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Esquel: desde MUCHOS defendieron la mineria

Esquel: desde MUCHOS defendieron la minería

Chubut. Aladino Antillanca, precandidato a intendente de Esquel por Muchos X Chubut, que lidera Miguel “Coné” Díaz dentro del Frente para la victoria, dijo a FM Tiempo que impulsan una campaña con buenas expectativas porque “la gente se va dando cuenta de que el nuestro es un proyecto diferente, nuevo”.
Sugestivamente, aclaró que Muchos no tiene nada que ver con el FPV. “Estamos solos como oposición a Martín Buzzi”, y remarcó que lo más preocupante en Esquel es la falta de trabajo genuino. Él mismo vive de changas de albañilería y no lo oculta porque todos lo conocen. “Las changas me salvaron en infinidad de veces”, dijo, y contó que conoce oficios relacionados, lo que les falta a muchos jóvenes que recién se inician en la actividad, y se complica la situación durante la veda invernal, cuando numerosos vecinos quedan sin empleo.
Luego la primera precandidata a concejal, Juana Saihueque, se refirió a las necesidades en los barrios, donde además de trabajo, a muchos vecinos les falta abrigo y el gas de red llega con muy poca presión. Subrayó que la desocupación es importante, y que hay hogares en los que hay dos o tres personas sin trabajo.
En este sector político confluyen vecinos promineros. La dirigente y vecinalista de barrio Badén admitió que tener esa condición a veces produce rechazo de gente a la que visitan. “No aceptan que el otro piense diferente. Pero nosotros sí los respetamos”. Señaló Saihueque que en su mismo barrio, con tanta desocupación, en algunas viviendas ponen carteles con “No a la mina”, actitud que rechaza y lo habla con los vecinos, porque no le parece bien que se opongan al trabajo, ya que “la minería es trabajo y tiene derivaciones en otros rubros”.
Antillanca desestimó conceptos que se vierten en contra de la minería, con relación al método de explotación y uso del agua, recordando que el proyecto Suyai de Minas Argentinas para Esquel, es de extracción subterránea, y sin cianuro.
Explicó que muchos vecinos aceptan la minería pero otros la rechazan y le dicen que los mineros son mentirosos. A su domicilio fueron a encuestarla a su esposa, y le sugirieron que rechace directamente la minería, porque se corre el riesgo para la salud, y los niños pueden nacer deformes. El postulante remarcó que tampoco a la empresa que pretende explotar el proyecto Suyai la van a aceptar a cualquier precio, y por el contrario le exigirán compromiso con la comunidad de Esquel, para dar empleo y que gente local pueda vivir de la minería.
Saihueque advirtió que a los peones rurales no se los tiene en cuenta, cuando tienen muchas dificultades, ya que los despiden de los campos, mal pagos, y se instalan en la ciudad sumándose a la desocupación. Pero aseveró que es poco lo que se puede hacer por ese sector y toda persona humilde, incluidas las empleadas domésticas. “En Esquel hay gente conservadora, que siempre presiona con abogados y leyes. Y a veces las personas se callan por necesidad”. (Diario Jornada, Chubut, 16/07/15)

Última actualización en Jueves, 16 Julio 2015 11:10

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Ofensiva de Vale competira con planes de Rio, BHP para enviar mas mineral de hierro

Ofensiva de Vale competirá con planes de Rio, BHP para enviar más mineral de hierro a China

En momentos en que Rio Tinto y BHP Billiton envían más de mineral de hierro que nunca a China, los gigantes de la minería en Australia se enfrentan a una incursión de la brasileña Vale por una cuota de mercado que amenaza con lastrar aún más a los precios.
Rio Tinto revelaría el jueves un alza de un 9% en la producción de mineral de hierro en el segundo trimestre y BHP reportaría un sólido aumento el 22 de julio, en momentos en que las mineras luchan por reforzar sus exportaciones para aumentar las ganancias.
Pero ahora enfrentan una mayor competencia de Vale, que también busca reforzar la extracción de sus minas después de el mayor productor mundial de mineral de hierro ganó la aprobación para que sus buques gigantes Valemax descarguen en China, lo que implica una reducción en sus costos de flete.
Con una capacidad de 400.000 toneladas cada uno, los 34 Valemaxes son los mayores buques cargueros del mundo y tienen dos veces el tamaño de los barcos utilizados por Rio y BHP, pero la prohibición de entrar en los puertos chinos habían limitado seriamente su eficiencia de costos.
"BHP y Rio han estado buscando aumentar los volúmenes en este entorno para maximizar cada tonelada", dijo el analista de Morgan Financial James Wilson.
"Con los nuevos buques de Vale navegando y el precio en el nivel actual, será una carrera a toda máquina durante el próximo trimestre, con más producción de mineral (de hierro) que nunca", agregó.
Hasta hace poco, Rio y BHP se habían centrado en desplazar a las mineras chinas de hierro para capturar una mayor cuota de mercado.
En los primeros cinco meses del año, las importaciones chinas desde Australia del ingrediente empleado en la fabricación de acero llegaron a 242 millones de toneladas, o el 63,9% de las importaciones totales, por encima de la cuota de mercado de un 58,7% que Australia tuvo en todo el 2014.
Brasil ha cedido una cuota de mercado en los últimos años, y las importaciones chinas desde ese país ascendieron a 71 millones de toneladas en los primeros cinco meses, o un 18,7% del total. Este es un nivel estable comparado con el 2014 pero se ubica un 22% a la baja frente al 2012.
Pero desde finales del año pasado, Vale ha estado reconstruyendo sus lazos con China.
Acordó la venta y el posterior arriendo de al menos ocho de sus buques Valemax a empresas chinas y obtuvo la aprobación para el atraque de sus buques en los puertos chinos, poniendo fin a una prohibición de tres años.
La minera brasileña también selló un programa de expansión de u$s 16.400 M en junio, con cerca de u$s 4.000 M de apoyo financiero chino, que le permitirá producir unas 90 millones de toneladas extra de mineral de bajo costo y alta calidad para su envío a China.
De manera más inmediata, Vale reemplazará 25 millones de toneladas de producción de mineral de hierro de mayor costo con nuevas toneladas más baratas, mantendrá su meta en el 2015 de 340 millones de toneladas y bajó su precio de equilibrio.
"Parece que tomó a muchos por sorpresa durante el reciente altercado sobre la fijación de los precios del mineral de hierro que China estaba negociando directamente con el gigante brasileño Vale para obtener un suministro alternativo", dijo José Blanco, presidente del Consejo de Negocios Australia-Latinoamérica.
Vale planea elevar su capacidad en un 36% a 450 millones de toneladas para el 2018, eclipsando de lejos las toneladas adicionales combinadas que BHP y Rio planean poner en el mercado cuando sus expansiones comiencen a reducir su producción.
"China aparentemente espera buscar el equilibrio e incrementar la competencia entre sus dos proveedores más grandes, y cualquier recorte de costos de Vale, que tiene costos logísticos más altos, le ayudarán a reducir la curva de costos para todo el sector", dijo Xia Junyan, analista de Everbright Futures en Shanghái. (Reuters, 16/07/15)

 

Última actualización en Jueves, 16 Julio 2015 11:09

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Adelanto de “Tierra arrasada”, de Dario Aranda

Adelanto de “Tierra arrasada”, de Darío Aranda

En Tierra arrasada el periodista Darío Aranda hace un recorrido por los mayores conflictos ambientales como las pasteras y la contaminación de los ríos argentinos, la nueva configuración energética a partir de la práctica del fraking, la expoliación minera en la cordillera, el monocultivo de la soja y las brutales consecuencias de enfermedad que tiene los fertilizantes y herbicidas, entre otros. El autor hace un diario del desastre que afectará a todos los habitantes del país en pocos años.
A continuación, un fragmento del libro:
El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la Ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre de 2012. Por primera vez los porteños experimentaron (sólo por unas horas) lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario.
De idéntica manera, y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares?
¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debieran volar los selectos barrios de Nueva Córdoba o Cerro de las Rosas (Córdoba), Ciudad Rivera (Rosario) o el Dalvian (Mendoza)? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías?
En cada lugar que se asienta el extractivismo (minería, petróleo, soja, forestales) se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará. Y, al mismo tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.
Política de Estado
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minería también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600 (creció el 1.500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones.
El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el “Consenso de Washington”, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el Norte y aplicado a rajatabla por el Sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el “consenso de los commodities”. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político (desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda).
Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities.
No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo (provincial o nacional) apoyan el mismo esquema.
La Argentina exporta naturaleza, suma un capítulo a las Venas abiertas de América Latina, repite la historia de los espejitos de colores.
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006, la Ley 26.160, que detiene los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas, ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley en dos oportunidades. A seis años de sancionada, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no se había finalizado el trámite de ninguna comunidad.
La llamada Ley de Glaciares fue sancionada dos veces. Aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008, se interpretó como un virtual impedimento a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre de 2008. “El veto Barrick” bautizó el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez.
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece un plazo de 180 días para la realización del Inventario Nacional de Glaciares por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por una medida cautelar presentada por la empresa Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. En marzo de 2013 el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4.000 glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo públicos los informes completos. En noviembre de 2014, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció la falta de presupuesto (de 2015) para avanzar en el relevamiento de glaciares.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla (luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal). A cinco años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que (en base a datos oficiales) evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación.
En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan.
La primera soja transgénica en la Argentina se aprobó en 1996 en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012, con otra soja de Monsanto, y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.
Las leyes mineras, aprobadas durante el menemismo, siguen vigentes. Lo propio sucede con la ley que favorece a las empresas forestales (vencía en 2009 pero fue prorrogada por el Congreso Nacional). A fines de 2014, el oficialismo impulsaba dos leyes: de agroquímicos, que no establece ninguna distancia de precaución para las fumigaciones ni hace lugar a las decenas de estudios que confirman los efectos de los venenos agrarios; y la “ley Monsanto”, una nueva legislación sobre semillas, muy cuestionada por académicos y organizaciones sociales.
El 30 de octubre de 2014 a la madrugada, se sancionó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007). Con 130 votos a favor, otorga numerosos beneficios a las empresas: plazos de concesión de hasta 45 años, concentración del mercado (quita el tope de áreas adjudicadas por empresas), regalías de sólo el 12 por ciento, tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa. No contempla los derechos de los pueblos indígenas (más de veinte comunidades mapuches viven en Vaca Muerta) y no establece control ambiental de ningún tipo, justamente para una de las industrias más contaminantes de la historia.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la Ley de Glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque la Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla transgénica”.
Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
En junio de 2013 fue el turno del “decreto Chevron” (929), que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instalase en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF.
Desde el gobierno insistieron en que necesitaba “muchos chevrones”.
Chevron, unas de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 8.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la Justicia.
Derechos humanos
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en la Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
Situaciones similares se repitieron en Cerro Negro (Catamarca), Rawson (Chubut), Famatina (La Rioja), Malvinas Argentinas (Córdoba), Castelli (Chaco), Neuquén y Paraje Mondorí (Misiones).
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Sólo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales): Javier Chocobar (diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (campesina de Santiago del Estero), Roberto López (qom de Formosa), Mario López (pilagá de Formosa), Mártires López (qom de Chaco), Cristian Ferreyra (Santiago del Estero), Miguel Galván (lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y la beba de diez meses
Lila Coyipé (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (qom de La Primavera), Florentín Díaz (qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. Nunca la jefa de Estado, ni ningún funcionario de primera línea repudiaron la violencia de los gobiernos provinciales aliados y de las corporaciones extractivas.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni. Y comparó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez, López y Ferreyra, sólo cuatro de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Periodismo extractivo
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. De inmediato, una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen en los últimos años sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol (por YPF) y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o emprendimientos forestales.
Primera coincidencia: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Segunda coincidencia: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de la clase media urbana (de la que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios siempre es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir.
Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un redactor repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. El colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz escribió sobre la raíz del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo, sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
Democracias selectivas
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y la materia Sociedad y Estado (en la facultad).
Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de nación y provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad. El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a las urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población aceptara la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre de 2013, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales precisan que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 2.500 familias. El gobernador aún no cumplió la ley y no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno: la Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión
Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
Intendente y gobernador rechazan el llamado a votación.
En Neuquén se ubica la formación llamada “Vaca Muerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decidiera si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio de 2013 la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron. Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas. Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan el costo si lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represión y destierro. Dan vuelta la cara si parajes y pueblos enteros deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la porteña avenida 9 de Julio, pero no les importa si en el norte del país se arrasan un promedio de 32 hectáreas por hora. Se ponen histéricos y corren si un contenedor del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no les importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
En la Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 se realizaron siete elecciones presidenciales y otras siete legislativas.
Los partidos que acumulan mayor cantidad de votos (y que aspiran a cargos ejecutivos) hacen campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años. Democracias raquíticas.
Vida
A fines de la década del 90 e inicios de 2000, la mayor conflictividad estaba dada en zonas urbanas, que pedían ser incluidas en el mercado de trabajo. Enorme desocupación y pobreza, días de corralito bancario y crisis. Tiempos de la efímera consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Las mejoras económicas de la última década disminuyeron la conflictividad urbana de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de desocupados. En paralelo, se incrementó la lucha de pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. La disputa no es por mejoras económicas (que son igualmente necesarias) sino por el territorio, el lugar de trabajo, la cultura, la historia y el futuro de esos pueblos.
La lucha contra el extractivismo no se trata sólo de una lucha ambiental (como muchas veces se la quiere acotar). Es una acción que cuestiona el paradigma de (supuesto) desarrollo, interpela al poder político y económico, y desnuda los límites conservadores de la democracia actual.
Esquel y Gan Gan (Chubut), Loncopué y Loma Campana (Neuquén), Colonia Delicia (Misiones), Gualeguaychú (Entre Ríos), Malvinas Argentinas (Córdoba), Ruta 81 (Salta), Victoria (Entre Ríos), Esteros del Iberá (Corrientes), Rodeo y Calingasta (San Juan), Paraje San Nicolás (Santiago del Estero) y la comunidad qom La Primavera (Formosa). Sólo algunos de los cientos de lugares de la argentina profunda donde se da una lucha de fondo.
Una lucha que, de manera literal, es por la vida. (Periodismo.com)

Última actualización en Miércoles, 15 Julio 2015 09:52

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“Argentina tiene todas las condiciones para sumar la minería a su matriz productiva”

 

“Argentina tiene todas las condiciones para sumar la minería a su matriz productiva”

Entrevista a Miguel Giménez Zapiola. Con una impronta optimista, el director de Asuntos Corporativos de Barrick Argentina analizó el presente de la empresa canadiense en el país, auguró una incorporación más fuerte del potencial minero argentino a la matriz productiva del país y habló sobre las controversias ambientales que provoca la minería.
Presente en Argentina desde 1993, la empresa minera canadiense Barrick es la principal productora de oro en el mundo. Sus actividades en el país incluyen la operación de Veladero, la propiedad del proyecto binacional Pascua-Lama (en la frontera entre Argentina y Chile, el único de su tipo en el mundo), y diversas áreas de prospección y exploración. En particular, la mina de Veladero comenzó sus operaciones en 2005, con una inversión inicial de u$s 540 M. Está ubicada en la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia, a aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad, emplea de manera directa a más de 3800 personas, entre personal propio y contratado. Por ser un actor importante del sector minero argentino, dialogamos con Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick Argentina, sobre el presente y futuro, no solo de su compañía, sino del sector en general en el país.

Barrick tiene presencia en diez países en diversas partes del mundo. ¿Qué porción representa Argentina en esa producción global?
Actualmente, el 20 % de la producción de Barrick se concentra en América del Sur, con operaciones en Argentina, Chile y Perú. Veladero, nuestra única mina en producción en Argentina, produjo el año pasado 722.000 onzas y es una de las cinco operaciones que, en conjunto, representan cerca del 60 % de la producción mundial de Barrick. En Argentina estamos presentes desde hace 22 años.
¿Qué perspectivas tienen para el futuro de la empresa en el país?
Las perspectivas son muy optimistas. Este año, Veladero cumple 10 años desde su entrada en producción y aún le quedan varios años más por delante. Esta mina tiene un impacto realmente positivo en la economía del país, y especialmente en las provincia de SanJuan, donde explica el 28,6 por ciento de su PBI, con lo cual no quedan dudas de que son todas noticias positivas con vistas al futuro.
¿Cómo observan el panorama minero nacional?
Si bien Argentina es un país con un perfil agrícola-ganadero históricamente marcado, tiene todas las condiciones para sumar la minería a su matriz productiva. Su enorme potencial geológico da cuenta de esto: compartimos la cordillera de los Andes con Chile, pero en áreas exploradas estamos muy por debajo de ellos y, además, nuestras exportaciones mineras son casi una décima parte de las exportaciones chilenas. Argentina tiene reservas de nivel mundial en oro, plata, cobre y litio. Si bien es cierto que la situación actual de precios internacionales a la baja no favorece la atracción de inversiones en términos globales, Argentina tiene muchos proyectos en estado avanzado que, una vez en marcha, no solo aportarán divisas al país, sino que aportarán puestos de trabajo y una importante cadena de valor, como ocurre con otros sectores de la economía.
Estado y marco legal. La actividad que desarrollan implica un constante contacto con el Estado, tanto nacional como provincial. ¿Están los canales aceitados o hay obstrucciones de importancia?
La relación con las autoridades es permanente y fluida en todos los niveles.
¿Qué evaluación hacen del sistema legal argentino en lo referente a la actividad minera?
La minería es una de las pocas actividades económicas que posee un marco regulatorio específico. De hecho, la primera “ley minera” data de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente decidió dar impulso a esta actividad. Más tarde llegó el Código de Minería y, con el tiempo, fueron surgiendo leyes como la de Inversiones Mineras (24.196) que proveyó un marco de estabilidad para la realización de este tipo de inversiones, o la de Protección Ambiental Minera, única en su tipo.
“Somos conscientes de que es una actividad que genera apoyos y rechazos en la opinión pública”
Por supuesto, todo sistema legal es perfectible. Lo importante es subrayar que el sector minero se caracteriza por inversiones de gran volumen, de alto riesgo y delargo aliento, y por lo tanto requiere, en cualquier lugar del mundo, de marcos normativos estables que le permitan desenvolverse a lo largo del tiempo.
Minería y medioambiente Barrick hizo una gran campaña comunicacional apuntalando a la minería como una actividad sustentable. ¿Es realmente posible que sea amigable con el ambiente?
El objetivo principal de nuestra campaña institucional fue dar a conocer la compañía y contar qué hacemos y cómo lo hacemos. Allí pusimos de manifiesto que una actividad minera hecha responsablemente, en cumplimiento de las normas y con estrictos controles, convive perfectamente con el ambiente y con las comunidades cercanas a los emprendimientos. Algo para destacar de aquella campaña es que quienes la protagonizaron fueron trabajadores y vecinos de las comunidades.
¿Qué medidas toman para no afectar a las comunidades linderas a los yacimientos?
La minería moderna se caracteriza por aplicar los métodos más seguros y tecnológicamente avanzados. Los mismos métodos que Barrick emplea en Argentina, se aplican también en Canadá, Estados Unidos, Australia y en los demás países en los que tenemos operaciones. En todos ellos cumplimos con las leyes vigentes y, además, aplicamos estándares específicos en materia de calidad ambiental. En el caso particular de las comunidades, hay un ida y vuelta permanente con ellas desde el inicio de la evaluación de viabilidad de un proyecto, donde se tienen en cuenta todos los factores sociales, económicos, culturales y ambientales. Los miembros de la comunidad tienen acceso a información objetiva de nuestras actividades, y generamos espacios de intercambio directo, como el Programa de Difusión Comunitaria o el programa Puerta a puerta, donde no solo aclaramos dudas sobre nuestra actividad, sino que somos receptivos a sugerencias y hasta críticas que nos permiten hacer mejor nuestra tarea. La comunidad participa también de los monitoreos ambientales de agua, donde ellos mismos tomas las muestras que luego se envían a analizar a un laboratorio externo.
¿Cómo toman los reclamos y movilizaciones ambientales que se realizan en contra de la empresa?
Somos conscientes de que esta es una actividad que genera apoyos y rechazos en la opinión pública. Reconocemos que esto es, en parte, responsabilidad del propio sector minero, que en sus inicios no fue lo suficientemente claro y abierto para comunicar su tarea y forma de trabajar. Por suerte, esto ha cambiado favorablemente en los últimos años, aunque entre esos sectores críticos existen quienes están dispuestos a escuchar y dialogar, y quienes, por diversos motivos, mantienen posturas de rechazo e irreductibles. Nuestra obligación, como empresa y como parte integrante del sector minero, es continuar trabajando en forma abierta, responsable y transparente. Eso ha sido elogiado por muchos actores sociales en el último tiempo y vamos por el buen camino. (Revista Energía en Movimiento)

 

Última actualización en Miércoles, 15 Julio 2015 12:17

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Litio. Y El Pregón Minero entrevisto al Dr. Mario De Pablo

Litio

 

El proyecto que crea la empresa estatal de litio puso en alerta a provincias mineras

o.- (Por Nicolás Fiorentino) Susques es un departamento de la puna jujeña ubicado a 3.900 msnm y con un pueblo que apenas sobrepasa los dos mil habitantes. Pero por inhóspito y lejano que parezca, en pocos años habrá gotas de Susques desperdigadas por todo el planeta. Este reducto podría convertir a la Argentina en el primer productor mundial de litio, elemento clave en la producción de las baterías que activan smartphones y laptops y que promete abrir El proyecto que crea la empresa estatal de litio puso en alerta a provincias minerasun mercado de miles de millones de dólares si la industria automotriz avanza en el desarrollo de autos eléctricos.
Este es el contexto que rodea la idea que empieza a moverse en algunas oficinas del Gobierno nacional de crear una empresa estatal que tome las riendas de esta industria, una especie de “YPF del litio”. Plan que llegó al Congreso nacional en un proyecto firmado por varios diputados del oficialismo y que ya encendió la alarma de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), sello que reúne a las diez provincias con producción minera y que no quiere traspasar el manejo de sus yacimientos a ningún organismo que no tenga a los gobiernos locales como los dueños de la lapicera.
Juan Carlos Junio y Carlos Heller, diputados del Partido Solidario (SI), son los impulsores de la iniciativa que además cuenta con las firmas de Carlos Raimundi (SI), Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas y Lautaro Gervasoni (FPV). El proyecto declara “de interés público la exploración, explotación, concesión e industrialización” del litio.
Aunque la parte del articulado que más ruido genera en las provincias mineras es la creación de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado (YELSE) y el pase al Poder Ejecutivo nacional de la potestad de fijar las políticas que ordenarán la producción de este mineral.
El espíritu del proyecto gira en torno a dos ejes. Uno es utilizarlo como atajo para sortear las trabas que impone el Código Minero, herencia del menemismo que libera de cargas impositivas a las grandes multinacionales mineras que operan en el país, que prohíbe a los estados nacional o provinciales- explotar las minas sin concesionar a privados y que fija regalías en un tope ridículo del 3%, entre otros aspectos que reúne esta síntesis del neoliberalismo más oscurantista dividida en 363 artículos.
El otro objetivo es un mayor poder de fuego a la hora de negociar con las poderosas firmas mineras y automotrices que ya operan o tienen sus ojos puestos en los grandes salares del norte argentino. Para eso será clave actuar en conjunto con Chile y Bolivia, que completan con la Argentina el “triángulo del litio”, que agrupa más del 60% de las reservas totales del mundo.
“No queremos una provincia con una ventaja circunstancial ni concesionarle a grandes privados por 20 años, porque después no se puede hacer la menor reforma”, explica Junio.
Aunque el proyecto ni siquiera fue discutido en comisiones ya generó rechazo en Jujuy, la provincia con mayores reservas de litio. “Lo que se quiere hacer con este proyecto ya se hizo en Jujuy, en 2011. Mediante una ley se fundó Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y se declaró al litio recurso estratégico”, afirma Marcos Calachi, director de Jemse, nombrado por el actual gobernador, Jorge Fellner. “Se están queriendo apropiar de algo que se parió en Jujuy, quieren incautar un recurso que es de las provincias siguió-. Y eso atropella la Constitución”.
Para Nicolás Gutman, magister en Economía de la George Mason University y coautor del proyecto, “hasta ahora estuvieron entregando los yacimientos a multinacionales, las provincias fueron creando empresas, una especie de peaje provincial, que sólo se quedan con una renta”. “Ese es el modelo de un grupo de poder provincial que se queda con una pequeña tajada pero sin desarrollo industrial, tecnológico, sin capacidad de recursos humanos”, agregó. Por eso, explicó, “la idea no es que vengan empresas a negociar, sino nosotros tener nuestra propia empresa”.
Valor agregado
“El precio de la salmuera de litio es de u$s 3.000 la tonelada. Pero el metal de litio se vende a u$s 6.000 el litro. Por eso el negocio no está en sacar la salmuera de litio, está en procesarlo -continuó Gutman-. Por eso es necesario un plan nacional que aporte inversiones y que integre al Conicet, el INVAP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es federalismo en serio”.
Para entender la disputa mundial por el control de la industria del litio hay que poner la mirada unas décadas en el futuro. Hoy es aún un mercado chico y administrado bajo modelo de oligopolio por un puñado de multinacionales. Pero “cuando todos los autos anden a batería de litio”, advierte Gutman, “todos los yacimientos van a ser de Toyota o Mitsubishi y va a ser muy tarde. Vamos a terminar peleando en el CIADI, como ocurrió con Repsol”. Sólo para los próximos años se espera un aumento de la demanda entre el 6% y 8% anual. (Bae, Buenos Aires, 14/07/15)

 

Jujuy, la meca de un mineral estratégico para las multis
Jujuy tiene hoy dos emprendimientos de litio con importantes perspectiva para la provincia. Uno es Sales de Jujuy, 400 hectáreas de piletones a casi 4.500 msnv en el Salar de Olaroz, en donde Jemse es socio minoritario (8,5%) de la multinacional canadiense Orocobre (66,5%) y la aumotriz japonesa Toyota (25%). Este yacimiento ya está operando e incluso hizo algunas exportaciones. Prevé márgenes de producción final entorno a las 18.500 toneladas anuales de litio. El otro es Exar, separado por la ruta 52 de Sales de Jujuy, donde Jemse participa con una porción similar (8,5%) y el resto todavía lo están acordando entre Lithium Americas y la coreana Posco, cuarta acerera del mundo y dueña, entre otras marcas, de la automotriz Daewoo. Este último proyecto recién instaló una planta piloto, donde se está aplicando otra tecnología que Posco ya usa en Chile. Pero su plan final es de dimensiones incluso superiores a donde invierten Toyota y Orocobre. (Bae, Buenos Aires, 14/07/15)

Entrevista al Dr. Mario De Pablo
o.- En Litio, “No somos una potencia pero…”
El Dr. Mario de Pablo, da una visión de la situación del litio en nuestro país, indicando lo importante que este mineral se encuentre en nuestro territorio, en salmuera y las posibilidades que le presenta a la economía nacional. Además, a vuelo de pájaro, da su posición ante la minería argentina en la actualidad y el futuro que, a su entender, tienen los tres proyectos que han quedado fuera de juego –por el momento-: Lama, Navidad y Vale. 
Ud. es un referente en cuanto al tema del Litio. ¿Cuál es su visión sobre el Litio en la Argentina?
Se sabe que el famoso triángulo de interés del Litio en el mundo es que está en nuestra Puna, junto con Chile y Bolivia, es decir que hay varios yacimientos y esto confirma que la riqueza está en nuestro suelo. También es sabido, que si bien en Bolivia hay muchos establecimientos de litio, tienen la particularidad que estos tienen mucho magnesio y esto encarece su procedimiento. Indiscutiblemente eso nos favorece a nosotros. 
También del lado chileno el litio está controlado por el Estado, todo eso hace que las empresas que hoy están pensando en explorar Litio, sigan pensando en hacerlo en nuestro país para darle más valor al proyecto. 
Por esto veo un muy buen potencial. Agreguemos que en los mercados del mundo los valores siguen aumentando y no hay muchos lugares que se puedan encontrar en salmuera
O sea que estamos bien posicionados.
Sí, no somos una potencia, pero sí una base, con una de las mayores riquezas que se puedan encontrar.
¿Cómo ve que pueda afectar el cambio de gobierno a la minería?
Mi interpretación hoy es que cualquiera de los referentes que tenemos como válidos y con posibilidades, tienen la misma forma de pensar. No creo que difieran entre ellos y todos están dando por cierto que a la minería hay que apoyarla porque es un pilar de la economía.
Yo no veo que se produzcan grandes cambios. Creo que la minería va a tener un ciclo positivo y tenemos que esperar que en el mundo se acomoden algunas variables. Hoy no es todavía el momento, los stocks no están ayudando y las empresas están complicadas. Los commodities todavía están bajos, pero son ciclos. Creo que pueden llegar a juntarse las mejoras de los mercados internacionales con el nuevo gobierno al que seguro le interesará la minería. 
Lo más importante es que cambie el panorama económico mundial.
Lo más importante es la macroeconomía, pero pienso que está todo bastante armadito. 
Estoy convencido, los equipos de los precandidatos presidenciales consideran la mimería un pilar más de la economía, por lo menos es lo que dicen
¿Considerás que para el año que viene podemos tener inversiones importantes?
Esto son pequeños desarrollos que hacen efecto dominó, cuando sucede algo se potencia y se impulsa creo que un par de circunstancia van a hacer que vuelva un mercado que se fue perdiendo. Debemos prestar atención a un detalle: las empresas no vienen a nuestro país pero tampoco van a otros países por lo tanto hay que trabajar para que nos tengan un poco de confianza,
Hoy elecciones en la CAEM, ¿cuál es tu punto de vista?
Es un tema del que por el momento no quiero hablar ya que de esto no se ha hablado internamente.
¿Considerás que tiene que haber cambios en la Secretaría de Minería, más allá de los nombres?
Uno siempre que está en la lucha diaria mirando los procedimientos, está seguro que hay muchas cosas que cambiar y mejorar. En líneas generales, en minería, a veces, hay trámites que se hacen inmensamente largos.
¿Cómo cuáles?
Como conseguir aprobaciones. Pero -como todo- es muy fácil ver lo que no funciona. Desde afuera es fácil ver las cosas, pero llegado el momento de implementar acciones, no es lo mismo. 
El actual Secretario -que ha tenido algunos aciertos y algunos errores- es un promotor absoluto de la actividad. 
Me da la sensación que nuestro país tiene lo básico que es un combo bastante adaptado, habrá que hacer algún cambio en algún momento.
¿Cuál?
Una Ley de estabilidad que es muy importante para crear seguridad jurídica y promover las inversiones.
Y tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos desarrollar proyectos solamente con inversiones locales porque la minería requiere mucho capital y riesgo y no hay forma de hacerlo sin grandes holdings, hay que salir a buscar inversores que vengan a hacer su negocio para lo cual tenemos que tener un par de normas adaptadas que permitan y promuevan que así lo sea. 
No veo que tengamos que cambiar demasiado la normativa. Sí medidas macro de nuestra economía que últimamente fueron distorsionando el resto de las normas específicas.
Hablando de los proyectos grandes. Tenesmos tres cosas pendientes Lama, PAS (Proyecto Navidad) y VALE. ¿Cómo los ves?
Lama está desarrollado en una provincia bien minera y eso es muy importante sin dejar de considerar que hay todavía vueltas y definiciones pero me gusta -en ese sentido- más que VALE en Mendoza. Porque en Mendoza estamos luchando contra diversos intereses provinciales que han postergado la minería, entonces me cuesta creer que se pueda vencer ese NO arbitrario a una minería cuando podría haber una minería que ayude a la economía de la provincia que la necesita. Y no solamente petróleo y viñedos, sino la minería podría ayudar.
Habría que aceptarla en zonas que se puedan y en circunstancias determinadas pero todavía no lo veo tan claro, esto en relación con Vale. 
Con relación a la provincia de Chubut, creo que la provincia tiene una especial necesidad de tener riquezas fundamentalmente en las zonas centrales donde no hay otras alternativas. Me da la sensación que la minería le podría llegar a ser de gran utilidad para la comunidad. 
Llegando a una rápida conclusión, apostaría que va a salir más rápido Chubut y San Juan y por último el proyecto de Vale. 
Pero bueno, espero que salgan los tres juntos. (El Pregón Minero)

Jemse rechaza proyecto de creación de un "YPF del litio"
o.- Jujuy. Marcos Calachi, referente de ese organismo lo calificó como "poco serio" y aseguró que ahuyenta a los inversores.
Diputados Nacionales del Partido Socialista presentaron un proyecto de ley que impulsa la creación de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, una empresa nacional que funcione a modo de un “YPF del litio”, y que le permita al estado nacional gestionar este mineral como un recurso estratégico. Ante esta iniciativa, el presidente del directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Marcos Calachi, expresó su rechazo por cuanto considera que la misma atenta contra los principios de Jemse y lesiona el derecho de las provincias sobre los recursos.
El funcionario manifestó su férreo rechazo al proyecto de ley ya que según dijo, “choca contra los principios de Jemse”. Indicó que este proyecto apunta a crear una nueva sociedad nacional estatal “y esto atenta contra la provincia, por un lado en cuanto al manejo del recurso y además porque Jujuy ya tiene su propia sociedad del estado, quienes nos ocupamos de que las empresas operen de manera sustentable en el tiempo y de forma amigable con el medio ambiente, por lo tanto esto lesiona el derecho de las provincias sobre los recursos”.
Asimismo, Calachi señaló que la iniciativa pondría en peligro la decisión de algunos inversores de operar en la provincia. Según dijo, “nosotros hemos atraído la inversión garantizando de alguna manera una seguridad jurídica, de modo que hoy cambiar las reglas de juego sería algo poco serio”.
En referente de Jemse advirtió que recientemente viajó a Londres representando a ese organismo, a fin de buscar nuevos inversores mostrando “las reglas de juego” con la que se maneja la provincia y el país, por cuanto advirtió que de producirse cambios se estaría poniendo en riesgo la concreción de posibles inversiones. “Éste es un proyecto de ley poco serio que no le hace bien a Argentina y menos a Jujuy”, dijo.
Por otra parte, advirtió que la noticia causó preocupación en varias firmas que están operando en la provincia y que éstas “están asustadas”.
Finalmente Calachi estimó que el proyecto no prosperará ya que no tuvo repercusión, afirmando que “son solo manotazos de ahogados de algunos legisladores que están en retirada y quieren perpetuarse”. (El Tribuno, Jujuy, 14/07/15)

 

Última actualización en Martes, 14 Julio 2015 14:05

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