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“Sierra Pintada no puede reabrirse por más que el discurso político cada tanto haga una apuesta”

“Sierra Pintada no puede reabrirse por más que el discurso político cada tanto haga una apuesta”

Mendoza. Andrés Gil Domínguez, abogado que fue parte de los procesos judiciales que en su momento frenaron las iniciativas para reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, afirmó que “la mina de uranio no puede reabrirse por más que cada tanto el discurso político haga una apuesta”.
El abogado explicó que ese proceso depende de la remediación de los pasivos ambientales que quedaron en el lugar cuando cerró la mina. Este proceso está judicializado en el Juzgado Federal de San Rafael.
“Oportunamente interpusimos acciones de amparo que fueron obteniendo resultado positivo en términos de que se prohibía la reapertura de la mina Sierra Pintada en la medida que previamente no se remediara la cantidad de pasivos ambientales que quedaron. Y dejando sentado que aunque se remediasen estos pasivos, debía estar sometido a una audiencia pública, no podía ser automática, lo que estaba en juego es el derecho al medio ambiente y la afectación del sistema productivo de esa zona”.
Reafirmó luego en entrevista con FM Vos (91.5) que tras esa remediación, la hipotética reapertura tiene que someterse a “una discusión amplia y profunda”. La Suprema Corte ratificó los fallos de las instancias inferiores.
Gil Domínguez dijo que “la remediación ha sido controlada judicialmente por el órgano que preserva el derecho al agua de Mendoza y por nuestros expertos. Todo ha sido autorizado por el juzgado. Quedan pasivos de tratamiento complejo, falta para la remediación total”.
En cuanto a los proyectos en danza que buscan modificar la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza, el letrado expresó que “en la medida que la modificación de la ley permita la extracción minera, incorporando alguna de las sustancias prohibidas por la ley, estaría violando el derecho al ambiente. En materia de derechos humanos rige el principio de progresividad y no regresividad. Esto es, alcanzado determinado estadio de tutela de protección de un derecho, no se puede ni normativa ni fácticamente retroceder, por lo cual cualquier modificación que implicase una posibilidad directa o indirecta de usar alguna de esas sustancias, sería inconstitucional, estaría afectando otro derecho humano que es el derecho al agua”.
El proyecto del senador Alejandro Abraham busca cambiar la 7.722, que en su artículo 1 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Pero el cambio más importante es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros. (Diario San Rafael, Mendoza, 09/11/18)