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Hacia la transparencia y competitividad del sector minero

Hacia la transparencia y competitividad del sector minero

Dos normas que fueron fuente de corrupción durante la década kirchnerista y cuna de negocios espúreos de “los amigos del poder”, que si bien ya había caído en desuetudo con este gobierno, recibieron formalmente su certificado de defunción.
En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N°110/2017 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación en virtud de la cual se derogan las Resoluciones N° 12/2012, 13/2012 y 54/2012 (las “Resoluciones”) del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios.
Las Resoluciones instauraban principalmente las siguientes cuestiones:
1. Las empresas mineras beneficiarias de la Ley de Inversiones Mineras (“LIM”) que contrataren fletes marítimos, fluviales, terrestres o aéreos para realizar operaciones de exportación de minerales desde Argentina, estaban obligadas a contratar empresas de transporte nacionales.
2. Las empresas titulares de proyectos mineros inscriptos bajo el régimen de la LIM estaban obligadas a: a) contar con un departamento propio de sustitución de importaciones, b) respetar las normas vigentes en cuanto al diseño y acabado de los proyectos de ingeniería para la construcción de los proyectos mineros y c) presentar previo a la adquisición de productos, un cronograma de demanda.
La Resolución N°110/2017 no sólo deroga las normas mencionadas, sino que establece la obligación tanto para los nuevos proyectos mineros como para los proyectos de ampliación que deseen solicitar los beneficios de la estabilidad fiscal contemplados en la LIM, de presentar conjuntamente con el estudio de factibilidad, un “Plan de participación de industrial nacional” (“PPIN”) en el cual se informe las acciones realizadas para promover la participación de la industria nacional en la fase inicial del proyecto (ingeniería y diseño) y en la etapa operacional inicial.
Asimismo, prevé que al momento de presentar las declaraciones juradas exigidas por la LIM sobre la descripción y cronograma de tareas, estudios a ejecutar e inversiones, las empresas beneficiarias deberán acompañar información sobre las compras y contrataciones de bienes de capital, equipos, partes o elementos componentes de dichos bienes, insumos, servicios y proyectos de sustitución de importaciones.
Mediante la derogación de las Resoluciones y la implementación del PPIN junto con la obligación de proveer información sobre las compras, contrataciones y proyectos de sustitución de importaciones, se inicia un camino para lograr no sólo transparencia en las contrataciones, dejando atrás la corrupción del gobierno anterior, sino también dando un clara señal desde el Estado, en su intención de devolver competitividad al sector. (Estudio Saravia Frías)