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Iguacel fue imputado por el gas

Iguacel fue imputado por el gas

La fiscal Paloma Ochoa decidió investigar al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad por el dictado de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación. Y agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.Iguacel
A pesar de que el gobierno anunció que dio marcha atrás con la resolución, la fiscal pidió como medida cautelar su suspensión, a través de una medida de "no innovar". En tanto, fuentes judiciales confirmaron que Iguacel, presentó ayer al mediodía un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py en el que dice que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios.
En su dictamen, la fiscal sostuvo que se habría tratado de un acto administrativo tendiente a "asegurar un margen de ganancia" de las empresas distribuidoras del gas en un contexto devaluatorio, pero que lleva al "empobrecimiento" de la mayoría de los actores de la sociedad.
Ochoa, requirió a la jueza María Servini de Curbía una serie de medidas de prueba para dar inicio a la investigación y le solicitó que dicte "de forma urgente" una medida cautelar para que el Gobierno suspenda por 60 días la aplicación de la resolución 20/2018. "Los hechos denunciados revelan que el dictado del acto administrativo cuestionado sirve como plataforma jurídica para que las empresas distribuidoras del servicio de gas gocen de un crédito retroactivo por obligaciones ya pagadas por el consumidor", sostuvo la fiscal. "La finalidad perseguida por dicho acto administrativo pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina", afirmó el dictamen. Ochoa sostuvo además que deberá evaluarse si el dictado de la resolución favorable a las distribuidoras de gas puede constituir un acto de fraude contra la administración pública. (Ambito Financiero, Buenos Aires)