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Suman organismos publicos a los controles de la mineria

Suman organismos públicos a los controles de la minería

San Juan. La Policía Minera recibirá una inversión millonaria para fortalecer los controles que ejerce en los grandes emprendimientos de oro y plata de la provincia, pero desde ahora ya no será la única que realizará esa tarea. En la gestión uñaquista sostienen que es mejor abrir el abanico y sumarán en forma complementaria a la Secretaría de Ambiente, la Secretaría del Agua, Hidráulica y OSSE, conformando una suerte de equipo interdisciplinario que hará monitoreos permanentes para determinar cómo impacta la minería en el agua, el aire y el suelo y si es necesario aplicar alguna remediación. La medida es parte de un plan más amplio, que incluye la incorporación de personal especializado y hasta el desarrollo de un centro tecnológico en una segunda etapa.
Desde que comenzó a operar en la provincia la explotación de metales a gran escala, los controles ambientales del Estado siempre los hizo la Policía Minera, que es dirigida por Marcelo Ghiglione y que está bajo la órbita del Ministerio de Minería. La misma seguirá siendo la autoridad de aplicación, como lo dice la ley, aunque habrá más lupas y especificidad para seguir de cerca el proceso de extracción metalífera con cianuro que realizan las compañías mineras y el cuidado del ambiente.
Todo se da después del derrame de solución cianurada que ocurrió en Veladero en septiembre, que avivó la polémica por los controles oficiales. Sin embargo, el ministro de Minería, Alberto Hensel, aseguró que el plan estaba definido desde mucho antes, específicamente desde que Sergio Uñac armó el programa de Gobierno que presentó en la campaña electoral, y que responde a la idea de “garantizar la más efectiva fiscalización”.
Que la minería es una política de Estado, una actividad fundamental para San Juan y una fuente de generación de mano de obra y riqueza, fueron algunas frases que tiró el Gobernador en campaña y en su discurso de asunción. Pero también es cierto que siempre, como Hensel, machacó que deben haber estrictos controles para priorizar el cuidado ambiental y garantizar así la continuidad de la actividad a gran escala.
Los dos se reunieron el viernes y terminaron de darle forma al diseño con el que buscan pasar de los dichos a los hechos. Además de las patas que ayudarán a la autoridad de aplicación, quedaron en imprimir otro ritmo de fiscalización y definieron cuáles son los recursos humanos y materiales que incorporarán.
En primer lugar, reforzarán la Policía Minera con 10 inspectores. Actualmente son 8, sólo 4 están en condiciones de subir a Veladero, Gualcamayo y Casposo y los controles que hacen son periódicos. Según dijo Hensel, con más personal, en esas minas habrá un inspector permanentemente. Mientras que los profesionales que aporten Ambiente, la Secretaría del Agua, Hidráulica y OSSE acordarán visitas con Minería para tomar muestras y supervisar obras específicas que puedan hacer las empresas en alta montaña.
La repartición que encabeza Ghiglione contará con una inyección de entre 10 y 12 millones de pesos para nuevo equipamiento. Entre otras cosas, comprará muestradores de aire y agua para tener en los yacimientos a monitorear, 2 laboratorios móviles (se podrán hacer ciertos análisis en cualquier lugar y momento), 7 camionetas para inspección, un equipo de detección temprana de cianuro y oxímetros y peachímetros para medir la calidad del agua.
Por otra parte, en el Cipcami se montará un laboratorio que permitirá estudiar el limo (está compuesto por arena, arcilla y materia orgánica) de ríos y cursos de agua, para ver si está contaminado con metales pesados o compuestos químicos. Para hacer ese trabajo, el Estado incorporará un biólogo, un hidroquímico, un geólogo y un ingeniero civil hidráulico.
El laboratorio tendrá fines científicos y didácticos, ya que la gente común podrá presenciar los procesos de análisis. Hensel aseguró que se abrirá para visitas de escuelas, entidades intermedias y todo aquel que quiera aprender y ser testigo de los estudios.
La gestión uñaquista proyecta otra apuesta, pero para una etapa posterior. Quiere concentrar todo el aparato de supervisión en un mismo edificio y desarrollar allí un polo tecnológico con certificaciones internacionales. (Diario de Cuyo, San Juan, 11/01/16)

Última actualización en Martes, 12 Enero 2016 10:45

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Resolucion completa 1135/201

Reglamento de investigaciones por presuntas infracciones a normas de las que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sutentable. Resolución 1135/2015

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución 1135/2015
Bs. As., 03/12/2015
VISTO el expediente CUDAP-JGM N° 0019413/2015 del Registro de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y la Resolución de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE Nº 475 del 29 de abril de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE N° 475 de fecha 29 de abril de 2005 fue aprobado el Reglamento para la Sustanciación de Sumarios por Infracciones Ambientales con el propósito de fijar un procedimiento único que garantice el derecho de defensa del administrado y la publicidad de los actos de la Administración en todos los supuestos en que esta Secretaría intervenga para imponer sanciones por incumplimientos a las leyes ambientales de las que resulte autoridad de aplicación.

Que desde la vigencia de dicho reglamento, se ha acumulado una vasta experiencia en la tramitación de los sumarios incoados lo cual ha permitido advertir la necesidad de modificar el reglamento.

Que la consagración del valor ambiental como bien jurídico tutelado alcanzó en nuestro país el mayor rango de resguardo con la instauración constitucional del derecho al disfrute de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y estableció, asimismo el deber de preservar el ambiente como un deber correlativo que recae en cabeza de cada uno de los titulares del derecho. Consecuentemente, la Constitución Nacional establece expresamente el deber de las autoridades de proveer a este derecho, a la utilización de los recursos naturales y a la preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

Que la tutela administrativa del ambiente, se materializa desde un triple ángulo normativo, orgánico-funcional y material mediante modalidades de prevención (medidas de seguridad), represión (sanciones administrativas) y reparación o restauración (medidas complementarias a las sanciones administrativas).

Que la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ostenta la potestad sancionadora frente a los diversos incumplimientos de las normas ambientales de los que resulte autoridad de aplicación.

Que aquella atribución no debe concebirse ni aplicarse como una facultad meramente represiva sino que, por el contrario, la facultad de aplicar sanciones por infracciones a los diferentes regímenes en los que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable resulte autoridad de aplicación, constituye una herramienta de política ambiental cuyo uso debe efectuarse en el marco integral que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece.

Que, con miras a mejorar el Reglamento para la Sustanciación de Sumarios por Infracciones Ambientales, como un instrumento adecuado para la tutela de los derechos de los presuntos infractores derivados de la garantía constitucional del debido proceso adjetivo (v. artículo. 18, CONSTITUCIÓN NACIONAL y artículo 1°, Ley 19.549 y modificatorios.) y el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, se han realizado modificaciones en relación a aspectos procedimentales tales como plazos, notificaciones, finalización del procedimiento, entre otros.

Que el procedimiento establecido en el presente Reglamento pretende simplificar los trámites que lo integran garantizando en todos los casos los derechos reconocidos al presunto infractor, por lo que en busca de un desarrollo ágil del procedimiento ajustado a los plazos que se establezcan, se prevé el procedimiento simplificado para todas las infracciones formales así establecidas en las leyes en las que la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es autoridad de aplicación, y se prevé, además, la posibilidad de que el presunto infractor reconozca voluntariamente su responsabilidad y proceda al pago anticipado y voluntario de la multa con reducción del valor de la sanción poniendo fin al procedimiento.

Que se ha elaborado la presente resolución con el objeto de actualizar la reglamentación de los sumarios que deben preceder a la imposición de las sanciones previstas en las normas ambientales pertinentes.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le corresponde.

Que el suscrito es competente para el dictado del presente acto de alcance general normativo en virtud de las Leyes Nros. 22.421 y 24.051 y el Decreto N° 674 de fecha 24 de mayo de 1989, modificado por el Decreto N° 776 de fecha 12 de mayo de 1992 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS INFRACCIONES A NORMAS DE LAS QUE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ES AUTORIDAD DE APLICACIÓN que, como ANEXO, forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2° — Derógase la Resolución SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE N° 475 de fecha 29 de abril de 2005.
ARTÍCULO 3° — El Reglamento que por la presente se aprueba, entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. SERGIO G. LORUSSO, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros.
ANEXO
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución reglamenta el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora mediante el cual la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS investigará la comisión de presuntas infracciones contra los regímenes legales y reglamentarios de los que es autoridad de aplicación, a fin de determinar las infracciones, el o los responsables y la aplicación de las sanciones previstas en la normativa pertinente.
ARTÍCULO 2°.- Órgano instructor. Las actuaciones sumariales serán instruidas en el ámbito de la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL de la SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN y resueltas mediante acto administrativo de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3°.- Pautas para su interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de la presente resolución se integrará supletoriamente con las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Decreto 1.759/72 (T.O. 1991), y subsidiariamente con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal.
ARTÍCULO 4°.- Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal y otros organismos de la Administración Pública:
Cuando en el marco de las actuaciones sumariales la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES estime que los hechos involucrados pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la misma deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal.
Así también, cuando considere que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de una presunta infracción administrativa de la cual la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE no sea competente, deberá comunicarlo al órgano que estime competente.
Capítulo II
Actuaciones previas e iniciación del procedimiento
ARTÍCULO 5°.- Inicio del procedimiento. El procedimiento sumarial podrá iniciarse a instancia propia de las áreas de control competentes de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, o como consecuencia de la comunicación de otros organismos, ya sean administrativos, policiales o judiciales, o en virtud de la denuncia de particulares.
Recibida la denuncia o comunicación, las áreas competentes determinaran la presencia o no de presuntas infracciones a la normativa de la que la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS resulte autoridad de aplicación y evaluarán la pertinencia de iniciar las respectivas actuaciones en orden a comprobarlas.
ARTÍCULO 6°.- Actuaciones previas. A los fines de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación de un proceso sumarial se podrán realizar todas las actuaciones previas que las autoridades competentes de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estimen procedentes. En particular, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, las personas que pudieran resultar responsables y la normativa eventualmente infringida.
ARTÍCULO 7°.- Contenido de las denuncias, procedimiento de recepción. Las denuncias de particulares deberán contener, en cuanto fuera posible, la relación del hecho denunciado con las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, así como los demás elementos que pudieran conducir a su comprobación. A tal efecto, el denunciante deberá acompañar la prueba que tenga en su poder.
En caso de denuncia verbal, el funcionario que la reciba labrará un acta en la que verificará la identidad del denunciante y se asentará su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio y documento de identidad. A continuación, se expresarán los hechos y se agregará la documentación u otros elementos de prueba que se ofrezcan. Finalmente, el denunciante y el funcionario interviniente procederán a firmar la totalidad de las fojas de las que constare la denuncia.
ARTÍCULO 8°.- Funciones de Inspección. Los agentes a cargo de las tareas de inspección o fiscalización se encuentran facultados a:
a) ingresar a todos los establecimientos que se encuentren regidos por norma cuya autoridad de aplicación es la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE;
b) exigir la exhibición de toda la documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones y recabar del responsable del establecimiento toda información que juzgue necesaria para una adecuada actividad de control y fiscalización;
c) verificar las instalaciones, maquinarias y procesos en relación al cumplimiento de los estándares establecidos por los regímenes ambientales;
d) requerir el auxilio de la fuerza pública cuando se le impida el acceso o niegue la información correspondiente;
e) labrar las actas de inspección correspondientes en las que, sin perjuicio de lo previsto en la normativa específica, deberán volcarse todos los datos que permitan individualizar al responsable del establecimiento o local (DNI, cédula, pasaporte, CUIT o CUIL, domicilio particular) o, en su caso, al establecimiento de que se trate (CUIT y domicilio real y social), en las que deberán efectuarse una descripción circunstanciada de los hechos de los que podría derivar alguna imputación, indicando la normativa presuntamente infringida y precisando la infracción que se imputa.
ARTÍCULO 9º.- Establecimientos cerrados o abandonados. Cuando los establecimientos a ser inspeccionados se encuentren definitivamente cerrados, con indicios claros y evidentes de abandono, o en proceso de venta o alquiler, se deberá dejar constancia de tal circunstancia a la Dirección del área correspondiente para evaluar la baja del padrón o registro, si correspondiere.
ARTÍCULO 10.- Dentro del plazo de DIEZ (10) días subsiguientes a concluirse la inspección o, en caso de inspecciones prolongadas, desde que el agente retorne a su sede, deberán remitirse las actas labradas al área correspondiente acompañadas de un análisis técnico de la situación ambiental, que indique los aspectos ambientales relevantes así como la normativa presuntamente infringida.
ARTÍCULO 11.- Intervención de los Directores Nacionales y Subsecretarios. El Director del área correspondiente analizará los antecedentes y ponderará el análisis técnico al que se refiere el artículo precedente y, en un plazo de DIEZ (10) días, remitirá al Director Nacional o Subsecretario pertinente, un memorando, junto con todos los antecedentes documentales que sustenten cada una de las presuntas infracciones e indicando el mérito para el inicio del procedimiento sancionador. Luego de que el Director Nacional o Subsecretario competente tomen conocimiento y ratifiquen la solicitud del Director del área correspondiente, remitirán los antecedentes a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES.
Capítulo III
Medidas de carácter preventivas.
ARTÍCULO 12.- Medidas de carácter preventivas y/o provisionales durante el procedimiento sancionador. Una vez iniciado el procedimiento sancionador y ante la constatación de la existencia de peligro de daño grave o irreversible a la salud de las personas o el ambiente, el área competente pondrá en conocimiento de la situación a las Direcciones Nacionales o Subsecretarías que correspondan, las que podrán sugerir a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES la adopción en el marco del sumario respectivo de las medidas preventivas pertinentes, de conformidad con las previsiones legales y reglamentarias aplicables. En tal contexto la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES aconsejará la medida preventiva que estime corresponder, que será eventualmente dispuesta por la máxima autoridad de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Ello sin perjuicio de la comunicación que, en su caso, corresponda realizar ante las autoridades judiciales, con intervención del servicio jurídico de asesoramiento permanente.
Capítulo IV
De la Instrucción del Sumario
ARTÍCULO 13.- Dirección de Infracciones Ambientales; deberes del Instructor. Será instructor de los procedimientos sancionadores el Director de la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES o el letrado que este designe.
Es deber del Instructor dirigir el procedimiento sumarial. En tal sentido, deberá investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables, y fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar las demás diligencias a su cargo, si correspondiere. Asimismo, deberá concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que sea necesario realizar; señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos y omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria o que considerare como de mejor proveer.
ARTÍCULO 14.- Independencia funcional. El Instructor tendrá independencia en sus funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda afectarla.
ARTÍCULO 15.- Inicio; imputación; notificación al presunto infractor. Recibidas las actuaciones de la Dirección Nacional o Subsecretaría, la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, en aquellos casos en los que hubiere mérito para el inicio del procedimiento sumarial, las remitirá a la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO para que ésta proceda a caratularlas, abriéndose así el expediente administrativo del sumario.
Cuando la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES considere, no obstante la opinión en sentido contrario de la Dirección Nacional o Subsecretaría previniente, que no existen razones suficientes para el inicio de un sumario, elevará un informe detallado de las actuaciones al Subsecretario o Director Nacional pertinente, quien le impartirá las instrucciones correspondientes en orden al inicio o no de la investigación, o remitirá las actuaciones al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los mismos efectos.
Una vez caratuladas las actuaciones, el expediente será girado a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, donde quedará radicado para su sustanciación. La DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES fijará el orden de prelación que deben tener los sumarios por sustanciarse, atendiendo a la relevancia ambiental de las irregularidades que deban investigarse.
Se procederá a confeccionar la imputación del o los cargos al presunto infractor, la cual deberá ser suscrita por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable o por el Subsecretario que resulte competente según la materia. Suscrita la imputación, se la notificará al presunto infractor a fin de que, dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores, efectúe su descargo, acompañe los documentos o informaciones que estime convenientes y, en su caso, ofrezca la prueba que, según considere, haga a su derecho, y constituya domicilio especial en el radio de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 16.- Notificaciones. A los efectos de las notificaciones que deban ser cursadas en el marco de las actuaciones, se tendrá por constituido el domicilio que hubiere sido denunciado por el administrado ante cualquiera de las áreas de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
ARTÍCULO 17.- Recepción del descargo. El descargo deberá ser presentado en la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO del Organismo con especial mención de que las actuaciones se encuentran radicadas en la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES.
Deberá observarse, al momento de la recepción del descargo, que en el mismo se haya constituido domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 18.- Auto de apertura a prueba; y la notificación al presunto infractor. El Instructor dictará el auto de apertura a prueba, el que se notificará a la parte sumariada, ordenando las que considere conducentes y estableciendo el plazo para producirlas de acuerdo con la importancia y complejidad de ellas.
En el mismo auto deberán rechazarse, sin recurso alguno para el sumariado y dando cuenta motivada de las razones del rechazo, aquellas pruebas que sean superfluas, inconducentes, manifiestamente improcedentes o dilatorias.
ARTÍCULO 19.- Cierre de la etapa probatoria; análisis técnico jurídico del descargo y de las pruebas producidas. Concluida la etapa probatoria, el Instructor deberá realizar el cierre del período probatorio mediante providencia. Esta será notificada al presunto infractor, al que se le otorgará un plazo de CINCO (5) días para alegar sobre el mérito de las pruebas producidas.
Acto seguido, el Instructor realizará el pertinente análisis técnico jurídico de las actuaciones y arribará a una conclusión por medio del informe correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la presente.
En caso de que necesitare asesoramiento técnico o la intervención de otras dependencias de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE para conformar su informe, el Instructor —previa convalidación del Director de Infracciones Ambientales si éste hubiera delegado la instrucción del sumario— podrá:
a) Citar a los agentes de los distintos sectores técnicos para que concurran a la sede de la instrucción, a fin de asistir en el análisis técnico de la cuestión bajo examen, circunstancia que deberá ser reflejada en un acta que será rubricada en forma conjunta por el instructor y los técnicos requeridos.
b) Remitir el expediente mediante providencia al área pertinente requiriéndole la información necesaria. Dichas solicitudes deberán ser contestadas y las actuaciones devueltas en un plazo de QUINCE (15) días u otro mayor que el Instructor disponga en atención a la complejidad del caso.
ARTÍCULO 20.- Ausencia de descargo u ofrecimiento de prueba. Ante la ausencia de descargo u ofrecimiento de prueba y corroborada que fuera la notificación fehaciente de los cargos imputados, el Instructor procederá a la realización del informe pertinente.
Capítulo V
De la Conclusión del Sumario y de la Aplicación de Sanciones
ARTÍCULO 21:- Plazo para la producción del informe del instructor. El Instructor contará con un plazo de CUARENTA (40) días desde que las actuaciones se encuentren listas para resolver, a los fines de producir el informe correspondiente. Allí se dejará constancia de los antecedentes que el sumariado tuviere, evaluando en cada caso la incidencia de los mismos en la resolución de las actuaciones y contendrá un análisis motivado de los hechos, especificándose los que se consideren probados. En tal sentido, se deberán examinar las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. Asimismo, se determinará la infracción cometida y los sujetos que resultaren responsables, y se propondrá la sanción pertinente.
De conformidad a dicho informe se elevará el proyecto de acto administrativo que corresponda, resolviendo la aplicación de sanciones pertinentes o absolviendo de los cargos imputados al sumariado.
ARTÍCULO 22.- Criterios para la apreciación de las sanciones. Para la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta el daño ambiental —real o potencial— ocasionado y la naturaleza de la infracción.
ARTÍCULO 23.- Control de legalidad; suscripción del acto administrativo; notificación. La DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES elevará a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS el expediente del procedimiento sancionador y el proyecto de resolución para que ésta practique el pertinente control de legalidad en forma previa a la suscripción del acto administrativo por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Una vez suscripto el acto, se procederá a su notificación, con indicación del o los recursos disponibles y su respectivo plazo.
ARTÍCULO 24. Recepción del recurso; elaboración de un informe con proyecto de Resolución. El recurso deberá ser presentado ante la MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la que lo recepcionará y lo remitirá a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES para ser agregado al expediente y tramitado en la instancia administrativa que correspondiera.
Capítulo VI
Del Sumario Simplificado por Infracciones Formales
ARTÍCULO 25.- Simplificación del procedimiento sumarial. Cuando las irregularidades que deban investigarse constituyan infracciones al régimen del Decreto N° 674 de fecha 24 de mayo de 1989 —modificado por el Decreto N° 776 de fecha 12 de mayo de 1992— o constituyan infracciones formales establecidas en los regímenes legales vigentes de los cuales la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE resulte autoridad de aplicación, será de aplicación el procedimiento simplificado que se regula a continuación:
a) Los agentes a cargo de las tareas de inspección o fiscalización labrarán el acta correspondiente y/o, en su caso, un informe dando cuenta de la comisión de la infracción formal de que se trate.
b) Los Directores competentes ponderarán la incidencia de las faltas formales bajo estudio en el ejercicio del poder de policía ambiental y, en el supuesto de considerar que existe mérito para el inicio del procedimiento sumarial, remitirán los antecedentes a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES.
c) Conformado el expediente administrativo, el instructor procederá a notificar el cargo o los cargos a que hubiere lugar y otorgará un plazo de DIEZ (10) días para desvirtuarlos.
d) Presentado el descargo o vencido el plazo fijado para hacerlo, el Instructor, en un término de TREINTA (30) días, elaborará su informe técnico jurídico y confeccionará el correspondiente proyecto de acto administrativo proponiendo, en el caso que corresponda, la aplicación de las sanciones pertinentes, o la absolución de los cargos imputados.
ARTÍCULO 26.- Pago voluntario. Cuando las irregularidades que deban investigarse constituyan infracciones formales al régimen del Decreto N° 674 de fecha 24 de mayo de 1989, modificado por el Decreto N° 776 de fecha 12 de mayo de 1992 o constituyan infracciones formales establecidas en los regímenes legales vigentes de los cuales la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE resulte autoridad de aplicación, una vez notificada la imputación del o los cargos al presunto infractor, el mismo podrá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores, efectuar su descargo u optar por el pago voluntario de la multa, con una reducción del importe de la misma del TREINTA por ciento (30%).
El pago voluntario de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, implicará el reconocimiento de la infracción cometida, la renuncia a oponer descargo y la conclusión del procedimiento sumarial, sin necesidad de dictar resolución expresa. En el caso que el descargo haya sido opuesto, el mismo se tendrá por no presentado.
El pago anticipado de la multa no eximirá al sumariado de las obligaciones que hubieran dado lugar a la configuración de la infracción reconocida, de conformidad con la normativa vigente.
La posibilidad del pago voluntario, así como sus consecuencias, deberán ser notificadas junto a la imputación que corresponda, en la que deberá tenerse en cuenta.
Capítulo VII
Del Seguimiento de Multas
ARTÍCULO 27.- Seguimiento de multas. Una vez vencido el plazo establecido en el acto sancionador para pagar la multa impuesta, el Director de Infracciones Ambientales deberá proceder de la siguiente manera:
a) Remitirá las actuaciones al DEPARTAMENTO DE TESORERÍA a fin de que dentro de los DIEZ (10) días informe si se ha abonado la multa. Si la multa ha sido abonada, el DEPARTAMENTO DE TESORERÍA devolverá el expediente a la DIRECCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, la que procederá a informar la finalización del sumario al área que oportunamente requiriera las actuaciones sumariales y solicitará la conformidad para proceder al archivo.
b) En caso de no haberse efectivizado el pago, el DEPARTAMENTO DE TESORERÍA deberá emitir el correspondiente certificado de deuda y remitirá el expediente al área contenciosa del servicio jurídico de asesoramiento permanente para la ejecución de la multa.
Capítulo VIII
Disposiciones transitorias y finales
ARTÍCULO 28.- Sumarios anteriores. La presente resolución será de aplicación a los sumarios a iniciarse con posterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento.
e. 12/01/2016 N° 663/16 v. 12/01/2016 (Boletín Oficial)

Última actualización en Martes, 12 Enero 2016 10:43

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Normalización de la seccional Zapala: “tarea cumplida”

Normalización de la seccional Zapala: “tarea cumplida”

En noviembre de 2014 el Secretariado Nacional le encomendó hacerse responsable de la Intervención en la Seccional Zapala. Ante esta determinación Horacio Savid, Secretario de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, asumió la responsabilidad yNormalización-de-la-seccional-Zapala dirigió la normalización. En esta nota comparte la labor desarrollada bajo su gestión.
La intervención en Zapala se realizó luego de exhaustivos análisis, con auditorías sobre todas las cuestiones que hacen a la administración de la seccional. Finalmente, y tras una Asamblea General realizada en esta localidad neuquina, que contó con la  participación de más de cien afiliados, se escucharon el detallado informe presentado por el Secretario Adjunto de AOMA Carlos Almirón. En esa oportunidad enumeró - entre otras cosas -  el faltante de una importante suma de dinero, comprobantes de gastos de las rendiciones sindicales y una situación agravada por la falta de presencia gremial en las distintas empresas que competen la jurisdicción de la seccional Zapala. En una votación, por  mayoría absoluta, la decisión estableció que desde AOMA Central se tomen todas las medidas legales y estatutarias correspondientes para intervenir la Seccional Zapala.
Seguidamente, y respetando los estatutos de esta organización, se convoca a un Congreso General Extraordinario que se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires, allí  se resolvió la intervención.
“Al ponerse en funcionamiento la intervención de la Seccional Zapala nos encontramos con diversas falencias, tanto  administrativas, como contables, y la falta más grave consistió en la carencia de representación y presencia gremial en las empresas, donde los compañeros estaban muy desprotegidos y desamparados gremialmente” explicó Savid.
Esta fue una intervención que en un principio se estimaba que podía ser resuelta en un período, corto de cuatro o cinco meses, pero una vez en funciones surgieron otros inconvenientes que hicieron que la misma se prolongara por mucho más tiempo de lo previsto.
A los problemas existentes hubo que agregarle “el conflicto laboral generado en el mes de diciembre de 2014 con la empresa Minera Andacollo Gold, ante el conflicto generado por la falta de pago de haberes y aguinaldos.  y participando activamente en todas las asambleas. Desde AOMA  siempre se buscó una solución integral y definitiva para el problema de todos los trabajadores de MAGSA. Se rechazaron las maniobras dilatorias de los responsables de la empresa. Esto obligó a estar abocados, casi en forma exclusiva por más de tres meses hecho que provocó que se extendiera el tiempo de proceso de normalización de la seccional”.
Con gran satisfacción  “hoy podemos decir, que la seccional se encuentra  funcionando de manera normal, ya que hay un grupo de compañeros delegados internos en la actualidad cumplen la función de Colaboradores que están muy comprometidos con la actividad. Ellos asumieron roles con responsabilidad institucional que consolidan este cambio. Cabe destacar que son jóvenes, que entienden y practican los lineamientos e ideología política sindical” de AOMA Central.
Savid destacó que “una de las tareas más importantes que se tuvo que realizar fue la de poder concretar elecciones para delegados internos en las plantas, ya que en toda la seccional existían solamente seis, mientras que en la actualidad ya se cuenta con 12 delegados internos de empresa. Estos fueron instruidos brindándoles las herramientas básicas  para que puedan desarrollar la tarea gremial de una manera más eficaz. Profundizando y asimilando la línea sindical de la organización, el pensamiento de AOMA y encuadrar así a todos los nuevos dirigentes de los conceptos y la metodología de trabajo”.
Sin duda, el mayor logro, fue “estar presentes en todas las canteras y yacimientos de la jurisdicción, mediante un gremio proactivo y junto a nuestra gente”.
Al mismo tiempo, Savid destacó que con una acción intensa, “se logró permitir el acceso al afiliado sindical de más y mejores  beneficios. Para lo cual se agilizó el reintegro por prestaciones médicas, se entregaron kit escolar para nivel primario, y todos beneficios sociales que se ofrecen desde AOMA a nivel nacional”.
Por último, el dirigente expresó “un gran agradecimiento para nuestro Secretario General, Héctor Laplace que depositó su confianza al concederme la responsabilidad de estar a cargo de una seccional como Zapala. También agradecer a todo el Secretariado Nacional por el apoyo incondicional” culminó. (El Obrero Minero, 11/01/16)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 10:59

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Abre otra puerta para San Jorge

Abre otra puerta para San Jorge

Mientras los directivos de la empresa se reúnen con autoridades sanjuaninas, desde el Ejecutivo no descartan retomar el proyecto que se archivó en 2011. Sin embargo, en la legislatura se niegan e incluso piensan en poner aún más restricciones a la actividadSe-abre-otra-puerta-para-San-Jorge
Si con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722, también conocida como Ley Antiminera, se estimaba que la discusión sobre el desarrollo de la actividad en la provincia estaba terminado, pues se cayó en un error.
El Gobierno provincial a través de la Secretaria de Energía, Minería e Hidrocarburos, estudia la factibilidad de los proyectos mineros que pueden avanzar en la provincia y no se descarta la opción de avanzar con San Jorge, pero no sólo con el proyecto biprovincial, sino que reflotar la opción que se archivó en 2011 por pedido del entonces candidato, Francisco Pérez.
Sin embargo, la posibilidad no cae nada bien en un sector del oficialismo, específicamente en algunos intendentes y legisladores que no están de acuerdo con esa opción y que incluso, estudian las formas para "trabar" el avance del biprovincial, el cual pretende extraer material en Uspallata y llevarlo a San Juan para ser procesado.
Para recordar
El proyecto minero metalífero San Jorge ha pasado por tres etapas en busca de la posibilidad de explotar un yacimiento cuprífero en Uspallata. En primera instancia quiso hacerlo mediante lixiviación para lograr cátodos de cobre, proceso que fue rechazado por el uso de ácido sulfúrico, el cual quedó prohibido después de la aprobación de la Ley 7.722. Luego avanzó con la posibilidad de producir concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, que si bien no tenía choques con la ley y se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, fue resistido y archivado cuando se discutía el aval legislativo por pedido del entonces candidato a gobernador Francisco Pérez. La tercera opción es la que se mantiene activa y que no tiene conflictos con las normas vigentes, ya que consiste en extraer material en Uspallata y trasladarlo 22 kilómetros hasta Calingasta, San Juan, para su procesamiento a través de lixiviación.
Con ese panorama, y luego de que la Suprema Corte ratificara la legitimidad de la Ley 7.722, las nuevas autoridades del ramo estudian los posibles proyectos mineros a desarrollar, pero bajo ciertas premisas. En ese contexto, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, no descartó la posibilidad de avance del denominado San Jorge II, el cual fue archivado por razones políticas en 2011.
Respecto a la posibilidad de avance de cada iniciativa que se presenta al Ejecutivo, recalcó: "El avance dependerá de que tengan un impacto económico-social positivo, que sean ambientalmente sustentables y que no tengan conflicto con el marco legal".
En ese sentido, Guiñazú dijo que los especialistas de la subsecretaría estudian los proyectos, incluído el que considera la utilización del método de flotación en la provincia. "El proyecto con proceso de lixiviación está descartado porque va contra la ley. El de flotación no utiliza las sustancias prohibidas y desde el punto de vista técnico no va contra la Ley 7.722", resaltó el funcionario.
Sin embargo, recalcó que la posibilidad de retomar la DIA archivada en la Legislatura dependerá de que se den además todos los otros factores, "porque la minería es una actividad económica legítima".
A pesar de que se trata -por ahora- sólo de una opción en estudio, la idea no cayó nada de bien en intendentes y legisladores, aunque a priori ninguno quiso hablar públicamente del tema, para no tener conflictos con Alfredo Cornejo. En el círculo íntimo saben que el gobernador no se opone a la actividad, aunque se cuida de no opinar más allá de lo políticamente correcto por la presión social que significa.

La cuestión es que más allá de la cuestión política, los representantes provinciales saben que no se puede bajar una orden a la hora de votar sobre minería, "porque Alfredo sabe que no podemos ir contra lo que pide la gente en nuestros territorios".
La posibilidad de retomar San Jorge II sorprendió a los legisladores que están más cercanos al debate minero y que corresponden al Este, el Valle de Uco y el Sur de Mendoza. Incluso algunos de ellos –confirmaron- están buscando alternativas legales para que no avance siquiera San Jorge III, el proyecto biprovincial. "No sabemos aún cómo, pero una alternativa puede ser haciendo un proyecto que limite la cantidad de material que se pueda sacar de la provincia", adelantó otro de los legisladores.
Lo cierto es que por ahora ninguno quiere ir contra las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo, porque nadie quiere ir contra Cornejo, pero aseguran que una vez que se avance con alguna alternativa minera, sea cual sea, se van a generar protestas sociales que pueden derivar en un quiebre dentro del oficialismo.
Sin ir más lejos, el ministro Enrique Vaquié, de quien depende la Subsecretaría de Minería, es uno de los mayores opositores al desarrollo de la minería metalífera, argumentando el alto uso del agua y las complicaciones que hay con el recurso hídrico en la provincia.
Las visiones respecto a la actividad son contrapuestas y extremas en los sectores que tienen mayor representación legislativa, pero en el oficialismo son especialmente distantes y tienen que ver con los territorios a los que representan y la presión social que les hacen sentir.
La posición de Cornejo
El actual gobernador no ve con malos ojos la minería, bien lo saben los legisladores, pero también saben que no se expondrá más de lo necesario en su defensa. Por ahora no le cierra la puerta al estudio de las opciones, pero seguramente esperará antes de avanzar con la posibilidad de volver a enviar una DIA para tratamiento legislativo, lo pensará bastante y analizará el contexto social.
Cornejo ya tiene experiencia con los cuestionamientos a la minería, basta recordar la polémica que se generó cuando dos diputados y hombres de su confianza viajaron a Macedonia para interiorizarse de los procesos por pedido del entonces intendente de Godoy Cruz. Tal era la confianza que hoy uno es su ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y otro es el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.
Aunque todavía son ideas, en el Poder Ejecutivo y Legislativo están atentos a los movimientos de San Jorge, especialmente luego que se conociera de la realización de una reunión de los representantes la empresa con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. La idea sería establecer algunos parámetros y conversar de la inversión millonaria y los puestos de trabajo que generarían para esa provincia.
Proceso de flotación
El proceso de flotación, el cual se propuso en 2011 por parte de la empresa San Jorge y que fue archivado, fue resistido por las organizaciones ambientalistas por dos razones principales, el uso del agua y de Xantato, un reactivo que se aplica, junto con agua, en una especie de "olla" al material molido, a la cual se le inyecta aire para obtener concentrado de cobre.
Aunque no tiene conflictos con la Ley 7.722 fue resistido por las organizaciones ambientalistas y por el impacto social que se generó, y previendo un posible efecto electoral, el candidato del Partido Justicialista, Francisco Pérez, pidió a sus legisladores, archivar la DIA que estaba en estudio para obtener el aval legislativo que establece la norma mencionada.
Por ahora, y a menos de un mes de que la Suprema Corte emitiera su fallo a favor de la Ley Antiminera, sigue adelante la posibilidad del proyecto biprovincial de San Jorge. Respecto a esa opción, Emilio Guiñazú no se mostró tan entusiasmado con su avance, ya que según su visión, si se hace lixiviación a 5 kilómetros del límite provincial los riesgos son los mismos que se hiciera en la provincia. Por eso, considera que tendría un menor impacto la opción de la flotación, tomando todas las medidas y siempre que tenga los avales que establece la norma y el Gobierno provincial.
Mientras, y respecto a la decisión de la Justicia de Mendoza, las empresas que pidieron la insconstitucionalidad de la Ley 7.722 aún no definen si avanzarán con una apelación a la Corte Suprema de la Nación, ya que de las 10 firmas que presentaron recursos, sólo una fue notificada hasta este viernes, Minera del Oeste.
Aunque no se sabe en qué momento se puede avanzar, lo más probable es que Mendoza enfrente un nuevo debate minero, el cual nuevamente podría generar ruido en la política, especialmente en los partidos que hoy están a cargo de la administración provincial. (MDzol, Mendoza, 11/01/16)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 11:03

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Vale define que hara con la explotacion de potasio

Vale define qué hará con la explotación de potasio

La brasileña Vale volvió a hablar en estas semanas de reactivar su proyecto para extraer potasio en Malargüe, Mendoza. Lo que suceda no sólo definirá si los campos argentinos tendrán mejor acceso a uno de los cuatro principales nutrientes. Una definición positiva tValeambién significará confianza o no el plan macroeconómico de Mauricio Macri.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, había anun­ciado en 2011 una inversión de u$s 6.000 M para producir potasio en Río Colorado. Pero en diciembre de 2012, con un dólar retrasado de seis pesos y un cepo cambiario que ya restringía, por ejemplo, la repatriación de divisas, todo se frenó.
Como sucede con otros sec­tores, si un dólar a 14 pesos es juzgado atractivo y con chances de estabilidad, el proyecto no sólo tendrá más chances de ver la luz: también será un alivio para la constitución de reservas en el Banco Central a través del ingreso de capitales.
Vale ya había invertido unos u$s 1.500 M en instalaciones, la primera fase de un tendido ferroviario y una estación portuaria. Pero frenó el proyecto al no llegar a un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández para obtener beneficios tributarios que compensaran los aumentos de costos por inflación.
La empresa pretendía producir unas 4,3 millones de toneladas anuales de potasa, una sal de potasio que, junto al nitrógeno y al fósforo, funcionan como fertilizantes esenciales para el crecimiento de los cultivos.
El futuro del emprendimiento fue tema de conversación hace unos días entre Edoardo Santana, Ceo de Vale en Argentina, y el subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú. Respecto a la reunión, Guiñazú comentó que existe hoy un contexto “más amigable” para poner en marcha nuevamente el emprendimiento, y manifestó su voluntad de avanzar en el proyecto.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, también transmitió su interés en dar ventajas impositivas locales a quien explote la mina, con la idea de recuperar el proyecto que dejaría en su provincia regalías millonarias, además de miles de puestos de trabajo. La gobernación aclaró que, si Vale finalmente no tiene interés, entonces debería apurar el proceso para transferir sus activos.
A su vez, Potasio Río Colorado, por el material que extrae y por su proceso, no colisionaría en nada con la ley antiminera 7.722, considerada por la Corte como constitucional.
Sin embargo, Brasil aún no decidió qué hacer. Está previsto otro encuentro, con fecha que aún resta definir. El emprendimiento debería reactivarse antes del 2017, sino la concesión de la Provincia se caerá y deberá volver a licitarse.
Interesados
China y Rusia parecen estar interesados en hacerse cargo del proyecto, en el caso de que la empresa brasileña decida poner en venta las instalaciones y los derechos de venta de la mina de potasio en Malargüe, según afirmó Santana, Ceo de Vale. (La Voz del Interior, Córdoba, 11/01/16)

Última actualización en Lunes, 11 Enero 2016 10:56

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