6 meses la reingeniería para achicar el emprendimiento y traspasarlo a un inversor en 2017 sin obtener ningún rédito, luego de haber invertido u$s 1.900 M, a cambio de que el Gobierno la ayude a buscar comprador.
En ese contexto, ¿Vale se queda con las manos vacías? En principio, no: de hecho, negoció como condición quedarse con los derechos de vender sales de potasio en Brasil a un precio preacordado, y negociar el cobro de un royalty o derecho de explotación con el nuevo inversor.
Cabe recordar que en abril el Ejecutivo mendocino anunció con bombos y platillos un compromiso por el cual Vale dispondría de un plazo de 6 meses para completar el FEL 1 (reingeniería técnica y económica) de Potasio Río Colorado, a fin de reducirlo a 1/3 parte del original y así hacerlo más “vendible”.
El plan primitivo preveía producir 4 millones de toneladas de sal de potasio por año, con un presupuesto de u$s 6.300 M, del que sólo ejecutó 30%.
De ahí que, en un mercado con precios en picada (la tonelada cayó de u$s 700 a menos de u$s 200 en los últimos años), la pretensión brasileña sea minimizar inversiones.
Pero el tiempo transcurrió sin avances concretos “y con más peleas y negociaciones”, según admiten desde el Gobierno mendocino.
Claves del acuerdo
Ahora, el convenio cuya firma reunirá a Ferreira con el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, y el ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, establece que la minera brasileña deberá “iniciar inmediatamente los trabajos de Ingeniería”. El plazo para completarla es, tal como se había hablado en abril, 6 meses.
Así, el siguiente paso es, con un “nuevo” proyecto a escala menor, salir a buscar inversores”.
Acerca de la falta de avances hasta el momento, según Vaquié la diferencia con lo previsto en abril “es que ahora todo queda por escrito, y además no había proyecto para salir a mostrar. Más allá de la búsqueda de inversores, con la Nación tenemos múltiples instrumentos para forzar el cumplimiento”.
La búsqueda se apoya en la Agencia Argentina de Inversiones, que precisamente se prepara para la cumbre a realizarse en Buenos Aires, con inversores de 67 países.
Según el acuerdo, a Vale le corresponde:
1- De no hallar un comprador, rehacer los estudios cada vez que se verifiquen cambios en variables que permitan inferir mejoras en el proyecto, como subas de precios, intereses, tipo de cambio o Capex (inversiones en activos que incrementan su valor).
2- Buscar inversores por el 100% del proyecto. La venta no generará “cash-in” (flujo de fondos) para Vale, sino ingresos para el proyecto.
Lo invertido es “fondo perdido”.
Desde el entorno de Ferreira, fieles al silencio predominante desde que se paralizó el proyecto en 2013, evitaron comentar los alcances del pacto, a la espera de la firma.
Lo cierto es que el mismo le da a Mendoza derecho a:
1-Designar un supervisor para la reingeniería. El hombre elegido es el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
2-Supervisará la búsqueda de inversores vía Agencia Nacional de Inversiones.
3-Si se comprueba incumplimiento de Vale, podrá cancelar el acuerdo.
El plazo máximo opera en 2017. Si hasta entonces no aparece un comprador para Potasio, las partes volverán a reunirse para decidir entre dos opciones: dar por terminado el acuerdo o renovarlo, si hubiera señales de avance.
Expectativas
Las señales de un relanzamiento de Potasio parecen haber prendido en el sector minero, centrado sobre la Argentina Minning, realizada en Salta. Allí, además de destacarse la apertura de la Mesa de Diálogo Minero, los asistentes coincidieron que Mendoza posee el área cordillerana con mayor potencial.
“Malargüe es un poco la punta de la lanza de la minería para arrancar en breve, entre fin del año que viene o en 2018 con algún proyecto más definido y concreto”, señaló Julio Totero, titular de Asinmet (Asociación de Industrias Metalúrgicas de Mendoza). Alrededor de Asinmet hay 60 pymes que trabajan para la minería, con 1.600 puestos laborales. De ellas al menos 12 empresas han sido proveedoras de Vale, las cuales, a criterio de Totero, más que quedar excluídas “reducirán el volumen de sus negocios por la reformulación de Potasio Río Colorado”.
El análisis de los empresarios apunta algunos condicionantes. Como que, con los precios y costos actuales, puede llevar hasta 15 años el recupero de la inversión.
Más allá de eso, los empresarios consideran una señal positiva la firma del acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y Vale, con la intermediación de la Secretaría de Minería de la Nación. A ella le asignan “la llave” para destrabar la política minera local. (Los Andes, Mendoza, 13/09/16)

Última actualización en Martes, 13 Septiembre 2016 11:41

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Como fue el plan de Barrick Gold para ocultar la contaminacion por el derrame de cianuro en San Juan

Cómo fue el plan de Barrick Gold para ocultar la contaminación por el derrame de cianuro en San Juan

 

Hubo un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, que en rigor de verdad comenzó en la noche del 12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día siguiente, cuando se filtró el dato, porque los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían río abajo, que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal.
Primero lo negó. Durante días rechazó las acusaciones, pese a que ya había notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de socio en esta trama. Luego dijo que fueron 15 mil litros de agua cianurada, más tarde 224 mil y finalmente 1 millón, aunque la cifra real es mucho (¡mucho!) mayor. Barrick Gold hizo todo lo posible para que la verdad no salga a la luz. Y lo consiguió. Hoy ni siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se derramó al río Potrerillos, aunque en la Justicia la minera canadiense fue más sincera que en público y reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento.
El último 6 de abril, Barrick Gold pidió perdón "por el incidente" en un comunicado con olor a propaganda. Pero no aclaró sobre qué tenía que disculparse, si por ocultar, por mentir o por manipular los análisis de agua. Fue un arrepentimiento a medias, que se anticipó a algo que dos fuentes consultadas por Infobae coinciden que ya estaba pautado de antemano: esa misma semana, el gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Sin embargo, fue un vuelto: sobra una semana de explotación de Veladero para juntar esa suma. "Perdón más multa" fue la fórmula marketinera con la que se intentó poner fin a las acusaciones. Y el tema casi que se esfumó de los medios sanjuaninos.
Mientras tanto, el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que analice el agua en los alrededores de Veladero con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se las presentó como dos instituciones sólidas e independientes, pese a que en el sector ambientalista tienen pésima fama
Algunas aclaraciones:
– La UNOPS participó de la creación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro que regía en Veladero, pero los que intervinieron en esas discusiones aseguran que no objetó a la industria minera, que terminó imponiendo su voluntad.
– El gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio por 2.147.346 dólares para que el organismo fiscalice la actividad minera, por lo que no sólo tenían una relación previa y comercial con el Ejecutivo, sino que iban a analizar un accidente en un yacimiento que debían controlar.
– La UNOPS contrató al laboratorio ALS CORPLAB, que trabajó para Barrick Gold en Veladero y que tenía empleados en común.
Pero lo más grave es lo que vino después y que terminó de embarrar hasta el cogote el prestigio de las Naciones Unidas. Por un lado, como explicó a Infobae el prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, se midieron "concentraciones promedio" de los metales pesados, que es una clásica estrategia para ocultar impactos ambientales.
Por otra parte, la UNOPS se prestó para un verdadero "show" que montó el gobierno de San Juan al brindar los resultados de sus mediciones. Primero, porque minaron la zona de policías, como parte de la estrategia de presentar a los vecinos de Jáchal como "ecoterroristas", pese a que la violencia no ha sido parte de sus métodos. Y segundo, porque en lugar de reconocer que hubo contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron, hicieron hincapié en que "no afectó a las poblaciones cercanas", algo que aún así está discutido por los resultados de otras mediciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que detectaron la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías.
Hay otras dos observaciones de Moran, que logró subir a Veladero como perito independiente, que son fundamentales a la hora de entender lo que ocurrió en Veladero. La primera es que nunca se va a saber el verdadero impacto ambiental por la responsabilidad compartida de Barrick Gold y el Gobierno de San Juan. ¿Por qué? Porque los estudios de línea de base que realizó la minera y aprobó el Ejecutivo, que son lo que permitiría comparar la calidad del agua antes y después de la instalación de la mina, "están mal hechos", en palabras del experto.
Infobae pidió esas mediciones a Barrick Gold, pero desde la minera le mandaron un link con miles y miles de páginas y estudios para buscarlos allí.
La otra observación de Robert Moran tiene que ver con la sustancia derramada y sus consecuencias. "El problema no es el cianuro, sino los metales pesados, que son mucho más peligrosos", sentenció en una entrevista con este medio.
A través del laboratorio privado SGS, Barrick Gold venía midiendo sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de los alrededores de Veladero. Sin embargo, luego del derrame de cianuro, dejaron de hacerlo, tal como confirmó Infobae, que tuvo acceso a esas mediciones. ¿El motivo? Posiblemente, porque el cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold -que literalmente "lavó" el río-, mientras que otros elementos no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales abandonaron la empresa.
Infobae conversó con dos arrepentidos que vivieron todo este proceso desde adentro y que pidieron reservar su identidad por temor a las represalias. "Vivimos con miedo. Acá molieron a palos a una mujer y la dejaron inconsciente en el medio de la calle y con el cráneo roto por denunciar que la membrana que separa la solución cianurada del suelo está rota", se excusó uno de ellos. "Hay algunos ex empleados de Barrick Gold que hicieron denuncias y la pasaron muy mal", completó.
"Se ocultó todo, el daño, los derrames que hubo después y los valores altísimos de cianuro que hubo incluso este año, además de las grandes concentraciones de mercurio", resumió una de las fuentes consultadas.
Una aclaración de rigor: en SGS no saben dónde se toman las muestras. A lo sumo pueden constatar que son agua de río. La toma corresponde a Barrick Gold, que las envía en una heladera sellada con una hoja que incluye la cadena de custodia. "Eso puede estar manipulado", sentenció una de las fuentes. "Sabemos que en septiembre hubo un derrame, pero si hubo otros, no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque pueden tomar las muestras donde quieren y nadie los va a controlar", abundó.
Lo que sí se sabe, como reveló Infobae en su momento, es que hubo tres derrames anteriores que no se hicieron públicos. Esa investigación fue noticia en los principales diarios del mundo.
"Acá todo está manipulado. Barrick Gold contrataba distintos paquetes de SGS sobre lo que había que medir en cada muestra. Entonces, por ejemplo, se medían los metales pesados en las aguas cloacales, pero no en el río. O se medía la presencia de escherichia coli, pero sólo en el agua de los bidones que le dan a sus empelados", comentó uno de los arrepentidos.
La presencia de escherichia coli en los ríos es uno de los temas de los que casi no se habló post-derrame y quedó en la nada, por la presión que se ejerció desde el gobierno provincial. El primer estudio realizado por la UNCuyo detectó esa bacteria en el agua. Pero según reveló El País Diario, el secretario de Gobierno de la localidad de Jáchal, Cristian Romero, lo presentó en la Justicia sin las hojas relativas a los análisis bacteriológicos, que confirmaron algo negado rotundamente por Barrick Gold: que al menos una parte de la orina y la materia de sus empleados terminaba en el río.
Ese estudio de la UNCuyo, como todos los que vinieron después y como los de la Universidad Nacional de San Juan, detectaron altas concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la furia del entonces gobernador José Luis Gioja, que repartió insultos a los ambientalistas y a los medios que publicaron la información. También llamó personalmente al rector Daniel Ricardo Pizzi, a quien amenazó con arruinarle la vida. E intentó asustarlo a través de una carta documento.
Pese a los análisis de las universidades, Barrick Gold siguió haciendo lo suyo a través de SGS. "Lo que más nos llamó la atención es que los valores de cianuro siguieron altos, como si un hilo de agua con cianuro estuviera cayendo constantemente durante un mes. Recién ahí creemos que se terminó de solucionar el problema", advirtió una fuente que participó de esos estudios. Y reveló: "También estamos seguros que hubo otros derrames, porque pasaba el tiempo y los valores seguían siendo altos, no tanto como el 13 y 14 de septiembre, cuando el agua empezó a bajar de la montaña, pero sí por encima de lo normal".
Según coincidieron las fuentes, luego del derrame se modificaron los acuerdos de confidencialidad entre Barrick Gold y SGS, ampliando las restricciones, y se multiplicaron las muestras que habitualmente eran 240 al mes y pasaron a ser más de 1.200.
A su vez, una de las fuentes puso en duda la historia oficial, que reza que el derrame se produjo por una válvula congelada. "Es mentira, están hechas de un metal que no se puede congelar. Lo que pasó es que había una compuerta que estaba rota, que ellos sabían que estaba así, pero que ese día no la controlaron", indicó.
En la causa consta que la compuerta efectivamente estaba abierta, pero nunca quedó claro por qué. Y la famosa válvula que supuestamente se congeló nunca se peritó, un dato más que sugestivo. No obstante, varias fuentes consultadas están de acuerdo con que el problema fue que Veladero se estaba sobreexplotando. Y de hecho, cuando la Justicia suspendió la actividad en la mina por casi dos semanas, alegó, justamente, que la cota del sistema de lixiviación, es decir, el nivel de la pileta en la que se separan los metales de la roca, estaba en rojo desde hacía varias semanas.
¿Cuánto se derramó?
Además del silencio, las presiones, amenazas y manipulaciones de los análisis, hubo una estrategia clara para achicar el volumen derramado. Infobae fue el primer medio en notar que Barrick Gold había adulterado el cálculo, ya que el comunicado en el que informó que eran 224 mil litros aclaraba que a esa cifra se llegaba calculando el líquido que se fugó desde que se identificó el derrame hasta que se solucionó. Es decir, no utilizaba como parámetro el momento en que se empezó a filtrar. Pero si se tomaba en cuenta el último control que había habido en la zona, podía ser hasta nueve veces mayor.
En efecto, así fue. Seis días más tarde, Barrick Gold reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Y aún así se quedó corta. Luego, por un error de un medio local aliado que intentó refutar la información brindada por Infobae, salió a la luz que el volumen en realidad era de 5 millones de litros, y que un poco más de un millón fueron los que habían llegado al curso de agua.
No obstante, todavía había más. Eso no era todo. La cifra era mayor, como se comprobó cuando unos meses más tarde se filtró el borrador de un informe encargado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, que durante varios meses fue ocultado, hasta que sus empleados los entregaron a la prensa. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, no le quedó otra que presentarlo en la Justicia, pero lo hizo sin sus conclusiones más contundentes. Lo modificó para beneficiar a Barrick Gold.
Ese reporte tiene varias "bombas". Entre ellas, da cuenta de la táctica a la que apeló la minera para manosear el cálculo y achicar el volumen derramado. En concreto, Barrick Gold realizó una "corrección a la lectura de un aforador", que es el instrumento con el que se mide la cantidad de agua que circula por un río. El aforador que está cerca de la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas marcó, a la 21 horas del 12 de septiembre -cuando el derrame ya había comenzado-, que la profundidad del río era de 49,7 centímetros, pero la empresa sacó sus conclusiones en base a una profundidad de 9,7 centímetros. En otras palabras, disminuyó un quinto de su volumen y, según el borrador en cuestión, dio lugar a "un error significativo".
A su vez, el informe también advirtió que sin ningún tipo de argumento Barrick Gold calculó que en la quebrada del río Potrerillos habrían quedado 93 mil litros de la solución, aunque ese número es meramente estimativo y -nuevamente- podría ser mucho mayor. Y sin justificación, la minera informó oficialmente que donde se detectaron 550 mg/l de cianuro en realidad había 55 mg/l.
Hubo un último personaje clave en este entramado de engaños: el juez federal Pablo Oritja, un vecino de Jáchal que por lo bajo había prometido que iba a ser justo, pero que hizo un fallo a la medida de Barrick Gold. La causa estaba dividida entre el fuero federal en la Ciudad de Buenos Aires y San Juan, pero el magistrado determinó que el derrame sólo había afectado a la provincia -pese a que la cuenca termina en el océano-, lo que derivó en que el expediente se quedara en un territorio cuyo Poder Judicial es decididamente permeable a los intereses mineros. Y ayudó a crear esa imagen de "vecinos-ambientalistas-terroristas" al pedir custodia policial, pese a que nunca lo agredieron.
En suma, nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder. ¿Dónde están los sedimentos contaminados que Barrick Gold dijo que removió? ¿Por qué estaba abierta la compuerta? ¿Algún empleado se vio afectado por el contacto de la solución con el río? La incertidumbre tiene una sola explicación: las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante. Lo que ocurre allí, queda allí. Como en Las Vegas. Por eso, los vecinos de la zona continúan pidiendo explicaciones, pero les siguen retaceando los análisis que mes a mes realiza el municipio de Jáchal y que vuelven a confirmar, una y otra vez, que el agua en Mogna y Tamberías está contaminada. También propusieron hacer una consulta popular, pero ni el macrismo ni el Frente para la Victoria los apoyaron. El motivo es obvio. A la hora de hablar de megaminería, los políticos suelen estar del mismo lado: cerca del oro.(Info Bae, Buenos Aires, 13/09/16)

Última actualización en Martes, 13 Septiembre 2016 11:39

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